Auto STL17404-2015 de diciembre 15 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente

Clara Cecilia Dueñas Quevedo

STL17404-2015

Rad.: 63529

Acta 45

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015)

Decide la Corte la impugnación presentada por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, contra el fallo proferido por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, dentro de la acción de tutela que instauró JULIETA DEL PILAR RODRÍGUEZ PINCHAO contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la cual se hizo extensiva a la DIRECCIÓN GENERAL, a la JEFATURA DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO y al COMITÉ DE CONVIVENCIA Y DE ACOSO LABORAL, todos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, así como a PAULA ANDREA RENDÓN OCAMPO.

Se acepta el impedimento manifestado por el magistrado JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ, por encontrarse incurso en la causal 1ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al actuar como accionada la Procuraduría General de la Nación, en consecuencia declárese separado del conocimiento de la presente acción.

I. ANTECEDENTES

JULIETA DEL PILAR RODRÍGUEZ PINCHAO interpuso acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales de PETICIÓN, al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al DEBIDO PROCESO, a la VIDA, a la SALUD y al TRABAJO.

Expuso que el 20 de agosto de 2015, radicó derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación, a través del cual solicitaba que dicha entidad asumiera el poder preferente disciplinario en la investigación de acoso laboral que promovió contra Paula Andrea Rendón Ocampo y los funcionarios que se desempeñaban como jefe de la oficina de control disciplinario y director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y para que también «investigara los hechos que puse en conocimiento del ente de control disciplinario»; que el 6 de octubre siguiente, recibió correo electrónico en el que se le informó que su petición se remitió por razones de competencia y con fundamento en el artículo 9º de la Ley 1010/2006, al comité de convivencia y de acoso laboral de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, toda vez que el «trámite preventivo y correctivo» lo debe asumir internamente la entidad.

Adujo que no se dio respuesta de fondo a su solicitud, pues la Procuraduría no advirtió que el referido comité frente a otra petición similar ya había conocido y fallado su caso; agregó que tampoco se tuvo en cuenta que una de las personas contra las cuales se dirigía la queja de acoso laboral es el director general de la entidad y reprochó que se le «remitiera a un trámite» cuando padece de «trastorno mixto de ansiedad y depresión por causa del matoneo laboral al cual llev[a] sometida hace más de un año».

Expuso que tal remisión le ha generado «desosiego, angustia, ansiedad y depresión», pues se siente desprotegida, sin que nadie quiera conocer y definir la situación de «matoneo laboral» a la que ha sido sometida, entre otras, al ser trasladada el 30 de julio de 2015 del área de dirección administrativa a la oficina asesora jurídica, asignándosele al grupo de ejecuciones fiscales que «no está conformado legalmente», sin que se sustentara esa decisión y sin contar con estudios técnicos que lo justificaran.

Por lo anterior, estimó vulnerados sus derechos fundamentales al no ser atendida ninguna de sus peticiones; en consecuencia, solicitó que se adelanten las investigaciones disciplinarias a que haya lugar.

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali mediante auto de 15 de octubre de 2015 admitió la acción de tutela, vinculó al director general y al jefe de la oficina de control disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, así como a Paula Andrea Rendón Ocampo y dispuso su notificación para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

La Procuraduría General de la Nación, indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 100/2006, le corresponde al comité de convivencia y de acoso laboral de la entidad «iniciar un trámite preventivo y correctivo de la situación que genera el acoso denunciado» y en tal sentido se remitió la solicitud de la actora a dicho comité, hecho que le fue debidamente informado. Por ello, señaló que no se encuentra legitimada para responder por la presunta violación de los derechos fundamentales invocados.

Por auto de 26 de octubre de 2015, el tribunal ordenó vincular al presente asunto al comité de convivencia y de acoso laboral de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Una vez surtido el trámite de rigor, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali mediante fallo de 27 de octubre de 2015, concedió el amparo a los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la promotora, para lo cual ordenó al comité de convivencia y de acoso laboral de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de dicha decisión «inicie y tramite en la forma correspondiente, la petición elevada (…) concerniente a la denuncia por acoso laboral».

Para el efecto consideró que aun cuando no era requisito de procedibilidad agotar el intento de conciliación, estimó pertinente que el comité de convivencia y de acoso laboral realizara el estudio de la denuncia de acoso laboral. Explicó que la Ley 1010/2006, «contiene disposiciones que permiten prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral; sin embargo, la utilización de estas es progresiva o escalonada, de modo que cuando fracasa la prevención, debe intentarse la corrección y, en último caso, la sanción».

Con fundamento en ello, estimó que acorde a lo previsto en el numeral 1º del artículo 9º de la citada ley, el proceso conciliatorio «deberá intentarse previamente siempre que se presenten denuncias por hechos que pudieren considerarse constitutivos de acoso laboral», acorde a lo dispuesto en el artículo 7º del mismo texto; luego la actuación disciplinaria en tal sentido, «no debe iniciarse de manera previa o concomitante con alguna de las anteriores etapas, toda vez que, si el trámite conciliatorio es exitoso, no tiene sentido dar inicio a la actuación de naturaleza sancionatoria».

III. IMPUGNACIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca replicó que su comité de convivencia y de acoso laboral no tiene personería jurídica independiente ni constituye un órgano autónomo; que desde el 27 de octubre de 2015 está realizando las actuaciones correspondientes con relación a las quejas elevadas por la actora y que el día 29 del mismo mes y año dispuso citar a las partes para el 10 de noviembre de 2015 a las 2:30 p.m. «para ser escuchadas y procurar entre ellas ámbito de conciliación»; insistió en que estableció un cronograma de actividades para abordar la mencionada queja.

IV. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos superiores, permitiéndoles acudir ante la judicatura en procura de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impida o suspenda el acto de lesión o amenaza.

En el caso bajo estudio, es preciso aclarar que la orden emanada del fallador constitucional de primer grado se dirigió contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, circunstancia que en principio permite a esta Sala resolver la impugnación propuesta, sin que nada impida que en dicha decisión se haya precisado que sea el comité de acoso laboral de dicha entidad, la dependencia encargada de dar cumplimiento a lo allí dispuesto.

Ahora bien, la Sala observa que la petición elevada por la promotora corresponde a una nueva queja de «acoso laboral», a la cual, tal como lo señaló el juez constitucional de primer grado, debe imprimírsele el trámite previsto en la Ley 1010/2006, advirtiéndose que su art. 9º establece «Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo».

Bajo ese contexto, en efecto le corresponde en primer lugar al comité de convivencia y de acoso laboral de la entidad, adelantar un procedimiento interno a efecto de intentar solucionar cualquier controversia de tal índole.

En esa dirección, a folio 170 se verifica la respuesta ofrecida el 27 de octubre de 2015 por el presidente del mencionado comité, con destino a la Procuraduría, en la cual indica que centran sus esfuerzos para atender la nueva denuncia elevada por la actora; así mismo se observa que el día 29 del mismo mes y año, se libraron sendas comunicaciones dirigidas a las partes en conflicto, a través de las cuales se les cita «para ser escuchadas» y «establecer acuerdos de conciliación» (fls. 267 y 268), diligencia que se programó para el 10 de noviembre de 2015.

De esta manera, lo que se advierte es que la entidad a la cual se le dio la orden constitucional, solo con posterioridad a la solicitud de amparo elevada por la promotora, inició y estableció el «cronograma de actividades» para dar solución a la nueva queja planteada, sin que a la fecha de esta decisión, se cuente con información adicional frente al procedimiento otorgado a la mencionada denuncia; por tal razón, resulta necesario continuar con dicho trámite, el cual, acorde con lo previsto en la Ley 1010/2006, debe dirigirse a prevenir y remediar conductas constitutivas de acoso laboral.

Al tema conviene recordar que tales instrumentos de prevención, corrección y sanción de conductas que atenten contra la dignidad humana de la actora, deben gestionarse al interior de la entidad, pues constituyen el mecanismo eficaz e idóneo para lograr la rehabilitación de los derechos cuya vulneración denunció la actora en el escrito de tutela, los cuales deben ser resueltos en el escenario natural para discutir los remedios más convenientes, lo que impone confirmar el amparo concedido, a efecto de que el citado comité culmine el trámite correspondiente de la queja de acoso laboral elevada y que fue motivo de estudio en esta acción constitucional.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia.

2. NOTIFICAR a los interesados a través de telegrama o por cualquier otro medio expedito.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Presidenta de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz, impedido—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.