Auto T-35095 de agosto 1º de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

JUSTICIA PENAL MILITAR

NO CONOCE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

EXTRACTOS: «¿Puede la justicia penal militar conocer de las acciones de tutela?

Como se vio, la Corte Suprema de Justicia, al desatar la impugnación contra el fallo de primera instancia que declaró improcedente la tutela demandada, resolvió anular todo lo actuado, por considerar que la justicia penal militar no puede conocer de la acción de tutela. Lo primero, en consecuencia, será decidir si se confirma esta providencia, o no.

No es difícil dilucidar este asunto. Basta tener presentes algunos principios fundamentales.

1. ¿Para qué está establecida la justicia penal militar?

La respuesta a la anterior pregunta es un primer elemento de juicio para la solución del problema que nos ocupa.

Según el artículo 221 de la Constitución, “de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”.

En consecuencia, la justicia penal militar tiene un ámbito restringido: el de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio.

Esta es una limitación que no puede hacerse a un lado, pues restringe la jurisdicción de la justicia penal militar a un solo grupo de personas, los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y sólo por delitos cometidos en relación con el mismo servicio.

Es claro, entonces, que la Constitución asignó una función especial a la justicia penal militar, y al hacerlo determinó sus fines.

De lo anterior se deduce que las únicas personas en posibilidad de ser juzgadas por los jueces penales militares, son los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y sólo por delitos cometidos en relación con el mismo servicio.

En concordancia con el artículo 221, el artículo 213, en su inciso final, establece esta prohibición, relacionada con los estados de excepción: “En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”. Es evidente, en consecuencia, que están excluidas de la jurisdicción penal militar todas las personas que no tengan la calidad de miembros de la fuerza pública en servicio activo.

De otra parte, hay que tener en cuenta que a la justicia penal militar sólo corresponde juzgar los delitos cometidos por las personas que están bajo su jurisdicción. Nada tiene que ver con los pleitos o litigios de otro orden, en los cuales sean parte los miembros de la fuerza pública.

En conclusión: por este primer aspecto, no parece lógico sostener que la expresión “ante los jueces” que utiliza el artículo 86, comprenda a los encargados de ejercer la jurisdicción penal militar, llamados a juzgar solamente un sector de la población, y sólo por los delitos cometidos en una particular circunstancia.

2. La justicia penal militar no puede juzgar a los civiles, ni a los miembros de la fuerza pública por hechos distintos a los delitos.

El juez que conoce de una acción de tutela, en una u otra forma, investiga y juzga no sólo la acción o la omisión de quien es demandado, sino la situación del actor. Y las juzga en relación con el tema específico de la acción o la omisión que causa la vulneración del derecho constitucional fundamental, o la amenaza contra él.

Como a la justicia penal militar le está prohibido investigar o juzgar a los civiles, es claro que jamás podría conocer de una tutela demandada por un civil, o contra éste.

Y en tratándose de miembros de la fuerza pública en servicio activo, tampoco podría hacerlo, sencillamente porque su jurisdicción está limitada al conocimiento de los delitos cometidos en relación con el mismo servicio.

Es verdad que la justicia penal militar, según lo dice el artículo 116 de la Constitución, administra justicia. Pero lo hace de manera restringida, no sólo por los sujetos llamada a juzgar, sino por los asuntos de los cuales conoce.

3. Conclusión.

Los argumentos expuestos demuestran que la acción de tutela escapa al conocimiento de la justicia penal militar. Sostener lo contrario implicaría violar la Constitución por uno de estos dos aspectos: o por someter a los civiles a la investigación y el juzgamiento de la justicia penal militar (art. 213, inc. final), o por ampliar el ámbito de ésta a asuntos que no le están asignados por la Constitución (art. 221).

Por lo expuesto, se confirmará la providencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de todo lo actuado».

(Auto de agosto 1º de 1994. Expediente T-35.095. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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