Autorización para importar calzado y textiles

Revista Nº 134 Mar.-Abr. 2006

Humberto Aníbal Restrepo V. 

Abogado Tributarista 

El Gobierno Nacional en su bien intencionado afán por combatir la práctica ilegal del contrabando y así proteger la industria nacional, expidió el Decreto 4665 del 2005 “Por el cual se establece la autorización para importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes”; aunque no se discute su facultad para adoptar una medida de esta naturaleza, sí resulta cuestionable que cumpla su finalidad y, por el contrario, ella se traduce en una exigencia más para quienes de manera legal se dedican a esta actividad.

En efecto, quien pretenda importar estos elementos al territorio nacional deberá obtener previamente una autorización por parte de la DIAN, la cual tendrá una vigencia de un año contado a partir del acto que la concede.

Para acceder a la autorización, los importadores deben cumplir una serie de requisitos establecidos en la norma citada y, adicionalmente, en la Resolución 12912 del 30 de diciembre del 2005 de la DIAN que dice reglamentarla, de los cuales se destacan tres que llaman la atención:

1. Si el importador es una persona jurídica deberá acreditar que posee un patrimonio líquido mínimo de $ 80.000.000, y aunque se trata de un concepto estrictamente tributario, no se determina su referente a una vigencia fiscal determinada. El reglamento no dijo nada al respecto, lo que hace inaplicable la disposición, con el agravante que de ello depende el cupo de importación a autorizar, limitado hasta por un valor FOB anual equivalente al 200% del patrimonio líquido reportado en la solicitud. Lo que sí hizo la autoridad mediante la expedición de la Resolución 12912 del 2005, fue consagrar la exigencia de un patrimonio líquido mínimo referido al período fiscal inmediatamente anterior al de la presentación de la solicitud para las “personas naturales” que pretendan ser importadores de estos elementos; este es un requisito no previsto en la disposición que se dice reglamentar, desbordando una pretendida facultad reglamentaria que, incluso, no tiene la autoridad, y que solo deriva del ejercicio de una inadecuada interpretación de la facultad de impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos técnicos y de interpretación de las normas aduaneras y de comercio exterior, invocada para su expedición.

2. Se exige que el solicitante, sus representantes o socios, no pueden haber sido sancionados por violación a “normas penales” durante los cinco años anteriores a la solicitud, lo cual debe ser manifestado expresamente bajo la gravedad del juramento. Ello implica la consagración de una sanción no prevista con anterioridad para castigar todas las conductas punibles descritas en el ordenamiento penal, violentando, sin duda alguna, el principio de legalidad que su consagración debe respetar. Una cosa es la facultad de establecer sanciones administrativas por conductas determinadas como infracción en el ordenamiento que regule la actividad aduanera y de comercio exterior, y otra muy distinta es la consagración de nuevas sanciones para castigar adicionalmente la violación a la ley penal, además, juzgada con anterioridad y cuya competencia en todo caso es exclusiva del legislador.

3. Es preciso no tener deudas de plazo vencido con la DIAN, pero, además, si una vez autorizado el importador incumple alguna obligación de pago a su cargo, la autorización es cancelada de pleno derecho. Esta previsión viola de manera flagrante la prohibición de exigir cualquier tipo de paz y salvo interno en las actuaciones de la administración señalada en el artículo 15 del Decreto-Ley 2150 de 1995. Ahora bien, el solo hecho de incumplir una obligación, así con posterioridad se ponga al día, implicaría la cancelación de la autorización y la consecuente imposibilidad de solicitarla nuevamente por la restricción contenida en el literal e) del artículo 1º del decreto en comento, amén de la violación al principio de legalidad, por descartar expresamente la necesidad de un acto administrativo que declare la cancelación al derecho de contradicción y de defensa de rango constitucional y del desconocimiento de la exigencia de vincular previamente al administrado en las decisiones que lo afecten como lo ordena el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo.

Finalmente, las múltiples inconsistencias que presenta el formulario adoptado por la DIAN para presentar la solicitud de autorización sin ningún tipo de instructivo para su diligenciamiento, aunado al hecho de que, a la fecha de este escrito, ha sido postergada en varias oportunidades la entrada en vigencia de la medida (Ds. 167 y 606/2006), ponen de presente la improvisación gubernamental.

Bienvenida la lucha contra el flagelo del contrabando, pero sobre la base de estrictas razones de política comercial y de una adecuada protección a la producción local, forzosos parámetros de ley que enmarcan el ejercicio de las facultades reguladoras con que cuenta el Gobierno Nacional en materia de aduanas y de comercio exterior.