Beneficios tributarios para los procesos de la UGPP, ¿ficción o realidad?

Revista Nº 201 Mayo Jun. 2017

Los procesos de fiscalización y cobro de la UGPP han generado muchos retos para los contribuyentes, pero hay que reconocer que su misión era necesaria y hasta conveniente.

Juliana Espinosa y Paola Gutiérrez

EY Colombia People Advisory Services

Una mirada en retrospectiva 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y creada por medio del artículo 156 de la Ley 1151 del año 2007, abrió paso para que una única entidad estuviera facultada para el seguimiento y la determinación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de manera adecuada, completa y oportuna. Hoy por hoy, no cabe duda de que sus procesos de fiscalización y cobro han generado muchos retos para los contribuyentes, pero hay que reconocer que su misión era necesaria y hasta conveniente, cuando tenemos tantos colombianos en situación de precariedad y sin un mínimo de garantías básicas por la falta de afiliaciones, pago de aportes o cuando estos fueron efectuados de manera incorrecta.

A partir de la reforma tributaria del 2012(1), se realizaron ajustes en los tiempos del procedimiento ante la vía administrativa, así como de la competencia de la unidad en las acciones de determinación y cobro en lo referente a las conductas de mora, inexactitud y omisión, y los procesos sancionatorios por omisión, inexactitud y suministro de la información con el requerimiento inicial del proceso de fiscalización. Hay que advertir, que el proceso de fiscalización de la UGPP ha venido madurando poco a poco, no solo por la metodología y sistemas utilizados hoy en día para la determinación de los aportes parafiscales y de seguridad social sino también porque en el seno del Congreso Nacional se ha avanzado en la claridad de los procedimientos.

Adicionalmente, con la Ley 1607 de 2012 se originó un cambió de gran relevancia, en la medida en que se estableció la facultad de iniciar las acciones sancionatorias y de determinación por la UGPP, dentro de los cinco años siguientes, al momento en que el aportante debía declarar y no lo hizo, declaró por valores inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable. De esta manera, para aquellos casos en que la declaración fue presentada de manera extemporánea o cuando se corrigió la declaración inicial, el término de caducidad sería contado desde el momento de la presentación de la declaración extemporánea o rectificada.

Esta situación llevó a que el término para la iniciación de los procesos de fiscalización se viera extendido, permitiendo así que la unidad contara con más tiempo para realizar procesos de fiscalización con el fin de lograr un mayor recaudo frente a los aportes dejados de hacer y a los aportes liquidados por valores inferiores a los legalmente establecidos.

Así las cosas, aunque la UGPP había iniciado los procesos de fiscalización antes de diciembre de 2012 por periodos desde enero de 2008, a partir del año 2013 y durante el 2014 se comenzó a evidenciar un aumento en los requerimientos de información y en la apertura formal de procesos de fiscalización.

Con los procesos de fiscalización y cobro, así como las acciones persuasivas adelantadas por parte de la UGPP, se percibió la necesidad de realizar cambios en el procedimiento y la imposición de sanciones en la vía administrativa. Por este motivo, con la reforma tributaria de 2014(2), se incluyeron cambios que llevaron a la ampliación de los términos del proceso (equiparándolos al proceso tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN) y a la eliminación de sanciones para los aportantes, que corrigieran, de manera voluntaria los aportes que estimara adeudados, con antelación a la notificación del requerimiento de información por parte de la unidad.

En adición a lo anterior, es de resaltarse que con la Ley 1739 de 2014, se evidenció un primer acercamiento a los beneficios tributarios aplicables en los procesos de la UGPP ante la vía administrativa o judicial sobre procesos de determinación y sancionatorios. No obstante, estos beneficios se encontraban principalmente encaminados a la facultad reconocida a la DIAN frente a los procesos tributarios, aduaneros y cambiarios.

Sin embargo, en los beneficios de terminación por mutuo acuerdo y la conciliación de los artícu­los 55 y 56 de la Ley 1739 de 2014, se incluyeron parágrafos en los cuales se expuso de manera precisa la aplicación de los mismos a los procesos de la UGPP, sin que aplicara exoneración alguna de intereses de mora de los aportes al subsistema de pensión.

El término para el cumplimiento total de los beneficios se estableció al 30 de junio de 2015, sin embargo, opinamos que fallaron la UGPP y el Gobierno en la medida en que la reglamentación para la aplicación de los beneficios en los procesos de la UGPP se presentó hasta el 18 de junio de 2015, momento en el cual, el Presidente de la República en ejercicio de la facultad reglamentaria profirió el Decreto 1302 de 2015, por medio del cual se adicionó el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, y fue allí donde desarrolló la reglamentación de los artícu­los 55 y 56 para la aplicación en el curso de los procesos ante UGPP.

Así las cosas, se determinó la competencia del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP para acordar la fórmula conciliatoria y de terminación por mutuo acuerdo, así como los requisitos para la procedencia de cualquiera de las alternativas de terminación anticipada de los procesos.

Lo anterior conllevó a que se presentaran dificultades por parte de los aportantes para lograr la terminación anticipada de los procesos por conciliación o mutuo acuerdo, lo que supuso un trabajo arduo de la mano de los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) para tener preparados los pagos en la forma como lo ordenaba la ley. Y es que el panorama no era el mejor al tener que enfrentar la tardanza en la promulgación del citado decreto y el retardo en la publicación de las planillas especiales, denominadas tipo “X”, contra la fecha límite para el cumplimiento de los requisitos determinados por la Ley 1739 de 2014. La realidad fue que no se tuvo el tiempo suficiente para lograr reunir la totalidad de los requisitos antes del 30 de junio de 2015, aunque esperamos que haya quedado la experiencia para corregirlo.

Así las cosas, y dadas las circunstancias de tiempo, muchos de los aportantes con intención de acogerse a los beneficios no lograron reunir los requisitos para conseguirlo, sin embargo continuaron el curso de sus procesos para conocer en las instancias siguientes el monto de reducción de acuerdo con la argumentación planteada en el curso del proceso, teniendo en cuenta las grandes diferencias de interpretación que se presentaban por parte de la unidad en el proceso de fiscalización y de los apoderados o representantes que acudían en defensa de los aportantes.

Por este motivo, tras diversas intervenciones y espacios de dialogo y reconciliación, la UGPP el 29 de octubre de 2015 profirió el Acuerdo 1035 de 2015, por medio del cual se definieron las políticas de mejoramiento continuo en el proceso de determinación, liquidación y pago de aportes al Sistema de la Protección Social.

Si bien no se trata de ley para las partes, a pesar de ser un acuerdo, los administrados tuvieron la oportunidad de tener una idea más clara sobre los parámetros y lineamientos de la unidad en cuanto a los documentos solicitados, los términos aplicables y los procedimientos adicionales que se pudieran adelantar, por ejemplo la inspección tributaria, el cálculo y los pagos a ser considerados como no salariales para la determinación del exceso del 40% dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, acertados en unos casos y controversiales en otros.

Lo cierto es que frente a los pagos hechos para acogerse a la terminación de mutuo acuerdo de manera voluntaria, cabe preguntarse sobre los aportes que fueron pagados conforme a Ingresos Base de Cotización (IBC) fijados por la UGPP con antelación al Acuerdo 1035, según parámetros e interpretaciones erróneas, lejanas a la normatividad vigente y aplicable que desatendían la naturaleza real de los pagos.

Los ejemplos más claros para esta situación fueron, la inclusión de las prestaciones sociales en el cálcu­lo del exceso del 40% del total de la remuneración dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, situación que hoy basada en un concepto del Ministerio del Trabajo fue suspendida y se encuentra para análisis en Sala de lo Contencioso Administrativo, y, por otro lado, la determinación del IBC en el caso de los salarios integrales que calculados sobre la base del 70% daban como resultado un valor inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV), por lo que eran ajustados en su IBC a 10 SMLMV como mínimo para la realización de los aportes.

Particularmente sobre los procesos de terminación por mutuo acuerdo o por conciliación, conforme a los beneficios de la reforma tributaria del año 2014, se resalta lo anterior, teniendo en cuenta que los actos que aprobaron la terminación anticipada de los procesos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu­los 828 y 829 del Estatuto Tributario, prestaban mérito ejecutivo, impidiendo la posibilidad de recobro o reclamación de los aportes pagados de más, conforme a las erradas interpretaciones de la unidad que más delante se corrigieron acorde a los lineamientos de funcionamiento dispuestos en el acuerdo.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo 1035, la unidad ajustó en sus procesos de fiscalización algunos de los puntos fuertemente controvertidos, ajustando valores determinados en los requerimientos para declarar y/o corregir, las liquidaciones oficiales y las resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración.

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Panorama conforme a la Ley 1819 de 2016

Con la reforma tributaria proferida mediante la Ley 1819 de 2016, se incluyeron modificaciones y adiciones normativas relacionadas con los procesos de fiscalización que realiza la UGPP, los procesos judiciales y los aportes al Sistema de la Protección Social, tales como la congelación de intereses moratorios, la devolución de aportes y sanciones, la notificación electrónica, la competencia de las actuaciones de la entidad, la intervención de procesos especiales y la modificación del régimen sancionatorio.

Así mismo, se contemplaron nuevamente beneficios tributarios correspondientes a la terminación de procesos por conciliación y mutuo acuerdo, reducción de sanciones por no envío de información y la reducción de intereses moratorios para los años no fiscalizados por la unidad, que decidieran corregirse de manera voluntaria por los aportantes, sobre los cuales el impacto económico para las compañías varía según las condiciones especiales al momento de acogerse a los beneficios.

Para conocer cuáles son los beneficios de la nueva norma, es importante identificar si ya existe un proceso o no, qué tipo de proceso existe y en qué etapa de este se encuentra, pues dependiendo de la respuesta a estos interrogantes se sabrá qué beneficio resultará aplicable (Ver gráfica 1.).

Conforme a la gráfica 1., a continuación se exponen los beneficios tributarios, indicando los requisitos para su aplicación, así como el impacto económico que pueda representar para las compañías:

Beneficio tributarioRequisitos para su aplicaciónEjemplo
Terminación de procesos por mutuo acuerdo en procesos de determinación(3)
Art. 316
1. Haber sido notificado antes del 29 de diciembre del 2016 del requerimiento para declarar y/o corregir liquidación oficial o resolución que resuelve recurso de reconsideración.
2. Presentar ante el Comité de Conciliación la solicitud de terminación.
3. Pago de: (i) 100% del capital determinado en el último acto notificado a la Compañía. (ii) 100% de los intereses de mora liquidados para el subsistema de pensión. (iii) 20% de los intereses de mora liquidados para los demás subsistemas. (iv) 20% de las sanciones actualizadas por omisión o por inexactitud.
4. Cumplimiento antes del 30 de octubre de 2017.
Capital Requerido $ 100.000.000.
Intereses de mora en pensión $ 43.000.000 y por los demás subsistemas de $ 57.000.000.
Sanción de inexactitud de $ 50.000.000.
El monto total a pagar sin el beneficio tributario sería de $ 250.000.000, no obstante, con el beneficio, el aportante pagaría $ 164.400.000(4), por lo que su ahorro al acogerse al beneficio sería de $ 85.600.000.
Terminación de procesos por mutuo acuerdo en procesos de sancionatorios por no envío de información(5)
Art. 316.
1. Haber sido notificado antes del 29 de diciembre del 2016 del pliego de cargos, resolución sanción o resolución que resuelve recurso de reconsideración.
2. Presentar ante el comité de conciliación la solicitud de terminación.
3. Pago del 10% de la sanción actualizada.
4. Cumplimiento antes del 30 de octubre de 2017.
Sanción por suministro extemporáneo de información de $ 10.000.000.
El monto total a pagar sin el beneficio tributario sería de $ 10.000.000, no obstante, con el beneficio, el aportante pagaría $ 1.000.000, por lo que su ahorro al acogerse al beneficio sería de $ 9.000.000.
Conciliación de procesos judiciales en primera o única instancia(6)
Art. 317
1. Haber presentado demanda contra las actuaciones de determinación y sancionatorias de la UGPP antes del 29 de diciembre de 2016.
2. Presentar ante el Comité de Conciliación la solicitud de conciliación después de haber sido admitida la demanda.
3. Pago de: (i) 100% del capital determinado en el último acto notificado a la compañía. (ii) 100% de los intereses de mora liquidados para el subsistema de pensión. (iii) 70% de los intereses de mora liquidados para los demás subsistemas. (iv) 70% de las sanciones actualizadas por omisión o por inexactitud.
4. Cumplimiento antes del 30 de octubre de 2017.
Capital requerido $ 100.000.000.
Intereses de mora en Pensión $ 43.000.000 y por los demás subsistemas de $ 57.000.000.
Sanción de inexactitud de $ 50.000.000.
El monto total a pagar, sin el beneficio, tributario sería de $ 250.000.000, no obstante, con el beneficio, el aportante pagaría $ 217.900.000(7), por lo que su ahorro al acogerse al beneficio sería de $ 32.100.000.
Conciliación de procesos judiciales en segunda instancia
Art. 317
1. Haber presentado demanda contra las actuaciones de determinación y sancionatorias de la UGPP antes del 29 de diciembre de 2016.
2. Presentar ante el Comité de Conciliación la solicitud de conciliación después de haber sido admitida la demanda.
Capital requerido $ 100.000.000.
Intereses de mora en pensión $ 43.000.000 y por los demás subsistemas de $ 57.000.000.
Sanción de inexactitud de $ 50.000.000.
Conciliación de procesos judiciales en segunda instancia
Art. 317
3. Pago de: (i) 100% del capital determinado en el último acto notificado a la compañía. (ii) 100% de los intereses de mora liquidados para el subsistema de pensión. (iii) 80% de los intereses de mora liquidados para los demás subsistemas. (iv) 80% de las sanciones actualizadas por omisión o por inexactitud.
4. Cumplimiento antes del 30 de octubre de 2017.
El monto total a pagar sin el beneficio tributario sería de $ 250.000.000, no obstante, con el beneficio, el aportante pagaría $ 228.600.000(8), por lo que su ahorro al acogerse al beneficio sería de $ 21.400.000.
Conciliación de procesos por sanción sin aportes por discutir
Art. 317
1. Haber presentado demanda contra las actuaciones de determinación y sancionatorias de la UGPP antes del 29 de diciembre de 2016.
2. Presentar ante el Comité de Conciliación la solicitud de conciliación después de haber sido admitida la demanda.
3. Pago del 50% de la sanción actualizada.
4. Cumplimiento antes del 30 de octubre de 2017.
Sanción por suministro extemporáneo de información de $ 10.000.000.
El monto total a pagar sin el beneficio tributario sería de $ 10.000.000, no obstante, con el beneficio, el aportante pagaría $ 5.000.000, por lo que su ahorro al acogerse al beneficio sería de $ 5.000.000.
Reducción de sanción por no envío de información
Art. 319
1. Haber sido notificado de requerimiento de información por los años 2013 y siguientes antes del 29 de diciembre de 2016.
2. Tener el plazo de entrega de la información vencido y entregar la totalidad de la información antes del 30 de junio de 2017.
3. Estimar la sanción por envío extemporáneo de información(9) y acreditar el pago del 20%.
Se estima una sanción por envío extemporáneo de información de $ 10.000.000.
El monto total a pagar sin el beneficio tributario sería el determinado por la UGPP en el proceso sancionatorio correspondiente, no obstante, con el beneficio, el aportante conforme a la estimación de la sanción pagaría $ 2.000.000, por lo que su ahorro al acogerse al beneficio sería de $ 8.000.000.
Reducción de intereses moratorios sin notificación del requerimiento para declarar y/o corregir
Art. 320
1. No haber sido notificado de Requerimiento para Declarar y/o Corregir o no tener proceso en curso.
2. Hacer diagnóstico de nómina y corregir los aportes antes del 30 de junio de 2017.
3. Pago de: (i) 100% del capital estimado como adeudado por el aportante. (ii) 100% de los intereses de mora liquidados para el subsistema de pensión. (iii) 70% de los intereses de mora liquidados para los demás subsistemas.
4. Este beneficio aplica para los periodos de 2015 y anteriores.
Capital Estimado $ 100.000.000.
Intereses de mora en pensión $ 43.000.000 y por los demás subsistemas de $ 57.000.000.
El monto total a pagar sin el beneficio tributario sería de $ 250.000.000, no obstante, con el beneficio, el aportante pagaría $ 182.900.000(10), por lo que su ahorro al acogerse al beneficio sería de $ 67.100.000.
Reducción de intereses moratorios con notificación del requerimiento para declarar y/o corregir
Art. 320
1. Haber sido notificado del requerimiento para declarar y/o corregir después del 29 de diciembre de 2016 pero antes del 30 de junio de 2017.
2. Pago de: (i) 100% del capital determinado por la UGPP en el Requerimiento pada Declarar y/o Corregir. (ii) 100% de los intereses de mora liquidados para el subsistema de pensión. (iii) 70% de los intereses de mora liquidados para los demás subsistemas. (iv) 100% de las sanciones.
Capital estimado $ 100.000.000.
Intereses de mora en pensión $ 43.000.000 y por los demás subsistemas de $ 57.000.000.
Sanción de inexactitud de $ 50.000.000.
El monto total a pagar sin el beneficio tributario sería de $ 250.000.000, no obstante, con el beneficio, el aportante pagaría $ 232.900.000(11), por lo que su ahorro al acogerse al beneficio sería de $ 17.100.000.

Ahora bien, entendiendo los beneficios de la reforma y el contexto que se han adelantado en los procesos de la UGPP, es importante mencionar que la experiencia de acercamiento a los mismos vivida en el año 2015 permitió que se generaran ajustes en la implementación, en la medida en que para los procesos de conciliación y terminación de mutuo acuerdo se diferenciaron las fechas para el cumplimiento de los requisitos (30 de octubre) y la firma de la fórmula conciliatoria o transaccional (1º de diciembre de 2017).

Sin embargo, a la fecha se presentaron situaciones que pudieron ser previstas y subsanadas, además estas han venido generando diversos perjuicios para los aportantes que, queriendo acogerse y cumpliendo los requisitos a su alcance, se han visto limitados por la falta de las planillas necesarias para el pago con el beneficio frente a los intereses moratorios.

Esta situación ha llevado a los aportantes y asesores a mantener constantes comunicaciones con funcionarios de la UGPP y del Ministerio de Salud y de la Protección Social, a través de centros de atención al ciudadano, de manera presencial y telefónica, en consecuencia, se informó verbalmente que las planillas que se dispondrían para el pago serían las tipo “O” y que se esperaba habilitarlas en la semana del 24 de marzo de 2017. No obstante, ya en mayo, aún no se tiene comunicado oficial que indique algo sobre las planillas y la apertura de las plataformas para el pago y tampoco respuesta por parte de las entidades administrativas.

Si bien es cierto que esta situación excede a la voluntad de los aportantes y que puede generar un mayor impacto económico al momento del pago, hay que afrontar las adversidades y así buscar las mejores alternativas. No se pueden desconocer las instancias administrativas y judiciales para los procesos en curso, según las decisiones que se tomen respecto a cada uno, para así mitigar el riesgo que pueda presentarse por las demoras frente a las herramientas que permitan el pago de manera adecuada.

Así mismo, es la oportunidad de los aportantes para corregir aportes y obtener el beneficio de intereses, y así subsanar riesgos que puedan ser identificados en futuros procesos de fiscalización que puedan resultar más gravosos por la inclusión de sanciones y la liquidación posterior de intereses moratorios al 100% para todos los subsistemas. Es importante resaltar que para este beneficio, las planillas tipo “N” ya fueron habilitadas para realizar los pagos, conforme a los dispuesto en la reforma tributaria y cuyo plazo es el 30 de junio de 2017, sin embargo, muchas compañías, queriendo acogerse, no cuentan con las provisiones correspondientes para realzar los ajustes y obtener los beneficios.

Haciendo un llamado a las entidades administrativas involucradas, es importante resaltar la relevancia de los beneficios, no solo para los aportantes sino también para cada uno de los subsistemas, en la medida en que el recaudo que se pretende con todos los beneficios es significativo. Por este motivo, es necesario que la adaptación o creación de una planilla especial se haga a la mayor brevedad, con el fin de lograr que sean más los aportantes beneficiados y de esta manera el recaudo necesario para cada uno de los subsistemas.

De este modo, es necesario entender que la continuidad en el retardo puede generar perjuicios considerables en la medida en que la solicitud al acogimiento de los beneficios puede negarse por el incumplimiento de los pagos de capital e intereses. Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez se cuente con la planilla, el proceso para las correcciones toma tiempo, por lo que no sacar las planillas con prontitud puede acentuar el riesgo con el que hoy tiene complicaciones más de una compañía o persona natural.

Ante esta situación, si bien con cada día que pasa se está generando un aumento en los intereses moratorios, es dable cuestionarse si, frente al retardo de más de cuatro meses en la expedición de las planillas, se tomarán decisiones respecto a la suspensión en el cobro de los intereses causados por la imposibilidad del pago.

Es recomendable que, por el momento, los aportes al subsistema de pensión sean pagados a la mayor brevedad, con el fin de suspender la causación de intereses moratorios, pues es el único subsistema sobre el cual se calculan los intereses al 100%.

En adición a todo lo mencionado, las terminaciones anticipadas de los procesos permiten que los aportantes conociendo su deuda y en uso del beneficio económico para el pago, agoten el procedimiento con el fin de cerrar las fiscalizaciones realizadas, lo cual reduce la carga administrativa para los aportantes y las entidades administrativas que pueda presentarse en cada una de las instancias del proceso.

Es importante anotar que esta terminación anticipada del proceso no genera un precedente frente a los temas de fondo debatidos, ya que al dar por terminado el mismo, el resultado del proceso queda incierto para las partes.

Con todo lo señalado frente a los beneficios, no puede entenderse como una ficción, sino como una realidad, los aportantes al sistema deben tomar acciones, ser proactivos, acogerse y potencializar los beneficios para su ahorro como aportantes, así como para el impacto, de alguna manera benéfico, que podrá generarse en el sistema. Los aportantes tienen que tomar la determinación de actuar con las herramientas que tienen para tomar las mejores decisiones según cada caso particular.

1. Ley 1607 de 2012.

2. Ley 1739 de 2014, artículo 50.

3. En comparación con el beneficio tributario de terminación por mutuo acuerdo de la Ley 1739 de 2014 se surtió una modificación en la medida en que antes se había permitido la exoneración total de los intereses de los subsistemas diferentes a pensión, así como de las sanciones.

4. La determinación del monto para el beneficio tributario se obtiene de sumar $ 100.000.000 de capital, $ 43.000.000 de interés moratorio de pensión, $ 11.400.000 de intereses de mora de los demás subsistemas (20% de $ 57.000.000) y $ 10.000.000 por sanción de inexactitud (20% de $ 50.000.000).

5. En comparación con los beneficio de la Ley 1739 de 2014, se presentó una diferencia en la medida en que para ese año se requería el pago del 50% de la sanción y no del 10% como se requiere en este momento.

6. Para el beneficio de conciliación, es importante resaltar que es necesario que la demanda hubiera sido admitida y que los procesos no resultan aplicables para los procesos en recurso de súplica o de revisión ante el Consejo de Estado y tampoco sobre los que exista una sentencia o decisión en firme del proceso judicial.

7. La determinación del monto para el beneficio tributario se obtiene de sumar $ 100.000.000 de capital, $ 43.000.000 de interés moratorio de pensión, $ 39.900.000 de intereses de mora de los demás subsistemas (70% de $ 57.000.000) y $ 35.000.000 por sanción de inexactitud (70% de $ 50.000.000).

8. La determinación del monto para el beneficio tributario se obtiene de sumar $ 100.000.000 de capital, $ 43.000.000 de interés moratorio de pensión, $ 45.600.000 de intereses de mora de los demás subsistemas (80% de $ 57.000.000) y $ 40.000.000 por sanción de inexactitud (80% de $ 50.000.000).

9. En la norma existe un error, pues no se trata del numeral 2º, sino del numeral 3º del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, el cual establece que la sanción por no envío de información corresponde a cinco (5) UVT por cada día de retardo en la entrega.

10. La determinación del monto para el beneficio tributario se obtiene de sumar $ 100.000.000 de capital, $ 43.000.000 de interés moratorio de pensión y $ 39.900.000 de intereses de mora de los demás subsistemas (70% de $ 57.000.000).

11. La determinación del monto para el beneficio tributario se obtiene de sumar $ 100.000.000 de capital, $ 43.000.000 de interés moratorio de pensión, $ 39.900.000 de intereses de mora de los demás subsistemas (70% de $ 57.000.000) y $ 50.000.000 de sanción de inexactitud.