Auto T-32352 de septiembre 1º de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

EXTRACTOS: «A pesar de que autores tan destacados como Kelsen y Calamandrei (cfr. Calamandrei Piero, Estudios sobre el proceso civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1962, pág. 83 y siguientes) han sostenido que cuando el control de constitucionalidad es principal y general, “el órgano que ejercita este control no es un órgano jurisdiccional” sino “paralegislativo” o “superlegislativo”, lo cierto es que la Carta de 1991 se separó de tal criterio y en el capítulo 4º de su título VIII —artículos 239 y siguientes— incluyó como parte de la rama judicial a la jurisdicción constitucional. Y a su cabeza colocó a esta Corte, confiándole “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”.

Para tal fin, le asignó varias funciones. Una de ellas, revisar, conforme a la ley, “las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”. Al respecto, la Corte cree que dicha responsabilidad supone un criterio básico, a saber, el de que la actividad judicial en materia de tutela es del resorte de la jurisdicción constitucional. Si no, ¿cómo explicar que las decisiones de los jueces sean revisables por la Corte Constitucional?

Si, entonces, poder resolver acciones de tutela supone participar de la jurisdicción constitucional, ¿cuál es el alcance, la intensidad de la adscripción?

La Corte considera, de conformidad con la importancia y prioridad que la Constitución otorga a los derechos fundamentales y a la defensa de los mismos, que en la integración de la jurisdicción constitucional de tutela, no existe ningún criterio conforme al cual ésta deba tenerse como inferior a las demás jurisdicciones. En otras palabras, no se ve fundamento alguno para afirmar que los jueces de tutela colaboran con la jurisdicción constitucional sólo desde un punto de vista material, es decir, atinente al contenido mismo de las causas sometidas a su conocimiento. Por el contrario, la misma revisión eventual de todas las decisiones de tutela —facultad privativa de esta Corte—, muestra el surgimiento de una organización judicial nueva que, en lo relativo a la tutela, optó, como suele suceder, por una estructura jerarquizada y un tribunal máximo. Ello, en sentir de la Sala, significa que en esta materia, todos los jueces, como eventuales inferiores jerárquicos de la Corte Constitucional, también hacen parte de la jurisdicción constitucional orgánica y funcionalmente. Esto es muy claro si se piensa que, dada la libertad de escogimiento del juzgador, en últimas es indiferente que este sea civil, laboral, penal o contencioso administrativo, pues lo importante es la adecuada y rápida defensa de los derechos fundamentales constitucionales. Lo expuesto se confirma al recordar un evento distinto: el de las providencias en que los jueces de las distintas jurisdicciones declaran excepciones de inconstitucionalidad. Como ellas no son revisables por la Corte Constitucional, no se puede decir que los respectivos jueces sean sus inferiores jerárquicos, y sean integrantes de la jurisdicción constitucional. Esta diferencia fundamental entre las excepciones de inconstitucionalidad y las decisiones de tutela, es un argumento adicional que permite considerar que tales formas de control constitucional, por su heterogeneidad, pertenecen a jurisdicciones distintas, lo cual reafirma la adscripción de la tutela dentro de la jurisdicción constitucional.

Así, siendo la justicia de tutela parte de la jurisdicción constitucional, la discrepancia surgida entre dos de sus jueces —el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta—, como lo sostuvo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es un simple conflicto de competencia, pues ambas corporaciones, para los efectos de la presente acción, no actuaron como integrantes de la jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa, sino como integrantes de la jurisdicción constitucional.

Con todo, aparece otro interrogante, ¿tiene esta Corte la facultad de resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de la jurisdicción constitucional?

En opinión de la Corte la respuesta es positiva.

El fundamento de este modo de ver las cosas, está en la necesidad de impedir la violación del derecho de acción. Este derecho —cuyo origen, dicho sea de paso, debe verse en el derecho de petición del artículo 23 de la Constitución— faculta a toda persona para exigir de la rama judicial la resolución de un proceso, y a fortiori si se trata de la defensa de derechos fundamentales. De ahí que entre los deberes de los jueces (artículo 37, numeral 8º, del Código de Procedimiento Civil) esté el de “decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquélla sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal”. Y en el presente caso, teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura se declaró incompetente para conocer del conflicto, si la Corte se abstiene también de solucionar la colisión de competencia, a la actora se le desconocerá finalmente su derecho de acción, pues, en últimas, ningún juez o tribunal podrá decidir su demanda. Debe anotarse que la peticionaria estaría imposibilitada para proponer la misma tutela ante otro despacho, pues, con arreglo al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, no podría afirmar, bajo la gravedad del juramento, no haber presentado con anterioridad la misma demanda.

Además, la Corte considera que la facultad para resolver conflictos de competencia está dada en el artículo 241, numeral 9º, de la Constitución, según el cual la Corte revisa las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela. Hay que observar que si bien el artículo 86 de la Constitución señala que corresponde a esta Corporación la revisión de los fallos, el artículo 241 mencionado, extiende la competencia también a providencias judiciales referentes a la acción de tutela. Esta norma prevalece sobre la del artículo 86».

(Auto de septiembre 1º de 1994. Expediente T-32.352. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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