SALA DE CASACIÓN CIVIL

MINISTERIO PÚBLICO

INTERVENCIÓN EN PROCESOS CIVILES

EXTRACTOS: «El principio es, pues, que el agente del Ministerio Público interviene en los procesos de índole civil tan solo en los expresos casos prevenidos en la ley.

En lo que toca con la intervención específica del Ministerio Público en los procesos de filiación, y peculiarmente en los de investigación de paternidad extramatrimonial, esta Corporación, desde 1941, ha sostenido que a él le asiste el derecho de intervención como actor sin que pueda dársele la calidad de legítimo contradictor.

En efecto, en sentencia de 12 de agosto de 1941 dijo:

“La disposición del artículo 12 de la Ley 45 de 1936 limita el número y calidad de las personas que legalmente tienen el derecho de demandar la declaratoria judicial de filiación, señalándolas taxativamente, durante toda la vida del hijo. Entre estos sujetos activos de la acción, dentro del orden y oportunidad que exige la ley, figura el Ministerio Público, comprensivo de sus diversas categorías. La citada disposición dice que el Ministerio Público es parte en los juicios de filiación, y que las acciones encaminadas a obtener su declaratoria judicial se surten precisamente por medio de abogado titulado, salvo cuando la siga un agente de ese ministerio, de tal manera que es indiscutible que en el último término asiste al Ministerio Público derecho de intervención como actor o la facultad de instaurar acciones sobre la investigación y declaración de filiación natural.

Pero lo que no puede entenderse autorizado por la ley ni por la doctrina en materia de intervención del Ministerio Público es lo que en este pleito se ha querido hacer, esto es, darle la calidad de legítimo contradictor a uno de sus agentes o funcionarios para obtener con su exclusiva audiencia la declaratoria judicial de filiación”. (G.J. LII, pág. 181).

En sentencia de 6 de agosto de 1958, luego de referirse a las personas que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 45 de 1936 pueden ser parte en el juicio de filiación, expresó:

“La ley faculta a las personas dichas, para intervenir como demandantes en el juicio de filiación, con el objeto de que nunca pueda quedar sin representación el presunto hijo.

La intervención del Ministerio Público no es obligatoria, como no es obligatoria la concurrencia simultánea de todas las personas a que la ley se refiere. El representante de la sociedad conserva siempre la facultad de intervenir, y lo hará cuando el presunto hijo no tenga quien lo represente. La Corte ha dicho: “es errada la opinión consistente en afirmar que el Ministerio Público es siempre parte en todos los juicios sobre filiación natural, pues cada una de las tres personas que menciona el artículo 12 puede intervenir en esta clase de juicios pero nunca sucede que tomen parte simultáneamente (Cas. de 22 de mayo de 1947 G.J. LXII, pág. 382 y de 11 de mayo de 1948 G.J. LXIV pág. 368)”.

En sentencia de 30 de abril de 1968 agregó:

“El recurrente por último, formula un cargo subsidiario sobre la aparente nulidad de lo actuado, dándole una interpretación acomodaticia a lo resuelto por el Tribunal, en relación con la no presencia del agente del Ministerio Público. De plano se rechaza el cargo que carece de fundamento, porque el Ministerio Público no es parte en los juicios de filiación sino cuando han sido promovidos por éste” (G.J. Nº CXXIV, pág. 77).

9. El artículo 13 de la Ley 75 de 1968 faculta al Ministerio Público, igual que al entonces defensor de menores, para instaurar la pretensión de filiación ante el de la época juez de menores. El artículo 11 del Decreto 2272 de 1989, autoriza la intervención del defensor de familia en los procesos que se tramiten ante la jurisdicción de familia y en los que actuaba el defensor de menores “sin perjuicio de las facultades que se le otorgan al Ministerio Público”.

La ley entonces determina una legitimación al Ministerio Público, que puede ejercer como lo ha precisado la jurisprudencia, precisión que no se altera por lo dispuesto en las normas ahora citadas, como quiera que si bien otorga otra legitimación, en pro de los menores, lo es sin perjuicio de las facultades otorgadas al Ministerio Público.

(...).

La ley autoriza al Ministerio Público para promover el proceso de filiación constituyéndose en parte en aquellos procesos que instaura y teniendo en consecuencia, legitimación en la causa activa para reclamar la filiación frente a quien debe responder por ella. Se trata, según doctrina procesal, de una legitimación derivada siempre adquisitiva, al decir de Carnelutti, porque implica una decisión ajena para obrar junto a la persona a quien le corresponde la legitimación primaria (Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo III, pág. 161 y ss.).

De otra parte, la intervención del Ministerio Público en los procesos civiles obedece a la misión que tiene que cumplir en defensa de los incapaces, por considerarse la defensa de estos es de interés público. Empero, esa legitimación la tiene cuando los incapaces carezcan de real defensa.

(...).

Nuestra jurisprudencia, acorde con la doctrina foránea, entiende que el Ministerio Público actúa en el proceso civil en aquellos casos en que la ley le impone sustituir a quien debería representar al incapaz.

El artículo 118 de la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el defensor del pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley.

El artículo 42 del Código de Procedimiento Civil señala los funcionarios del Ministerio Público que ejercen atribuciones en los procesos civiles, así: ante la Corte Suprema de Justicia por el Procurador Delegado en lo civil, bajo la dirección del Procurador General de la Nación; ante los Tribunales Superiores por los respectivos fiscales; ante los jueces del circuito, por los fiscales del circuito o por los personeros municipales de cabecera, como delegados suyos y bajo su dirección y ante los jueces municipales por los personeros municipales.

Como órgano público de protección del menor y la familia existe el defensor de familia a quien el artículo 277 del Código del Menor (D. 2737/89) le asignó como funciones, entre otras, la de intervenir en interés de la institución familiar y del menor en los asuntos judiciales y extrajudiciales de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2272 de 1989, norma que también autoriza la intervención en los procesos que se tramiten ante la jurisdicción de familia “y en los que actuaba el defensor de menores, sin perjuicio de las facultades que se le otorguen al Ministerio Público”. Por último, el Decreto 2286 de 1989, creó los fiscales de familia cuyas competencias son las de actuar en los asuntos de derecho de familia y de menores en que la ley lo disponga, como en el de nulidad del matrimonio civil, si hay menores (C.P., art. 442), en el de divorcio y de separación de cuerpos, habiendo también hijos menores (art. 444, ibídem) y, si fuere necesario, para promover el de alimentos para menores (art. 448, ibídem), y en la repudiación de asignaciones a favor de incapaces o ausentes (art. 592 ibídem).

De manera que no basta que se trate de un asunto de derecho de familia en que estén involucrados derechos de incapaces, para que el agente del Ministerio Público pueda intervenir como parte en defensa de dichos incapaces, sino en cuanto carezcan estos de la defensa que corrientemente previene la ley. Dichas fiscalías tienen base en el artículo 294 del Código del Menor que creó la Procuraduría Delegada para la defensa del menor y de la familia. En esta forma, en los procesos civiles en que se ventilan asuntos de derecho de familia, el Ministerio Público cuenta con órganos especiales, pero sólo pueden actuar en los asuntos que lo mande la ley.

Ahora bien, tratándose de la comparecencia al proceso de incapaces, el artículo 45 del Código de Procedimiento Civil con las modificaciones introducidas por el Decreto 2282 de 1989, autoriza al juez para la provisión de curador ad litem cuando aquellos carecen de representante y comparecen o deben comparecer al proceso. De modo que, la intervención del Ministerio Público no está prevista por la ley para hacerse parte o representar en juicio a los incapaces porque su intervención se limita a solicitarle al juez el nombramiento de curador (modificación 17a).

En efecto, el artículo citado establecía la designación de curador cuando el incapaz carecía de representante legal; la modificación adicionó lo dispuesto en la norma en el sentido de decir que cuando se trata de “incapaz absoluto hay lugar a nombramiento por el juez a petición del Ministerio Público, de un pariente o de oficio y, en consecuencia, como se anotó, la actuación del Ministerio Público se circunscribe a la petición que pueda hacerle al juez para el nombramiento de curador.

Al decir de esta corporación, los curadores ad litem “son mandatarios que el juez les da a ciertas personas que no pueden o no quieren comparecer al proceso en circunstancias que la ley determina” (Sent. ago. 11/36, XLIV, pág. 114), y como tales asumen la representación en el proceso de esas personas.

Puede también el Ministerio Público, conforme con los artículos 548 y 539 del Código Civil, promover el proceso de interdicción del demente y de provisión de la guarda, para que el guardador represente al incapaz.

11. En el sub lite, el señor fiscal de la Sala de Familia del Tribunal de Pasto, como agente del Ministerio Público, recurre en casación la sentencia del 8 de febrero de 1991, afirmando que tiene legitimación para interponer el recurso en defensa de los incapaces que intervienen en el proceso como demandados “a la luz de la nueva concepción jurídica que indican los decretos 2282 y 2737 de 1991 (sic)”. Sin embargo, no hay norma jurídica que autorice su intervención en la calidad que invoca, que tan solo puede ser en los procesos de filiación que promueva.

Las incapaces comparecieron al proceso representadas por curador ad litem de conformidad con el artículo 45 del Código de Procedimiento Civil.

Las incapaces absolutas, citadas como demandadas, fueron representadas, según las fotocopias, por curador ad litem (fls. 11 y 23), designado por el juzgado de acuerdo con la petición hecha por el demandante (fls. 5), obtenida la información sobre la incapacidad de las demandadas Rosa Julia y María Lucila Muñoz Ibarra (fls. 69). Si la prueba sumaria que el citado precepto menciona, tiene que referirse a la falta de representación del incapaz, pero no a la de la incapacidad, en este caso a la demencia, y por ello el curador hubiere sido mal nombrado, es cuestión que podría invocarse como fundamento de otras pretensiones, más que no legitima la aspiración del agente del Ministerio Público respecto del recurso de casación.

Luego carece el señor fiscal de legitimación para interponer el recurso de casación porque no es aquí el titular de la legitimación secundaria o derivada y por cuanto las demandadas tuvieron una representación procesal. Fue, pues, acertada la decisión del Tribunal al negarle el otorgamiento de la casación interpuesta, y así habrá de declararse».

(Auto de julio 26 de 1991. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo García Sarmiento).

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