Auto T-37837 de agosto 22 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

TUTELA PRESENTADA ANTE JUEZ INCOMPETENTE

SE RECHAZA Y SE DEVUELVE

EXTRACTOS: «Las razones expuestas por la juez sobre su incompetencia obedecen a su propia percepción sobre lo demandado en la acción. Y, la pregunta que surge es: ¿en la acción de tutela, cuál es el grado de discrecionalidad de que goza el juez?

En primer lugar, la Constitución, en el artículo 228, establece la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Y en el caso del procedimiento establecido para la acción de tutela, el Decreto 2591 de 1991 desarrolló este principio, no sólo en el artículo 3º, sino a lo largo de todo el articulado.

Es por esto que se habla de la informalidad para la presentación de la tutela; que las notificaciones se harán por el medio más expedito y eficaz, a criterio del juez; que no es necesario citar la norma constitucional infringida, pues el juez puede deducirla de la demanda. Además, que antes de dictar la sentencia, puede, según el artículo 7º, cuando expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, adoptar medidas provisionales, tales como ordenar la suspensión del acto concreto, dictar medidas de conservación o seguridad, etc. Estas medidas provisionales las dispondrá de oficio o a petición de parte.

Esto nos lleva a concluir que el juez de tutela tiene la facultad y obligación de proteger los derechos amenazados por encima de lo expresamente señalado por el interesado, con el fin de evitar que su fallo se convierta en una ilusión.

Este grado de discrecionalidad por parte de los jueces de tutela se puede observar claramente cuando se presentan dos o tres tutelas muy semejantes y corresponde su resolución a distintos jueces. Ha ocurrido, en muchas oportunidades, que unos jueces solicitan determinadas pruebas, otros no las solicitan por considerar que pueden fallar con base en los datos contenidos en la demanda, otros adoptan medidas provisionales, etc. Toda esta actividad, o falta de ella, conduce a sentencias diferentes, pero enmarcadas dentro de las distintas posibilidades con que cuenta el juez de tutela.

Por consiguiente, en el presente caso, desde el ámbito puramente jurisprudencial se considera razonable que la juez de Santafé de Bogotá, al considerar que la vulneración ocurrió en La Guajira, declare su incompetencia.

2. ¿El juez de tutela, al declararse incompetente, debe devolver el expediente al interesado o remitirlo al juez que considere competente?

Esta Corporación comparte el criterio de la Corte Suprema de Justicia, expresado en el auto del 2 de marzo de 1994, así:

“Si el Juzgado 69 Penal del Circuito de esta ciudad, estimaba que la amenaza o violación de los derechos fundamentales de Charles T. Unkle, se presentó únicamente en la ciudad de Riohacha, no estaba autorizado para remitir las diligencias al reparto de los jueces penales del circuito de dicha localidad, pues como reiteradamente lo ha puntualizado esta colegiatura en sus diferentes salas, el juez de tutela que se considera incompetente, deberá rechazar la demanda y ordenar su devolución al accionante, para que éste la eleve ante el juez o tribunal (de cualquier especialidad penal, civil, laboral, administrativo, etc.) con jurisdicción en el sitio donde se hayan presentado los hechos presuntamente atentatorios de derechos fundamentales. Por lo mismo, no podrá suscitar colisión de competencia ya que corresponde al actor, según las prescripciones del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, dirigir su solicitud de amparo ante el juez o tribunal que considere competente para pronunciarse respecto de sus pretensiones” (se resalta).

Es decir, si el juez de tutela se considera incompetente, el procedimiento a seguir por su parte es rechazar la demanda y ordenar su devolución al interesado, pues sólo a él le corresponde decidir ante cuál juez presenta su acción. La limitación que existe se refiere a que no puede hacerlo ante la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, o ante el Consejo Superior de la Judicatura, por no ser posible tramitar la segunda instancia. Y tampoco presentarla ante la justicia penal militar, por las razones expuestas en el auto de esta Corte, de fecha 1º de agosto de 1994, Sala Primera de Revisión.

III. Conclusión

El interesado en este caso, y en general quien presenta una demanda de tutela, está sujeto a la interpretación que de su acción haga el juez, con base en la información que le ha sido suministrada y la que pueda allegar al proceso.

El juez de tutela goza de cierto grado de discrecionalidad con el fin de no hacer nugatoria la protección demandada. Si considera, como en el presente caso, y con razones para la juez de Santafé de Bogotá justificables, que la violación ocurre en el departamento de La Guajira, lo procedente es declarar su incompetencia, como lo hizo.

Por consiguiente, el procedimiento a seguir por parte del interesado, si no ha presentado su demanda ante los jueces de La Guajira, es volverlo a hacer ante el juez de dicho lugar, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, advirtiendo sobre la existencia de este auto, con el fin de aclarar de que no se trata de una nueva demanda, en los términos del artículo 38 del mismo Decreto 2591. En este punto, no sobra señalar que una vez presentada la tutela, el interesado nuevamente estará sujeto a la interpretación jurídica que sobre procedencia y competencia realice el juez.

Finalmente, por todas las razones expuestas, la Corte se abstendrá de revisar concretamente la procedencia de esta acción de tutela, por no existir sentencia objeto de revisión. Lo anterior, de acuerdo con las facultades establecidas en la Constitución en los artículos 86 y 241, numeral 9º, y artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991».

(Auto de agosto 22 de 1994. Expediente T-37.837. Magistrado Sustanciador: Dr. Jorge Arango Mejía).

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