Auto ICC 407 de julio 30 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

COMPETENCIAS EN MATERIA DE ACCIÓN DE TUTELA

APLICACIÓN DEL DECRETO 1382 DE 2000

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Ref.: Expediente I.C.C. 407 Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña y el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera -.

Bogotá, D.C., julio treinta de dos mil dos.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por los señores Carmen Clavijo Álvarez, Martín Quintero Ruiz y Abimael Castillo Pérez.

I. Antecedentes

1. Los ciudadanos Carmen Clavijo Álvarez, Martín Quintero Ruiz y Abimael Castillo Pérez, el 21 de mayo de 2002, mediante escrito dirigido al Juzgado Penal del Circuito (reparto), interpusieron acción de tutela contra el Presidente del Honorable Tribunal Administrativo de Cúcuta, Norte de Santander, ante la Secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito.

2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito, despacho que mediante auto del 21 de mayo de 2002 resolvió remitirla al Consejo de Estado, de conformidad con el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, por considerar que: “la competencia para conocer de las tutelas promovidas contra un funcionario o corporación judicial corresponde al respectivo superior funcional del accionado y como en el presente caso el accionado es el Tribunal Administrativo de Norte de Santander... “.

3. El Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado al que le correspondió la demanda por reparto, mediante auto de 11 de junio de 2002 resolvió inaplicar el Decreto 1382 de 2000, por ser inconstitucional, siguiendo la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional expuesta en tal sentido, y ordenó remitir las diligencias a esta corporación, con el fin de que se dirimiera el conflicto negativo de competencia por él planteado.

II. Consideraciones

En relación con el Decreto 1382 de 2000, proferido por el Presidente de la República, y mediante el cual “se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta corporación en numerosas oportunidades lo inaplicó en virtud de la incompatibilidad de sus disposiciones con la Carta Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma, dada la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior.

Estando en curso el presente aparente conflicto de competencia, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio del año en curso, C.P. Camilo Arciniégas Andrade, luego de analizar las demandas contra el Decreto 1382 de 2000 adoptó la siguientes determinaciones, de las cuales se apartaron dos consejeros de estado y por ello salvaron su voto:

1. Declarase nulo el inciso cuarto del numeral 1º del artículo del 1382 de 2000, que dice así:

“Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

2. Declarase nulo el inciso segundo del artículo 3º del Decreto 1382 de 2000, que dice así.

“Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de una acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada”.

3. Deniéguense las demás súplicas de las demandas”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes” y la que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada.

Así las cosas, ahora, en acatamiento al fallo proferido el 18 de julio de 2002 por la Sección Primera del Consejo de Estado, encuentra la Corte que el trámite de la tutela interpuesta por Carmen Clavijo Álvarez, Martín Quintero Ruiz y Abimael Castillo Pérez, corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez que de acuerdo con lo preceptuado por el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, al respectivo superior funcional del accionado le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra un funcionario o corporación judicial, en este caso contra el Presidente del Tribunal Administrativo de Cúcuta.

Por lo anterior, esta corporación ordenará remitir el expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que asuma el conocimiento de la actuación.

III. Decisión

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

REMITIR el expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que adelante la correspondiente actuación judicial.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.

Marco Gerardo Monroy Cabra, Presidente—Jaime Araújo Rentería, con salvamento de voto—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Luis Eduardo Montealegre Lynnet—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha Sáchica de Moncaleano, Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO

Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.

Jaime Araújo Rentería 

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