Barreras para el desarrollo del sindicalismo en Colombia

Revista Nº 202 Jul. - Ago. 2017

No pueden faltar los ejemplos de las organizaciones que tienen varias decenas de organizaciones sindicales activas dentro de la misma empresa.

Luis Alejandro Córdoba Escamilla 

Godoy Córdoba y Asociados 

¿Para qué sirven los sindicatos? Es la pregunta que formulo con frecuencia al iniciar una charla o una clase sobre este tema. La respuesta espontánea de los empresarios y profesionales casi siempre se centra en los aspectos más positivos de esta institución, en la nivelación de las fuerzas entre empresarios y trabajadores, en la capacidad de trabajo colaborativo entre estas dos fuerzas, en la comunicación de doble vía sobre aspectos de mutuo interés e incluso algunos les otorgan a los sindicatos la función de mantener en un alto lugar de la agenda de las empresas sus buenas prácticas de gestión de talento.

No es muy distinto cuando responden los estudiantes que consideran que son fuerzas que permiten nivelar el capital y el trabajo como factores clave para el desarrollo de las naciones y además les otorgan un rol importante dentro de la paz social.

Ahora bien, cuando les pregunto si consideran positivo para una empresa el surgimiento de una organización sindical o indago si eventualmente estarían interesados en pertenecer a una organización sindical, la respuesta es diametralmente opuesta.

De inmediato mencionan que los sindicatos en Colombia no han tenido espíritu de colaboración y tienen el convencimiento de que en algunos casos se han convertido en enemigos de la empresa y del empresariado en general. Citan casos icónicos de empresas que han sucumbido en medio de los conflictos sindicales y les atribuyen un rol preponderantemente político, por oposición a uno de reivindicación de los derechos de los trabajadores.

No pueden faltar los ejemplos de las organizaciones que tienen varias decenas de organizaciones sindicales activas dentro de la misma empresa o los sindicalistas que se afilian a varias de ellas en forma simultánea.

Algunos mencionan organizaciones sindicales que han asumido un rol de protección a trabajadores acostumbrados a cometer faltas disciplinarias bajo el amparo de los fueros que protegen esta institución y el ejercicio de los derechos de asociación y negociación, relatan que en sus empresas o en alguna de las otras en que han trabajado, obstaculizaron procesos disciplinarios, protegieron a quieres defraudaron su empresa y utilizaron su condición de dirigentes para cuestionar y minar los principios de autoridad y mutuo respeto.

Incluso, algunos les atribuyen responsabilidad al evidente abuso que se ha presentado en relación con la estabilidad reforzada por el fuero de salud y los consideran artífices y promotores de estos abusos.

¿Cómo es posible que el mismo grupo de personas exprese opiniones tan opuestas sobre la institución sindical y su ejercicio? El mismo día, antes de escuchar cualquier opinión o concepto que pueda sesgarlos, expresan puntos de vista que parecen contradictorios.

Vamos a tratar de encontrar una explicación a lo largo de estas líneas y en ese propósito quizás encontremos también algunas reflexiones que permitan contribuir a romper los paradigmas que hoy alejan al empresariado de los trabajadores que ejercen el derecho de asociación sindical.

En primer lugar, trataremos de entender cuál es la concepción básica, los fundamentos que han soportado el accionar del legislador para construir el marco legal de los derechos de asociación y negociación en Colombia.

Nuestro Código Sustantivo del Trabajo concibió el derecho de asociación sobre la base de impulsar la concentración de la fuerza de los trabajadores en una o dos organizaciones sindicales en cada empresa, cuando en la misma convivían un sindicato de base y otro de industria.

Si bien, contempló la posibilidad de que excepcionalmente pudiera presentarse la convivencia de dos sindicatos de base, por ejemplo, como consecuencia de procesos de fusión, compra o escisión de empresas, no creó el marco para un esquema de multiplicidad de sindicatos de la misma clase en una empresa. Simplemente reguló la forma en que podría darse la representación de todos los trabajadores sindicalizados en ese escenario.

¿Podría considerarse que esa limitación impuesta por el legislador tenía como propósito evitar el crecimiento y desarrollo de la actividad sindical en Colombia? Evidentemente debemos responder que no. La intención era la opuesta, pues partía de la base que la atomización de organizaciones sindicales en una misma empresa, en lugar de fortalecer la actividad sindical, la debilitaría.

No se trata de ingenuidad, sencillamente es un desarrollo de la máxima que reza: “divide y vencerás”. Nuestro legislador, imaginó una organización sindical fuerte en cada empresa y unas organizaciones sindicales de industria, igualmente fuertes que penetraran en algunas de estas empresas. Nunca una ilimitada cantidad de organizaciones representando a los mismos trabajadores o a un grupo minúsculo de ellos, por el contrario, entendió que esto conllevaría su debilitamiento y por eso estableció la limitación.

Ahora bien, la correlación de esta prohibición a la multiplicidad de organizaciones sindicales, desde la órbita individual, no puede ser otra que extender la prohibición a los trabajadores para que se afilien simultáneamente a más de una organización sindical. Guardando coherencia entre las dos disposiciones. Por último y para cerrar el modelo concebido, determinó que en cada empresa no podría existir sino una convención colectiva de trabajo.

Este esquema fue la piedra angular de la llamada “unidad convencional” alrededor de la que se estructuró el régimen laboral del derecho de asociación sindical.

¿Era esto una barrera para el crecimiento del sindicalismo en Colombia? No, simplemente el camino del crecimiento de las organizaciones sindicales era a través de la incorporación de afiliados en la misma empresa.

De hecho, el legislador incorporó dos estímulos y dos reconocimientos muy relevantes al crecimiento de las organizaciones sindicales dentro de su propia empresa. El primero, les concedió el poder hegemónico de negociar los beneficios extralegales de todos los trabajadores de la empresa, cuando su participación en la misma alcanzara la tercera parte de los mismos, y, el segundo, la posibilidad de votar la huelga sin el concurso de los trabajadores no sindicalizados en el evento de que lograran la representación de la mayoría de los trabajadores.

De esta forma, el movimiento sindical podría crecer robusteciéndose dentro de cada empresa y acrecentando su poder en la misma.

No obstante, el modelo legislativo tuvo una omisión que durante muchos años se constituyó en una barrera para el crecimiento de las organizaciones sindicales y en un arma de los empresarios que veían en el ejercicio de ese derecho una amenaza para el crecimiento de sus negocios y un mecanismo de presión muy fuerte para que incrementaran la inversión en sus trabajadores.

Esa omisión no era otra que el haber concebido un excesivo formalismo que obligaba a los sindicatos a adelantar trámites administrativos después de la decisión de los trabajadores de asociarse, con el propósito de obtener un registro, gozar de la protección que les brindaba la ley e iniciar sus actividades como organización sindical.

Este esquema burocrático brindaba a los empresarios la ventana de tiempo para impedir que se consolidaran nuevas organizaciones sindicales, para despedir a sus fundadores y directivos antes de que se materializaran los mecanismos de protección y estabilidad laboral reforzada que se concibieron en el mismo Código Sustantivo del Trabajo para proteger a los trabajadores que optaran por la sindicalización.

Durante años se creó una cultura macabra en la que compañeros de trabajo, funcionarios estatales encargados de dar trámite a esas solicitudes, los mismos trabajadores que promovían el surgimiento de la organización sindical o cualquiera que pudiera tener acceso a la misma, ofrecían esta información a las empresas a cambio de una suma de dinero o de otras dádivas e incluso para simplemente hacer méritos y ganar simpatías. Con la información disponible y sin las protecciones legales aún activadas, las empresas se encargaron de truncar desde el momento mismo de su génesis a innumerables organizaciones sindicales, generando una cultura de miedo por atreverse a intentar la sindicalización.

Una vez que esto sucedía un par de veces en la empresa, el recuerdo de la suerte de los trabajadores injustamente despedidos por ejercer un derecho legal, atormentaba a futuros sindicalistas y evitaba que los trabajadores apoyaran nuevas iniciativas de asociación.

Atendiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, en 1990 se establece la llamada “personería jurídica automática de los sindicatos”, que le permitió a los sindicalistas gozar de protección y estabilidad laboral reforzada desde la génesis, sin necesidad de adelantar los burocráticos trámites administrativos que se convirtieron simplemente en un requisito para la operación y funcionamiento, pero no para el surgimiento, protección y consolidación de las nuevas organizaciones sindicales.

Durante décadas, nuestra Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral fueron garantes de un armonioso desarrollo jurisprudencial que evitó que como consecuencia de interpretaciones amañadas o basadas exclusivamente en intereses de parte, pudiese afectarse a estos dos derechos de los colombianos. La figura de la personería jurídica automática facilitó esa labor.

Todo este modelo consagrado en el título I de la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo se vio repotenciado y revalorado con el surgimiento de la Constitución Política de 1991 que elevó a categoría constitucional el derecho de asociación y el de negociación, dotándolas de nuevos principios proteccionistas y principalmente de mecanismos constitucionales de protección inmediata como la acción de tutela, que desde entonces ha sido protagonista de la defensa de los derechos sindicales y, en general, de la defensa de los derechos de los trabajadores.

La Constitución de 1991 también elevó a rango constitucional la personería jurídica automática para los sindicatos, con lo que estaba consolidado el marco jurídico propicio para el crecimiento del sindicalismo.

Sin embargo, a pesar de la eliminación de esta barrera que cercenaba el derecho de asociación antes de que se materializara el surgimiento de la organización sindical, el repunte del sindicalismo fue muy tenue. Desde ese entonces hasta hoy, el porcentaje de trabajadores activos sindicalizado en Colombia no ha sufrido grandes modificaciones.

Si bien, es evidente que no contamos con sistemas de información y estadística estructurados y que es mucho lo que tenemos que avanzar para contar con información adecuada sobre el desarrollo del sindicalismo en Colombia, hay coincidencia en las fuentes de información de las organizaciones sindicales y las empresariales que señalan que tan solo entre el 4,5 y el 5% de los trabajadores colombianos se encuentra sindicalizado y que un porcentaje importante de esa población sindicalizada se encuentra entre los servidores del Estado. Las estadísticas más optimistas, apenas mencionan porcentajes que por poco superan el 5%.

De igual modo, el surgimiento de la Corte Constitucional como un desarrollo de la nueva Carta Magna, permitió que se interpretaran de nuevo las disposiciones de nuestro código y concretamente de las consagradas en el ya citado título I de la segunda parte de ese ordenamiento, pero ahora contrastándolas con las disposiciones laborales de la nueva Constitución, más rica y completa que su antecesora en cuanto a procurar la defensa de los derechos de asociación, negociación y huelga.

Ha sido tanta y tan nutrida la jurisprudencia sobre la materia de nuestra nueva Corte, que hoy hablamos del fenómeno de la constitucionalización del derecho del trabajo y de la constitucionalización del derecho colectivo en particular.

La Corte Constitucional ha tenido un papel protagónico en las relaciones laborales y el derecho colectivo del trabajo. Los frentes han sido principalmente tres:

a) Ha derogado normas o apartes de las mismas que en su opinión ponían límites a un derecho que no tiene limitaciones en la Constitución de 1991.

b) Ha regulado estos derechos mediante sentencias de unificación que han dado los nuevos lineamientos para interpretarlos.

c) Ha revisado decisiones relacionadas con acciones de tutela para reorientar el papel de los jueces en la protección inmediata de estos derechos de los trabajadores, llevando el alcance de los mismos a límites insospechados por nuestra jurisprudencia y doctrina anteriores a la nueva Carta.

Los principales desarrollos de nuestra Corte han estado enfocados en los siguientes aspectos: en primer lugar, en eliminar las restricciones para el surgimiento de varias organizaciones sindicales en una misma empresa. Así lo hizo al suprimir como causal de inscripción en el registro sindical la contenida en el literal c) del artículo 366 del CST. Los argumentos de la sentencia C-567 de 2000 consideran que esta limitación de la ley no se ajusta a la libertad consagrada en la norma constitucional. Esto ha dado lugar a la figura conocida como el “paralelismo sindical”; en segundo lugar, nuestra Corte hizo una defensa del derecho a la “multiafiliación sindical” pues en la Sentencia C-797 de 2000 abrió la posibilidad de que un trabajador pueda afiliarse a más de un sindicato de la misma clase o actividad, contrario a lo que señala la norma original del artículo 360 del Código Sustantivo del Trabajo; y en tercer lugar ha defendido a ultranza la autonomía sindical en cuanto a la capacidad de autorregulación de las organizaciones sindicales a través de sus estatutos y de la limitación a la intervención del poder ejecutivo en el funcionamiento de los sindicatos a través del Ministerio del Trabajo. Así lo ha hecho en las sentencias C-465, C-695 de 2008 y C-797 de 2000.

Los desarrollos jurisprudenciales también se han extendido a la participación de los sindicatos minoritarios en las negociaciones colectivas, Sentencia C-063 de 2008 y C-201 de 2002; al derecho a la huelga como derecho autónomo, desarrollando nuevos eventos en los que la huelga se hace procedente y fortaleciendo la figura de la huelga por incumplimiento del empleador.

Por último, derivado de su propia convicción y de los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno Nacional al momento de suscribir algunos tratados, especialmente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, o los que se derivan de los requisitos para vincularse como miembro de pleno de la OCDE, han generado un entorno de presión internacional para proteger y estimular el derecho de asociación y el surgimiento de nuevos sindicatos en Colombia.

¿Cómo es posible entonces que en una coyuntura en la que los factores legislativos, jurisprudenciales y políticos han generado el momento más propicio y seguro de nuestra historia para el desarrollo del sindicalismo, este no crezca?

La respuesta tendremos que encontrarla en los criterios que han llevado a nuestra Corte Constitucional a destrozar el modelo legal preexistente, basado en la unidad convencional y en la forma en que las organizaciones sindicales han utilizado esta coyuntura para apuntalar su crecimiento y protagonismo en la vida laboral y económica colombiana.

Con respecto al primer punto en que soportaremos la explicación, nos vemos en la obligación de formular una crítica a la Corte Constitucional que ha generado su jurisprudencia de forma autónoma en cada caso y en cada sentencia, sin tomar en cuenta que sus decisiones tienen impacto en todo un sistema de interacción entre los trabajadores, los trabajadores sindicalizados, los sindicatos y las empresas.

Las jurisprudencias dispersas, enfocadas únicamente en el caso concreto que se resuelve, sin medir el impacto que deben tener en todo un sistema jurídico estructurado y armónico como el que construyó el legislador desde 1950 hasta 1990 han generado unos efectos prácticos que posiblemente no alcanzaron a imaginar nuestros jueces de la más alta jerarquía.

Nuestra Corte partió de la base que las limitaciones de nuestro ordenamiento jurídico tendientes a evitar el paralelismo sindical y la multiafiliación sindical eran barreras para el libre desarrollo de estos derechos por parte de los trabajadores, cuando en verdad habían sido concebidas como mecanismos de protección a la relación empresa-sindicato y al sindicalismo mismo.

Mantener un modelo en donde no es la cantidad de sindicatos, sino la representatividad y legitimidad de los mismos para representar a los trabajadores el eje, no tiene como propósito la creación de barreras a la actividad sindical sino, por el contrario, evitar su dispersión. Pretender que la multiplicidad de sindicatos sea un mecanismo de protección al ejercicio de estos derechos, conlleva un desconocimiento de la realidad del funcionamiento sindical.

Los sindicatos se rigen por el principio democrático y en esas democracias, como en todas, hay fuerzas opuestas, hay posiciones encontradas sobre los caminos y las políticas más adecuadas para proteger sus intereses. Nuestros sindicatos no se escapan de esa realidad y en las organizaciones no siempre hay consenso. El desafío para nuestros sindicatos durante mucho tiempo fue propiciar las estrategias necesarias para mantener la representación de las ideas de la mayoría de los trabajadores dentro de cada empresa. Es utópico pretender que en la construcción de acuerdos colectivos se puedan satisfacer los intereses de todos y cada uno de los trabajadores de una empresa. Este objetivo haría inviable cualquier modelo económico empresarial.

Durante décadas, los sindicatos encontraron la fórmula para incorporar en sus acuerdos colectivos los intereses más representativos para la colectividad de trabajadores y tuvieron que comprender que muchas veces en la mesa tenían que entregar intereses relevantes para grupos pequeños de ellos, pues de lo contrario habría sido imposible lograr acuerdos que conciliaran la “coordinación económica y el equilibrio social” como sabiamente lo señala el artículo 1º de nuestro Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora bien, al tener la posibilidad de conformar varios sindicatos dentro de la misma empresa, siempre existirá la tentación de que cualquier grupo de trabajadores, por minoritario que sea, quiera crear un nuevo sindicato para defender sus propios intereses, atomizando de este modo las organizaciones sindicales dentro de la empresa y restándoles fuerza.

De un sindicalismo unido, luchando por los intereses mayoritarios de la comunidad de trabajadores, pasamos a la multiplicidad de sindicatos, luchando cada uno por sus propios intereses y no por los de todos. La Corte puso en bandeja la solución facilista para los inconformes y trazó la senda para la división de intereses y contrario a su propósito, para el debilitamiento de un sindicalismo que quiso proteger.

Los efectos han sido aún más adversos al fortalecimiento de la actividad sindical cuando analizamos los efectos prácticos de la proliferación de esta figura. La posibilidad de que un mismo grupo de trabajadores conforme varios sindicatos, con los mismos afiliados, la misma sede, idénticos estatutos y cobertura, no puede ser considerada como algo diferente a un abuso del derecho de asociación sindical. La jurisprudencia ultraproteccionista de la Corte abrió las puertas a esta posibilidad y permitió que grupos de trabajadores desviaran su propósito para conformar multitud de organizaciones sindicales sin un propósito distinto al de ampliar el número de trabajadores aforados por su condición de dirigentes, el número de permisos para supuestas actividades sindicales, el número de negociaciones colectivas en las que los pliegos de peticiones son prácticamente idénticos y la posibilidad de acudir a diferentes tribunales de arbitramento con la esperanza de que en esa estrategia cada sindicato pueda alcanzar algunos beneficios distintos que a través del principio de igualdad terminen haciéndose extensivos a otros trabajadores y consiguiendo de este modo la posibilidad de que los diferentes escenarios arbitrales les den una posición de ventaja para alcanzar más beneficios sindicales.

Esta estrategia ha generado un deterioro en las relaciones obrero-patronales, un encarecimiento de los costos laborales y lo más grave para el sindicalismo, un deterioro de su imagen frente a otros trabajadores, frente al empresariado y frente a la sociedad en general. Ha propiciado también que se desvíen los fines legítimos del sindicalismo a otros propósitos y que se acreciente el paradigma de que los sindicatos se crean para afectar a las empresas en un escenario de protección legal. Ese desprestigio del sindicalismo ha sido la principal barrera para su crecimiento.

Si bien la población sindicalizada no crece suficientemente en Colombia, sí lo han hecho los sindicatos. En los últimos años las organizaciones sindicales han tenido un crecimiento exponencial, no así el número de afiliados que muchas veces se repite, pero sin lograr incrementar el número de afiliados dentro de la misma empresa. Su propuesta no tiene acogida entre la generalidad de los trabajadores.

Las prácticas abusivas de algunas organizaciones sindicales han afianzado las creencias de que no siempre sus luchas buscan propósitos justos y han puesto en duda los intereses altruistas de sus promotores. Es ahí donde aparece una barrera sindical que no permite el crecimiento del sindicalismo y cierra el círculo vicioso en que se consumen todos los esfuerzos por estimular su crecimiento.

Al no lograr la acogida de su propuesta, los sindicatos se hacen más propensos a permitir la afiliación del que solo busca utilizar la organización sindical para obtener una estabilidad laboral reforzada que garantice su permanencia a pesar de su mal desempeño o su desatención a los preceptos de orden y disciplina de su empresa. También, para recibir al que anhela con ausentarse de su trabajo a través de permisos sindicales que pocas veces se dedican al ejercicio de las actividades para las que fueron concebidas, e incluso en unos pocos casos, para ejercer retaliaciones contra los jefes o los directivos, o contra la empresa en sí misma como institución.

Cada vez que un sindicalista le da este enfoque a su actividad sindical, ahonda la brecha que separa al sindicalismo de la simpatía de los demás trabajadores en Colombia. De este modo, afecta las posibilidades reales de crecimiento de la institución sindical.

Hoy más que nunca se hace necesario enfocar la actividad sindical en lo que son sus más nobles finalidades: tanto económicas como profesionales. Es decir, a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores en la empresa, la relación de mutua colaboración con el empleador en procura de mejores condiciones de bienestar y salud en el trabajo y la nivelación de las fuerzas en las relaciones de las dos partes, entre otras, alejándolas de propósitos meramente políticos que les lleven a una radicalización en su actuar, empujadas por fuerzas ajenas a los intereses de los trabajadores.

Los desarrollos jurisprudenciales que facultan la huelga por solidaridad y las huelgas por intereses culturales o educativos (CSJ 46177 de septiembre 12 de 2012. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón) así como la huelga por razones profesionales, económicas, políticas, sociales o sectoriales desarrollada por la Sentencia C-858 de 2008, no parecen contribuir a ese propósito. Tan es así que la Corte Constitucional menciona en esta providencia lo siguiente: “Ateniendo estas pautas, para esta corporación resulta incuestionable que una real garantía del ejercicio del derecho de huelga debe ampliarse para aceptar que sus finalidades no sean puramente económicas y profesionales y que la expresión de esas posiciones no lleve consigo la legalidad de la huelga. Se admiten las protestas que persigan fines sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión”(1).

Todo este andamiaje de protección a ultranza de los derechos de asociación, negociación y huelga han facilitado, por no decir que impulsado, el ejercicio arbitrario e inadecuado de la actividad sindical y han ahondado el paradigma cultural que presenta a los sindicalistas tan alejados de los fines legítimos de esos derechos.

Todo este andamiaje de protección a ultranza de los derechos de asociación, negociación y huelga han facilitado, por no decir que impulsado, el ejercicio arbitrario e inadecuado de la actividad sindical y han ahondado el paradigma cultural que presenta a los sindicalistas tan alejados de los fines legítimos de esos derechos.

En resumen, en nuestra opinión estos son los factores que alimentan el paradigma de los sindicatos como enemigos de la empresa y, por ende, su dificultad para tener una mayor aceptación dentro de la población trabajadora:

• La multiafiliación sindical.

• El paralelismo sindical.

• La multiplicidad de negociaciones en cada empresa.

• Abuso de la titularidad del conflicto colectivo, por ejemplo, el retiro del pliego de peticiones durante las deliberaciones del tribunal de arbitramento y la presentación inmediata de un nuevo pliego idéntico al anterior.

• Los excesivos permisos y beneficios sindicales.

• El surgimiento de una burguesía sindical, como resultado del accionar y conquistas de algunos sindicatos en sectores altamente rentables, como el petrolero y minero, soportados en convenciones colectivas con excesivas concesiones.

• El foco político a la actividad sindical de algunas organizaciones sindicales y sindicalistas.

• La estrategia de guerra jurídica iniciada por algunas organizaciones sindicales, con reclamaciones muchas veces injustificadas, pero que igual desgastan al sistema judicial y a las empresas en su defensa.

• Las posiciones parcializadas que en ocasiones asume el Ministerio del Trabajo frente a las querellas, investigaciones y reclamaciones que inician los sindicatos.

• La proliferación de vías de hecho, que llevan a pensar que hay mecanismos más idóneos y eficaces que la negociación colectiva para alcanzar los beneficios y ventajas que se pretenden.

Es necesario reenfocar la actividad sindical y evitar que la falta de apoyo de la mayoría de los trabajadores pueda seguir alimentando estos paradigmas. Mientras esa sea la imagen o la realidad que se proyecte, el sindicalismo seguirá cosechando rechazos.

Para romper ese paradigma no se requieren grandes cambios a la normativa vigente. No tenemos un problema de leyes, no es a través de un modelo de negociación por sectores de industria, que infle el número de trabajadores sindicalizados, pero no el de verdaderos sindicalistas que solucionaremos el problema.

Tampoco es a través de la limitación a la existencia de pactos colectivos, que no son nada diferentes de otra expresión del derecho de negociación que protegen nuestras leyes y nuestra Constitución. Es más, son un desarrollo del derecho de asociación en sentido negativo, permitiendo la decisión libre de los trabajadores de asociarse o abstenerse de hacerlo, sin que por ello podamos afirmar que se restringen los derechos de los sindicatos.

Es sorprendente que la última estadística de registro de pactos colectivos ante el Ministerio del Trabajo menciona que tan solo existen 214 de ellos, una cifra superada en varias veces por las casi 1.300 convenciones colectivas depositadas hasta el 2014, estadística que debe verse notoriamente incrementada por el surgimiento de nuevos sindicatos en los últimos tres años. Más sorprendente resulta analizar que prácticamente en más de una tercera parte de estas 214 empresas que han negociado un pacto colectivo, coexisten una o varias convenciones colectivas de trabajo. Es imposible concluir, apoyados en estas estadísticas que los pactos colectivos son una limitante para la actividad sindical. Sin duda, estamos “buscando la calentura en las sábanas”, como reza el adagio popular.

Los empresarios, los trabajadores, los sindicatos y el Gobierno Nacional estamos en mora de abordar esta problemática como lo que es: un problema cultural que solo puede resolverse a través de un cambio cultural, de un marco legal y normativo que reoriente a los sindicatos hacia sus verdaderas finalidades y les permita construir un prestigio que pueda consolidarse y crecer, como verdaderas fuerzas de colaboración para el desarrollo empresarial y el bienestar de los trabajadores.

Mientras no tomemos conciencia de esa realidad, seguiremos pensando que el problema es encontrar los mecanismos legislativos para que este sea el único camino de los trabajadores colombianos para conseguir beneficios extralegales.

Si ese es el camino que elegimos, el verdadero sindicalismo estará en peligro de desaparecer para ser reemplazados por unos sindicalistas de papel que tan solo servirán para mejorar las cifras en los informes de logros y gestión de gobierno.

1. Corte Constitucional, Sentencia C-858 del 3 de septiembre del 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.