Auto E-003 de mayo 20 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

LIBERTAD DE OPINIÓN DEL PERIODISTA

EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR EN EL CONGRESO

EXTRACTOS: «Procede la Corte Constitucional, de conformidad con el numeral 6º del artículo 241 de la Constitución, a decidir sobre la excusa presentada por el señor Plinio Apuleyo Mendoza para abstenerse de atender el emplazamiento que le hiciera la Comisión V Constitucional Permanente del Honorable Senado de la República, con base en el artículo 137 de la misma Constitución.

Para resolver si la excusa presentada por el Sr. Plinio Apuleyo Mendoza es fundada, o no, es menester examinar estos aspectos:

1. Finalidad del artículo 137 de la Constitución;

2. El secreto profesional del periodista;

3. La libertad de opinión y el periodista;

4. Los delitos de injuria y calumnia y el artículo 137 de la Constitución; y,

5. El artículo 137 de la Constitución y la censura.

Sentadas estas premisas, la conclusión surgirá por sí sola, al comparar con ellas los hechos narrados.

1. Finalidad del artículo 137 de la Constitución.

Dispone el artículo 137 de la Constitución:

“Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante.

Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, después de oírlos, resolverá sobre el particular en un plazo de diez días, bajo estricta reserva.

La renuencia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por la comisión con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las autoridades.

Si en el desarrollo de la investigación se requiere, para su perfeccionamiento, o para la persecución de posibles infractores penales, la intervención de otras autoridades, se las exhortará para lo pertinente”.

La razón de ser de esta norma es evidente: dar al Congreso la facultad de allegar, por este camino, elementos de juicio para el desempeño de sus funciones.

A primera vista podría caerse en el error de limitar la facultad de las comisiones permanentes del Congreso a los casos en que éstas investiguen algún asunto. Así parecería darlo a entender el último inciso, al referirse al “perfeccionamiento” de la investigación y a la persecución de “posibles infractores penales”.

Pero, en opinión de la Corte, debe rechazarse esta visión restrictiva y acoger, en cambio, una amplia que permita a las comisiones en el ejercicio de sus funciones propias y ordinarias, como la tramitación de los proyectos de ley, emplazar a personas naturales o jurídicas que puedan aportar conocimientos teóricos o experiencias directamente relacionadas con los trabajos del Congreso.

La norma faculta a la comisión para exigir las declaraciones bajo juramento, pero ello no es obligatorio, pues bien podrían recibirse sin tal formalidad. Como se verá, las consecuencias para el citado son, o pueden ser, bien diferentes.

Debe, sí, existir una relación directa entre los hechos objeto de las preguntas y “las indagaciones que la comisión adelante”. Esta relación directa es la que hace pertinentes las declaraciones y excluye la posibilidad de que sean sólo fruto del capricho de la Corporación o de alguno de sus integrantes. Dicho en otros términos: si existe la relación directa, hay una probabilidad grande de que el dicho del declarante sea útil o necesario para la comisión.

En el caso que nos ocupa, hay que advertir que no aparece una relación directa entre el proyecto de Ley 126-92 Senado “Por el cual se crean el Fondo Nacional de Regalías y la Comisión Nacional de Regalías; se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para la liquidación y distribución, y se dictan otras disposiciones”, y las preguntas 4, 5, 7 y 8 del cuestionario definitivo.

Se dice esto porque a la expresión relación directa hay que darle una interpretación estricta, pues si otra hubiera sido la intención del constituyente, le habría bastado abstenerse de calificar la relación o decir que fuera directa o indirecta.

2. El secreto profesional del periodista.

“Por secreto profesional se entiende la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad; como los sacerdotes, por confesión de los delincuentes; los abogados o defensores, por revelación de sus patrocinados; los militares, por estar en cierto establecimiento de la defensa nacional, en investigaciones o cargos que impiden toda manifestación”. (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Ed. Heliasta S.R.L. Bs. Aires, 1986, tomo VII, pág. 309).

En Colombia el secreto profesional de los periodistas está expresamente consagrado por el artículo 11 de la Ley 51 de 1975, así: “Artículo 11. El periodista profesional no estará obligado a dar a conocer sus fuentes de información ni a revelar el origen de sus noticias, sin perjuicio de las responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones”.

Esta norma le permite al periodista presentar ante la opinión pública denuncias sobre hechos o situaciones irregulares y aun delictuosas. Desempeñar el papel fiscalizador, como lo hiciera Zolá en el caso del capitán Dreyfus, al publicar su carta abierta, bajo el título de “Yo acuso”, que finalmente condujo a reparar un tremendo error judicial y cambió la historia de Francia.

Obligar al periodista a revelar el origen de sus informaciones, implicaría limitar su acceso a la noticia, al silenciar, en muchos casos, a quienes conocen los hechos.

Pero, de otro lado, el periodista está sujeto a “las responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones “ Y no podrá, en consecuencia, escudarse en el dicho de terceros cuyos nombres oculta, para calumniar o injuriar. No: será él quien responda por lo que diga.

En síntesis: el artículo 11 de la ley mencionada es un desarrollo del principio contenido en el inciso primero del artículo 42 de la anterior constitución:

Artículo 42. La prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable, con arreglo a las leyes cuando atenten a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública”.

Y encuentra su pleno respaldo en tres normas de la actual:

a) El artículo 20, inciso segundo:

“Estos (los medios de comunicación) son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” (en negrillas y entre paréntesis, no pertenece al texto)

b) El artículo 73:

“La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

c) El artículo 74, inciso segundo:

“El secreto profesional es inviolable”.

En síntesis, el ejercicio del periodismo descansa sobre dos principios fundamentales:

1. La libertad, que tiene en el secreto profesional una de sus bases;

2. La responsabilidad, mandato expreso de la Constitución que concuerda con el derecho a la honra consagrado en el artículo 21 de la misma.

Viniendo al caso que se examina, es evidente que las preguntas 1, 5, 6 y 8 pugnan ostensiblemente con el secreto profesional del periodista emplazado.

3. La libertad de opinión y el periodista. 

Hace más de doscientos años, la Asamblea Francesa consagró, en la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, una de las libertades que son la base de la democracia liberal:

Artículo 11. La libre comunicación del pensamiento y de las opiniones es un derecho de los más preciosos para el hombre; todo ciudadano puede expresar sus ideas verbalmente, por escrito o por medio de la imprenta, siendo responsable del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.

Este derecho ha estado en todas nuestras constituciones, desde la primera hasta la actual. En la de Cundinamarca, de 1811, se dijo:

“Tampoco puede ser privado del derecho de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, o de cualquiera otro modo que no le sea prohibido, en uso de su libertad y propiedad legal” (artículo 11, del Título XII “De los derechos del hombre y del ciudadano”).

En la de 1991 se dice:

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Esta norma reconoce el derecho fundamental de toda persona a expresar y difundir su pensamiento y sus opiniones.

Pero como el adelanto de los medios de comunicación ha hecho del periodismo una actividad cada día más influyente en la vida social, el constituyente consideró necesario librarlo de las amenazas, vengan de donde vinieren, del Estado, del gran dinero o de los delincuentes. Esto explica el artículo 73: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Pues bien: pugna con la “libertad e independencia” de la actividad periodística, el que se interprete el artículo 137 de la Carta en el sentido de permitir a una comisión del Congreso el pedir cuentas de sus opiniones a un periodista. Pues nada distinto a una rendición de cuentas “bajo la gravedad del juramento”, es el cuestionario preparado en el presente caso, desde su introducción hasta la última pregunta:

“8. Quién o quiénes le dieron las instrucciones de desviar el debate de lo técnico y económico al de la politiquería regional y el caciquismo. Con qué objeto amedrentarnos, hacernos callar o tratar de conseguir con la suspicacia y la calumnia lo que no han podido obtener con los argumentos y la razón”.

Es más: un periodista está obligado a ser veraz e imparcial en la narración de los hechos. Pero son libres sus opiniones sobre los mismos hechos. Y en todo caso quien pretenda exigirle las responsabilidades propias de su oficio, habrá de acudir a las autoridades competentes, que son, en general y en principio, los jueces de la República.

No hay que olvidar, además, que quienes ocupan sitio destacado en la política, en el gobierno, en las artes, en los deportes o en los negocios que interesan a todos están sometidos al constante escrutinio de la opinión pública. Esta se expresa en la prensa y a la vez es determinada por ésta. El ejercicio de la política, en particular, supone el estar sometido permanentemente al juicio de la gente. En el mismo error incurriría el hombre público que pretendiera que aquél le fuera siempre favorable y el que aspirara a prohibirlo o impedirlo. Además, al periodista corresponde, por razón de su oficio, emitir opiniones públicas sobre los personajes de la comunidad.

4. Los delitos de injuria y calumnia y el artículo 137 de la Constitución.

El Código Penal en los artículos 313 y 314, respectivamente, prevé los delitos de injuria y calumnia.

Quien considere que en perjuicio suyo se ha cometido uno de estos delitos, podrá intentar ante los jueces competentes la acción correspondiente. En este campo, todas las personas están colocadas en un plano de igualdad para buscar el castigo de los responsables y la reparación de los daños sufridos.

Pero lo que no es aceptable a la luz de la igualdad ante la ley, que el artículo 13 de la Constitución establece como derecho fundamental de todas las personas, es la existencia de una vía diferente para perseguir el castigo de supuestos delitos, reservada a una sola clase de ciudadanos. Admitir que la citación prevista en el artículo 137 pueda originarse en supuestas o reales injurias o calumnias, implicaría establecer un privilegio en favor de los congresistas y desvirtuar los fines de esta norma.

Además, el Congreso representa la majestad de la república y sus funciones deben cumplirse con la mayor altura. Y conspiraría contra esta exigencia el permitir que el mecanismo del artículo 137 se pusiera en marcha para dirimir conflictos personales de un congresista con un particular.

En torno a este tema, hay que tener presente el artículo 33 de la Constitución que prohíbe obligar a alguien a declarar contra sí mismo. Prohibición que cobra mayor fuerza cuando la declaración se exige bajo juramento, y se formulan preguntas como la número 8.

Finalmente, no es lógico pensar que el artículo 137 reemplace la justicia penal, porque, entre otras razones, las comisiones del Congreso no podrían llegar a la conclusión natural de un proceso: la sentencia.

5. El artículo 137 y la censura.

Seguramente para reafirmar la libertad de prensa, el artículo 20 establece una prohibición absoluta: “No habrá censura”.

Pues bien: permitir que las comisiones permanentes del Congreso emplacen a los periodistas para que expliquen bajo juramento sus opiniones, o respondan por ellas, equivaldría a establecer una forma de censura, no por disimulada menos eficaz. La posibilidad de una citación de esta naturaleza se convertiría en coacción casi irresistible contra algunos, y en acicate para otros ansiosos de publicidad.

Para fortuna de Colombia, la Constitución ha fijado al Congreso otras funciones, entre ellas la muy noble de hacer las leyes. Y entre todas sus funciones, no figura la de ejercer la censura sobre los voceros naturales de la opinión pública, que son los periodistas.

III. Conclusiones

Lo expuesto lleva a concluir que en el presente caso no se dan los supuestos de hecho del artículo 137 de la Constitución.

Es verdad que los periodistas, como todas las personas, puedan ser emplazados para que declaren sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que una comisión del Congreso adelante; pero las finalidades de la norma, inspirada en el bien general, no se dan en este asunto.

Y se repite: Por mandato del artículo 73 de la Constitución, la actividad periodística goza de protección para garantizar su libertad e independencia. Y las dos serían vulneradas con un procedimiento de esta naturaleza, irregular si se le analiza a la luz de sus propias circunstancias.

La excusa presentada por el citado, es, en consecuencia, fundada.

Esta decisión se publicará, porque según el artículo 137 de la Carta, la reserva sólo obliga durante el trámite, hasta la decisión.

IV. Decisión

Con base en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. Declárase fundada la excusa presentada por el señor Plinio Apuleyo Mendoza, en relación con el emplazamiento que le hizo la Comisión V del Honorable Senado de la República, de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. En consecuencia, no está obligado a atender la citación ni a absolver el cuestionario respectivo.

2. Comuníquese al señor presidente de la Comisión V del Honorable Senado, lo mismo que al citado.

Comuníquese, cópiese y publíquese en la Gaceta Constitucional».

(Auto de mayo 20 de 1993. Excusa E-003. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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