Auto T-2483488 de julio 15 de 2010

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA QUINTA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-2483488

Bogotá, D.C., quince de julio de dos mil diez.

Acción de tutela interpuesta por Almacenes Éxito S.A., contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

El magistrado Jorge Iván Palacio Palacio remitió a los magistrados Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, como integrantes de la Sala Quinta de Revisión, escritos recibidos los días 23 y 26 de abril del año en curso en la secretaría general, “de recusación y/o impedimentos, así como la solicitud de medida provisional, presentados por el representante legal de Chevor S.A.”.

Igualmente, el señor magistrado sustanciador acompañó un informe en donde explica las razones por las cuales no consideró pertinente declararse impedido para decidir en el asunto de la referencia, todo con el fin de que “se sirvan tomar las decisiones que jurídicamente corresponda”.

En dicho informe, hizo un resumen sobre los antecedentes del proceso de la referencia y el trámite surtido en sede de revisión, precisando:

“3. Específicamente, no se configura la causal de impedimento del numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, porque ni yo, ni mi cónyuge o algún pariente mío dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenemos interés en el proceso de tutela que se revisa, como tampoco en el proceso civil de restitución de inmueble arrendado, dentro del cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá profirió el auto del 19 de junio de 2009, contra el cual se dirige esta acción de tutela.

(…).

4. La circunstancia de que haya actuado como magistrado integrante de la Sala Quinta de Revisión al proferir, dentro del proceso de tutela, los autos de fecha 15 de marzo y 5 de abril de 2010, no configura por sí misma la causal 1ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, porque, como lo ha dicho esta corporación, ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo que se dé el supuesto de que la demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia que el mismo juez haya proferido. Además también resulta pertinente resaltar que ni los jueces ni los magistrados escogen los asuntos que ante ellos se demandan, ya que éstos les corresponden por reparto(1).

“Tampoco me hallo incurso en la causal 4ª de impedimento del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, porque jamás he sido apoderado, defensor, o contraparte de Almacenes Éxito S.A. ni de Chevor S.A., únicas sociedades que son parte dentro del proceso civil de restitución de bien inmueble arrendado, dentro del cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá profirió el auto del 19 de junio de 2009, al que Almacenes Éxito S.A. le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales en el proceso de tutela. Tampoco he dado consejo, ni he manifestado mi opinión sobre el asunto que se debate en el proceso civil mencionado.

Es cierto que hace ya varios años fui asesor de la Federación Nacional de Cafeteros; pero igualmente lo es según constancias obrantes en el expediente, que dicha entidad no es parte dentro del proceso civil de restitución de bien inmueble arrendado, ni menos aún dentro del proceso de tutela. El mismo representante legal de Chevor S.A. confirma esta circunstancia en su escrito radicado el 26 de abril de 2010 cuando afirma: “(...) al punto que en este proceso de restitución por el cual se instauró esta acción de tutela, intentaron vincular a la Federación, sin lograrlo.

Así mismo, es muy importante tener en cuenta que jamás di, ni he dado, concepto o asesoría jurídica a la Federación Nacional de Cafeteros en relación con el asunto objeto de litigio en el proceso civil de restitución de bien inmueble arrendado adelantado por Chevor S.A. contra Almacenes Éxito S.A.”.

Finalmente, puso de presente que en un caso en el cual alguna vez fue asesor jurídico de una de las partes (lo que no ocurre en esta oportunidad), la Sala Octava de Revisión, siguiendo su jurisprudencia sobre la necesidad de un interés “actual” y “directo”, no aceptó el impedimento que manifestó en aquél entonces, precisamente porque la asesoría versó sobre materias ajenas al asunto objeto de tutela.

Sin embargo los escritos elevados por el representante legal de Chevor S.A., en donde ensaya recusar al magistrado ponente y plantea la revocatoria del auto de marzo 15 de 2010, mediante el cual se ordenó la suspensión provisional de la sentencia de primera instancia proferida en noviembre 28 de 2008 por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, se presentaron en abril 23 y 26 del año en curso, respectivamente, es decir, con posterioridad a la fecha indicada para ser tomada la decisión.

De pronto, el memorialista podía estar apuntando a la participación del magistrado en eventuales actuaciones posteriores, como serían hipotéticas solicitudes de aclaración, reposición  o nulidad;  por ello, cabe atender la manifestación efectuada por el magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, ante la cual los suscritos integrantes restantes de la Sala Quinta de Revisión consideran necesario advertir, en primer término, que el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 determina inequívocamente que “en ningún caso será procedente la recusación” dentro de acciones de tutela.

Así mismo, el artículo 80 del reglamento interno de la Corte reitera que “en la revisión de acciones de tutela no habrá lugar a recusación”, siendo cardinal la finalidad constitucional que con ello se pretende obtener, consistente en salvaguardar la exigencia de ajustar el trámite de tutela al principio de celeridad procesal derivado del artículo 86 superior, según el cual esta acción debe ser tramitada conforme a un procedimiento preferente y sumario, para procurar la protección inmediata de derechos fundamentales.

Aunado lo anterior, tampoco es procedente la invitación a que se declare impedido el magistrado, declaración que exclusivamente ha de provenir de quien considere que en su caso obra alguna causal, lo cual ostensiblemente descarta el magistrado Jorge Iván Palacio Palacio en su escrito.

Tampoco puede proceder una supuesta declaración oficiosa de impedimento por parte de los restantes magistrados de la Sala de Revisión, resultando por lo demás evidente que la remisión prevista en el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, es sobre lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000, art. 99, nums. 1º y 6º, y L. 906/2004, art. 56, nums. 1º a 6º), en enunciación personal, taxativa y de interpretación restrictiva (cfr. A-131, ago. 31/2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil).

Por tanto, con fundamento en la extemporaneidad que inicialmente se observó, al igual que por la manifiesta improcedencia de la recusación y/o impedimento, se rechazará la solicitud impetrada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada al efecto por los suscritos magistrados,

RESUELVE

Primero. Rechazar la solicitud impetrada.

Segundo. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con salvamento de voto—Rodrigo Noguera Calderón.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) “Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006”.