Auto de julio 16 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SOCIEDADES DE HECHO

MODALIDADES

EXTRACTOS: «Importa destacar, entonces, que el presente proceso se instauró para que se declarara la existencia de una sociedad de hecho, según súplica formulada el 20 de septiembre de 1989 y que, por ende, se planteó a la luz de las disposiciones civiles y comerciales vigentes para esa época.

La demandante invocó lo reglado por los artículos 2079 del Código Civil, relativo al contrato de sociedad, y el 498 del Código de Comercio, regulador de la sociedad mercantil de hecho, para que, con apoyo en los demás preceptos que con ellos armonizan, la decisión se ocupara además de distribuir y liquidar el patrimonio social.

Por obvias razones no pretendió la actora el reconocimiento judicial de una figura que, como la “unión marital de hecho, fue creada con posterioridad a la presentación de su demanda, esto es, el 28 de diciembre de 1990.

Si no era, pues, esa nueva figura jurídica la alegada por la demandante, mal podía el juzgador de segunda instancia acudir a ella, para hacerla actuar dentro del proceso y así sustraerse al conocimiento de una controversia regida por disposiciones civiles y mercantiles que la citada ley, sin duda, no derogó.

Y es que, a raíz de la expedición de la Ley 54 de 1990, puede afirmarse que hoy coexisten, como sociedades de hecho, la civil, la comercial y la proveniente de la “unión marital de hecho”, cada una con presupuestos legales autónomos tanto en el plano sustantivo como en el procesal.

Es por ello que, frente a los diáfanos preceptos contenidos en los artículos 4º y 7º de la Ley 54 ya citada, no queda duda sobre que toda pretensión deprecada bajo su abrigo, es de competencia de la jurisdicción de familia. La naturaleza del asunto así lo amerita por cuanto su decreto conlleva el reconocimiento legal de un núcleo familiar, con las obligaciones y derechos que de él dimanan.

De otro lado, es del resorte exclusivo de los jueces civiles el reconocimiento del otro tipo de sociedad que busca efectos patrimoniales o económicos, aun entre concubinos, quienes, por no reunir quizás los presupuestos requeridos para convertirse en núcleo familiar reconocido legalmente, o como en el caso sub júdice, por intentar la acción antes de que existiera la Ley 54, acudieron a esas otras modalidades.

Unas y otras sociedades, sin embargo, no pueden ser confundidas; como se anunció, cada una de ellas tiene sus propios perfiles, y por ello no pueden subsumirse en el género de la “unión marital'''' para asignarlas en su conocimiento, sin distingo, a la jurisdicción de familia. Tampoco puede el juez, en el curso del proceso, variar las pretensiones para acomodarlas, aun en su aspecto adjetivo, a las leyes que surgen o se expiden durante su desarrollo».

(Auto de julio 16 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

__________________________________