Auto S-258 de febrero 1 de 1995

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Radicación S-258

Consejera Ponente:

Dr. Miren de la Lombana de Magyaroff

Actor: Hernán Pico Gil

Demandado: Distrito Especial de Bogotá

Santa Fe de Bogotá, D.C., primero de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Se decide el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el apoderado de la parte demandante (fls. 1-6, cdno. 1), contra la sentencia del 16 de septiembre de 1991. Proferida por la Sección Segunda de esta corporación (fls. 708-716, cdno. 3).

Antecedentes

1. Por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de plena jurisdicción, consagrada en el antiguo Código Contencioso Administrativo, el actor demandado [sic] del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Resolución 606 del 13 de octubre de 1977, el oficio 369 de 2 de febrero de 1978 y el Decreto 313 del 14 de marzo del mismo año, por los cuales, en su orden, el Alcalde Mayor de Bogotá, resolvió dar por terminado unilateralmente el contrato 27 de 1975, suscrito entre el Distrito Especial de Bogotá, y el doctor Hernán Pico Gil, el secretario de Salud del Distrito se abstuvo de considerar la petición de vacaciones del demandante, por el año de servicios comprendido entre 1977 y 1978, y el Alcalde Mayor de Bogotá, declaró la vacancia del cargo de médico director-grado. Salud pública 22 - programa 41 - coordinación técnica (que venía desempeñado el doctor Pico Gil), por abandono del mismo.

A manera de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro del demandante y el pago de la totalidad de los sueldos, primas, prestaciones, bonificaciones etc., dejados de percibir por el demandante, entre el 8 de febrero de 1978 y la fecha de reintegro debiéndose, además, considerar que no existió solución de continuidad en su vinculación laboral.

Así mismo, solicitó declarar administrativamente responsable al Distrito Especial de Bogotá de los perjuicios de todo orden material y moral causados y que se causaren al doctor Hernán Pico, con ocasión de la expedición y ejecución de los actos administrativos demandados.

El Tribunal Administrativo concluye que la demanda era formalmente inepta, dada la indebida acumulación de dos acciones con características, términos de caducidad y fines específicos que las hacían diferentes y por tanto inacumulables.

El apoderado del actor apeló la anterior decisión aduciendo que la única acción incoada era la de plena jurisdicción.

La sentencia de la Sección Segunda

Sobre el expediente reconstruido por haber desaparecido en los hechos de 6 y 7 de noviembre de 1985, la Sección Segunda de esta corporación revocó la sentencia inhibitoria y profirió fallo de mérito en segunda instancia por estimar con invocación de la jurisprudencia de la misma Sección, que en esta jurisdicción no puede hablarse de indebida acumulación de acciones sino de pretensiones.

Respecto de la terminación unilateral del contrato 27 de 1975, que a su vez ocasione [sic] la finalización de la comisión de estudios del demandante en España, el ad quem remitió a la cláusula octava de dicho convenio juzgando legal que en esta clase de contratos la administración pública se reserva la facultad de terminarlos unilateralmente y en este ejercitó dicha facultad.

En relación con la alegada falta de notificación de la resolución, explicó que la misma no era necesaria pues no ponía fin a una actuación administrativa y, de otra parte, puntualizó, el actor fue oportunamente enterado de la decisión de dar por terminada su comisión de estudios.

Concluye que la resolución se dictó con base en una cláusula válida y la impugnación de dicho acto administrativo se hallaba caducada a la fecha de presentación de la demanda, el cargo del actor no podía prosperar.

En cuanto al oficio 369 de 2 de febrero de 1978, mediante el cual la Secretaría de Salud del Distrito se abstuvo de considerar el otorgamiento de las vacaciones pedidas por el actor, estimó que al solicitarlas el demandante pidió que le fueran otorgadas a partir del 1º de diciembre de 1977, fecha en la que debe presentarse a laborar en Bogotá y comoquiera que ellas no le fueron concedidas, en virtud de la terminación del contrato de comisión de estudios, todo conducía a pensar que era clara la intención de la administración de que el funcionario debía reintegrarse al cargo, como consecuencia de la terminación de la comisión de estudios.

En relación con la falta de notificación del Decreto 313 del 14 de marzo de 1978, la Sección consideró que el hecho no aparecía probado y, en cambio, la presentación de descargos ante la personería delegada para la vigilancia administrativa, relacionada con el abandono del cargo y la impugnación del decreto de vacancia ante esta jurisdicción, presuponen que el actor estaba absolutamente enterado de la existencia de dicha providencia y por tal motivo, el reparo que se hace al acto carece de fundamento.

Similar razón se sostiene respecto de que el acto de declaratoria de vacancia no advirtió los recursos que contra él procedían, además de que dicha actividad no pone fin a una actuación administrativa y no requería por tanto, ninguna notificación personal, pues se trataba simplemente de una declaración que la administración hacia, sin perjuicio de que se sintiera lesionado cuando se entera de ella o se demandara, como ocurrió en este caso.

Respecto de la afirmación, en el sentido de que para declarar la vacancia no se adelante la correspondiente investigación administrativa, el que manifiesta que la Sección Segunda reiteradamente ha advertido que dicho requisito no es necesario y no tiene relación alguna con la validez del acto que, por abandono del cargo, expida la administración.

El actor desatendió la voluntad de la administración y permaneció en España, a pesar de la determinación de su contrato de comisión de estudios y de habérsele negado vacaciones. No es un hecho que desconozca el actor pues, al contrario, lo reitera en la demanda para destacar los perjuicios cuya indemnización reclama.

Son los propios hechos, dijo el ad quem, los que en secuencia diáfana muestran cómo la conducta de la administración, justificada ab initio, en la terminación del contrato, fue sensata en las decisiones que le siguieron. Por consiguiente este cargo tampoco podía prosperar.

Con base en las anteriores razones, la Sección Segunda de esta corporación, revocó la sentencia apelada y en su lugar, denegó las súplicas de la demanda.

El recurso extraordinario de suplica

El apoderado del actor afirma que la sentencia objeto del recurso extraordinario fue proferida por la Sección Segunda, sin la aprobación de la Sala Plena, no obstante que en ella se acogió doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación.

Las siguientes son las providencias contentivas de las jurisprudencias que el actor reputa contrariadas:

1. La sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 7 de septiembre de 1988, Expediente A-060, actor: Sociedad “La Angelita Ltda.”, consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo, en la que se pone de manifiesto que cuando la administración de cualquier manera, impide el normal ejercicio de los controles gubernativos, la ley abre la posibilidad de ocurrir ante la jurisdicción, sin más requisitos y, agrega que no obstante indicar en el acto los recursos procedentes, es menester que personalmente se le haga saber al administrador cuáles son y en qué oportunidad puede interponerlos. Este aspecto no cabe dentro del principio de que la ley se presume —de derecho— conocida por todos.

Si se entorpece el ejercicio de los citados controles, en razón de la falta o defectuosa notificación, la vía de la notificación por conducta concluyente permite que el administrado, a su opción, interponga los recursos gubernativos de ley, o acuda directamente a la jurisdicción administrativa.

A partir de la notificación del acto acusado, para efectos del cómputo del término de caducidad de la acción, la sentencia impugnada contrarió la jurisprudencia de la corporación, contenida en las sentencias del 7 de marzo de 1988, Expediente R-OIS, actor: Luis Bernardo Uribe, consejero ponente Antonio José de Restrepo y del 21 de septiembre de 1988, Expediente R083. de los: [sic] Luis Ramón Castañeda Contreras, consejero ponente: Miguel González Rodríguez, en la que se habló de la diferencias existentes entre las figuras de la comunicación y de la notificación que procuran parecidos, pero no idénticos, fines y, por lo tanto, el sentido de la norma no puede ampliarse hasta el punto de tener como sinónimos comunicación y notificación, para aplicarla indistintamente en uno y otro caso.

Refiriéndose a la Resolución 606 del 13 de octubre de 1977, la sentencia suplicada afirma que “... el término de caducidad para acudir ante esta jurisdicción en demanda de la nulidad de dicho acto, empezó a contarse el día 30 de noviembre de 1977 y como la demanda se presento el día 14 de julio de 1978”, para esa fecha, la acción ya había caducado artículo 83 Ley 167 de 1941.

2. Es evidente, dice el suplicante que la providencia de la Sección Segunda confundió los fenómenos de prescripción y caducidad y correlativamente contrarió la jurisprudencia mencionada sobre las diferencias sustanciales entre esas dos figuras de que trata la sentencia de la Sala Plena, fechada el 11 de octubre de 1963, consejero ponente: Ricardo Bonilla Gutiérrez, pues es claro que la Resolución 606 del 13 de octubre de 1977, la expidió el Distrito Especial de Bogotá, no en virtud de la potestad unilateral, sino en virtud de sus derechos y obligaciones emanados del contrato 27 de 1975, por consiguiente, mal podría hablarse de caducidad de la acción en tratándose de la instaurada respecto de la prenombrada resolución, puesto que la acción contractual en los regímenes de la Ley 167 de 1941 y del Decreto 528 de 1964, no tenía caducidad.

3. Considera que también fueron contrariadas las jurisprudencias contenidas en las sentencias del 6 de agosto de 1981, Expediente 1486, consejero ponente: Jorge Dangond Flórez y del 17 de febrero de 1977, Expediente 1775, actor: ICSS, consejero ponente: Jorge Valencia Arango, ambas de la Sección Tercera de la corporación.

Cumpliendo lo dispuesto en el auto calendado el 4 de marzo de 1993 (fl. 11, cdno. ppal.). La relatoría de la corporación rindió su informe de rigor (fls. 14-16, cdno. ppal.).

Consideraciones

Oportunidad

El recurso extraordinario objeto de estudio fue presentado dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación de la sentencia impugnada, cumpliendo lo que para el efecto señala el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo.

Aspecto previo

Sea lo primero precisar que la Sala, como lo ha dicho en anteriores oportunidades, solo puede ocuparse con ocasión del recurso extraordinario de súplica de los cargos planteados por violación de la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo por lo que no hará análisis alguno de la alegada contradicción de la sentencia suplicada con las sentencias de 6 de agosto de 1981, Expediente 1486, consejero ponente: Jorge Dangond Flórez y del 17 de febrero de 1977, consejero ponente: Jorge Valencia Arango, por razón de la fuente porque fueron dictados en Sala de Sección.

Los cargos planteados

Conforme a la reseña inicial, los cargos elevados por la parte recurrente se pueden sintetizar así:

La sentencia suplicada contradice la jurisprudencia invocada por cuando consideró innecesaria la notificación al doctor Hernán Pico Gil de la Resolución 606 de 1977 y del Decreto 313 de 1978 y por la forma en la cual realizó el conteo del término para establecer la oportunidad de la demanda, confundiendo de paso las figuras de la caducidad y de la prescripción.

Como primera observación la Sala debe precisar que la contradicción que da lugar a la prosperidad del recurso extraordinario de súplica es, como ya lo ha dicho en repetidas oportunidades, aquella que incide o en la cual se fundamenta el fallo. Por el contrario, las apreciaciones que no influyen en el mismo no son susceptibles de ser tomadas en cuenta para efectos del recurso.

En el presente caso los referidos cargos planteados por la parte recurrente se relacionan con el aspecto de caducidad de la acción y la diferencia de dicha figura con la prescripción.

Al respecto se observa que la sentencia acusada, en su parte resolutiva revocó la providencia de primera instancia mediante la cual el a quo se inhibió para conocer el fondo del asunto porque consideró configurada la inepta demanda y, en su lugar, denegó las súplicas del libelo. La sentencia suplicada, en cambio, no es de contenido inhibitorio sino denegatorio de las súplicas de la demanda con fundamento en el análisis de los cargos planteados.

Así, la Sección Segunda analizó la finalización del contrato por parte de la administración, encontrándola conforme a derecho por ajustarse a lo previsto en una de sus cláusulas.

Consideró, igualmente, que el interesado fue enterado de tal decisión sin que fuera necesaria su notificación porque no se ponía término a una actuación administrativa de carácter nacional.

En relación con el oficio mediante el cual la administración no concede las vacaciones la Sección puso de presente que no aparecía demostrada la falta de notificación.

Es claro, conforme a lo anterior, que las sentencias que hablan sobre caducidad de la acción, que por lo demás no tratan un aspecto semejante al de autos, no pueden ser contrariadas por la decisión de la sección que aunque consideró vencido el término de presentación de la demanda, no declaró caducada la acción y profirió decisión de fondo.

Lo mismo debe predicarse de las sentencias que hablan de la diferencia entre caducidad y prescripción, aspecto que no fue objeto de estudio en el fallo suplicado y, por lo mismo, no incidió en la decisión.

Así las cosas si el aspecto de la caducidad no fue determinante en la decisión que se adoptó, como tampoco lo que fue estudio alguno sobre la diferencia entre caducidad y prescripción, que no se realizó, es claro que no hay lugar a la prosperidad del recurso de súplica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,

FALLA:

No prospera el recurso extraordinario de súplica, interpuesto por el apoderado del demandante contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de esta corporación, dentro del proceso de la referencia, el 16 de septiembre de 1991.

En firme esta providencia vuelva el expediente a su lugar de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Esta providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha de treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Magistrados: Daniel Suárez Hernández, vicepresidente—Jaime Abella Zarate—Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Carlos Betancurt Jaramillo—Guillermo Chahín L.—Miguel González Rodríguez—Amado Gutiérrez Velásquez—Luis E. Jaramillo Mejía—Miren de la Lombana de M.—Delio Gómez Leyva—Libardo Rodríguez Rodríguez—Yesid Rojas Serrano—Consuelo Sarria Olcos—Julio C. Uribe Acosta—Miguel Viana Patiño—Luis A. Lizcano Blanco, conjuez.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General

Salvamento de voto

De la manera más comedida y respetuosa procedo a consignar por escrito a continuación las razones que expuse en la Sala Plena y que me llevaron a disentir de la mayoría con respecto a la decisión adoptada en la sentencia de la cual discrepo:

Establece el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo que “contra los autos interlocutorios o las sentencias proferidas por las secciones, cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la de la corporación” procede el recurso extraordinario de súplica ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Sabido es que el origen de esta disposición, que introdujo al Código Contencioso Administrativo la reforma consagrada en el Decreto 2304 de 1989, fue el artículo 2º de la Ley 11 de 1975, cuya vigencia había sido controvertida. Sabido es también que la finalidad perseguida con dicho recurso desde su iniciación en 1976 fue la de lograr la unificación de la jurisprudencia o, por lo menos, evitar la producción de sentencias dispersas y hasta posiblemente contradictorias que pudieran dictar las secciones en que se dividió la Sala de lo Contencioso Administrativo, lo cual condujo a la corporación a adoptar como patrón jurisprudencial, para los efectos de este recurso, la producida por la Sala en pleno y no por la de cada una de las Secciones.

Pues bien, esta concepción de la función judicial alrededor de la jurisprudencia sufrió un considerable cambio al ser expedida la nueva Constitución Política en la que en forma deliberada, por haber sido objeto este punto de debate doctrinario, se consagró la preeminencia de la ley y el carácter auxiliar de la jurisprudencia en la actividad judicial, en los siguientes términos:

“Artículo 230.

Los jueces en sus providencias, solo estén sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

Esta norma constitucional implica para el Consejo de Estado, que cada una de las Secciones entre las cuales están distribuidas las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con criterio de especialización y de repartición del volumen de trabajo, bien puede apartarse de la jurisprudencia de la Sala Plena, sin que esta posición constituya causal de recurso que pueda comportar la revocatoria de sus providencias, ya que sus decisiones, en principio están sujetas solamente a la ley y en ella se fundamentarán las causales para atacar sus providencias en recursos extraordinarios.

Dentro del nuevo derrotero señalado por la Constitución, bien puede adoptar como criterio interpretativo la jurisprudencia de la Sala Plena, como criterio auxiliar más no obligatorio.

En consecuencia, el hecho de que cuando alguna Sección acoja sin aprobación de la Sala Plena doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación, ha dejado de ser motivo del recurso extraordinario de súplica consagrado en los dos primeros incisos del artículo 130 del Código Contencioso Administrativo. El fundamento de dicho recurso resulta incompatible con la nueva Carta Política.

En efecto, se estima que mientras en la legislación que regula el recurso extraordinario de súplica la jurisprudencia anterior de la corporación tiene con respecto a las secciones del Consejo de Estado un valor similar y aun superior al de la ley, en la misma Constitución solo la ley debe ser tenida en cuenta por el juzgador en la definición de los asuntos a su cargo y la jurisprudencia pasa a ser meramente un criterio auxiliar para su actividad judicial.

Es evidente entonces que la única causal existente para el recurso extraordinario de súplica, esto es, la de que una providencia de una Sección contraríe jurisprudencia anterior de la corporación, ha dejado de existir por ser contraria a los nuevos postulados de primacía de la ley como guía de la actividad judicial, en el artículo 230 de la Constitución.

Es lógico concluir entonces, que si el recurso extraordinario de súplica carece de causales, está también vacío de objeto y por lo tanto no hay razón para concederlo.

No desconoce el consejero disidente que mediante Sentencia C-104 del 11 de marzo de 1993 la Corte Constitucional declaró que el referido artículo 130 del Código Contencioso Administrativo se ajustaba a la Constitución y por tanto el recurso extraordinario de súplica era procedente pero tampoco ignora que con posterioridad a tal pronunciamiento la misma Corte Constitucional ha venido, al estudiar el principio de la autonomía e independencia de los jueces, consagrado constitucionalmente, reafirmando el criterio de que la jurisprudencia es apenas un elemento que puede ser utilizado por el juez en el proceso de aplicación de la ley pero que de ninguna manera la doctrina jurisprudencial puede reemplazar la valoración jurídica que realiza el juez con fundamento en la norma legal.

Como muestra de ello basta con citar lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-486 de octubre 28 de 1993, con ponencia del honorable magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual se dijo:

“La independencia judicial

17. Rechazada la tesis de los actores de limitar el vocablo ‘ley’ que aparece en el primer inciso del artículo 230 de la Constitución Política al concepto de ley en sentido formal y establecido que su campo semántico no es otro que el de la totalidad del ordenamiento jurídico, resta precisar el propósito de la norma constitucional.

18. La enfática prescripción del artículo 230 de la Constitución Política ‘los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley’, tiene el sentido de rodear a la actividad judicial de una plena garantía de independencia funcional frente a la intromisión de cualquier otro órgano público o privado. La factura reactiva de la garantía revela el indicado designio. La necesidad de la independencia judicial se deriva del sentido y alcance de la actividad sentenciadora de los jueces, la que se sujeta únicamente al ordenamiento jurídico estructurado a partir de la Constitución, sus principios y valores superiores y aplicado al caso concreto en términos de verdad y de justicia.

La misión que la Constitución confía a los jueces de aplicar el derecho con miras a la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º), solo es posible si ellos no son objeto de interferencias, presiones, instrucciones procedentes del ejecutivo, del legislativo, de los partidos, de las partes, en suma, si se asegura que la única voz que pueden escuchar y atender sea la voz del ordenamiento jurídico. De ahí que la garantía se construya proclamando que la única fidelidad que liga el juez en su delicada tarea de investigar la verdad y decir el derecho es aquella que lo vincula con el ordenamiento jurídico. (Destacado fuera del texto).

Sin perjuicio de la existencia de instancias y recursos, el juez aplica el derecho de acuerdo con su propia conciencia y convencimiento, basado desde luego en una determinada cultura científica y observando las reglas de la sana crítica. No está atado el juez por los precedentes judiciales ni, en principio, por las órdenes de sus superiores. La aplicación preferente de la Constitución, de otra parte, debe llevarlo a inaplicar las normas jurídicas que sean incompatibles con aquella. (Destacado fuera del texto).

La independencia de los jueces no tiene el significado de privilegio ni de abierta exoneración de responsabilidad. Esa independencia, lejos de ser una invitación a la arbitrariedad, es el medio que resguarda su autonomía e imparcialidad para poder proferir sentencias justas y conforme a derecho.

19. El Estado de derecho no se concibe si la función judicial no se ejerce de manera independiente y si las normas que componen el ordenamiento dejan de vincular a los órganos que las ponen en vigencia. La aplicación judicial del ordenamiento es el momento en el que se prueba a sí mismo el Estado de derecho en cuanto que sus normas cobijan por igual a gobernantes y gobernados. El juez, órgano autónomo e imparcial, debe apelar únicamente al ordenamiento —desligado de toda injerencia de los demás poderes— para definir la causa si lo que se quiere es que el Estado de derecho adquiera en verdad el sentido de garantía y de objetividad que lo justifican históricamente.

20. La garantía funcional aquí tratada es complementada en la Constitución con otra de tipo orgánico que se instituye a través de la asunción de las tareas administrativas y disciplinarias de la rama judicial por un órgano perteneciente a esta —Consejo Superior de la Judicatura—, la organización de la carrera judicial, la forma de designación de los jueces, las normas sobre impedimentos e inhabilidades, así como de otras previsiones de naturaleza semejante que en su conjunto aseguran la independencia y autonomía de los jueces frente a las restantes ramas del poder público.

21. Como garantía institucional de la independencia judicial el principio de sometimiento del juez al imperio de la ley consagrado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, incorpora una regla de aplicación del derecho y tiene, por tanto, como destinatario de la misma a la autoridad judicial.

No obstante esa garantía de igual manera entraña una seguridad para las personas que pueden contar con la independencia de los jueces y la previsibilidad cierta de que sus providencias solo se dictarán a la luz del ordenamiento jurídico. En caso contrario, las personas pueden, en los términos de la ley, recurrir esas providencias y a través de los jueces competentes ejercer un control sobre las mismas”.

Así mismo es pertinente traer a colación lo expresado en similar sentido por el honorable magistrado Carlos Gaviria Díaz en salvamento de voto a la providencia anteriormente citada:

“1. Me parece claro que el artículo 230 de la Carta Política hace alusión a las fuentes formales del derecho con el objeto de fijarlas de modo taxativo y de conferirles rango constitucional. Cuando dice, entonces, que ‘Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley’ (destaco) se refiere a la norma jurídica que surge del proceso legislativo, acepción esta que no comprende la costumbre, norma resultante del proceso consuetudinario, sino que precisamente la excluye.

En el inciso segundo, el mismo artículo se refiere a la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, para atribuirles la función de ‘criterios auxiliares de la actividad judicial’, no de fenómenos capaces de generar normas válidas. Desde luego, habría podido reconocerles esa capacidad generadora, pero justamente se abstuvo de hacerlo, proclamando el carácter eminentemente legislativo de nuestro ordenamiento. Tal decisión de la voluntad constituyente puede enjuiciarse como plausible o censurable, según las preferencias, pero no es descabellada ni carente de consistencia lógica” (destacado fuera del texto).

Bajo las anteriores circunstancias estimo que un recurso extraordinario contra providencias judiciales que se fundamenta en la única causal de que la providencia recurrida viola o contradice precedentes jurisprudenciales estructurados por la corporación, es contrario al texto constitucional tal como ha sido explícitamente reconocido por la propia Corte Constitucional.

Adicionalmente no debe perderse de vista que se trata de un recurso extraordinario perfectamente discriminatorio ya que a él solo tienen acceso con posibilidades de éxito aquellas personas afectadas o interesadas en recurrir providencias que contengan alguna doctrina o interpretación que, realizada por una Sección del Consejo de Estado, haya sido, a su turno objeto de tratamiento en sentido diverso, por la Sala Plena de la corporación. Esto significa que, como muchas de las normas legales que son de usual aplicación por el Consejo de Estado, son interpretadas y aplicadas exclusivamente por las secciones y nunca, o casi nunca, por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación, forzoso es concluir que muchas providencias de las secciones no pueden ser objeto de este recurso, sencillamente porque no hay precedente jurisprudencial análogo, elaborado por dicha Sala Plena, que pueda servir de punto de referencia. Así, este recurso puede considerarse violatorio del principio de la igualdad ya que no todos los interesados tienen la posibilidad de acudir a él en igualdad de circunstancias.

Guillermo Chahín Lizcano. 

Fecha ut supra.