Auto SP7277-2015/46.042 de junio 10 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP7277-2015

Rad.: 46.042

Aprobado Acta 205

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

Bogotá, D.C., diez de junio de dos mil quince

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Corte

La Sala revocará la providencia impugnada, pero no por las razones postuladas por los recurrentes, sino por las que siguen:

1. El magistrado del Tribunal negó la sustitución de la medida de aseguramiento, reclamada por el postulado, con el argumento de que no se cumplía el requisito previsto en el numeral 5º del artículo 18A de la Ley 975 del 2005, en armonía con el inciso 4º del artículo 37 del Decreto 3011 del 2013. Cabe precisar que si bien se aludió al numeral 3º del primer estatuto, ello se hizo consistir en la misma situación fáctica. Tales disposiciones establecen:

“ART. 18A.—(de la Ley 975 del 2005). Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso. “Artículo adicionado por el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente”: El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos: (…)

3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de justicia y paz…

5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.

Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes…

PAR.—En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1º del inciso 1º del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley”.

“ART. 37.—(del Decreto 3011 del 2013). Evaluación del cumplimiento de requisitos para la sustitución de la medida de aseguramiento. Para la solicitud de la sustitución de la medida de aseguramiento, el postulado deberá presentar los documentos o pruebas que respalden el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005.

En relación con el requisito consagrado en el numeral 3º, la participación y contribución del postulado al esclarecimiento de la verdad será evaluado a partir de la certificación que para tal efecto expida la Fiscalía General de la Nación o la Sala de Conocimiento, según la etapa procesal en la cual se encuentre el procedimiento…

Frente al requisito contenido en el numeral 5º, si al momento de la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento el postulado ha sido objeto de formulación de imputación por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilización, el magistrado con funciones de control de garantías se abstendrá de conceder la sustitución de la libertad.

PAR.—La sustitución de la medida de aseguramiento procederá con la sola verificación de los requisitos establecidos en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005”.

2. La defensa reclama que, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, se impone dar cabida a la excepción de inconstitucionalidad sobre las normas transcritas, por cuanto, en términos del artículo 29 Superior, en prevalencia de la presunción de inocencia, solamente puede tenerse como cometido un delito por parte del postulado cuando una sentencia condenatoria en firme así lo declare.

La Corte observa que las disposiciones citadas han sido expedidas por el órgano competente y, por ende, están amparadas por la presunción de legalidad, sin que se observe que de manera manifiesta contraríen el ordenamiento constitucional.

La defensa no debe olvidar que las disposiciones señaladas forman parte de ese todo complejo que ha dado en denominarse ley de justicia y paz, en el entendido de que han surgido dentro de un marco de justicia transicional, en razón del cual las disposiciones de un proceso judicial penal ordinario han cedido terreno en aras de buscar y alcanzar el fin máximo de la paz.

Así, que la ley supedite la concesión del sustituto de la medida de aseguramiento a que con posterioridad a la desmovilización el postulado no hubiere cometido un delito, no infringe derecho alguno, como tampoco que a efectos de la actividad probatoria sobre ese tópico señale que basta con que por esa nueva conducta se hubiese formulado imputación.

No parece admisible, frente a un proceso de justicia transicional, que deban esperarse los resultados de un proceso penal ordinario para admitir como nuevo delito solo aquel declarado mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada, como que los objetivos de uno y otro resultan disímiles, pero igual se muestra injusto con el postulado que la simple noticia criminal sea suficiente para descartar la sustitución.

En esas condiciones, parece que el legislador encontró un justo medio al supeditar el aspecto de que se trata a que obre acto de formulación de imputación, pues en este supuesto se infiere que la Fiscalía cuenta con elementos probatorios suficientes para colegir, con alguna probabilidad de verdad, que el delito sí se cometió y el sindicado puede ser responsable del mismo.

3. La Sala considera que la inteligencia del mandato legal alusivo a “la comisión de delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización”, como razón determinante para no sustituir la medida de aseguramiento, apunta a que debe entenderse como relativo a comportamientos delictivos diversos de aquellos que surjan de supuestas mentiras del postulado en las versiones rendidas.

La denominada ley de justicia y paz parte del supuesto necesario de que el miembro del grupo armado ilegal que se acoge a sus lineamientos, a cambio de recibir considerables beneficios punitivos debe colaborar con el fin último de alcanzar la paz, lo cual le impone la carga de contribuir a que las víctimas alcancen su derecho a la verdad, imponiéndosele, entre otras obligaciones, la de entregar información que conduzca al desmantelamiento de la organización armada ilegal.

4. Quien se acoja a los mecanismos de ese estatuto se encuentra obligado (no es potestativo) a confesar los hechos delictivos en que hubiese participado. En efecto, bajo el título de “versión libre y confesión”, el artículo 17 de la Ley 975 del 2005, modificado por el artículo 14 de la Ley 1592 del 2012, reza:

“Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado quien los interrogará sobre los hechos de que tengan conocimiento.

En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron.

La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la unidad nacional de fiscalías para la justicia y la paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso, de conformidad con los criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización”.

De la disposición trascrita deriva que, respecto de los hechos que confiese el postulado en su diligencia de versión libre, es carga de la Fiscalía realizar la investigación necesaria tendiente a corroborar la veracidad de la información suministrada, de tal forma que es al interior del proceso de justicia y paz respectivo en donde se impone allegar elementos probatorios en aras de ratificar o infirmar los hechos denunciados por el postulado.

En principio, entonces, debe admitirse que el acto voluntario de desmovilizarse y acogerse a la ley de justicia y paz, unido a la circunstancia de que se confiesa la participación en conductas punibles de gravedad considerable, conduce a presumir la veracidad del relato del postulado en su versión libre, de tal forma que si la Fiscalía, en virtud de la carga probatoria que le impone la disposición citada, verifica que se ha faltado a la verdad, le corresponde reclamar ante el Tribunal respectivo la exclusión del sindicado de ese procedimiento especial.

Por mejor decir, la veracidad o mentira de los hechos puestos en conocimiento por el postulado corresponde debatirla y dirimirla, probatoriamente, dentro del mismo proceso de justicia y paz, con la consecuencia necesaria de que en el último supuesto aquel debe ser excluido del trámite.

5. Dentro de ese deber de confesar la verdad, es carga del postulado relacionar no solo hechos delictivos, sino los responsables de los mismos, de donde parece surgir obvio que quien sea objeto de tales señalamientos los niegue y proceda a denunciar a aquel.

En esas condiciones, para la aplicación de la norma no puede admitirse que la queja que apunta a cuestionar la confesión del postulado estructure los denominados “delitos posteriores a la desmovilización”, pues si bien, dentro de lo estrictamente formal, ese dicho sigue a la desmovilización, lo cierto es que va unido a esta, luego sustancialmente no se estaría ante hechos posteriores, como que la confesión del postulado deriva como un acto necesario, ineludible, ligado desde un comienzo a la desmovilización, esto es, desde que se produce este acto se tiene la carga de rendirla, solo que en acatamiento a las formas del proceso como es debido, se debe rendir en la instancia que corresponde.

6. Si el legislador del proceso de justicia y paz exige al postulado que declare la verdad en su versión libre, no podría cumplirse el objetivo final perseguido si, en virtud de los hechos confesados, cada persona señalada, en aras de su defensa, formula una denuncia en contra de aquel y esta se tiene como fundamento para entender que se ha incurrido en un delito con posterioridad a la desmovilización.

Si, agotado el debido proceso respectivo, esa queja culmina en sentencia de condena en contra del postulado, tal acto debe servir de sustento para excluirlo del trámite respectivo o para revocarle los beneficios concedidos, según sea el caso, pero —se repite— al interior del proceso de justicia y paz la Fiscalía debe allegar los elementos de juicio que demuestren que el postulado ha faltado a la verdad, con la misma consecuencia señalada: la exclusión.

7. Lo que no puede suceder es que se admita como parámetro que la denuncia formulada en contra del postulado por lo dicho en su versión, así hubiere habilitado una imputación y una acusación, sea el único fundamento para tener por acreditado el presupuesto de que se trata.

En el caso estudiado, ese parámetro simplemente objetivo no puede soportar la decisión, porque si bien la denuncia formulada en contra del postulado, por las supuestas mentiras en su versión libre, ha permitido que se radique acusación en su contra, a su vez resulta digno de resaltar que la versión del sindicado (y otras pruebas, según se dice) ha llevado a que igualmente se hubiese proferido resolución acusatoria en contra de la persona señalada por el postulado.

De tal manera que la existencia de esos actos judiciales no puede servir de lineamiento para dilucidar el tema, desde donde se refuerza la tesis de que ello corresponde hacerlo al interior del proceso de justicia y paz, sin perjuicio de que, si se profiere sentencia de condena ejecutoriada en contra del postulado, se adopten los correctivos que correspondan.

8. En esas condiciones, la Corte concluye que el requisito de que se trata se encuentra satisfecho, esto es, que no se acreditó la comisión de delito alguno con posterioridad al acto de desmovilización, conclusión que se extiende a la exigencia del numeral 3º del artículo 18A de la Ley 975 del 2005, que a última hora el señor magistrado de control de garantías hizo derivar del mismo aspecto, esto es, como se profirió imputación contra el postulado por falso testimonio, supuestamente derivado de su versión en justicia y paz, dedujo que no había contribuido con su obligación de dilucidar la verdad.

9. Como consecuencia, la Sala revocará la providencia impugnada, en tanto se cumplen los presupuestos del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, en armonía con el Decreto 3011 del 2013. En su lugar, ordenará la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una no privativa de la liberad, que consistirá en el sometimiento del postulado al sistema de vigilancia electrónica contemplado en el literal b) del numeral 1º del artículo 307 de la Ley 906 del 2004, el cual implementará el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, una vez aquel sea puesto en libertad, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad.

Previo a lo anterior, M. C. suscribirá acta, en la cual, en términos del artículo 39 del Decreto 3011 del 2013, se comprometa a presentarse ante las autoridades judiciales que lo requieran, a vincularse y cumplir con el proceso de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, a informar cualquier cambio de residencia, a no salir del país sin autorización judicial, a observar buena conducta y a no conservar y/o portar armas de fuego de defensa personal o de uso privativo de las fuerza armadas. El incumplimiento de estas obligaciones o de la ley de justicia y paz le significará la revocatoria del sustituto concedido.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Revocar la providencia del pasado 13 de mayo, proferida por un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

2. En su lugar, sustituir a J. M. M. C. la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por la de su sometimiento al sistema de vigilancia electrónica señalado en la parte motiva, previo el cumplimiento de los requisitos allí indicados.

M. C. será puesto en libertad, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».