Ayuda al suicidio(*)

Revista Nº 63 Abr.-Jun. 2018

Yesid Reyes Alvarado 

Director del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. 

(Colombia) 

Sumario

En el presente escrito se hace un análisis jurídico penal del suicidio, evaluándolo desde las perspectivas del riesgo permitido, la autoría y la participación, el bien jurídico de la vida humana, la tentativa de suicidio (y su punibilidad), la acción y la omisión, y el consentimiento. 

Temas relacionados

Indisponibilidad de la vida humana, suicidio, ayuda al suicidio, autoría y participación, principio de accesoriedad, tentativa, consentimiento, imputación objetiva, riesgo permitido, acción, omisión. 

Introducción

A partir de la pregunta general sobre si el derecho penal debe ocuparse de aquellos casos en los que una persona se quita la vida por voluntad propia, surgen varios escenarios de análisis con sus propias particularidades: el primero y más obvio tiene que ver con el suicidio entendido en su forma más simple como el acto de darse muerte por propia mano; el segundo es el de la eutanasia pasiva que consiste en la voluntaria omisión o interrupción del tratamiento médico que conduce a la muerte del paciente; el tercero es la eutanasia activa indirecta, que se presenta cuando se suministran paliativos que si bien permiten aliviar la situación de la persona, conducen a su “muerte anticipada”; el cuarto es la eutanasia activa directa que alude de manera específica a los casos en los que una tercera persona ayuda a otra a cumplir su voluntad de morir; el quinto es la distanasia, también conocida como ensañamiento terapéutico, que consiste en una prolongación artificial de la vida; la sexta es la eugenesia que alude a la muerte por motivos de selección natural, social o incluso económica.

Aun cuando la mayoría de las consideraciones que se expondrán a lo largo de este escrito pueden ser parcialmente aplicables a todas las hipótesis acabadas de relacionar, el objeto del mismo es únicamente la eutanasia activa directa, también conocida como ayuda al suicidio, pero solo en cuanto este último haya sido querido y buscado de manera consciente y voluntaria; en consecuencia, no se abordará el análisis de la participación en casos de autopuesta en peligro, que podrían ser apreciados como una especie de ayuda al suicidio no doloso.

Aun limitando de esa manera el objeto de análisis, son varios los aspectos de la teoría del delito que deben examinarse para asumir una postura frente al mismo, como el del concepto, alcance y ubicación sistemática del bien jurídico, la validez y ámbito de aplicación del consentimiento, las nociones y capacidad de rendimiento de la distinción entre acción y omisión, las diferencias entre autoría y participación, y la importancia y utilidad del principio de accesoriedad.

El tema de discusión ha sido descrito con propiedad por Ulfrid Neumann, en cuyo honor está escrito este artículo y quien en varias oportunidades se ha ocupado en profundidad del tema: ¿Por qué a un hombre que se quiere quitar la vida se le niega la posibilidad de hacerlo a través de un tercero, cuando ese es su deseo?(1).

Aun cuando el tema suele ser desarrollado en torno a casos de personas que toman la decisión de suicidarse debido al sufrimiento derivado de penosas enfermedades(2), o como consecuencia de la paulatina pérdida de funciones y facultades producto de una edad avanzada (y así se hará primordialmente aquí), no hay ninguna razón para restringir el tema de estudio a esas hipótesis. El debate debe abarcar todas las opciones, incluso la de aquellos individuos que siendo jóvenes y estando en pleno uso de sus facultades físicas y mentales toman la decisión de matarse; en todas esas hipótesis es válido preguntarse si las personas pueden disponer libremente de su vida y, en caso afirmativo, si están obligadas a suicidarse por su propia mano o tienen la posibilidad de pedir a un tercero que les dé muerte(3). En otras palabras, los graves padecimientos no son la única razón imaginable para que alguien decida pedir que le ayuden a morir(4).

1. Bien jurídico y riesgo permitido

Si se parte de una concepción estática del bien jurídico, entendiéndolo como una pieza de museo con la que no es dable interactuar(5), resulta comprensible que toda afectación que se le cause sea apreciada como de interés para el derecho penal, salvo que se demuestre la existencia de una causal de justificación. Si, por el contrario, se asume que los bienes jurídicos solo son concebibles en relación con su entorno social, debe admitirse que hay formas legítimas de afectarlos como parte de la manera en que se desarrolla la vida en comunidad. El conductor de un autobús de servicio público puede, contra la voluntad del pasajero, negarse a detener el vehículo fuera de las paradas oficiales; el cirujano está autorizado para causar heridas en desarrollo de una intervención quirúrgica; al verdugo, en un país donde exista la pena de muerte, le está permitido (aún más, le es exigible) matar gente.

Ese es el fundamento de la noción de riesgo permitido que, al poner de presente que el derecho penal solo tiene interés en las conductas que atenten de forma indebida contra bienes jurídicos, deja en claro que no hay ningún bien jurídico que sea protegido de manera absoluta; todos, incluso la propia vida, pueden ser afectados(6) si la conducta que los lesiona es conforme a derecho, como puede verse en los ejemplos anteriores; solo los comportamientos valorados como creación de un riesgo jurídicamente desaprobado tienen relevancia para el derecho penal, como formas indebidas de ataque al bien jurídico.

Por esto, no resulta correcto oponerse a la despenalización de la ayuda al suicidio con el argumento de que el bien jurídico vida es inviolable; la discusión debe girar, más bien, en torno a si una de las formas válidas de ataque al bien jurídico vida es la disposición del mismo por parte de su titular y, en caso afirmativo, si ella solo es admisible cuando se lleva a cabo sin la intervención activa o pasiva de terceros. Esta sola delimitación del objeto de discusión implica ya una primera e importante toma de postura, en cuanto se asume que la falta de interés del derecho penal en el suicidio no es tan solo un tema que atañe a la culpabilidad como algunos sugieren (lo que implicaría considerarlo como una conducta antijurídica), sino que se encuentra al margen del mismo porque se trata de un comportamiento conforme a derecho, es decir, de una conducta que no es antijurídica(7).

Frente a este interrogante, la doctrina mayoritaria se inclina por aceptar la impunidad en los siguientes grupos de casos, siempre que medie la solicitud o consentimiento del afectado: i) No puesta en marcha de tratamientos salvadores (eutanasia pasiva); ii) Suspensión de tratamientos salvadores ya iniciados(8); iii) Aplicación de paliativos que alivian el sufrimiento pero pueden acelerar la muerte del paciente (eutanasia activa indirecta)(9).

Lo curioso es que para justificar la no intervención del derecho penal en estos casos se suele decir que en ellos la persona no busca la muerte, sino tan solo deja que las cosas sucedan, no hace nada para impedir que el resultado muerte sobrevenga, de tal manera que no podría afirmarse válidamente que él se está quitando la vida(10). Por el contrario, las opiniones difieren en relación con aquellas hipótesis en las que alguien solicita la ayuda de un tercero para matarse, porque en ese caso no se estaría limitando a dejar que las cosas siguieran su curso natural; en términos prácticos este tratamiento diferencial lleva a la impunidad de aquellas ayudas al suicidio que puedan ser definidas como omisiones, y a la sanción de quien atendiendo la solicitud de la víctima le ayuda a morir a través de una conducta activa.

2. La diferencia entre acción y omisión

Esta solución privilegia la omisión frente a la acción, porque considera lícito que una persona se abstenga de desarrollar o someterse a conductas que puedan salvarle la vida o cuando menos prorrogársela (eutanasia pasiva), mientras tiende a reprobar comportamientos activos como el de quien, a solicitud del paciente, le aplica una inyección letal (eutanasia activa directa). En apoyo de esta tesis se afirma que si se obligara a alguien a aceptar un tratamiento en contra de su voluntad, se estaría cometiendo un delito contra su autonomía(11); esa es la razón de ser, dicen los partidarios de esta postura, de la figura del consentimiento informado que tiene como finalidad enterar a la persona de los riesgos que acarrea un determinado tratamiento para que, conociéndolos, sea ella quien decida si se somete o no al mismo; la existencia de esta libertad de elección respaldaría la tesis de que no se puede obligar a nadie a salvar su vida(12).

La acción y la omisión son solo dos formas distintas de apreciar la realidad; como en el plano ontológico la absoluta inactividad del ser humano es inconcebible, todas sus conductas son acciones(13). La omisión surge en el ámbito valorativo cuando a una persona se le reprocha haber hecho algo (acción) distinto de aquello a lo que estaba obligada(14). Por eso la única forma en que podría serle reprochable a alguien el no haberse sometido a un tratamiento médico sería asumiendo que tiene el deber legal de hacerlo, lo cual no es correcto; si ello fuera así, entonces ya la conducta misma de rechazarlo debería ser punible como una forma indebida de ataque a un bien jurídico tan importante como el de la vida, como también debería ser sancionable la tentativa de suicidio en cuanto contraria a una supuesta obligación de vivir.

Cuando esa diferencia entre acciones y omisiones se lleva al terreno práctico de la medicina, surgen inquietudes adicionales: admitiendo que es válido negarse a ser conectado a un respirador artificial, ¿es legítimo pedir su desconexión? Un importante sector de la doctrina responde en sentido positivo(15), pese a que para interrumpir el funcionamiento de la máquina hace falta una acción (retirar la conexión eléctrica u oprimir un botón), lo que contraviene el punto de partida generalmente aceptado, conforme al cual la ayuda al suicidio es admisible si proviene de una omisión y reprochable si es consecuencia de una acción. Una forma de superar esa aparente contradicción sería la de considerar que, desde una perspectiva más amplia, cuando el paciente solicita la desconexión en el fondo lo que está haciendo es omitiendo someterse a un tratamiento(16).

Si con ese argumento se admite que es lícito pedir que se suspenda el funcionamiento de un respirador artificial (como suele aceptarse), ¿también es legítimo que alguien solicite que le sea retirado el marcapasos que le ha sido implantado? La pregunta es válida porque esa petición puede ser igualmente explicada en clave de omisión, como uso de la potestad de no cumplir con el pretendido derecho a mantenerse con vida(17); desde esa perspectiva encajaría en los casos que la doctrina suele admitir como forma legítima de eutanasia y, por consiguiente, la respuesta a este interrogante debería ser afirmativa. En mi opinión, no hay ninguna razón para que se le permita a una persona decidir si admite ser conectada a un instrumento que le ayuda a mantenerse con vida, pero a su vez se le niegue la potestad de revocar esa decisión.

Siendo ello así, cabe preguntarse si también es legítimo que el paciente solicite que le sea detenido el funcionamiento del corazón que late sin ayuda externa, siempre sobre el supuesto de que con esa petición busca materializar su decisión de omitir seguir con vida. La respuesta debe ser nuevamente afirmativa, porque la legitimidad de decidir cuándo se detiene el funcionamiento de las propias funciones vitales no puede depender de si ellas fluyen de manera autónoma o con ayudas tecnológicas. Una solución contraria supondría un inadmisible tratamiento discriminatorio para con quien en algún momento de su vida optó por ser conectado a uno de esos aparatos, bien sea porque a partir de entonces se le impondría la obligación de mantenerse con vida (si se asume prohibición absoluta de solicitar su desconexión), bien sea porque el solo hecho de tener implantado ese dispositivo le permitiría solicitar la detención de su corazón mediante la desconexión del aparato, a diferencia de quien no lo tiene.

3. Consentimiento e inimputabilidad

Frente a la opinión de quienes consideran que la ayuda al suicidio no debe ser punible solo porque existe el consentimiento del afectado, se suele contraargumentar diciendo que el consentimiento de quien sufre graves padecimientos no es válido porque esa condición lo coloca en una situación de inimputabilidad. Esa afirmación no pasa de ser una opinión sin respaldo empírico, razón por la cual no puede afirmarse que en todos los casos, y ni siquiera como regla general, las personas que toman la decisión de quitarse la vida son inimputables; ese sería un aspecto que debería ser dilucidado en cada caso concreto y frente a las particularidades del mismo. No creo que la decisión de matarse pueda considerarse a priori y en todos los casos más desquiciada que la de continuar viviendo.

Sin embargo, si esa afirmación fuera válida (todos los que se quieren matar son enfermos de mente), entonces no haría falta la punición autónoma de la ayuda al suicidio o del homicidio a petición, porque bastaría la figura del homicidio en autoría mediata para castigar a quien así se comportara. De hecho, esta es la solución aplicable a aquellos casos en los que una persona es engañada haciéndole creer que su conducta no constituye una acción de matarse(18), aun cuando técnicamente no pueda tratársela como una enferma mental; en un curioso caso como el mencionado, la Corte Suprema alemana condenó como autor mediato de homicidio a quien presentándose como habitante de la estrella Sirius convenció a una mujer de abandonar su cuerpo para continuar viviendo en otro planeta; aun cuando, siguiendo las instrucciones del acusado, ella intento varias veces matarse para poder continuar con su vida en una lejana estrella, no lo consiguió, por lo que el delito quedó en grado de tentativa(19).

4. La vida como bien jurídico indisponible

Problemas como los acabados de plantear hacen evidente que la solución al dilema de si la ayuda al suicido es o no punible no puede seguir dependiendo de una supuesta distinción entre acciones y omisiones, cuya capacidad de rendimiento es muy pobre, ni de la discusión sobre si todos quienes se quieren matar son o no inimputables, planteamiento que, como se ha visto, tampoco tiene vocación de prosperidad. El objeto del debate debe ser, más bien, si una persona puede exigir que no se le prolongue la vida, es decir, si tiene la capacidad de decidir cuándo morir, con absoluta independencia de si esa finalidad puede ser conseguida a través de lo que se suele conocer como una omisión (negarse a ser conectada a un respirador artificial) o como una acción (solicitar la desconexión del respirador artificial).

Planteado de una forma aún más amplia, la cuestión a dilucidar es si vivir es una obligación legal(20). Si lo fuera(21), el Estado no solo debería hacer obligatorios los tratamientos médicos en lugar de condicionarlos al consentimiento informado, sino que también debería alimentar por la fuerza a quien en desarrollo de una huelga de hambre se niega a comer y beber(22). Aún más, ahora que la ciencia ha establecido que hábitos como el consumo de tabaco, alcohol o la denominada comida chatarra son potencialmente dañinos para la buena salud de las personas, ¿el Estado debería criminalizarlos porque nadie tiene derecho a atentar contra su integridad personal? Frente a este planteamiento suele replicarse que con esas conductas no se atenta contra la vida sino contra la salud, lo cual marcaría una diferencia importante en cuanto siendo esta última un bien recuperable puede ser susceptible de disposición, a diferencia de lo que ocurre con la vida.

Esta argumentación no tiene en cuenta que los daños ocasionados en la salud por esa clase de comportamientos pueden conducir a un acortamiento de la vida, como lo muestran diversos estudios médicos. Siendo ello así, no resulta apropiado sostener que como el tabaco o el alcohol matan lentamente, entonces quien con el propósito de suicidarse consume grandes cantidades de ellos no es un suicida y, quien consciente de ese propósito se las suministra, no le ayuda al suicidio. El asunto es más evidente si cambiamos la sustancia nociva: quien decide matarse mediante la ingestión de pequeñas dosis de cianuro ingeridas a lo largo de varias semanas o meses, ¿atenta solo contra su integridad personal porque en cualquier momento puede renunciar al envenenamiento?

Si eso fuera así, escoger una forma lenta de morir, diferida en el tiempo, tendría la capacidad de convertir en disponible el bien jurídico vida, porque aun cuando cada acto de envenenamiento podría ser considerado de manera aislada como peligroso para la salud en cuanto bien jurídico disponible, la suma de todas esas actuaciones individuales constituiría un atentado contra la vida. De admitirse que esa forma de suicidio prolongado en el tiempo fuera una manera aceptable de renunciar al bien jurídico de la vida a través de la disposición del derecho a la salud (para quienes defienden esta diferencia), debería concluirse que no es punible la conducta de quien decide colaborar con el suicidio de alguien suministrándole pequeñas dosis de veneno a lo largo de varias semanas, pero sí lo es la de quien le administra toda la dosis letal en una única oportunidad; sin embargo, esa conclusión haría fracasar la diferencia que algunos proponen entre la salud como bien jurídico disponible y la vida como indisponible. En definitiva, no parece correcto sostener que la rapidez con la que una conducta termina con la vida de una persona pueda marcar la diferencia entre la disponibilidad y la indisponibilidad del bien jurídico.

A nivel doctrinal, suele aceptarse que las acciones a propio riesgo no son punibles, por constituir una manifestación del libre desarrollo de la personalidad(23). Es innegable que quien se enrola en el ejército para tomar parte en un conflicto armado, expone en gran medida su vida e integridad personal por voluntad propia, sin que pueda descartarse que quien así actúa lo haga con la esperanza de morir en desarrollo de esa actividad. Si debido a la existencia de ese propósito debiera entenderse que dicha conducta es una forma indebida de disposición de la integridad personal, entonces el Estado debería oponerse a la participación de los ciudadanos en actividades bélicas o, cuando menos, tendría que reglamentarlas de tal manera que se garantizara que ninguno de quienes toman parte en ellas lo haga aceptando anticipadamente su propia lesión o muerte, para así evitar la disposición dolosa (cuando menos con dolo eventual) de la propia vida.

Ejemplos como este hacen aún más evidente que la vida no es un bien jurídico indisponible, y que quien decide matarse no solo afecta un interés propio (no de terceros), sino que lo hace en ejercicio de una libertad de actuación que tiene amparo constitucional(24). Si el Estado se empeñara en imponer la obligación de vivir, tendría que ejercer un control tan estricto sobre el individuo que terminaría por invadir su esfera interna y limitar su capacidad de decisión, dada la multiplicidad de conductas que a diario podrían ser desarrolladas con el único propósito de morir. Imaginemos que en un país donde existe la pena de muerte alguien decide asesinar a un semejante y posteriormente admitir su responsabilidad en juicio con la finalidad de ser ejecutado porque quiere suicidarse pero no tiene el valor para hacerlo por su propia mano; para hacer valer la premisa de que el bien jurídico vida es indisponible, ¿el Estado debería abstenerse de ejecutar al reo para que no pudiera llevar a cabo su voluntad de matarse? Y si se opta por cumplir la sanción a sabiendas de que así el condenado logra su cometido, ¿debería el verdugo responder por el delito de ayuda al suicidio en los países donde esta conducta es punible?

Como un último argumento a favor de la inviolabilidad del bien jurídico vida, se afirma que él es el principal de cuantos garantiza la Constitución, porque sin él ninguno de los otros es susceptible de ser ejercido. Esta aseveración es cuando menos discutible, porque si se valora la vida en sí misma y desprovista de lo que ella supone en el contexto de una comunidad organizada, se la reduce a una noción puramente anatómica de mantenimiento del flujo sanguíneo. Pero si se la entiende estrechamente vinculada a la aptitud de ejercer derechos que la dotan de sentido social como el del libre desarrollo de la personalidad, su ponderación como bien jurídico no puede apreciarse de manera aislada; en cuanto el derecho a la vida dota a la persona de capacidades para desarrollarse libremente dentro de la sociedad, siempre que no afecte de manera indebida ámbitos de libertad ajenos, debe admitirse que se trata de un derecho disponible porque la decisión de vivir no le atañe a la sociedad; en el plano normativo ella puede imponer reglas de comportamiento para encauzar la convivencia, pero así como no le es dable obligar a nadie a hacer parte de una comunidad tampoco lo puede forzar a mantenerse con vida.

Es cierto que desde una perspectiva moral pueden elevarse argumentos a favor de la inviolabilidad de la vida; pero su discusión no puede abordarse cuando el análisis se lleva a cabo en el ámbito de lo jurídico, como aquí se hace, porque el derecho penal no se ocupa de asuntos morales(25), aunque algunas conductas puedan ser reprochables desde los dos puntos de vista.

5. La punición del suicidio y la tentativa de suicidio

La consecuencia más obvia de entender la vida como una obligación, sería la de sancionar penalmente al suicida, solución que es ampliamente rechazada por la doctrina y la jurisprudencia(26); se dice que elevar esa conducta a delito no tendría sentido porque, siendo la pena de naturaleza estrictamente personal, en estos casos no habría a quién aplicarla(27). Este argumento solo hace énfasis en la dificultad de imponer sanciones, pero no cuestiona la posibilidad de considerar el suicidio como un delito, tesis que suele ser defendida con la idea de que esa conducta afecta intereses del Estado. Según esta corriente de opinión, la existencia de esos intereses pondría de presente la existencia de un derecho que el Estado tendría: exigir a sus ciudadanos el cumplimiento de unas obligaciones por el hecho de vivir en él y gozar de los beneficios que el mismo dispensa a sus integrantes(28).

Esta argumentación impone entonces valorar en cada caso concreto si el Estado tiene o no intereses respecto de la persona, cuya salvaguardia le implique defender la vida del individuo. Desde esta perspectiva, el derecho a la vida solo sería valioso para el Estado en cuanto esa persona le pudiera corresponder por lo recibido, a través del cumplimiento de sus obligaciones; en eso se concretaría el interés del Estado en el individuo. La consecuencia de ese razonamiento sería que el Estado no se interesaría en la vida de quien no tiene obligaciones con él, de quien nada le debe; en puridad de términos, el Estado no estaría interesado en la vida de alguien que en lugar de representarle beneficios como contraprestación por el hecho de vivir a su amparo, constituyera tan solo una carga para el mismo. Esto conduciría a que quien no tiene familia, no ha recibido educación del Estado, ni ayuda para su supervivencia, razón por la cual no posee bienes materiales (un indigente, por ejemplo), no solo carece de obligaciones para con el Estado, sino que además representa una carga para el mismo(29).

Si el interés del Estado en impedir los suicidios depende de si tiene intereses qué proteger respecto de quien al quitarse la vida incumpliría sus compromisos con aquel, entonces podría afirmarse que no le preocupa la vida de quien solo representa una carga. La ponderación de lo que cada ciudadano debe a la sociedad y al Estado, para en función de ello establecer quién debería mantenerse vivo para cumplir con esas obligaciones y quién no, terminaría por conducir a la exterminación de todo aquel que solo implique cargas para el Estado y para la sociedad. Podría decirse que desde el punto de vista estatal, así como hay unas personas obligadas a vivir, habría otras obligadas a morir (¿tendrían el deber de suicidarse?), en función del interés que el Estado tenga en sus vidas. Esta línea de argumentación abriría las puertas para inadmisibles políticas de limpieza social y pone de presente que la imposición de un deber de mantenerse con vida es difícilmente comprensible por fuera de una concepción totalitaria de Estado(30). No cabe duda de que las personas, por el hecho de habitar en comunidad, adquieren obligaciones para con ella y los ciudadanos que la conforman, y deben cumplirlas mientras vivan; pero eso no significa que estén obligados a vivir para poder honrar esos compromisos(31).

Volviendo al tema de la pena; si la no criminalización del suicido se justifica por la imposibilidad de sancionar a su autor, todavía quedaría por responder la pregunta de por qué no es delito la tentativa de matarse, hipótesis en la que sí es viable sancionar al autor. Aquí la respuesta cambia y se dice que tampoco en estos casos procede la responsabilidad penal, porque respecto de esas personas no cumplirían ningún papel las funciones propias de la pena, ni en su concepción retributiva ni en su visión preventiva (especial y general)(32).

Me parece que desde el punto de vista de la prevención especial sería factible la reclusión del suicida fallido en condiciones que le impidiesen repetir su intento de muerte, sometiéndolo incluso durante su reclusión a tratamientos rehabilitadores de contenido sicológico, siquiátrico y sociológico. Desde la óptica de la prevención general, no me cabe duda en cuanto a que el hecho de sancionar con prisión a quien intente suicidarse es una forma de enviar a la sociedad un mensaje en el sentido de que existe una norma que prohíbe el suicidio, y que quien intente esa clase de comportamientos será castigado con pena de prisión. Es decir, no es cierto que teorías de la pena como las de la prevención general y especial sean absolutamente inaplicables en caso de tentativas de suicidio; en cuanto a su mayor o menor eficacia, ella también puede ser discutida frente a los delitos en general, pese a lo cual nadie propondría renunciar a la pena en caso de delincuentes habituales, con el argumento de que en todo caso seguirán intentando cometer delitos.

A mi modo de ver, todo lo que forme parte de la organización del titular del bien jurídico es problema suyo, en cuanto no se inmiscuya en ámbitos de organización ajenos. Eso significa que yo puedo hacer con mi libertad todo lo que desee, con la condición de que ello no suponga una afectación directa de las libertades y derechos de otras personas. Y como la decisión de quitarse la vida no afecta en forma directa derechos fundamentales de los demás, se trata de una decisión que solo puede quedar en el ámbito del titular de la vida. Si se dijera que la muerte de alguien perjudica a sus herederos en el evento de que debido a ella resultaran privados de los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas (razón por la cual le estaría vedado matarse), entonces se estaría privilegiando a las personas adineradas, cuya muerte claramente supondría un beneficio para sus herederos y, por consiguiente, convertiría en admisible su suicidio.

6. Autoría y participación

La discusión no desaparece por el solo hecho de admitir que el derecho a la vida es disponible; entre quienes son partidarios de esta tesis puede encontrarse una nueva divergencia de opiniones, pues mientras algunos consideran que se trata de un derecho del cual solo puede disponer el titular, otros piensan que esa disponibilidad puede predicarse también respecto de terceras personas. Concretamente, la pregunta es si solo son válidas la “autopuesta” en peligro y el “autosuicidio” comprendidos como conductas desplegadas directamente por el propio titular del bien jurídico, o si también lo son la “heteropuesta” en peligro y el “heterosuicidio” entendidos como comportamientos desplegados por sujetos distintos a quien dispone de su vida.

Detrás de este aparente juego de palabras está la espinosa cuestión de si solo es admisible la conducta de quien se mata “él mismo” como cuando alguien se inyecta una sustancia letal con el propósito de morir, o si también es lícito que otra persona sea quien “lo suicide”, es decir, le quite la vida por petición suya, como en la hipótesis del cuadripléjico que necesita que alguien introduzca en su cuerpo esa sustancia letal porque por sí mismo le es imposible hacerlo para dejar de vivir. Mientras en países como Colombia y España la sola ayuda al suicido es un delito (aunque en este último país solo es válida si corresponde a una acción y no a una omisión), en la legislación alemana se optó por una solución diferencial: la ayuda al suicido es impune (entregar a la víctima los elementos necesarios para quitarse la vida), pero es punible el homicidio a petición (dispararle a la víctima a solicitud suya)(33). Esta duplicidad de tratamientos lleva a que sea sancionable la conducta de quien aplica una inyección letal a quien padeciendo una grave enfermedad se lo pide, pero deja en la impunidad a quien persuade a alguien completamente sano de suicidarse y pone a su disposición los medios para hacerlo(34), aun cuando en el primer caso la idea surge de la propia víctima para poner fin a sus sufrimientos, y en el segundo nace del tercero y sin relación con problemas de salud. Con razón se ha dicho que la distinción entre esas dos variantes se ha convertido en uno de los problemas centrales de la llamada dogmática del suicidio(35).

Ejemplificando la situación, la cuestión es si desde el punto de vista jurídico debe ser tratado de manera diversa el caso de quien le entrega a alguien un arma para que cumpla su voluntad de matarse, y el de quien le dispara al que así se lo pide ante la imposibilidad de hacerlo por sí mismo. A la luz del derecho penal, ¿debe ser punible la conducta de quien le prepara y acerca un vaso de veneno al discapacitado que, queriendo poner fin a sus días, quiere beberlo pero está en imposibilidad física de hacerlo sin la ayuda de alguien?

No hay ninguna duda en cuanto a que desde el punto de vista naturalístico casos como los acabados de describir pueden verse como diversas configuraciones de la realidad; pero desde el punto de vista del derecho todas esas son situaciones en las que una persona materializa su derecho a dejar de vivir(36). Si se sanciona a quien con su actuación se limita a ser el instrumento de quien se suicida, se estaría discriminando a quienes se encuentran en situación de discapacidad, al privarlos de la posibilidad de quitarse la vida(37); el derecho al suicidio estaría restringido solamente a quienes tienen la posibilidad de hacerlo por su propia mano. Su situación no podría ser peor: su deterioro físico le impide vivir dignamente, y el Estado le prohíbe suicidarse precisamente por su condición de discapacitado. El mensaje para quienes sufren una enfermedad degenerativa resulta aún más sorprendente: si están considerando matarse, háganlo mientras les sea posible, porque cuando pierdan la capacidad física de hacerlo por sí mismos les estará prohibido solicitar la ayuda de un tercero; lo que en el fondo se les está diciendo es, increíblemente, que deben acelerar su suicidio(38).

La vida en comunidad implica que las actuaciones del individuo, en cuanto excedan el ámbito de su esfera privada, son susceptibles de una valoración en el contexto social y no como una simple cadena de sucesos ontológicos. Una empresa es un concepto con el que se designa en el plano de lo valorativo, una serie de hechos y acciones que también admitirían, de manera aislada, una descripción ontológica; esa construcción legal permite que socialmente la empresa pueda ser percibida como fabricante de productos, tributadora de impuestos, responsable de daños causados con su actividad e incluso, en algunos países, como penalmente responsable por la comisión de delitos. Es la misma ficción que nos permite ser seguidores de un equipo de fútbol como conjunto y valorar sus actuaciones colectivas, independientemente del puntual desempeño de algunos de sus integrantes en determinados momentos.

De la misma manera que valoramos positivamente actuaciones colectivas como los campeonatos de fútbol conseguidos por un equipo, o la capacidad de innovación de una empresa de tecnología, también desvaloramos conductas colectivas cuando ellas contravienen las normas. Si una banda de asaltantes roba un banco, no es lo mismo escrutar como un conjunto la conducta de quienes integraban el grupo, que analizar de manera individual la de cada uno de ellos; solo apreciando ese suceso como una conducta colectiva, se los puede sancionar a todos por lo que en conjunto hicieron (asaltar una entidad bancaria) y no por el aporte individual de cada uno de ellos (vigilar la entrada, someter al personal del banco, abrir la caja de seguridad, ocultar el botín, etc.)(39). Lo que importa en ambos grupos de casos (los que están dentro y los que permanecen al margen de la ley) es la valoración de la conducta desde la perspectiva de la comunidad social, y no su análisis como suma de sucesos ontológicos aislados y descontextualizados(40).

Una concepción global de la conducta como la aquí esbozada, permite eliminar en el ámbito del injusto la diferencia entre autoría y participación, que solo tendría importancia al momento de fijar la pena a cada uno de quienes hayan intervenido en la misma. Al desaparecer esa distinción, el principio de accesoriedad dejaría de ser la necesaria conexión entre el hecho principal típico realizado por el autor y el ejecutado por el partícipe, pero no desaparecería de la teoría del delito; la accesoriedad de cada uno de los aportes individuales debería predicarse de la conducta global, de tal forma que solo pueden ser considerados típicos, si el comportamiento conjunto lo es(41).

Como la ayuda al suicidio no es sino un ejemplo de conducta global, su tratamiento debe ser el mismo que aquí se propone; lo determinante para calificar una conducta como la lícita disposición del bien jurídico vida por parte de su titular, es determinar si fue él quien organizó su propia muerte, y no los detalles ontológicos que condujeron a ella(42); dicho en términos de imputación objetiva, si la actuación suicida es definida de manera conjunta entre la víctima y uno o varios partícipes, se trata de una conducta conjunta que cae dentro del ámbito de autorresponsabilidad propio de la víctima(43). Así como una persona puede organizar la muerte de un tercero con ayuda de otros sujetos y todos responden de manera conjunta por ese homicidio, así mismo una persona puede organizar su propia muerte con la ayuda de alguien más, sin que la consecuencia jurídica cambie(44): todos deberían responder ante la justicia por el mismo suicidio(45). Solo que, siendo atípico el suicidio, el principio de accesoriedad hace inviable la responsabilidad del partícipe en ese hecho(46), tanto si se mantiene la diferencia entre autores y partícipes conforme a la opinión dominante, como si se la elimina y (como yo propongo) se predica el principio de accesoriedad de la conducta global(47) que en este caso es igualmente irrelevante por pertenecer al ámbito de autorresponsabilidad propio de la víctima(48); y en cuanto a quien desarrolló un comportamiento que podría ser tenido como propio de un coautor, su conducta tampoco sería punible precisamente porque el suicidio en el que tomó parte como un engranaje más de la conducta colectiva, carece de relevancia penal.

Cuando una persona decide quitarse la vida inhalando gas y en efecto lo hace, está matándose, tanto si ingresa a una habitación que un amigo ha llenado previamente con esa sustancia para cumplir los deseos del suicida, como si el tercero solo introduce el gas en la habitación después de que aquel se encuentra en ella(49). En ambos casos se trata de un suicidio ejecutado por una pluralidad de personas mediante división del trabajo, que en cuanto acción colectiva no permite deducir responsabilidad penal a ninguno de los que en ella tomaron parte. Los detalles ontológicos no son decisivos(50); lo determinante es si el titular del bien jurídico ha organizado —por sí solo o mediante división del trabajo— su propia muerte. Si ello es así, no solo no es punible la conducta principal (quitarse la propia vida) sino tampoco la accesoria a ella (ayudar a la supresión de la vida).

7. La protección del Estado frente al abuso de la decisión de morir

Otra forma de entender la subordinación del interés individual de morir, a uno de naturaleza superior proveniente de la sociedad, es asumiendo que esta última quiere evitar los abusos(51) que podrían derivarse de permitir que alguien esté autorizado para pedir ayuda a un tercero con el propósito de matarse(52). Esta tesis corresponde a una concepción paternalista del derecho penal(53), edificada sobre el supuesto de que es más fácil vencer las inhibiciones naturales del suicidio cuando se usa como instrumento a un tercero, que cuando es la misma persona quien se quita la vida. Sobre este supuesto, al retirarle la posibilidad de recurrir a la ayuda del tercero, el potencial suicida estaría impelido a reflexionar más detenidamente sobre su decisión de matarse y se evitarían más suicidios producto de decisiones apresuradas(54).

Lo primero que debe decirse frente a este planteamiento es que, correctamente interpretado, el Estado considera legítima la ayuda al suicidio y el denominado homicidio a petición, siempre que no exista ninguna duda sobre la libertad y seriedad de la decisión adoptada por la persona(55). No estamos frente a una postura que desconoce el derecho del individuo a disponer de su propia vida, o que niegue la posibilidad de que el suicida pueda escoger entre matarse por su propia mano o recurriendo a la intervención (activa u omisiva) de un tercero. Esta postura solo se opone al suicidio cuando no esté claro que la decisión ha sido libre, meditada y suficientemente ponderada por quien la toma(56).

Se menciona como una de las ventajas de esta concepción paternalista del derecho penal, su utilidad para evitar que los familiares de personas muy mayores o enfermas pudieran deshacerse de ellas persuadiéndolas de que les pidan a sus médicos que les ayuden a morir. Si se sanciona al médico que a solicitud del paciente le aplica una inyección letal, aquel se abstendrá de hacerlo; y si los familiares de la víctima saben que el médico no se comportará de tal manera, entonces se abstendrán de sugerirle al paciente que le pida al médico que le dé muerte(57).

Este complejo razonamiento solamente es útil en los supuestos en que la víctima dispone de una alternativa real de suicidarse por su propia mano, pero resultaría inaplicable en aquellos casos en los que esa opción no existe(58), como en el caso del cuadripléjico que no puede matarse a sí mismo. Adicionalmente, esta solución lleva a que para proteger los derechos de quienes en un caso concreto no hayan meditado suficientemente su decisión de suicidarse, se imponga una limitación general a la libertad de actuación del individuo(59), lo cual resulta incompatible con un Estado liberal.

Es probable que buena parte de las dudas que existen en cuanto a la posibilidad de renunciar a la criminalización de la ayuda al suicidio tengan que ver con el temor a que se invoquen falsos consentimientos del afectado para disfrazar homicidios; admitiendo que esa posibilidad no es descartable, también debe aceptarse que se trata de una opción factible en todos los casos de suicidio, y no solamente en las hipótesis en que un tercero interviene en el mismo para ayudar a su consumación(60).

La forma de reducir las posibilidades de fraude en estos casos es una adecuada regulación de los requisitos del consentimiento, y no la criminalización de la ayuda al suicidio, que debe ser considerada como una forma válida de disponer de la propia vida a través de la figura de la división del trabajo como parte de una conducta colectiva, siempre que ella pueda entenderse como concebida(61) y desplegada por la víctima dentro de su ámbito de responsabilidad(62). No tengo nada en contra de que se consideren alternativas como la de exigir que transcurra un determinado tiempo entre la solicitud de morir y el cumplimiento de ese deseo por parte de un tercero; incluso podría pensarse en hacer obligatoria una discusión de esa decisión con personal cualificado para estar seguros de que es seria, libre y meditada. Pero si después de esos controles (que bien pueden ser denominados como una forma de paternalismo procedimental(63)), la persona mantiene su decisión de quitarse la vida, cualquier intervención del Estado para impedirlo es ilegítima(64).

(*) El presente artículo fue publicado originalmente en alemán bajo el título “Beteiligung am Suizid”, en Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (10/2017), como parte de un homenaje al profesor Ulfrid Neumann. No obstante, la presente versión castellana tiene pequeñas modificaciones frente al texto publicado en alemán.

(1) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand der Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) als paternalistische Strafbestimmung, in Fateh-Moghadam/Sellmaier/Vossenkuhl (Hrsg.), Grenzen des Paternalismus. Ulrich Schroth zum 60. Geburstag, 2010, S. 245.

(2) Es decir, en casos de eutanasia, entendida genéricamente como “la ayuda prestada a un ser humano gravemente enfermo, por deseo suyo, o por lo menos en virtud de un consentimiento presunto para facilitarle la posibilidad de una muerte digna que se corresponda con sus expectativas”; cfr. Claus Roxin, La protección de la vida humana mediante el derecho penal, en Dogmática y Ley Penal, Libro homenaje a Enrique Bacigalupo, ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, Tomo II, p. 1198.

(3) Sin embargo, es válido distinguir entre la eutanasia como aceleración de la muerte para evitar sufrimientos físicos y psíquicos y el suicidio como acto de quitarse la vida por circunstancias diversas; desde este punto de vista, la eutanasia sería una especie del género suicidio; cfr. Miguel Ángel Núñez Paz, La buena muerte, ed. Tecnos, Madrid, 2006, p. 105.

(4) En palabras de Neumann, puede haber muchas razones para pedir a otro la muerte; Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., pp. 245 y 246.

(5) Cfr. Sobre el rechazo a una concepción estática de los bienes jurídicos y la necesidad de valorarlos en su interacción social, cfr. Hans Welzel, ZStW 58 (1939), pp. 514 y 515.

(6) “…la vida no es un derecho absoluto, como no lo son ninguno de los derechos individuales contenidos en la Constitución…”; Hernán Hormazabal, La eutanasia: un caso de colisión de principios constitucionales, en Estudios Penales en homenaje a Enrique Gimbernat, ed. Edisofer, Madrid, 2008, Tomo II, p. 2040.

(7) Con razón señala Neumann que el suicidio no solo es impune, sino también no antijurídico y, en ese sentido, conforme a derecho; Ulfrid Neumann, Grenzen des Paternalismus, ed. cit., p. 246.

(8) Cfr. Claus Roxin, La protección…, ed. cit., p. 1200.

(9) Cfr. Claus Roxin, La protección…, ed. cit., p. 1200.

(10) Cfr. Leticia Jericó, El conflicto de conciencia ante el derecho penal, ed. Wolter Kluwer España, Madrid, 2007, p. 536.

(11) María Luisa Silva, La dignidad de la persona y su proceso de muerte: la eutanasia, en Dogmática y Ley Penal, Libro homenaje a Enrique Bacigalupo, ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, Tomo II, p. 1244.

(12) En la doctrina española esta interpretación es reforzada por la ley, que sanciona solo a quien coopere de manera activa en el suicidio, sin hacer referencia expresa a la omisión (num. 4º del art. 143 Código Penal español: “El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufra una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en un o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”). Cfr. Miguel Ángel Núñez Paz, ed. cit., p. 120.

(13) Jakobs, Günther, La interrupción del tratamiento médico a petición del paciente y el § 216 StGB (homicidio a petición de la víctima), en Estudios de Derecho Penal, ed. Universidad Autónoma de Madrid y Editorial Civitas S. A., Madrid, 1997, traducción de Manuel Cancio Meliá, p. 415, para quien el límite entre comisión y omisión se encuentra en el ámbito naturalista, y resulta arbitrario desde el punto de vista normativo.

(14) Sobre la irrelevancia de distinguir entre acción y omisión, cfr. Jakobs, Der strafrechtliche Handlungsbegriff, Schriften der Juristischen Studiengesellschaft Regensburg e. V., Heft 10, München, 1992; Reyes ZStW 105 (1993), p. 125.

(15) Cfr. Claus Roxin, La protección…, ed. cit., p. 1200.

(16) En este sentido, cfr. Miguel Ángel Núñez Paz, ed. cit., pp. 123, 124 y 125, aun cuando condiciona la solución al hecho de que quien desconecte el aparato sea el médico y no un tercero; a su modo de ver la acción del tercero constituiría un homicidio.

(17) Frente a legislaciones como la alemana, que considera impune la ayuda al suicidio pero castiga el homicidio a petición, puede resultar válido hacer una distinción entre aquellos casos en los que el “aparato salvador” hace parte del ámbito interno del paciente como sería un marcapasos moderno, y aquellos en los que ese instrumento puede ser considerado como parte de la prestación médica de un tercero como sería un respirador artificial; cfr. Jakobs, Günther, La interrupción...”, ed. cit., p. 417. Sin embargo, la distinción es irrelevante si lo que se discute es, precisamente, la legitimidad del tratamiento diferencial entre la ayuda al suicidio y el homicidio a petición.

(18) Ulfrid Neumann, JuS 1985, ed. cit., p. 681 (1).

(19) Sobre este curioso caso y el tratamiento que se debe dar al mismo desde la perspectiva del error, ver Ulfrid Neumann, Abgrenzung von Teilnahme am Selbstmord und Tötung in mittelbarer Täterschaft – BGHSt 32, 38, in JuS 1985, Heft 9, S. 677 ff.

(20) Neumann dice, con razón, que si se considera al suicidio como una conducta antijurídica, la consecuencia es admitir que existe una obligación de vivir. JuS 1985, S. 678 (1).

(21) María Luisa Silva sostiene que “el Estado, en virtud de la garantía constitucional que se otorga al derecho a la vida, está obligado a protegerla con independencia de la voluntad de vivir o morir que tenga el ser vivo”; María Luisa Silva, La dignidad…, ed. cit., p. 1240.

(22) En España se discute sobre la obligación del Estado de alimentar por la fuerza a las personas que estando privadas de su libertad hacen huelga de hambre, aduciendo que dada su condición de prisioneros el Estado tiene respecto de ellos una especial posición de garante. Sobre esta discusión, cfr. Leticia Jericó, El conflicto…, ed. cit., pp. 537 y ss.

(23) Ver, por ejemplo, Ulfrid Neumann, JuS 1985, ed. cit., p. 678 (1), para quien la protección del individuo frente a autodaños no es función del derecho penal. Para Cancio, la consagración constitucional del libre desarrollo de la personalidad como fundamento de la organización social, no puede ser entendida por fuera de un sistema en el que el ciudadano sea definido como persona autónoma; cfr. Manuel Cancio, ZStW 111 (1999), cuaderno 2, p. 373.

(24) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., pp. 246 y 247.

(25) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., p. 248.

(26) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., p. 246.

(27) Cfr. María Luisa Silva, La dignidad…, ed. cit., p. 1241.

(28) Aplicado este argumento de manera concreta al delito de homicidio a petición, se diría que aun cuando con la creación de ese delito se vulneran los intereses de quien quiere morir, esa vulneración estaría justificada por intereses superiores como los del Estado; Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., p. 247.

(29) Cfr. Beatriz Escudero, Sobre la disponibilidad de la vida, en Estudios Penales en homenaje a Enrique Gimbernat, ed. Edisofer, Madrid, 2008, Tomo II, p. 1965.

(30) Ulfrid Neumann, JuS 1985, S. 678 (1).

(31) Ulfrid Neumann, JuS 1985, ed. cit., p. 678 (1).

(32) Cfr. María Luis Silva, La dignidad…, ed. cit., p. 1241.

(33) “… cuando un médico aplica una inyección letal a petición de un paciente gravemente enfermo de un cáncer incurable y muy doloroso, comete un hecho punible. Pero es impune cuando le entrega una cápsula venenosa que el paciente ingiere por sí mismo para suicidarse”; Claus Roxin, La protección…, ed. cit., p. 1201.

(34) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., p. 247.

(35) Ulfrid Neumann, JuS 1985, S. 679 (1).

(36) Roxin se opone a descriminalizar el homicidio a petición: “no me gustaría visitar un hospital en el que no solamente se cura, sino que también se mata” (Claus Roxin, la protección…, ed. cit., p. 12019; aunque advierte que “finalmente se trata aquí de decisiones basadas en la conciencia y no de resultados racionalmente refutables”; Claus Roxin, La protección…, ed. cit., p. 1201.

(37) Cfr. Beatriz Escudero, Sobre la disponibilidad…, ed. cit., p. 1977.

(38) Cfr. Beatriz Escudero, Sobre la disponibilidad…, ed. cit., p. 1971, cita 42.

(39) Sobre el concepto de conducta colectiva, cfr. Yesid Reyes, Strafbare Beteiligung und objektive Zurechnung, en Festschrift für Günther Jakobs zum 70. Geburstag, Carl Heymanns Verlag, Köln-Berlin-München, 2007, p. 560.

(40) Neumann considera que la noción de dominio del hecho no puede estar referida solamente al contenido de la descripción típica, sino que debe ser analizada considerando la conducta en su entorno social. Ulfrid Neumann, JuS 1985, S. 682 (1).

(41) Cfr. Yesid Reyes, Jakobs-FS, ed. cit., pp. 567 y 568.

(42) Cancio señala, con razón, que la división de los aportes de la actividad riesgosa no modifica la calidad del suceso completo como actividad conjunta en la esfera de autorresponsabilidad de la víctima. Cfr. Manuel Cancio, ZStW 111 (1999), p. 376; Manuel Cancio, Conducta de la víctima e imputación objetiva en derecho penal, Bosch editor, Barcelona, 1998, pp. 285 y 286.

(43) En este sentido, cfr. Manuel Cancio, ZStW 111 (1999), p. 377; ver también, Manuel Cancio, Conducta de la víctima e imputación…, ed. cit., p. 285.

(44) Jakobs, Günther, “La organización de autolesión y heterolesión, especialmente en caso de muerte”, en Estudios de Derecho Penal, ed. Universidad Autónoma de Madrid y Editorial Civitas S.A., Madrid, 1997, traducción de Manuel Cancio Meliá, pp. 410 y 411, para quien en estos casos nadie se arroga la determinación sobre el ámbito de responsabilidad de la víctima, lo que lleva a que falte el injusto material propio de los delitos contra las personas.

(45) Por el contrario, Neumann distingue entre el tratamiento que se debe dar a quienes conjuntamente toman parte en un homicidio y el que debe brindarse a quienes lo hacen en un suicidio; para él, las normas que regulan la autoría y la participación indican cómo se divide la responsabilidad penal entre varias personas que toman parte en el delito, mientras aquí la discusión es cómo repartir esas responsabilidades entre autor y víctima, con lo que deja por fuera de toda consideración el hecho de que la decisión de matarse es de la víctima y, por consiguiente, también ella debería ser incluida en ese análisis de responsabilidad. Ulfrid Neumann, JuS 1985, S. 679 (1).

(46) Como la norma de homicidio solo sanciona a quien de muerte “a otro”, el autor de un suicidio es impune y, en aplicación del principio de accesoriedad, tanto la instigación como la complicidad también lo son, tal como lo admite la doctrina mayoritaria; Ulfrid Neumann, JuS 1985, S. 677 (2).

(47) Cfr. Yesid Reyes, Jakobs-FS, ed. cit., pp. 567 y 568.

(48) Para Cancio el principio de accesoriedad no es aplicable en el caso de la ayuda al suicidio, porque se trata de una hipótesis en la que el ámbito de responsabilidad es propio de la víctima, razón por la cual no deben operar las reglas generales de autoría y participación (Manuel Cancio, ZStW 111, Heft. 2 S. 375; Manuel Cancio, Conducta de la víctima…, ed. cit., p. 285). Como a mi modo de ver los delitos cometidos por una pluralidad de personas son ejemplos de acciones conjuntas, en el ámbito del injusto no debería existir una diferencia entre autoría y participación (sí en materia de punibilidad) y, por consiguiente, el principio de accesoriedad no operaria entre partícipes y autores, sino entre todos quienes toman parte en una actividad delictiva y la conducta conjunta. Sin embargo, frente a la opinión dominante que mantiene la diferencia entre autores y partícipes, es válido el argumento de que siendo el suicidio impune, la participación en el mismo también lo es por virtud del principio de accesoriedad.

(49) Para Jakobs, ambos son casos de autolesión; Jakobs, Günther, “La organización...”, ed. cit., pp. 400 y 401.

(50) Como señala Cancio, los aportes de autor y víctima pueden tener distintas manifestaciones; desde la sola petición de desarrollar una determinada conducta, hasta la inmediata ejecución de la actividad riesgosa; cfr. Manuel Cancio, ZStW 111 (1999), p. 379; Manuel Cancio, Conducta de la víctima e imputación…, ed. cit., p. 290.

(51) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., p. 247.

(52) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., pp. 253 y 254.

(53) Jakobs, Günther, “La organización...”, ed. cit., p. 398; Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., pp. 250 y ss.

(54) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand, ed. cit., pp. 255 y 256.

(55) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., p. 254.

(56) En este sentido puede ser interpretado el § 217 del StGB que sanciona a quien con fines de negocio promocione los suicidios. Aun cuando en principio parecería una prohibición orientada a evitar que se abuse del suicidio con propósitos económicos, la Corte Suprema de Justicia alemana (www.bundesgerichthof.de/DE/Bibliothek/GesMat/WP18/S/Selbsttoetung.html?nn=639344) precisó que esas actuaciones no solo son punibles cuando persiguen intereses comerciales, sino también cuando constituyen una actividad reiterada de promoción; al señalar la Corte, adicionalmente, que con ello se busca proteger la autodeterminación y el derecho fundamental a la vida, parece claro que el propósito de la prohibición es el de evitar una expansión del suicidio en virtud de la promoción masiva de servicios de ayuda para esos efectos; se trata, una vez más, de una intervención estatal de clara estirpe paternalista.

(57) Ulfrid Neumann, Der Tatbestad…, ed. cit., pp. 257 y 258.

(58) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., p. 256.

(59) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., pp. 261 y 262.

(60) Cfr. Beatriz Escudero, Sobre la disponibilidad…, ed. cit., p. 1972.

(61) Sin importar la significación interna que cada uno de los participantes en la conducta global le dé a su aporte; cfr. Manuel Cancio, ZStW 111 (1999), p. 379.

(62) Cancio anota, con razón, que la afectación al bien jurídico solo puede cargarse al ámbito de autorresponsabilidad de la víctima cuando (i) la actividad del autor permanezca en el ámbito de lo conjuntamente organizado; (ii) la actividad de la víctima no hay sido instrumentalizada por el autor; (iii) el autor no tenga un deber especial de protección frente al bien jurídico de la víctima. Cfr. Manuel Cancio, ZStW 111 (1999), p. 375; ver también Manuel Cancio, Conducta de la víctima e imputación objetiva, ed. cit., p. 284.

(63) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…, ed. cit., p. 262.

(64) Ulfrid Neumann, Der Tatbestand…., ed. cit., p. 263.