Auto S-712 de julio 9 de 1997

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Rad.: S-712-IJ

Consejero Ponente:

Dr. Amado Gutiérrez Velásquez

Actor: Germán Barberi Perdomo

Demandado: alcalde del municipio de Fresno

Santa fe de Bogotá D.C., nueve de julio de mil novecientos noventa y siete.

El ciudadano Germán Barberi Perdomo, en ejercicio de la acción de nulidad instituida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, pide declarar la nulidad parcial de la Resolución 62 del 5 de junio de 1996, expedida por el Consejo Nacional Electoral “...en cuanto a la revocatoria del acta de declaración de elección del alcalde del municipio de Fresno (Tolima) y frente al periodo por el cual se le declaró electo por exceder el término legal, que debía finalizar el 31 de diciembre de 1997...”.

Solicitó, también, decretar la suspensión provisional de ese acto, argumentado la flagrante violación de los artículos 2º, 29, 120, 123, 209, 265 y 293 de la Constitución Política; 1º, 85, 106 y 107 de la Ley 136 de 1994; 1º, numeral 1º y 12 del Decreto 2241 de 1986 y 20 de la Ley 78 de 1986, subrogado por el artículo 8º de la Ley 49 de 1987.

Afirma que basta la simple confrontación del acto acusado con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 78 de 1986, subrogado por el artículo 8º de la Ley 49 de 1987, para determinar la existencia de la violación, pues la norma señala que si la falta absoluta se produce luego de transcurrido un año del periodo la elección del nuevo alcalde se hará por el tiempo que le faltare.

Aduce que en el presente caso deben aplicarse los artículos 106 y 107 de la Ley 136 de 1994, pues además de señalar claramente que el periodo de los alcaldes elegidos por voto popular es de tres años regulan también lo pertinente a las vacantes que pueden presentarse en el transcurso del tiempo. Y que la Sección Quinta, con ponencia de la consejera Dra. Miren de la Lombana de Magyaroff, Expediente 1612, actor: Jorge Riveros, sostuvo que la Constitución Política de 1991 consagró la regla general del periodo institucional y, como excepción, del individual.

Concluye “...que EL PERIODO DE LOS GOBERNADORES ( igual sucede con el de los alcaldes ) ES INSTITUCIONAL, con las excepciones consagradas por la honorable Corte Constitucional y, EN CONSECUENCIA SI EL ACTO DECLARATORIO DE LA ELECCIÓN SEÑALA UN PERIODO QUE EXCEDE EL TÉRMINO DE LOS TRES (3) AÑOS QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1997, RESULTA NULO EN EL TIEMPO QUE SOBREPASA TAL TÉRMINO POR CUANTO ESTABLECE UN PERIODO INDIVIDUAL QUE NO ES EL PREVISTO, PARA EL CASO NUESTRO EN LA CARTA FUNDAMENTAL Y EN LOS ARTÍCULOS 106 Y 107 DE LA LEY 136/94” (mayúsculas y negrillas del texto), por lo que es suficiente el simple cotejo del acto demandado con las normas precitadas para determinar que es viable el decreto de suspensión provisional, pues prima facie se puede establecer que el acto impugnado es ilegal e inconstitucional.

Para decidir

Se considera:

I. Competencia y admisión de la demanda

Según lo dispuesto en el artículo 128, numeral 1º del Código Contencioso Administrativo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer, privativamente y en única instancia, de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por el Consejo Nacional Electoral.

Con fundamento en la facultad otorgada por el artículo 96-7 ibídem, reiterada en los artículos 35-5 y 36 de la Ley 270 de 1996, la Sala Plena del Consejo de Estado mediante Acuerdo 39 de 1990 asignó a la Sección Quinta, entre otras atribuciones, la de conocer de los procesos de nulidad de actos de contenido electoral, definidos en proveído fechado a 3 de noviembre de 1994 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo “como aquellas manifestaciones de voluntad administrativa que se dictan en desarrollo de la legislación electoral, en orden a perfeccionar el proceso y la organización electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la votación del elector expresada en las urnas, y a los ciudadanos el derecho de organizarse en partidos y movimientos políticos, en los términos de la Constitución y la ley, y ejercer a través de ellos sus derechos”. (Exp. 3104, C.P. Dr. Miguel González Rodríguez).

En el presente caso el acto acusado es la Resolución 62 de 1996, expedida por el Consejo Nacional electoral para revocar parcialmente el acto declaratorio de la elección del alcalde de Fresno producido por la Comisión Escrutadora Municipal con fecha octubre 24 de 1995, solo “...en lo que tiene que ver con la fecha de vencimiento del periodo como alcalde, ya que esta indica “para el resto del periodo de 1995 a 1997” “, pues determinó como tal el comprendido entre el 25 de octubre de 1995 y el 25 de octubre de 1998. No está demandada, entonces, la elección misma sino el periodo para el cual el Consejo Nacional Electoral declaró elegido alcalde al señor Luis Hernando Tabares Escobar, es decir, el señalamiento de uno diferente al previsto en la legislación, en acto administrativo proferido por autoridad electoral del orden nacional.

Es de observar, además, que de prosperar las pretensiones no obtendría el actor restablecimiento de derecho alguno. Esa no es la finalidad de la acción ejercitada. Simplemente busca que al elegido se limite el periodo de su condición de alcalde al que le señaló la Comisión Escrutadora Municipal, en defensa del interés de todos los ciudadanos a que se respete su voluntad expresada en las urnas. Por ello la acción ejercitada, como bien lo precisó el actor, es la de simple nulidad.

Por este aspecto es bueno recordar que la doctrina de los motivos y las finalidades, formulada inicialmente en sentencia de 10 de agosto de 1961 con ponencia del Dr. Carlos Gustavo Arrieta, ha venido evolucionando hasta el planteamiento que al presente acoge esta corporación, según el cual “...la acción de simple nulidad procederá contra los actos administrativos de contenido general y con miras al mantenimiento de la legalidad abstracta; igualmente procederá, con idéntico propósito, contra los actos de contenido particular cuando su nulidad no restablezca el derecho de la persona afectada con el mismo...”. Salvo, agrega, cuando la ley expresamente lo prohíba (Sent. abr. 18/96. C.P.: Dr. Carlos Betancur Jaramillo - Sección Tercera).

Corresponde, entonces, a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación conocer en única instancia del proceso de simple nulidad de la resolución citada por ser acto de indudable contenido electoral, no acto declaratorio de elección o por el cual se hace nombramiento, pasibles estos sí de impugnación en proceso electoral cuyo conocimiento, para el caso de los alcaldes, está asignado en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia al Consejo de Estado según lo previsto en el artículo 29 de la Ley 78 de 1986. Sin embargo, por la importancia jurídica del asunto la Sección Quinta decidió someter su conocimiento a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación, conforme lo autoriza el artículo 130 inciso quinto, del Código Contencioso Administrativo. La Sala Plena acogió ese pedimento y por ello, como encuentra satisfechos en la demanda los requisitos formales estatuidos en los artículos 137, 138, 139 y 142 del Código Contencioso Administrativo, la admitirá.

II. De la solicitud de suspensión provisional del acto acusado

Conforme a lo prescrito en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo la suspensión provisional de un acto administrativo puede adoptarla el Consejo de Estado o tribunal administrativo, siempre que se la solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que aquella sea admitida y, tratándose de la acción de simple nulidad, si se da “...manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud...”.

El primero de esos requisitos se encuentra cabalmente satisfecho en la demanda, como ya se vio. Respecto del segundo, arguye el demandante como transgredidas las mismas normas que indica violadas en el cuerpo de la demanda, así:

Constitución Nacional: artículos 2º, 29, 120, 123, 209, 265,293;

Ley 136 de 1994: artículos 1º, 85, 106 y 107;

Decreto 2241 de 1986: artículos 1º, numeral 1º, 12;

Artículo 20 de la Ley 78 de 1986, subrogado por el artículo 8º de la Ley 49 de 1987.

Respecto de esas disposiciones formuló el actor detallado concepto de su violación en la demanda, parcialmente repetido en el capítulo que dedicó a la solicitud de suspensión provisional. Allí, además de la específica violación de los artículos invocados de las leyes 78 de 1986, 49 de 1987 y 136 de 1994 que regulan lo concerniente al procedimiento a seguir cuando se presenta vacancia absoluta del cargo de alcalde por causas distintas a la destitución o a la revocatoria del mandato, destaca la incompetencia del Consejo Nacional Electoral para producir, respecto de la elección de alcaldes, resolución de la naturaleza de la acusada, por cuanto es al Presidente de la República, con relación a la elección de Alcalde del Distrito de Santafé de Bogotá por vacancia absoluta del elegido en la elección general, y a los gobernadores en cuanto a alcaldes municipales, a quien corresponde definir el periodo para el que se hace la nueva elección.

En lo que atañe a la competencia para producir actos administrativos, que siguiendo a Moliner define como la “aptitud legal o autoridad para resolver cierto y determinado asunto”, formula el actor cuidadoso examen para señalar su condición de improrrogable “...porque en principio, es indelegable toda función, salvo que la ley, en forma expresa permita que sea delegada...”. Y de estrictamente reglada, por cuanto se exige “norma expresa que la establezca o del mandato superior regulador de la competencia...”. “Mediante la asignación de competencias —agrega— la ley distribuye el conocimiento y decisión de determinado asunto a cierto funcionario o servidor público, de suerte que solo él y no otro tiene la facultad legal para actuar; de intervenir uno diferente, el asunto no queda resuelto en legal forma, por carencia del presupuesto Agente idóneo que decide, para resolverlo con eficacia y regularidad”.

Como la Sala comparte este criterio, ello le permite adentrarse en la comparación del acto acusado con las normas invocadas como violadas, particularmente con la que precisa las competencias del Consejo Nacional Electoral. La Carta Política las determina en su artículo 265, que en su numeral 3º le asigna como atribución especial “3. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes...”. Esta atribución es la misma que confiere al Consejo Nacional Electoral el artículo 12, numeral 8º del Código Electoral (D. 2241/86). Se tiene, entonces, que la norma atribuye competencia al Consejo Nacional Electoral “para conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados...”, no contra los recursos que se interpongan contra las decisiones de las comisiones escrutadoras municipales, precisamente porque los recursos que se susciten contra las decisiones de estas los resuelven los delegados del Consejo Nacional Electoral y contra lo por estos decidido no cabe otro recurso. Es decir, que la vía gubernativa contra las decisiones de las comisiones escrutadoras municipales concluye con la decisión de los delegados del Consejo Nacional Electoral. Estos son, pues, los superiores funcionales de las comisiones escrutadoras municipales y no el Consejo Nacional Electoral. Por ello no podía el aludido consejo hacer uso de la facultad consagrada en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo para revocar directamente lo resuelto por la Comisión Escrutadora del Fresno (Tolima) al declarar al Sr. Luis Hernando Tabares Escobar elegido alcalde de ese municipio “...para el resto del periodo (1995-1997)”, pues al hacerlo con la resolución acusada, la 062 de 1996, obró totalmente sin competencia, configurándose una clara usurpación de poder. No puede perderse de vista que la competencia es de orden público, expresa y de excepción, según lo prescrito en los artículos 121 a 123 de la Constitución Política, de tal manera que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la misma Constitución, la ley y el reglamento.

Esa conclusión la refuerza lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 62 de 1988 y el 7º de la Ley 163 de 1994, en cuanto disponen:

De la Ley 62 de 1988:

“ART. 12.—El artículo 166 del Código Electoral, quedará así:

Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares resolverán, con base en las actas respectivas, las reclamaciones que se hayan presentado ante los jurados de votación, conforme al artículo 122 de este código.

Las apelaciones que se formulen contra las decisiones de las comisiones escrutadoras auxiliares, así como los desacuerdos que se presenten entre los miembros de estas, serán resueltos por las correspondientes comisiones distrital y municipal, las que también harán el escrutinio general de los votos emitidos en el distrito o municipio, resolverán las reclamaciones que en este escrutinio se propongan, DECLARARÁN LA ELECCION DE CONCEJALES Y ALCALDES Y EXPEDIRÁN LAS RESPECTIVAS CREDENCIALES (mayúsculas de la Sala).

Cuando sean apeladas las decisiones sobre reclamos que por primera vez se formulen en ese escrutinio general, o se presenten desacuerdos entre los miembros de las comisiones distrital o municipal, estas se abstendrán de expedir las credenciales para que sean los delegados del Consejo Nacional Electoral quienes resuelvan el caso y expidan tales credenciales...”.

De la Ley 163 de 1994:

“ART. 7º—Escrutinios. Corresponde a los delegados del Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio de los votos depositados para los gobernadores, declarar su elección y expedir las credenciales respectivas; hacer el escrutinio de los votos depositados para el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá Distrito Capital, declarar su elección y expedir las respectivas credenciales.

“Corresponde a las comisiones escrutadoras departamentales hacer el escrutinio de los votos depositados para los diputados, declarar su elección y expedir las correspondientes credenciales.

“Corresponde a las comisiones escrutadoras distritales y municipales hacer el escrutinio de los votos depositados para alcaldes distritales y municipales, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales, declarar su elección y expedir las respectivas credenciales...”.

Entonces, si los delegados del Consejo Nacional Electoral solo conocen por apelación de lo resuelto por las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares, o por reclamos que por primera vez se formulen ante dichas comisiones, así como por desacuerdos ocurridos entre los miembros de las mismas, lógicamente las decisiones que adopten sobre esos aspectos no pueden tener una tercera instancia ante el Consejo Nacional Electoral. La vía gubernativa queda agotada con la decisión de los delegados del consejo.

De allí que por ser manifiesta la incompetencia del Consejo Nacional Electoral para proferir la resolución acusada, pues no podía actuar como superior funcional de la Comisión Escrutadora Municipal de Fresno que expidió el acto declaratorio de elección, habrán de suspenderse los efectos de aquella.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

1. Admítese la demanda propuesta contra la Resolución 62 del 5 de junio de 1996 expedida por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se revocó parcialmente el acto declaratorio de la elección del señor Luis Hernando Tabares Escobar como alcalde del municipio de Fresno (Tolima) producido por la comisión escrutadora municipal, pero solo en cuanto a la fecha de vencimiento del periodo. En tal virtud:

a) Notifíquese este auto por edicto que habrá de fijarse por cinco (5) días en la secretaría de la corporación;

b) Notifíquese personalmente al Ministerio Público;

c) Notifíquese personalmente al señor Luis Hernando Tabares Escobar;

d) Notifíquese personalmente al presidente del Consejo Nacional Electoral y al Registrador Nacional del Estado Civil;

e) Cumplido el término de notificación fíjese el expediente en lista por cinco (5) días, con la prevención de que en ese término se podrá contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas.

2. Decrétase la suspensión provisional de la Resolución 62 de 1996 (jun. 5), por la que el Consejo Nacional Electoral revocó parcialmente el acto declaratorio de la elección de alcalde del Fresno (Tolima), producido por la Comisión Escrutadora Municipal, y declaró elegido alcalde de ese municipio al señor Luis Hernando Tabares Escobar “...para el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 1995 y el 25 de octubre de 1998 y expedir la respectiva credencial...”.

Cópiese y notifíquese

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Juan de Dios Montes Hernández—Mario Alaria Méndez—Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Germán Ayala Mantilla—Carlos Betancur Jaramillo—Jesús Maria Carrillo B.—Julio Enrique Correa Restrepo—Miren de la Lombana de M.—Javier Díaz Bueno—Silvio Escudero Castro—Clara Forero de Castro—Delio Gomez Leyva—Amado Gutiérrez Velásquez—Ricardo Hoyos Duque—Luis Eduardo Jaramillo Mejía—Carlos Arturo Orjuela G.—Nicolás Pájaro Peñaranda—Dolly Pedraza de Arenas—Juan Alberto Polo Figueroa—Libardo Rodriguez Rodriguez—Consuelo Sarria Olcos—Daniel Suarez Hernández—Manuel S. Urueta Ayola.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

Salvamento de voto

Con el mayor respeto me permito apartarme de la decisión mayoritaria adoptada en la providencia que antecede por las mismas razones expuestas en el salvamento de voto a la providencia recurrida que aparecen a folios 138 a 143 del expediente.

De los señores consejeros,

Miren La Lombana De Magyaroff 

Fecha ut supra.

Aclaración de voto

Conforme lo manifesté en mi intervención durante la discusión del proyecto aprobado por la Sala, y del cual con el debido respeto me aparto, la acción intentada no fue la de simple nulidad sino una de carácter electoral.

En efecto, por medio de la resolución acusada, el Consejo Nacional Electoral revocó parcialmente el acto de declaratoria de elección de alcalde del municipio de Fresno, Tolima (art. 1º) y dispuso: “Declarar elegido como alcalde del municipio de Fresno (Tolima), al señor Luis Hernando Tabares Escobar...” (art. 2º) lo cual lisa y llanamente comporta un acto electoral, así el fondo de la cuestión se ciña al periodo de dicho alcalde.

Por lo demás, con la venia de su autor, hago mías las expresiones consignadas en la aclaración de voto suscrita por el honorable magistrado doctor Luis Eduardo Jaramillo Mejía, las cuales comparto íntegramente pues se amoldan a lo que yo había expresado en Sala Plena.

Atentamente,

Juan Alberto Polo Figueroa. 

Salvamento de voto

Considero conveniente precisar algunos aspectos relacionados con el tema debatido en este proceso, a saber:

1. Desde hace algún tiempo vengo insistiendo en la necesidad de hacer un replanteamiento de la teoría de los móviles y finalidades que ha inspirado la jurisprudencia del Consejo de Estado a partir de 1961, para examinar la problemática atinente a las acciones contencioso administrativas a través del análisis de la naturaleza del acto, por manera que esta pueda generar la opción del uso de la de nulidad en aquellos casos en que exista un interés legítimo de la comunidad o de la sociedad en general, toda vez que en mi opinión en eventos como el de autos, en los cuales está de por medio la preservación del orden jurídico, esto es, la seguridad jurídica, es conducente dicha acción.

2. De otro lado, es evidente la incompetencia del Consejo Nacional Electoral para revocar lo que había dispuesto la Comisión Escrutadora, de modo que el acto acusado constituye lo que la doctrina moderna identifica como “vía de hecho”.

3. Asimismo, he reiterado mi pensamiento en el sentido de que los nuevos rumbos del derecho, particularmente el constitucional y el administrativo, conducen a una interpretación más amplia y flexible de las normas, y por ende, ya no puede hablarse tajantemente de una “jurisdicción rogada”, porque el juez tiene un mayor campo de acción para aplicar el derecho y realizar la justicia. Con mayor razón cuando se trata de acciones públicas como la de nulidad que dio lugar a este debate. Por eso, es incuestionable que debía suspenderse el acto acusado, como en efecto se hizo.

Con todo comedimiento,

Carlos Arturo Orjuela Góngora. 

Aclaración de voto

Aún cuando comparto la decisión adoptada, he aclarado el voto por las siguientes razones:

En casos como el presente en que se ejercita la acción pública de nulidad y en que la demanda busca preservar exclusivamente que se mantenga incólume el orden jerárquico normativo imperante en Colombia el juez administrativo para decidir sobre la solicitud de suspensión provisional debe analizar la demanda como un todo: sus fundamentos de derecho y la solicitud de suspensión provisional.

En el caso sub examine el demandante invocó en la solicitud de la medida precautoria como norma flagrantemente violada el artículo 123 de la Constitución, el cual establece que los servidores públicos deben ejercer sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento, y en los fundamentos de derecho, conforme se puso de presente en la parte considerativa de la providencia objeto de esta aclaración, razonó sobre el carácter improrrogable y reglado de la competencia, consideración esta que permite que al confrontar dicho precepto constitucional y las normas invocadas de las leyes 78 de 1986, 49 de 1987, 136 de 1994 y del Decreto-Ley 2241 de 1981 con el acto de revocación directa acusado, se pueda establecer claramente que el Consejo Nacional Electoral carecía en absoluto de competencia para expedir este, habida cuenta de que contra las decisiones de las comisiones escrutadoras municipales solamente caben recursos ante los delegados del Consejo Nacional Electoral.

De ello se deduce que el inmediato superior para efectos de la revocación directa de los actos de las referidas comisiones escrutadoras son los delegados del Consejo Nacional Electoral y no el Consejo Nacional Electoral.

Fecha ut supra,

Ernesto Rafael Ariza Muñoz. 

Aclaración de voto

Santa fe de Bogotá, D.C., agosto quince de mil novecientos noventa y siete.

En forma comedida manifiesto que comparto la decisión mayoritaria. Y aunque a comienzos del debate de este asunto ante la Sala Plena sostuve que la acción debía ser de naturaleza electoral y no de simple nulidad; y que, por tanto, tenía que gobernarse por la normatividad propia de aquellos procesos no solo en cuanto a su oportunidad, trámite y competencias, durante la discusión me convencí de lo contrario, en especial, cuando observé la flagrante violación en que incurrió el Consejo Electoral al revocar el acto de declaratoria de la elección del Sr. Luis Hernando Tabares Escobar como alcalde del municipio de Fresno, dictada por la Comisión Escrutadora Municipal el 24 de octubre de 1995.

Olvidó el mencionado Consejo que la comisión escrutadora cesó en sus funciones legales tan pronto produjo el acta de elección; y en parte alguna permite la ley que esas funciones queden como permanentes, para esos efectos, en el citado organismo.

Una vez expedido el acto de elección y ejecutoriado luego de su notificación, la propia administración pierde su competencia y si tiene reparos sobre el acto que dictó, deberá impugnarlo ante la jurisdicción administrativa. No existe otra salida posible.

Lo que hizo el Consejo Electoral, órgano jurisdiccional, parece más una vía de hecho que otra cosa.

La duda inicial sobre lo electoral del asunto, se debió a que el consejo hizo, también indebidamente, una nueva declaración de elección, para lo que tampoco tenía competencia. Disfrazó así el acto para aparentar que lo hacía dentro de sus funciones.

Atentamente,

Carlos Betancur Jaramillo 

Aclaración de voto

Santafé de Bogotá, D.C., julio 23 de 1997

Con el debido respeto por la opinión mayoritaria, manifiesto mi inconformidad con lo expresado en la providencia de julio 9 de 1997, en cuanto en ella se aceptó la demanda presentada, por considerarse que como el acto demandado lo fue solo en relación con el periodo que se le asignó al alcalde elegido y no respecto a la elección en sí, la acción ejercitada era la de simple nulidad contra un acto administrativo de contenido electoral y no la acción puramente electoral contra un acto de la misma naturaleza, por las siguientes razones:

1) El acto demandado es la Resolución 62 de junio 5 de 1996 proferida por el Consejo Nacional Electoral, “en cuanto a la revocatoria del acta de declaración de elección del alcalde del municipio de Fresno (Tolima) y frente al periodo por el cual se le declaró electo por exceder el término legal, que debía finalizar el 31 de diciembre de 1997,...”

Dicha resolución en el artículo segundo de su parte resolutiva, que viene a ser el que es materia de impugnación dice: “Declarar elegido como alcalde del municipio de Fresno (Tolima), al señor Luis Hernando Tabares Escobar, identificado con la cédula de ciudadanía 79.335.157 de Bogotá, para el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 1995 y el 25 de octubre de 1998 y expedir la respectiva credencial”.

Del tenor del artículo demandado y de lo solicitado en la demanda, se deduce claramente que se demanda la elección del citado alcalde por el periodo que excede el señalado por la comisión escrutadora al expedir el acto que fue revocado por la resolución demandada, demanda que al atacar dicho lapso de tiempo, está haciendo referencia a la elección para el mismo.

2) Considero que no se puede hablar de un periodo para desempeñar un cargo, sin tener en cuenta que el mismo hace referencia necesariamente a un acto de nombramiento o elección. Se trata de dos aspectos de un mismo acto que están estrechamente ligados entre sí, sin que puedan escindirse para ser considerados por separado.

3) Si lo anterior no fuera cierto, podría afirmarse, que un acto de nombramiento o elección de un servidor público que tiene periodo legal, podría ser demandado y anulado en cuanto al periodo que se le señalo en el mismo, quedando dicho nombramiento o elección sin periodo.

4) Lo anterior me lleva a considerar que el acto demandado por ser electoral solo podía ser demandado por medio de la acción electoral y por ello el trámite dado en este caso no es el legal.

Luis Eduardo Jaramillo Mejía.