Auto de octubre 21 de 1987

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

CAMBIO DE RADICACIÓN

Hoy por hoy no hay cambio de radicación que, oficiosamente la Corte o el tribunal, puedan disponer. La carga de la prueba en este incidente quiso dejarla el legislador al solicitante

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Gómez Velásquez

Bogotá, D.E., veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

Aprobado Acta Nº 68, octubre 14 de 1987.

VISTOS:

Édgar Alberto Lozano Arturo, quien se encuentra recluido en la Cárcel Distrital Judicial de Pasto, a órdenes del juez tercero municipal de la misma ciudad, dirige a éste memorial solicitándole se sirva dar traslado de él “al honorable tribunal superior o a la honorable Corte —a quien corresponda—, para que se ordene el cambio de radicación del sumario de la referencia (lesiones personales en su contra). Me fundo en el capítulo V del Código de Procedimiento Penal, y hago las siguientes afirmaciones:

“Me encuentro detenido bajo sus órdenes por un supuesto delito del cual es sujeto pasivo o supuesto ofendido el señor doctor Ricardo Antonio Estupiñán Coral, hijo del honorable magistrado del tribunal superior del distrito al que usted pertenece como juez, señor doctor Rodrigo Nelson Estupiñán Vallejo. En varias ocasiones por intermedio de abogado y personalmente he pedido mi libertad aunque sea provisional, siendo en forma absurda negada, toda vez que este tipo de asuntos y mi personalidad según la ley son de los que la merecen, considerando que no ha existido libertad por su parte y por parte de la señora juez que tiene que revisar el caso cuando se trata de apelar, dado que la influencia moral que significa ser nombrado por el tribunal del que hace parte el padre del ofendido y al que están ustedes supeditados, ya que dada la forma como se eligen los jueces que tienen que buscar la buena voluntad de los magistrados antes que cualquier otra cosa, no es garantía para el pleno desarrollo del proceso.

El artículo 78 del Código de Procedimiento Penal permite hacer esta solicitud, cuando haya circunstancias que puedan afectar la independencia de la administración de justicia y esa es la razón para pedir el cambio de radicación a otro lugar de la República en donde no sea gravoso para mí hacer defensa.

No puede usted, ni la juez de segunda instancia tener independencia, cuando quien debe conformar el cuerpo nominador de su investidura está íntimamente ligado al ofendido por ser éste su propio hijo... Además, estamos prontos al nuevo período judicial y su nombre y el de la doctora Adiela Córdoba de García serán tenidos en cuenta para ello.

Pruebas. Me encuentro imposibilitado para adjuntarlas, pero la palabra “acompañarán” de que habla el artículo 80 de la codificación nueva, permite que se acompañe únicamente la enumeración de las que por la legalidad deban ser materia de recepción judicial o de inspección judicial. Por lo tanto, me permito solicitar se ordene y practiquen las siguientes...”.

2. Por auto de julio 18 del año en curso, el Juzgado Tercero Municipal de Pasto, remitió la solicitud de cambio de radicación al tribunal superior de ese distrito judicial, donde correspondió por reparto a la magistrada Aura Alicia Delgado López de Enríquez, quien en determinación de julio dieciséis (16) del presente año, dispone la práctica de las pruebas solicitadas. Tales pruebas se ordenan “antes de entrar a tramitar el procedimiento pertinente”, para el cambio de radicación y para “mejor proveer”.

Así es como aparecen los anexos que a la Corte han llegado con la que fuera solitaria petición de cambio de radicación, impetrada por Édgar Alberto Lozano Arturo.

Breves consideraciones de la sala

1. El capítulo V, título II, libro primero, del vigente Código de Procedimiento Penal, es el que contempla el fenómeno jurídico de cambio de radicación. Y allí se dispone, en cuanto importa para el evento sub exámine, lo siguiente:

“ART. 79.—Solicitud de cambio. El cambio de radicación podrá solicitarse por el juez del conocimiento o por cualquiera de los sujetos procesales, en cualquier estado del juzgamiento, antes de que se profiera fallo de segunda instancia, ante el funcionario que esté conociendo del proceso, quien enviará la solicitud, con sus anexos, a la corporación a la cual corresponda decidirlo.

ART. 80.—Trámite. La solicitud deberá ser motivada y a ella se acompañarán las pruebas en que se funda. El magistrado ponente tendrá tres (3) días para registrar el proyecto y la sala decidirá dentro de los tres (3) días siguientes, por auto contra el cual no procede recurso alguno.

...

ART. 82.—Fijación del sitio para continuar el juzgamiento. La Corte Suprema de Justicia o el tribunal, al disponer el cambio de radicación, señalarán el lugar donde debe continuar el juzgamiento. Cuando el cambio obedezca a razones de orden público, se obtendrá del Gobierno Nacional o departamental, si fuere necesario (sic) ...

2. A su turno, en lo pertinente, disponía el anterior Código de Procedimiento Penal:

“ART. 44.—Cambio de radicación. En cualquier estado del proceso, antes de pronunciarse sentencia de segunda instancia (sic) ... gobierno, de acuerdo con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, disponer que los sindicados o procesados por los delitos de competencia de los tribunales superiores, los jueces superiores de circuito, de distrito penal aduanero o municipales, sean juzgados en otro distrito. Esta medida será tomada por el gobierno, de oficio o a solicitud de parte, cuando lo estime conveniente para la recta administración de justicia, después de averiguar por los medios que crea conducentes, los motivos del traslado.

ART. 45.—Cambio de radicación dentro del mismo distrito. En cualquier estado del proceso, antes de dictarse sentencia de primera instancia, podrá el gobernador del departamento, de acuerdo con la sala penal del tribunal superior respectivo, disponer que un proceso de competencia del juez superior, de circuito o municipal, se siga ante otro juez de la misma rama y categoría, de una localidad diferente, dentro del mismo distrito judicial. Esta medida será tomada de oficio o a solicitud de parte, cuando concurran las circunstancias y se cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior” (mayúsculas de la sala).

3. Como bien puede observarse de la transcripción de artículos realizada (79, 80, 82 CPP actual; 44 y 45 del derogado), hoy por hoy no hay cambio de radicación que oficiosamente la Corte o el tribunal puedan disponer. Esta atribución no aparece por parte alguna en la normación del nuevo código, en tanto que sí obra en la del derogado, pero para la rama ejecutiva.

En el anterior Código de Procedimiento Penal no se precavía durante el trámite del cambio de radicación, debate probatorio ante la autoridad judicial que debía pronunciarse conceptualmente sobre su conveniencia o inconveniencia. Era al Gobierno Nacional a quien competía, antes de enviar la respectiva solicitud, “averiguar por los medios que crea convenientes, los motivos del traslado”. Por eso era ante la autoridad administrativa, representada por el Ministro de Justicia, o el gobernador en su caso, ante quienes debían los interesados en obtener el cambio de radicación, presentar los elementos de juicio que permitieran a la Corte o al tribunal emitir el correspondiente concepto. No era esta corporación o el tribunal escenario propio o legítimo para plantear un debate probatorio.

Y así se han conservado las cosas, a pesar de que en otros aspectos la sistemática procedimental del cambio de radicación varió sustancialmente. Hoy son organismos determinados de la rama judicial los que disponen o no el cambio, salvo la excepción del llamado especial consagrado en el artículo 81. Y mientras en el anterior código existía disposición que le permitía al gobierno de oficio tomar la medida, en el vigente no hay norma que autorice a la Corte o al tribunal a hacerlo así. Estas corporaciones podrán decidirlo positiva o negativamente, pero a solicitud de parte. La petición de cambio de radicación de un proceso es derecho expresa y concretamente concedido por el legislador “al juez del conocimiento y a los sujetos procesales”. Artículo 79.

Y por ninguna parte aparece en el estatuto vigente lo que sí obraba en el anterior, o sea que quien la disponía podía averiguar por los medios que considerara conducentes los motivos del traslado. Y la razón es clara: en el código derogado sí había oficiosidad del gobierno y era entonces lógico que se le diera facultad de ordenar y practicar pruebas, lo que no resulta consecuente en el vigente, exactamente porque por iniciativa propia no pueden la Corte o el tribunal ordenar el cambio.

Si el legislador hubiera querido que motu proprio la Corte o el tribunal dispusieran lo pertinente al traslado de la radicación de procesos, es natural pensar que así lo habría reglado, como lo hizo en el código anterior, precisamente porque facultades de este carácter emanan de su expresa voluntad.

4. El artículo 80, que es el que preceptúa lo concerniente al trámite del incidente de cambio de radicación, ordena que “la solicitud deberá ser motivada y a ella se acompañarán las pruebas en que se funda”. Por ninguna parte se prevé un período probatorio a cumplirse ante o por el funcionario judicial que habrá de pronunciarse sobre procedencia del cambio, ni en el trámite propio del mismo, y menos de manera previa o preliminar como lo entendió el tribunal. No se ve, entonces, con qué base legal profirió este auto para mejor proveer, mas cuando la petición le llegó ocasionalmente y no tenía poder funcional sino para su envío inmediato a la Corte, como quiera que era evidente que a ella competía decidir sobre el traslado de radicación a otro distrito judicial (CPP, art. 68-10).

Basta leer el mencionado artículo para comprender que la carga de la prueba, en este particular incidente, quiso dejarla el legislador al solicitante. Así se desprende, sin esfuerzo, de su tenor literal, el que no es dado despreciar so pretexto de consultar su espíritu, el que ya es patente. En la susodicha disposición, también se lee: “El magistrado ponente tendrá tres (3) días para registrar el proyecto y la sala decidirá dentro de los tres (3) días siguientes, por auto contra el cual no procede recurso alguno”. Es decir, que propiamente no hay un magistrado sustanciador, que sería en rigor, de existir esta aptitud legal, el llamado a ordenar y practicar pruebas. Existe, pues, un interés específico del legislador, allí claramente plasmado, de ser breve en el trámite: no existen debates (ni siquiera recursos), no hay práctica de pruebas por parte del magistrado ponente a iniciativa propia, ni a petición de parte. La respectiva solicitud, si se espera que prospere, debe llegar a él con sus anexos, o sea, con las pruebas que la fundamentan.

Aparece así patente que es al juez del conocimiento (pero del proceso sobre el cual va a recaer o no el cambio de radicación, y no de aquel que decida lo pertinente sobre el mismo, como equivocadamente lo entendió el tribunal), cuando es él quien lo solicita, o al sujeto procesal que peticione el traslado, a quien corresponde presentar las respectivas pruebas, asumiendo el riesgo de que si no cumplen con esta obligación legal, su pedimento no les prospere. No pueden la Corte o el tribunal llenar ese vacío porque no sólo se estarían atribuyendo facultades que no tiene, sino que irían, como quedó visto, contra el querer del legislador.

De otra parte, es incuestionable que el juez que conoce del proceso sobre el que se impetra el cambio, está en la obligación de expedir las copias que de él se le pidan en orden a fundamentar la solicitud de traslado de radicación, porque aparece claro que quien así lo haga deberá ser allí sujeto procesal; esto cuando no es él mismo el solicitante del cambio.

La sala advierte, entonces, que el solicitante puede proceder a subsanar los vacíos que se echan de menos e intentar en debida forma la presentación de sus razones, que no dejan de ser inquietantes por las características de los analizados hechos, para entonces ser viable un pronunciamiento sobre la necesidad del cambio de radicación sobre el ameritado proceso.

Todo lo dicho hace que a la Corte no le quede alternativa distinta a desestimar la petición de cambio formulada por Édgar Alberto Lozano Arturo, por no haber acompañado las pruebas en que la funda.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DESESTIMAR la solicitud de cambio de radicación de marras, por carencia de legal fundamentación.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Jorge Carreño Luengas—Guillermo Dávila Muñoz—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Rodolfo Mantilla Jácome—Lisandro Martínez Zúñiga—Dídimo Páez Velandia—Édgar Saavedra Rojas.

Luis Guillermo Salazar Otero, Secretario.

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