Auto S-022 de agosto 25 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Rad.: S-022

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Arango Mantilla

Actor: Helena Molano Oliver y Otros

Demandado: Aerovías Nacionales de Colombia S.A.

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

En cumplimiento de la decisión proferida el 9 de marzo de 1999 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se decide el recurso de reposición interpuesto por Helena Molano Oliver y Otros, contra el auto de 19 de noviembre de 1998 que inadmitió el extraordinario de súplica formulado por la empresa Aerovías Nacionales de Colombia S.A. —Avianca— y le concedió a esta un término de cinco días para subsanar falla de legitimación para actuar en el trámite del dicho recurso extraordinario.

Antecedentes

El doctor Carlos Urrutia Valenzuela interpuso, en nombre de la empresa Aerovías Nacionales de Colombia S.A., recurso extraordinario de súplica contra la sentencia del 18 de junio de 1998 de la Sección Tercera de esta corporación (fls. 549 a 558). El recurso fue concedido por dicha sección (fls. 565-566).

El 19 de noviembre de 1998 se inadmitió el recurso extraordinario porque el doctor Carlos Urrutia Valenzuela carecía de legitimación para actuar en nombre de la empresa que decía representar judicialmente. Se le concedió un término de 5 días para que subsanara dicha irregularidad (fl. 575). Así lo hizo dentro de la oportunidad señalada (fls. 586 a 592).

Contra la decisión anterior se interpuso el recurso ordinario de súplica, interpretado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo como de reposición.

Al entrar a resolverlo, observó el despacho que el doctor José Fernando Gómez Posada no acreditó su calidad de apoderado judicial de los señores Ana Lucía Vergara, Eduardo Torres, Maritza, Vilma y Freddy Torres Vergara. Se le concedió un término de 5 días para que la acreditara (fl. 607), y así lo hizo.

El recurso

Sostienen los recurrentes que en tratándose de un recurso extraordinario no es factible que se inadmita y se conceda un término para corregir nada menos que la falta de legitimación. Que no puede dársele el tratamiento de una agencia oficiosa procesal por cuanto no se cumple con los requisitos legales para ello. Que la legitimación debió darse desde el mismo momento de la interposición del recurso de súplica porque de lo contrario se estaría convalidando una situación inexistente, a la que no podría aplicársele la interpretación analógica para ampliar el término previsto en la ley. Y que por tratarse de un recurso de esta naturaleza las facultades del juez están delimitadas.

Que cuando se obra sin poder pueden presentarse dos alternativas: la una cuando se actúa como agente oficioso que no es este el caso y la otra a título personal, para la cual carece de legitimación el abogado recurrente.

Que el señalado recurso debe intentarse dentro de los 20 días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia impugnada y que por lo tanto dicho plazo no puede modificarse, ampliarse o reducirse porque los términos y oportunidades procesales son perentorios e improrrogables y además de orden público.

Que la falta de poder para actuar no puede subsanarse porque el término para ello está vencido, como sucede en este caso; que como no existe norma legal alguna para enmendar dicha situación se estaría consagrando ilegalmente un derecho para actuar en nombre de otro sin poder alguno, lo que burlaría los términos judiciales establecidos. Que al concederse un término, para tal efecto, se está ocasionando un derroche de jurisdicción, un perjuicio para las partes y una injusta demora en el cumplimiento de la sentencia, atentando contra la seguridad jurídica y el debido proceso.

Que los autos de concesión y de inadmisión del recurso son manifiestamente ilegales, lo que significa que, aún en firme, no atan al juez para proveer en derecho. Y que por tratarse de un requisito de fondo y no formal no podía este subsanarse dentro del término concedido.

Mediante memorial que obra a folios 592 a 596 el apoderado de la empresa Aerovías Nacionales de Colombia S.A. —Avianca— se opone a la prosperidad del recurso de reposición.

Para resolver se

Considera:

La Ley 446 del 7 de julio de 1998 creó un nuevo recurso extraordinario de súplica esencialmente diferente al consagrado en el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo.

Conforme a la reglamentación anterior el recurso extraordinario de súplica procedía contra las sentencias y los autos interlocutorios proferidos por las secciones del Consejo de Estado, cuando estas, sin la aprobación de la Sala Plena, acogieran doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación. Podía interponerse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la decisión judicial recurrida, sin que se exigiera para tal efecto nuevo poder.

El nuevo recurso extraordinario de súplica consagrado en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, procede contra sentencias ejecutoriadas proferidas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, por violación directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las mismas. Deberá interponerse dentro de los veinte días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia recurrida.

Se infiere de lo expuesto una clara diferencia entre el recurso contemplado en la legislación anterior y el ahora vigente. Mientras el anterior procedía contra sentencias aún no ejecutoriadas, el actual está previsto precisamente contra sentencias ejecutoriadas y en firme.

En estas condiciones, como lo ha reiterado la corporación, por tratarse de un recurso extraordinario —el de súplica— y por ser procedente únicamente contra sentencias ejecutoriadas, dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, debe acompañarse nuevo poder especial para tal propósito, a menos que quien actúe en su propio nombre ostente y demuestre la calidad de abogado inscrito.

Por la necesidad de tomar decisiones sobre el tema en cuestión, particularmente sobre diferentes aspectos relacionados con el nuevo recurso de súplica que ya habían surgido con anterioridad en las diferentes secciones del Consejo de Estado, en el caso de autos, por ejemplo, precisamente por el cambio de legislación, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resolvió recoger las inquietudes existentes, plantear las más importantes y tomar determinaciones sobre ellas para el cabal manejo de la nueva figura jurídica, para la protección equitativa de las partes en el ejercicio de los derechos que el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 les otorga por la vía de este recurso extraordinario.

Las definiciones y decisiones de la Sala Plena en esta materia han facilitado la interpretación de la indicada disposición legal, así como la de artículos como el 139 y el 143 del Código Contencioso Administrativo, para la aplicación y el desarrollo cabal del nuevo recurso extraordinario que, a pesar de mantener la misma denominación, es en realidad uno sustancialmente diferente al que consagraba el código antes de las reformas introducidas por la Ley 446.

Así y con los indicados propósitos, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sesión del 1º de diciembre de 1998, según consta en Acta 55, acordó:

“... exigir nuevo poder para el trámite del recurso extraordinario de súplica y conceder un término para aplicar el artículo 143...”.

Cree el despacho que la determinación de exigir nuevo poder es válida por cuanto el mencionado recurso no hace parte del proceso ordinario que culminó con la ejecutoria de la sentencia. Es una actuación posterior a la terminación del mismo que, obviamente, no está comprendida en las facultades conferidas mediante el poder inicialmente otorgado y, por ello, resulta necesario que se acredite nuevamente personería.

Y si puede predicarse validez respecto de dicha determinación, tomada en la vía de la interpretación, también esa validez puede atribuirse a la tomada simultáneamente, en la misma vía por la Sala Plena, en relación con la concesión del término de 5 días previsto por el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, cuando se diere insuficiencia o falta de poder para actuar en el trámite del nuevo recurso extraordinario de súplica. Son determinaciones tomadas ambas, en razón del cambio de legislación y la segunda, necesaria consecuencia de la primera para facilitar la asimilación de aquel cambio sin traumatismos.

No escapa al despacho que la carencia de poder es aspecto de fondo. Es el poder el que permite actuar a nombre de otro en un asunto determinado. Pero ante los cambios introducidos por la Ley 446 de 1998, que generaron incertidumbres y dudas sobre exigencia de nuevo poder o no para el trámite del recurso de súplica o sobre la insuficiencia, para este efecto, de aquel con el que actuaron las partes hasta la ejecutoria de la sentencia objeto de súplica, como en el caso presente, así como sobre la forma como podría ejercitarse el nuevo recurso y acceder a este, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en ejercicio de una labor unificadora que le es propia y para preservar el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a acceder a la administración de justicia con mínimas condiciones de seguridad para la defensa de sus derechos sustanciales, optó porque se concediera un término para allegar mandato suficiente en los términos del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, como si se tratara de defectos simplemente formales de la demanda o del memorial por medio del cual se interpuso el recurso extraordinario de súplica.

Por las razones que anteceden, y dado que fue precisamente esa la situación que se presentó en este caso, en que el abogado de la empresa Aerovías Nacionales de Colombia S.A. —Avianca— interpuso el recurso extraordinario de súplica sin acreditar su calidad de tal para representar a la empresa en el trámite de la súplica, resultaba forzoso concederle el plazo previsto en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo. No puede, por tanto, afirmarse que los autos de 24 de septiembre de 1998 y de 19 de noviembre de 1998, sobre concesión y admisión del recurso, son ilegales.

Por lo expuesto se

RESUELVE:

Confírmase el auto proferido por este despacho el pasado 19 de noviembre de 1998 dentro de este proceso.

Reconócese personería al doctor José Fernando Gómez Posada, como apoderado de los señores Ana Lucía Vergara González, Maritza Esther, Vilma María y Fredy Martín Torres Vergara, en los términos del poder que obra a folio 612 del cuaderno principal.

Reconócese personería al doctor Carlos Urrutia Valenzuela, como apoderado de la empresa Aerovías Nacionales de Colombia S.A. —Avianca—, en los términos del poder que obra a folio 592.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejero: Alberto Arango Mantilla.