Bien jurídico e injusto en los delitos económicos

Revista N° 30 Ene.-Mar. 2010

Carlos Guillermo Castro Cuenca 

Profesor de la Universidad del Rosario, Colombia 

Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España 

(Colombia) 

Sumario

Tradicionalmente el concepto y el objeto tutelado por los delitos económicos han estado orientados al orden económico, sin embargo, este concepto tiene múltiples inconvenientes, pues resulta muy amplio, está orientado directamente a la administración económica y no a la ciudadanía y además no permite distinguir los delitos económicos de las infracciones administrativas. El presente artículo plantea la posibilidad de dotar de contenido al concepto a través de los principios de la constitución económica y particularmente de la libertad económica. 

Temas relacionados

Derecho penal económico; bienes jurídicos colectivos; tesis constitucionalista del bien jurídico; imputación objetiva; principio de lesividad. 

1. Concepto de derecho penal económico

1.1. Posición de la doctrina

La doctrina ha concebido fundamentalmente tres formas de definir el derecho penal económico: a través de su objeto de tutela (el orden económico)(1), mediante su función (restablecer la confianza en el sistema económico)(2)y por razón de su ámbito de aplicación (el área económica)(3).

La doctrina especializada ha entendido mayoritariamente que el derecho penal económico es el conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico (Wirtschaftsordnung)(4). En este sentido, Richter manifiesta que el derecho penal económico tutela el orden económico, impidiendo el abuso de poder en el área de la economía, y la inviolabilidad que sus normas deben garantizar(5).

Similar postura asume Tiedemann, quien señala que el derecho penal económico se encarga de la protección de los bienes jurídicos que tutelan los instrumentos del tráfico económico (Wirtschaftsverkehrs) de la comisión de los delitos económicos(6), los cuales parten del abuso de confianza en el tráfico económico(7).

Como complemento de esta posición, en Alemania(8) y en España(9), la doctrina distingue entre un concepto amplio y un concepto estricto de derecho penal económico: en sentido estricto, constituye el conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico —entendido como regulación jurídica— del intervencionismo estatal en la economía, y, en sentido amplio, es el conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico, entendido como regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Más recientemente, Pérez del Valle(10) y García Cavero(11) han relacionado el derecho penal económico con la confianza en el ordenamiento jurídico, el primero, señalando que “son delitos económicos aquellos comportamientos descritos en las leyes que lesionan la confianza en el orden económico vigente”(12) y, el segundo, afirmando que “el derecho penal económico cumple la función de restablecer la defraudación de expectativas sociales derivadas de la identidad normativa esencial de la sociedad la economía”(13).

Por último, cabe destacar que otros autores como Többens señalan que el derecho penal económico reúne los delitos cometidos en el área económica y regidos por las reglas de la criminalidad de cuello blanco(14).

Todos estos conceptos tienen como punto de partida el orden económico, bien sea como objeto de tutela, como ámbito de aplicación o como función. El problema se encuentra precisamente en la definición de lo que se entiende por orden económico, para lo cual debe partirse necesariamente del concepto de derecho económico “Wirtschaftsrech”(15).

1.2. Concepto de derecho económico

El concepto de derecho económico ha estado sujeto a grandes controversias sobre su independencia, naturaleza y originalidad(16), en virtud de las cuales se han elaborado múltiples definiciones del mismo que pueden agruparse en dos grandes sectores(17):

En primer lugar, encontramos las definiciones que se refieren a la finalidad o al objeto del derecho económico, dentro de las cuales se destaca el concepto clásico de Darmstaedter, para quien se trata del área del derecho que regula la satisfacción de las necesidades económicas de la comunidad incluidas en el derecho proteccionista(18).

Huber, por su parte, señala que es el derecho especial de las fuerzas activas de la economía, es decir, el empresario y el trabajador, así como la confrontación de la ordenación de la economía con el principio de libertad(19).

Para Stober el derecho económico se define como “el conjunto de normas y medidas de derecho público y de derecho privado con las cuales el poder público repercute en las relaciones económicas entre los sujetos y entre estos y aquel”(20). Rink lo identifica con el derecho de la planificación, pues su objeto es la intervención estatal a través de la planeación, la intervención y las ayudas(21), mientras que De Laubadère y Delvolvé señalan que es la interacción de las reglas del derecho aplicables a las personas en su actividad económica o la actividad económica simplemente(22).

En España, Ariño Ortiz señala que el derecho económico reuniría las normas e instrumentos jurídicos a través de los cuales el Estado dirige la actividad económica, fundamentalmente la constitución económica y, como consecuencia, el derecho administrativo económico(23).

Por su parte, según Herrero Herrero, el derecho económico es concebido como el concepto normativo que tiene por objeto diseñar, preservar y proteger el “orden público económico”, esto es, las coordenadas fundamentales dentro de las cuales han de discurrir las relaciones y transacciones de carácter económico(24).

En segundo lugar, tenemos las definiciones que no señalan el objeto, sino el contenido del derecho económico, tal como lo hacen Jacquemin y Schrans, quienes manifiestan que es la disciplina jurídica que une los eslabones entre la economía y el derecho, como la empresa, la planificación económica y el régimen de precios y cambios(25). Similar posición tiene Báez Martínez, para quien el derecho económico es el instrumento que regula, disciplina y sanciona la política económica y la planificación del desarrollo(26).

En nuestra opinión, solo a través de un criterio material es posible delimitar el concepto de derecho económico —y por tanto también de derecho penal económico—, el cual deberá incluir tres elementos fundamentales: su finalidad —derivada del concepto de economía—, que está constituida por la satisfacción de las necesidades públicas y privadas(27); su objeto de tutela, que es la libertad económica(28), y su contenido, que es la regulación de las actividades económicas(29), por ello, entendemos por derecho económico aquella rama del Derecho que regula las actividades económicas a través de la protección de la libertad económica para la satisfacción de las necesidades de los sujetos económicos.

1.3. Toma de postura

El derecho penal económico no es una rama autónoma del Derecho, pues, como ya señalaba Rivacoba y Rivacoba, conceptos como este pueden llegar a ser atractivos y aptos para desorientar(30). Por ello sostenemos que su utilidad es instrumental, sin que pueda llegar a considerarse que son materias independientes del derecho penal, sino simplemente como grupos de delitos que poseen características similares y que por ello permiten que se analicen conjuntamente determinados temas, como su análisis criminológico, los objetos que tutelan, sus sujetos activos o la imputación de sus tipos penales.

Por otro lado, el derecho penal económico es una parte del derecho penal íntimamente relacionada con el derecho económico, por ello su definición depende instrumentalmente de los conceptos de los mismos:

El derecho penal económico comparte el objeto de tutela con el derecho económico, precisando que de acuerdo con los principios de última ratio y fragmentariedad, propios del derecho penal, solamente se aplica a los ataques más graves al mismo(31). En este sentido, si el objeto de tutela del derecho económico es la libertad económica para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en el marco del Estado social de derecho, el objeto de tutela penal serán los presupuestos (materiales, legales, económicos e informativos) de la misma dentro del sistema económico.

Por ello, entendemos que el derecho penal económico es la parte del derecho penal que tutela la libertad económica en el marco del Estado social de derecho, a través de la imposición de penas y medidas de seguridad.

1.4. Características

De acuerdo con lo anteriormente señalado, el derecho penal económico debe estar enfocado hacia la libertad económica y por ello debe analizarse a través de los parámetros de la constitución económica. Son muchas las características del derecho penal económico, sin embargo, destacaremos acá solamente las cuatro más importantes, las cuales permiten a su vez explicar otros temas que serán abordados a lo largo de este estudio:

En primer lugar, el derecho penal económico es el fruto de la criminalidad económica(32), la cual debe ser analizada de acuerdo con los parámetros de la criminalidad de cuello blanco(33). La criminalidad de cuello blanco es reincidente y profesional(34). El delincuente económico es tan experto en aspectos económicos y legales que no solo conoce las leyes, sino que las manipula para su propio beneficio(35).

Bajo Fernández y Bacigalupo señalan que la delincuencia económica es la relativa a las infracciones lesivas del orden económico, cometidas por personas de alto nivel socio económico en el desarrollo de su actividad profesional(36).

Por su parte, Pérez del Valle define la delincuencia económica como la criminalidad de empresa que afecta a la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, en cuanto entraña la actividad de la empresa como célula esencial en la actividad de carácter económico(37).

La criminalidad de cuello blanco es organizada(38), en este sentido, el sujeto activo, protagonista dentro de esta delincuencia, no es la persona físicamente considerada, sino personas morales o jurídicas, entendiendo este término en sentido amplio e incluyendo en él, también la asociación o el grupo humano más o menos cohesionado(39). En este sentido, la delincuencia económica se presenta básicamente en las empresas(40).

La criminalidad de cuello blanco implica que el sujeto activo no pierde su estatus entre los asociados(41). El derecho penal económico tiene carácter amoral, pues, mientras que el delito natural revela la inmoralidad de su autor, el delito artificial expresa, únicamente, el incivismo, la desobediencia a las órdenes de la autoridad(42), pues el ciudadano que comete una infracción económica raramente tiene la impresión de violar a la vez una ley penal y un principio superior de moral y de justicia(43).

En segundo lugar, el derecho penal económico es un derecho de última ratio(44), característica que si bien pertenece a todo el derecho penal en general(45), tiene especial aplicación en ámbitos en los cuales coexisten el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, tal como sucede con el derecho penal económico(46).

En este sentido, el derecho penal económico es un derecho invasor, porque quiere regirlo todo de forma diferenciada, lo que conduce a multiplicar considerablemente las disposiciones legislativas, causando que los textos legales lleguen a ser inaccesibles(47).

En tercer lugar, los daños característicos de la delincuencia económica son los financieros(48), lo cual implica no solamente aquellos de naturaleza material, sino también daños inmateriales, como la pérdida de confianza en el tráfico mercantil, la pérdida del equilibrio de mercado y la eliminación de la competencia(49). Estos últimos daños justifican el estudio autónomo del derecho penal económico y su separación del estudio de la delincuencia netamente patrimonial.

La criminalidad económica tiene por objeto la obtención de un beneficio pecuniario, como cualquier otra actividad económica. Uno de los principios básicos de la teoría económica consiste en que el principal objetivo de los sujetos económicos es obtener un beneficio(50). Por ello, su conducta se funda en elecciones racionales basadas en una valoración de coste beneficio de sus actos(51).

En cuarto lugar, el derecho penal económico es, por vocación, temporal, pues el Estado debe adaptarlo constantemente a la movilidad de los hechos económicos(52). El derecho económico es objeto de constantes modificaciones, pues su formulación depende de la planeación económica de los gobiernos y de los avances tecnológicos y económicos, los cuales en muchas ocasiones se colocan en servicio de la delincuencia para obtener un beneficio indebido, aprovechando el rezago o la complacencia de la legislación.

Por último, el derecho penal económico tutela intereses colectivos(53) y por ello comparte las mismas características de estos objetos de tutela: titularidad supraindividual(54), indisponibilidad(55), que genera a su vez “la ineficacia jurídico-penal del consentimiento en la lesión o puesta en peligro de alguno de estos bienes”(56), e indivisibilidad, por cuanto no son susceptibles de ser divididos ni adjudicados a sus titulares(57).

En este sentido, el derecho penal económico está constituido básicamente por delitos de peligro abstracto que, sin embargo, pueden convertirse en delitos de peligro concreto a través de la referencia a bienes jurídicos patrimoniales en sus tipos penales(58).

2. Objeto de tutela

2.1. Posición de la doctrina

La doctrina no ha llegado a un acuerdo sobre el objeto tutelado por el derecho penal económico, por cuanto mientras algunos señalan que el interés jurídico constituye un mero criterio mediato aglutinador de los delitos económicos, otros afirman que el bien jurídico afectado por dichos ilícitos es el orden económico social o las expectativas de conducta de los sujetos económicos.

Tiedemann, Gossel y Otto señalan que el orden económico es el objeto común de protección en el derecho penal económico(59), aunque también reconozcan que a través de este se protegen intereses individuales(60). Tiedemann define el orden económico como el desarrollo de la organización de la economía, en pocas palabras, la economía política con sus ramas específicas (sistema financiero, sistema crediticio, etc.)(61). Otto, por su parte, lo relaciona con la confianza en la existencia y el modo de operación del sistema económico vigente(62).

Richter sostiene que a través del derecho penal económico se busca tutelar bienes jurídicos individuales, como el patrimonio y la libertad de acción, y colectivos, como el funcionamiento y la seguridad del sistema económico(63).

Otra posición interesante es la de Giunta, quien considera que el bien jurídico tutelado es la economía pública, la cual está compuesta de tres (3) elementos: la tutela del Estado cooperativo lesionado a través de los delitos de huelga y cierre patronal, la tutela del sistema económico nacional (o desenvolvimiento de la actividad productiva) y los intereses económicos privados que afectan a la economía nacional(64).

Bajo Fernández y Bacigalupo señalan que el bien jurídico tutelado en el derecho penal económico depende del concepto que se acoja: en sentido estricto, el objeto de tutela es el orden económico, aunque este es susceptible de concreción en cada figura en particular, mientras que en sentido amplio, el orden económico no es el bien jurídico tutelado directamente —pues no debe ser abarcado dentro del dolo del autor ni se precisa su lesión para la configuración del injusto—, sino un interés del Estado que actúa como criterio de agrupación de una serie de conductas(65).

Martínez-Buján Pérez señala que el orden socio económico es el bien jurídico mediato tutelado a través de los delitos económicos en sentido estricto, es decir, su ratio legis, pero que el bien jurídico inmediato debe ser analizado según la categoría delictiva concreta(66).

Dentro de las posiciones más recientes se destaca la de García Cavero, quien, siguiendo una postura claramente funcionalista, manifiesta que el objeto de protección es la expectativa normativa de conducta de actuar de acuerdo con el modelo de orientación vigente en el sistema económico(67).

2.2. Toma de postura

Las tesis anteriormente señaladas tienen múltiples ventajas, tales como asociar los delitos económicos a intereses individuales, resaltar la importancia del sistema económico constitucional en la construcción del bien jurídico y señalar la relevancia de las expectativas surgidas entre los distintos participantes en el sistema económico. Sin embargo, consideramos que resulta necesario concretar el objeto de tutela a fin de que constituya una herramienta para delimitar el injusto de estos delitos, los cuales no pueden estar orientados en sentido estricto hacia un valor institucional, como la intervención del Estado, sino hacia el interés de todos los participantes del sistema económico en un modelo de Estado social de derecho como el adoptado en nuestra constitución(68).

En este sentido, Pedrazzi manifiesta que la función fundamental del derecho penal económico es la protección de la constitución económica, entendida como las estructuras que caracterizan el modelo económico vigente en un determinado momento histórico(69).

En relación con esta discusión, no pueden olvidarse las críticas que ha sufrido en Alemania la visión tradicional del derecho penal económico. Max señalaba al respecto que esa posición implicaba encadenar el mercado al derecho penal(70), mientras que Werner es aún más radical y postula la identificación del derecho penal económico actual con el del Nacional Socialismo, que según él surgió como una expresión de la pérdida de seguridad del Estado, orientado a la tutela de bienes jurídicos colectivos y a la intervención del Estado en la economía(71).

Los delitos contra la administración pública sufrieron una crítica similar en los años ochenta y por ello se motivó una reformulación total del bien jurídico tutelado. En este sentido, tal como lo hace hoy Werner, Octavio de Toledo, en España, señaló que la afirmación del deber del cargo como bien jurídico tutelado en estos delitos es propio de los sistemas totalitarios(72).

La consideración de los deberes del cargo como bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración pública generó críticas muy similares a las que en la actualidad tiene la determinación del orden económico como el objeto tutelado por los delitos económicos: la infracción solamente es relevante en la relación de la administración y el funcionario, por lo cual no habría ninguna distinción entre ilícito penal e ilícito administrativo(73). La teoría del deber del cargo no tiene en cuenta las expectativas de los ciudadanos frente a la administración(74), y la infracción del deber es “un criterio meramente formal que nada dice sobre el contenido, y carece por tanto de cualquier capacidad limitadora”(75).

De igual forma, podría decirse que la infracción del orden económico es solamente relevante en la relación de la administración y el empresario —y, por tanto, no permite distinguir el ilícito penal del económico—; que la teoría del orden económico no tiene en cuenta las expectativas de los ciudadanos frente a la administración económica, y que la infracción del orden económico social es un concepto abstracto que nada dice sobre el contenido de los delitos económicos.

Dentro de estos criterios merece especial estudio la confusión del ilícito penal con el ilícito administrativo en materia económica. En todos los países existe un sistema de sanciones administrativas aplicables a las entidades que realizan actividades financieras (bancarias, aseguradoras o fiduciarias) que se aplica precisamente cuando se infringen las disposiciones relacionadas con el orden económico, por lo cual, si se considera que el núcleo del injusto en los delitos económicos es la infracción del orden económico, no habría ninguna distinción entre los delitos económicos y las infracciones al derecho administrativo sancionador en materia económica.

El cambio que se propone implica una primera modificación terminológica. En Alemania siempre se ha considerado que el bien jurídico tutelado es el “wirtschaftordnung”, expresión que desde el punto de vista jurídico claramente se traduce como lo ha hecho la doctrina, es decir, como orden económico, sin embargo, existe otro significado del término “ordnung”: sistema(76). En este sentido, la expresión “wirtschaftordnung” podría ser traducida también como sistema económico, es decir, el sistema adoptado por un Estado para el manejo de la economía en su Constitución.

Concretamente, en el caso de la criminalidad económica, nuestra Constitución nos obliga a tener en cuenta determinados principios, como la libertad económica, la protección del derecho a la propiedad, la igualdad en la regulación económico-pública, la democratización económica y la intervención del Estado por razones de interés público, así como también el modelo económico adoptado en nuestra carta fundamental que corresponde a la economía de mercado dentro del esquema del Estado social de derecho(77), los cuales giran en torno a la libertad económica.

Este concepto podría dotar de materialidad al injusto de los delitos económicos y distinguirlos de los ilícitos administrativos en materia económica. La diferencia radicaría fundamentalmente en el ámbito de relación que afecta el ilícito correspondiente: el ilícito administrativo afecta la relación entre el sujeto económico correspondiente (generalmente una entidad financiera) y la administración, y por ello las sanciones solamente pueden afectar dicha relación (suspensiones y cancelaciones de licencias de funcionamiento, regímenes de vigilancia especial o multas), mientras que el ilícito penal afecta la relación del ente o sujeto económico con toda la sociedad, pues perturba las libertades económicas.

En este sentido, Huergo Lora defiende una distinción cualitativa entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador con base en los siguientes argumentos: la administración solo sanciona en materias o ámbitos en los que ya tiene competencias de gestión o servicio público; los bienes jurídicos más importantes (vida, libertad, integridad física, libertad e indemnidad sexuales) se protegen mediante sanciones penales y no administrativas; el derecho administrativo sanciona más propiamente el incumplimiento de normas legales o regulatorias, mientras que el derecho penal castiga más comúnmente lesiones efectivas de bienes jurídicos; solo a través del derecho penal pueden imponerse penas privativas de la libertad; el proceso penal tiene mayores garantías, especialmente porque la imposición de sus sanciones requiere declaración judicial; el derecho penal está dotado de mayores potestades para la persecución del delito, como la detención o la prohibición de abandonar el territorio nacional, la posibilidad de pedir información a entes públicos y privados y la práctica de registros(78).

De esta manera, el bien jurídico tutelado a través de las sanciones administrativas en el campo económico sería el orden económico, mientras que en los delitos económicos serían los principios de la constitución económica y, en especial, la libertad económica.

2.3. La concreción del orden económico a través de los principios de la constitución económica y particularmente de la libertad económica

El concepto constitucional de bien jurídico servirá para trazar parámetros a la política legislativa(79), pero no para identificar al bien jurídico con el derecho constitucionalmente tutelado.

Compartimos la tesis constitucionalista amplia, según la cual “no existe una correspondencia exacta entre bienes jurídicos y valores constitucionales pero sí una adaptación genérica de estos a aquellos”(80). Esta adaptación puede ser negativa, en el sentido de que los bienes jurídicos son aquellos “no incompatibles con la Constitución”(81), pero también positiva, pues “la constitución constituye no sólo un límite invariable, sino frecuentemente también la fuente de inspiración y dirección para las elecciones legislativas”(82). Por esta razón, como anota Nuvolone será legítima la incriminación de los valores consagrados expresamente en la Constitución, pero “no será ilegítima la incriminación de la lesión de otros intereses, con tal de que no estén en contraste con aquellos garantizados por la Constitución”(83).

Como señala Hefendehl, este punto de partida constitucional permite trazar una serie de parámetros para la determinación de los bienes jurídicos y de los tipos penales a través de los cuales son tutelados, tales como: la enucleación de tipologías de objetos jurídicos con base en los bienes tutelados por la Constitución; la despenalización de los tipos que tutelan intereses no fácilmente conciliables con la Constitución o constitucionalmente no relevantes; la descriminalización de los delitos que tutelan intereses privados de relieve constitucional; la criminalización de las nuevas tipologías de agresión que vayan a ofender bienes constitucionalmente significativos; la proporción de la especie y cantidad de la pena para diversos delitos al diverso rango de bienes; la cualificación del reato como delito o contravención y la adecuación de límites consentidos en la tipicidad, de la legislación penal a nuevos valores constitucionales(84); la imposibilidad de tutelar las finalidades puramente ideológicas, las meras inmoralidades y los preceptos penales que creen o aseguraren la desigualdad entre los seres humanos(85).

De esta manera, en palabras de Rudolphi, “la Constitución contiene ya las decisiones valorativas fundamentales para la elaboración de un concepto de bien jurídico previo a la legislación penal(86), por lo cual es fundamental para la elaboración de un concepto material de bien jurídico(87).

Para rescatar las ventajas de las tesis frente al bien jurídico(88) —en especial para el análisis del bien jurídico de la administración pública—, consideramos acertado el “concepto de bien jurídico de corte sociológico y constitucionalmente orientado” expuesto por Bustos y Hormazábal, dentro del cual “la Constitución es ciertamente el marco de referencia fundamental del sistema, pero no puede cerrar el sistema, pues ello contravendría las bases mismas democráticas del sistema”(89).

En ese orden de ideas, el concepto constitucional de bien jurídico servirá para trazar parámetros a la política legislativa(90), no para identificar al bien jurídico con el derecho constitucionalmente tutelado, pero sí para interpretar el bien jurídico de acuerdo a los principios constitucionales que regulan el ámbito especifico afectado por el delito.

El objetivo fundamental de la Constitución económica es la protección de la libertad económica(91), la cual a su vez está compuesta por cuatro garantías:

La libertad de empresa, es decir, la libertad de creación de empresas y de acceso al mercado; la libertad de organización de la empresa a través de la elección de nombre, emplazamiento, forma de organización y composición de sus órganos de dirección; y la libertad de dirección de su producción, inversión, política comercial, precios, competencia leal y contratación(92). En este sentido, se destaca el derecho a la formación de nuevas empresas, a la inversión en las mismas, a la fijación de precios, a la publicidad y a la competencia(93).

La libertad sindical y la libre negociación de los factores de producción entre empresarios y sindicatos(94).

La libertad de transacciones económicas, materializada en la libertad de pactos, precios y mercados, sin más limitaciones que las que se deriven de la existencia de monopolios naturales(95). En esta tienen un papel importante la libertad contractual “Vertragsfreiheit” y la libertad de empleo “Berufsfreiheit”(96). La libertad de empleo, implica no solamente el libre ejercicio de la profesión, sino también la implementación de medidas para una formación profesional que la permita(97), mientras que la libertad contractual implica la libertad de obligarse, de escoger con quién se contrata, el contenido del contrato y cuando se termina un contrato, lo cual solamente puede ser limitado ocasionalmente por el interés público(98).

La regulación del mercado dirigida única y exclusivamente a asegurar el normal funcionamiento y proteger la salud y buena fe de sus protagonistas (productores y consumidores)(99).

Sin embargo, la protección de la libertad económica en un Estado social de derecho no puede realizarse de manera autónoma, sino que también depende de la tutela de un grupo de garantías que constituyen sus presupuestos necesarios:

El derecho a la propiedad(100), limitado por el interés público(101), pues el Estado no protege un modelo económico netamente liberal como el planteado en la Revolución Francesa, sino un sistema en el cual la propiedad tenga una función social que de no cumplirse puede ser objeto de expropiación sujeta a indemnización.

El interés público, puede definirse formalmente como el interés de la comunidad organizada políticamente(102). Sin embargo debe reconocerse que este es un concepto abierto e indeterminado(103)para cuya concreción se han formulado fundamentalmente tres teorías: i) la ley como expresión de la voluntad general y por tanto del interés público, ii) las políticas de los poderes públicos(104), tales como la planeación y la programación, y iii) las necesidades públicas(105). Ninguna de estas herramientas resulta plenamente satisfactoria, por ello se ha formulado la necesidad de que sea el juez quien determine en el caso concreto qué considera como de interés público(106).

La igualdad en la regulación económico pública, que implica que no podrá existir discriminación de los operadores económicos(107), salvo por razones de interés general. En este sentido, la necesidad de salvaguardar la libertad de competencia en el derecho, especialmente en el ámbito supranacional, obliga a que no exista una discriminación derivada del origen del sujeto (trabajador) o la empresa en el sistema económico, pues la integración económica lo exige(108).

— Por último, la democratización económica, que exige la participación de los ciudadanos en el sector económico(109) y que se materializa en la intervención de los trabajadores y de la comunidad en las empresas públicas y privadas, a través de los sindicatos y de la capitalización de sociedades(110), pero también mediante la emisión de acciones que permiten la participación de los ciudadanos en los rendimientos económicos de las empresas(111).

3. La lesividad en los delitos económicos

3.1. La orientación de los bienes jurídicos colectivos a los individuales y los delitos de peligro

Para un amplio sector de la doctrina española, la fórmula de tipificación más utilizada dentro de los códigos penales para la redacción de los delitos que tutelan bienes jurídicos colectivos es el delito de peligro abstracto(112), situación que se deriva de la dificultad de demostrar la lesión de dichos bienes jurídicos, lo cual según algunos autores es especialmente evidente en los delitos económicos(113).

El concepto más aceptado dentro de la doctrina para definir los delitos de peligro abstracto tiene dos notas características: la ausencia a la referencia del peligro en el tipo y por ello la necesaria exclusión de la verificación judicial del peligro(114), razón por la cual son seriamente criticados por violar los principios de legalidad, ofensividad y culpabilidad(115).

Con base en las anteriores afirmaciones, un sector de la doctrina sostiene que si los bienes jurídicos supraindividuales solo pueden tutelarse autónomamente a través de delitos de peligro abstracto y estos últimos violan principios constitucionales como la legalidad, la culpabilidad y la ofensividad, la propuesta más adecuada para delimitar el injusto en los delitos que tutelan bienes jurídicos supraindividuales será cambiar su fórmula de tipificación, exigiendo que dentro de los tipos penales que los tutelan se exija también la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico individual.

Sin embargo, cabe preguntarse si esta tesis es realmente aplicable en Colombia y, en concreto, si puede extenderse a los delitos económicos consagrados por nuestro Código Penal.

La primera consideración que debe hacerse es que si bien los delitos de peligro abstracto se diferencian de los delitos de peligro concreto en que solo en los segundos el peligro se menciona dentro del tipo penal, no es cierto que por esa razón el juez no tenga el deber de verificar la puesta en peligro del bien jurídico penal. Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, y no solamente típica, razón por la cual no puede subsumirse el juicio de antijuridicidad dentro de la tipicidad, pues a pesar de las estrechas relaciones que existen entre estos dos elementos del delito, ambos son independientes y por ello el juicio de lesividad de la conducta para el bien jurídico debe hacerse en sede de antijuridicidad(116).

Este análisis resulta válido dentro de una dogmática penal que reconozca la independencia de la antijuridicidad, pero es aún más cierto en el Código Penal colombiano, el cual señala que “para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable”(117), y luego establece que “para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal”(118), disposiciones cuya simple lectura permite concluir que en Colombia la antijuridicidad es independiente de la tipicidad y que además es en esta última y no en la tipicidad en la cual se debe verificar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico.

Por otro lado, si bien la referencia a bienes jurídicos individuales dentro de los tipos penales que tutelen bienes jurídicos supraindividuales podría llevarse a cabo satisfactoriamente en delitos contra el medio ambiente o la salud pública, difícilmente podría efectuarse en conductas punibles contra otros bienes jurídicos fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, tales como el lavado de activos, el cohecho o el tráfico de influencias, conductas punibles cuya dañosidad social es evidente y por ello no podrían destipificarse de los códigos penales.

3.2. Las teorías de los bienes jurídicos intermedios y de los delitos por acumulación

En el ámbito específico de los delitos económicos, Martínez Pérez Buján propone la utilización de la teoría del bien jurídico intermedio “espiritualizado” en la interpretación de Rodríguez Montañez, quien a su vez explica la posición de Schünemann, para quien a través de estos «delitos con bien jurídico intermedio espiritualizado» se protegen bienes jurídicos supraindividuales en los cuales la tipificación de una lesión o concreta puesta en peligro es difícilmente imaginable, pues el menoscabo de tales bienes de carácter inmaterial se produce más que por cada acto individual, por la reiteración generalizada de conductas que no respetan las reglas básicas que aseguran el sistema y su funcionamiento(119).

Por ello, Rodríguez Montañez, siguiendo la postura de Schünemann, señala que la técnica que parece más adecuada es la de los delitos de peligro abstracto, a través de la tipificación de la afectación a un “bien intermedio con función representativa”, en donde no se trata de anticipar la tutela de los bienes esenciales, sino de proteger otros bienes cuya peculiar naturaleza exige el empleo de esta técnica(120).

Esta propuesta vulnera el principio de culpabilidad, pues no fundamenta el injusto en la conducta individual del autor sino en un conjunto de conductas realizadas por varias personas y su fundamento (la imposibilidad de menoscabar bienes de carácter inmaterial por cada acto individual) también es predicable frente a bienes jurídicos individuales, como el honor, la salud, la libertad sexual, la libertad individual, la intimidad o el patrimonio, por lo cual la problemática no es el carácter supraindividual del bien jurídico, sino el reconocimiento de su inmaterialidad y la posibilidad de lesionar al bien jurídico como un ente inmaterial.

Un análisis detallado de los bienes jurídicos individuales sólo permite defender la clásica lesión de un bien jurídico a través de su destrucción en el delito de homicidio, en los demás (lesiones, injurias, hurto, integridad sexual, libertad individual, etc.) necesariamente habrá que reconocer que la lesión es la afectación del bien jurídico(121), pues una lesión personal no destruye la salud, ni la injuria el honor, ni el hurto la propiedad, ni un abuso sexual la integridad sexual, ni el constreñimiento la libertad. Por ello, por regla general, los bienes jurídicos colectivos y los individuales no se destruyen sino que se afectan(122), y ello se debe a que no son entes materiales, pues desde su formulación misma como “intereses jurídicos tutelados” son entes inmateriales(123).

Mata y Martín también defienden la tesis de los bienes jurídicos intermedios, aunque desde otra posición cuyo punto de partida es la dificultad para precisar la lesión de los bienes jurídicos colectivos(124), por lo cual proponen la referencia a bienes jurídicos individuales(125). Sin embargo, dicha alusión no implica una dependencia del bien jurídico supraindividual del individual, sino una relación de complementariedad(126).

Por ello, este autor crea una nueva categoría denominada “bienes jurídicos intermedios”, que está precisamente entre la tutela de los bienes jurídicos colectivos y la tutela de los individuales, la cual opera a través de una técnica de tipificación especial que denominan delitos de lesión-peligro(127), en los cuales se exige la lesión del bien jurídico colectivo y la puesta en peligro del bien jurídico individual(128).

Sin embargo, una revisión de este planteamiento permite concluir que genera una gran paradoja dogmática: se funda en la dificultad de demostrar la lesividad de los bienes jurídicos colectivos, pero aun así crea toda una estructura dogmática compleja en la cual termina exigiendo la lesión de los bienes jurídicos colectivos.

Por otro lado, también resulta contradictorio que la teoría de los bienes jurídicos intermedios parta de la idea de unificar los bienes jurídicos en aquellos delitos en los cuales se ataca un bien jurídico individual y uno colectivo, y luego los vuelve a separar para determinar el desvalor de resultado frente a cada uno de ellos.

De esta manera, la teoría de los bienes jurídicos intermedios no cumple con las finalidades para las cuales se creó, pues no logra solucionar el problema de la dificultad de determinar la lesividad de los bienes jurídicos supraindividuales, ni permite vincular satisfactoriamente a estos últimos con los bienes jurídicos individuales. Finalmente, los llamados delitos de bien jurídico intermedio no son más que delitos pluriofensivos, pues poseen dos bienes jurídicos distintos, cuya lesividad debe verificarse autónomamente.

Otra tesis basada en la dificultad de determinar la lesividad de los delitos que tutelan bienes jurídicos supraindividuales es la teoría de delitos de acumulación, la cual se funda en que la magnitud de determinados bienes jurídicos (como el medio ambiente) hace imposible que a través de una acción individual se puedan lesionar o poner en peligro.

Esta postura se basa en la posibilidad de “sancionar penalmente una conducta individual aun cuando no sea por sí misma lesiva del bien jurídico (ni lo ponga en peligro relevante), si se cuenta con la posibilidad cierta de que dicha conducta —per se no lesiva— se realice también por otros sujetos y el conjunto de comportamientos sí vaya a acabar lesionando el correspondiente bien jurídico”(129).

Las críticas a esta postura saltan a la vista, pues vulnera el principio de culpabilidad por desconocer que la responsabilidad personal es individual(130), pero además se puede criticar que la dificultad de determinar la magnitud de una acción para afectar un bien jurídico no es predicable solamente a los bienes jurídicos colectivos, sino también a los individuales, en los cuales resulta casi imposible determinar cómo una pequeña lesión o un hurto menor pueden afectar bienes jurídicos como la salud o el patrimonio económico.

3.3. La creación de nuevos modelos de imputación para el análisis de los delitos que afectan bienes jurídicos supraindividuales

Para un sector de la doctrina cada vez más extendido, hemos entrado en el derecho penal de la sociedad postindustrial(131), cambio que ha implicado la introducción de nuevos objetos de protección penal y que ha propiciado una transición del modelo de delito de lesión de bienes individuales al modelo de delito de peligro (presunto), que representa la delincuencia económica organizada(132).

Por esta razón, muchos abogan por la creación de nuevos modelos dogmáticos para esta nueva delincuencia, los cuales estén basados en una flexibilización de las garantías penales pero también en la exclusión de la pena de prisión para los nuevos delitos socioeconómicos(133), propuesta que por su relevancia para esta clase de delitos debe ser estudiada a fondo:

a) En primer lugar, debe analizarse si efectivamente ha existido una transición del modelo de delito de lesión de bienes individuales al modelo de delito de peligro (presunto) para bienes supraindividuales. En este sentido, debe reconocerse que ni la proliferación de los delitos supraindividuales ni la utilización de la técnica de tipificación a través de delitos de peligro abstracto son fenómenos nuevos.

Desde el punto de vista legal, los delitos económicos no son nuevos en el ordenamiento jurídico, pues ya existían a mediados del siglo XIX en muchos países de Europa(134), como Italia(135), Inglaterra(136), Alemania(137), Francia(138), Bélgica(139), Holanda(140), o de América, como Colombia. Incluso en España, pueden encontrarse antecedentes de delitos que hoy incluimos dentro de la delincuencia económica en las VII partidas.

Desde el punto de vista doctrinal, el tratamiento de los delitos económicos tampoco es tan reciente como parece, pues ya para 1950 Jiménez Asenjo dedicaba un capítulo dentro de su libro Derecho penal especial a lo que él ya denominaba “El nuevo Derecho penal económico”(141), y a principios de los años sesenta se habían publicado magistrales obras, aunque desafortunadamente olvidadas, como Diritto penale commerciale, de Conti(142).

b) En segundo lugar, además de los puntos de partida en los cuales se funda la creación de un nuevo modelo de derecho penal para los delitos económicos, deben analizarse sus dos principales consecuencias: abrir la brecha para que en determinadas conductas punibles no se respeten las garantías penales y no aplicar una pena privativa de la libertad a los delitos fruto de la expansión del derecho penal:

La primera de ellas implica la flexibilización en el derecho penal económico de garantías como la omisión, los requisitos de vencibilidad del error, el principio de legalidad, el mandato de determinación y el principio de culpabilidad. Esta propuesta podría criticarse por tres motivos: el principio de legalidad en materia penal tiene carácter constitucional(143) y por ello su limitación requeriría una reforma constitucional; la elaboración de reglas especiales de imputación podría violar el principio de igualdad, pues el derecho penal no debe distinguir entre delincuentes económicos y clásicos, sino entre inocentes y culpables, y sólo se es culpable cuando existe una sentencia, y, por último, si se abre la brecha para la renuncia a las garantías, se inicia el camino hacia la destrucción del derecho penal, pues así como se puede afirmar que la delincuencia económica tiene características propias que requieren de un modelo especial de imputación para su análisis, también podría extenderse el mismo argumento a otros fenómenos criminales, como la criminalidad organizada, la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo.

La segunda implica renunciar a aplicar la pena de prisión a los nuevos delitos económicos, reforma que implicaría la imposición de un derecho penal de clase en el cual mientras los delincuentes de cuello blanco que afectan a millones de consumidores son penados con multas y otras conminaciones, el sujeto que incurre en un delito menor contra la propiedad va a la cárcel. En este sentido, debe destacarse la respuesta de Schünemann a las nuevas propuestas de reducción del derecho penal de la escuela de Frankfurt, según la cual la expansión del derecho penal hacia la criminalización de nuevos delitos que atentan contra bienes jurídicos colectivos ha permitido la persecución de delitos de la clase alta que tienen un mayor impacto sobre la sociedad(144).

Por ello, la solución a los problemas dogmáticos que presentan los delitos que tutelan bienes jurídicos supraindividuales no es la creación de modelos especiales para su interpretación —que entre otros efectos nocivos podrían producir una violación del principio de igualdad— ni su interpretación a través de una tesis personalista estricta del bien jurídico —imposible de llevar a cabo en la mayoría de estos delitos—, sino la concreción de sus contenidos(145) y la exclusión de aquellos bienes jurídicos que no merecen protección penal(146).

3.4. Toma de postura

Dentro de un Estado social de derecho, cada sujeto tiene una función económica distinta, cuya realización dentro del ámbito de la libertad económica es el objeto tutelado por el derecho penal: los empresarios se encargan de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios; los consumidores realizan una adquisición justa de los mismos y el Estado está encargado del cumplimiento de los fines sociales que le son propios en beneficio de los intereses comunitarios(147).

Por ello, el bien jurídico tutelado en los delitos económicos se debe identificar con la libertad económica en el marco del Estado social de derecho, cuyo ejercicio se concreta en los presupuestos (materiales, legales, económicos e informativos) para la participación libre de todos los actores dentro del sistema económico.

En este sentido, podemos relacionar cada uno de estos principios derivados de la constitución económica con los delitos económicos, para lo cual es necesario en primer lugar, tener en consideración cuáles conductas punibles pueden hacer parte de esta categoría, dentro de la cual se encuentran, básicamente, los delitos contra la competencia(148), las insolvencias punibles(149), la corrupción(150), el derecho penal del trabajo(151), el fraude de subvenciones(152), el derecho penal de mercado(153), la responsabilidad por el producto(154), el lavado de activos(155), los delitos financieros(156), los delitos contra la propiedad intelectual(157), los delitos contra la hacienda pública(158), el contrabando(159), los delitos societarios(160), el derecho penal del mercado de capitales(161), el derecho penal del medio ambiente(162) e, incluso, los delitos informáticos(163).

La libertad económica no puede equipararse solo con la ausencia de monopolios económicos o de restricciones a la libertad de empresa, sino en general con la ausencia de cualquier obstáculo que afecte las actuaciones económicas de los actores del mercado (las empresas, los consumidores y el Estado), tales como el error, la coacción, el engaño, la incapacidad y la inclusión de objetos ilícitos en el sistema económico(164), cuyas manifestaciones más graves se materializan en todos los delitos económicos:

— En los delitos contra la competencia, se afecta la libertad económica de los consumidores mediante la sustracción forzada de un bien o servicio del comercio.

— En los delitos contra la propiedad industrial, se afecta la libertad de todos los sujetos económicos a través del engaño sobre la propiedad intelectual.

— En los delitos contra el mercado, se afecta la libertad económica de los consumidores a través del engaño sobre el precio o las calidades de los bienes o servicios.

— En los delitos contra los derechos de los trabajadores, se afecta la libertad de trabajo de los mismos.

— En los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, se afectan los presupuestos materiales para que el Estado lleve a cabo sus funciones económicas.

— En los delitos societarios se afecta la libertad de empresa.

— En los delitos de contrabando, favorecimiento de contrabando, blanqueo de capitales, omisión de control y testaferrato, se afecta la libertad de todos los actores del sistema económico a través del engaño sobre el carácter lícito de un bien. En estos delitos se presenta un fraude sobre el origen del bien y sobre su licitud. Por ello, el consumidor que los vaya a adquirir, el empresario que los vaya a negociar o el Estado que pretender cumplir a través de ellos una función económica van a ver coartada su libertad, pues van a ser engañados y, por ello, si llegaren a realizar alguna transacción económica sobre estos, no tendrían un respaldo jurídico, pues la Constitución solamente ampara los derechos adquiridos de acuerdo a las leyes civiles, y todos los negocios que se realicen sobre aquellos bienes están viciados de nulidad por objeto o causa ilícita.

Teniendo en cuenta que la mayoría de delitos económicos son delitos de mera conducta y de peligro, no siempre es necesario que la acción afecte la libertad económica, pero sí que sea idónea para lesionarlo, lo cual permite señalar que existen criterios materiales para el análisis del injusto en estas conductas punibles:

En primer lugar, el riesgo permitido(165), para lo cual es necesario tener en cuenta también que la criminalidad económica es una criminalidad organizada, una criminalidad empresarial(166). Por ello es fundamental la distribución de las responsabilidades en el sujeto económico respectivo. La determinación del riesgo en un sujeto económico depende fundamentalmente de tres factores: el carácter no permitido del riesgo creado, la distribución de los riesgos y los deberes específicos del sujeto activo, y si existe una delegación de funciones en el mismo(167).

En segundo lugar, la adecuación social de muchas conductas que no lesionan el bien jurídico tutelado(168), por ejemplo, tomar una copia de una página de un libro no puede ser considerada una acción delictiva en contra de la propiedad intelectual; recibir el pago de una comida no puede ser un blanqueo de capitales, ni tomar el auto de la empresa puede entenderse como un delito societario.

En tercer lugar, la existencia de aprobaciones oficiales puede llegar a excluir la responsabilidad en los delitos económicos(169). En este sentido, es claro que no existirá antijuridicidad alguna si es la propia autoridad competente la que permite la realización de la conducta(170), lo cual es especialmente frecuente en los delitos ambientales, en los cuales predomina el principio según el cual el que contamina paga.

Por último, si el delito es de resultado, será también necesario aplicar los criterios de la imputación objetiva del resultado(171), tal como sucede con la realización del riesgo, el fin de protección de la norma, la conducta alternativa conforme a derecho y el aumento del riesgo si se trata de delitos dolosos(172) y el principio de confianza en los delitos culposos(173).

Esta posición es especialmente relevante para el análisis de delitos como el blanqueo de capitales, en los cuales en muchas ocasiones no existe relación entre el riesgo creado y el riesgo ocasionado y muchas veces se imputan conductas completamente ajenas al injusto típico a través del dolo eventual. En este sentido, por ejemplo, no pueden imputarse como lavado de activos aquellos eventos en los cuales se realizan actividades comerciales que si bien son muy rentables no son punibles, ni siquiera si no existe un conocimiento suficiente de la contraparte, como sucede con la mera creación de sociedades de capital, la inversión en fondos o las operaciones de cambio de moneda.

Desafortunadamente, en un delito con consecuencias tan graves como el lavado de activos, la justicia de los países latinoamericanos confunde el incumplimiento de los deberes de las entidades financieras sobre el conocimiento de los clientes, caso en el cual si bien se ha creado un riesgo no permitido, este no se realiza en el resultado típico, pues constituye una mera infracción normativa.

(1) Gossel, Karl Heinz y Dölling, Dieter. Strafrecht. Besonderer. Teil 1. 2.ª edición. Müller, Heidelberg: 2004, p. 563; Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 451; Otto, Harro. Grundkurs, Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 313; Bajo Fernández, Miguel. Derecho penal económico, aplicado a la actividad empresarial. 1.ª edición. Civitas, Madrid: 1978, p. 37; Martós Nuñez, Juan Antonio. Derecho penal económico. 1.ª edición. Montecorvo, Madrid: 1987, p. 130; Herrero Herrero, Carlos. Los delitos económicos. 1.ª edición. Ministerio del Interior, Madrid: 1987, p. 38.

(2) Pérez del Valle, Carlos. “Introducción al derecho penal económico”. En: Bacigalupo, Enrique. Curso de derecho penal económico. 1.ª edición. Marcial Pons, Madrid: 2005, p. 25; García Cavero, Percy. Derecho penal económico. Parte general. 1.ª edición. Ara Editores, Lima: 2003, p. 37.

(3) Többens, Hans. Wirtschaftsstrafrecht. Vahlen, München: 2006, pp. 1-2.

(4) Gossel, Karl Heinz y Dölling, Dieter. Strafrecht. Besonderer. Teil 1. 2.ª edición. Müller, Heidelberg: 2004, p. 563; Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 451; Otto, Harro. Grundkurs, Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 313; Bajo Fernández, Miguel. Derecho penal económico, aplicado a la actividad empresarial. 1.ª edición. Civitas, Madrid: 1978, p. 37; Martós Nuñez, Juan Antonio. Derecho penal económico. Montecorvo, Madrid: 1987, p. 130; Herrero Herrero, Carlos. Los delitos económicos. 1.ª edición. Ministerio del Interior, Madrid: 1987, p. 38.

(5) Richter, Hans. “Grundbegriffe des Wirtschaftsstrafrecht”. En: Handbuch des Wirtschafts- und Ordnungswidrigkeitenrechts. 4.ª edición, Aschendorff, Münster: 2006, p. 47.

(6) Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2007, p. 23.

(7) Ibíd.

(8) Gossel, Karl Heinz y Dölling, Dieter. Strafrecht. Besonderer Teil 1. 2.ª edición. Müller, Heidelberg: 2004, p. 563; Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 451; Otto, Harro. Grundkurs, Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 313.

(9) Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001, p. 14; Martós Nuñez, Juan Antonio. Derecho penal económico. Montecorvo, Madrid: 1987, p. 129; Bajo Fernández, Miguel. Derecho penal Económico, aplicado a la actividad empresarial. 1.ª edición. Civitas, Madrid: 1978, p. 40.

(10) Pérez del Valle, Carlos. “Introducción al derecho penal económico”. En: Bacigalupo, Enrique. Curso de derecho penal económico. 1.ª edición. Marcial Pons, Madrid: 2005, p. 25.

(11) García Cavero, Percy. Derecho penal económico. Parte general. 1.ª edición. Ara Editores, Lima: 2003, p. 37.

(12) Pérez del Valle, Carlos. “Introducción al derecho penal económico”. En: Bacigalupo, Enrique. Curso de derecho penal económico. 1ra. edición. Marcial Pons, Madrid: 2005, p. 25.

(13) García Cavero, Percy. Derecho penal económico. Parte general. 1.ª edición. Ara editores, Lima: 2003, p. 37.

(14) Többens, Hans. Wirtschaftsstrafrecht. Vahlen, München:2006. pp. 1-2.

(15) Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2007, p. 24.

(16) Colson, Jean-Philippe. Droit public économique. LGDJ, Paris: 2001, pp. 15-19; De Laubadère, Andre y Delvolvé, Pierre. Droit public économique. Dalloz, Paris: 1986, pp. 8-13.

(17) Sobre la agrupación de las definiciones de acuerdo al aspecto teleológico o metodológico, vid. Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico. Comares, Granada: 2004, p. 13.

(18) Darmstaedter, Friedrich. Das Wirtschaftsrecht in seiner soziologischen Struktur. Grunewald. Berlin: 1928, p. 13.

(19) Huber, Erts Rudolf. Wirtschaftsverwaltungsrecht. JCB (Paul Siebeck), Tübingen: 1954, p. 10.

(20) Stober, Rolf. Derecho administrativo económico (trad. Santiago González-Varas Ibáñez). MAP, Madrid: 1992, p. 44.

(21) Rink, G. Wirtschaftsrecht. Carl Heymanns, Köln: 1974, p. VII.

(22) De Laubadère, Andre y Delvolvé, Pierre. Droit public économique. Dalloz, Paris: 1986, p. 10.

(23) Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico. Comares, Granada: 2004. p. 13.

(24) Herrero Herrero, Carlos. Los delitos económicos. 1ª. edición. Ministerio del Interior, Madrid: 1987, p. 31.

(25) Jacquemin, Alexis y Schrans, Guy. Le droit économique. Presses universitaires de France, Paris: 1970, p. 91.

(26) Báez Martínez, Roberto. Derecho económico. Colección de textos jurídicos universitarios, México: 1996, p. 5.

(27) Darmstaedter, Friedrich. Das Wirtschaftsrecht in seiner soziologischen Struktur. Grunewald, Berlin: 1928, p. 13.

(28) Quadri, Giovanni. Diritto pubblico dell’economia. Cedam. Padova: 1980, p. 57.

(29) De Laubadère, Andre y Delvolvé, Pierre. Droit public économique. Dalloz, Paris: 1986, p. 10.

(30) Rivacoba y Rivacoba, Manuel. “Los llamados delitos socio-economicos en los códigos penales y en los proyectos iberoamericanos y en la propuesta de anteproyecto español del nuevo código penal”. En: Barbero Santos, M. Delitos socio-económicos. Universidad de Madrid, Madrid: 1985, p. 79.

(31) Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2007, p. 33.

(32) Többens, Hans. Wirtschaftsstrafrecht. Vahlen, München: 2006, p. 2; Otto, Harro. Grundkurs. Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 312; Gossel, Karl Heinz y Dölling, Dieter. Strafrecht. Besonderer Teil 1. 2.ª edición. Müller, Heidelberg: 2004, p. 563; Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 449.

(33) Többens, Hans. Wirtschaftsstrafrecht. Vahlen, München: 2006, p. 2; Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 449. Gosels, 563.

(34) Sutherland, E. H. El delito de cuello blanco. La Piqueta, Madrid: 1999, p. 262.

(35) Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 449.

(36) Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001, p. 29.

(37) Pérez del Valle, Carlos. “Introducción al derecho penal económico”. En: Bacigalupo, Enrique. Curso de derecho penal económico. 1.ª edición. Marcial Pons, Madrid: 2005, p. 23.

(38) Sutherland, E. H. El delito de cuello blanco. La Piqueta, Madrid: 1999, p. 264.

(39) Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 449; Herrero Herrero, Carlos. Los delitos económicos. 1.ª edición. Ministerio del Interior, Madrid: 1987, p. 499.

(40) Otto, Harro. Grundkurs. Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 313; Vorholt, Andre. Wirtschaftsstrafrecht. RWS, Köln: 2007, p. 1-2; Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 449; Gossel, Karl Heinz y Dölling, Dieter. Strafrecht. Besonderer Teil 1. 2.ª edición. Müller, Heidelberg: 2004, p. 563.

(41) Sutherland, E. H. El delito de cuello blanco. La Piqueta, Madrid: 1999, p. 263.

(42) Martós Nuñez, Juan Antonio. Derecho penal económico. 1.ª edición. Montecorvo, Madrid: 1987, p. 200.

(43) Ibíd.

(44) Herrero Herrero, Carlos. Los delitos económicos. 1.ª edición. Ministerio del Interior, Madrid: 1987, p. 38.

(45) Roxin, Claus. Strafrecht. Allgemeiner Teil 1. Beck, München: 2006, p. 45.

(46) Vorholt, ob. cit., 71 y ss.; Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 448.

(47) Martós Nuñez, Juan Antonio. Derecho penal económico. 1.ª edición. Montecorvo, Madrid: 1987, p. 200.

(48) Otto, Harro. Grundkurs. Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 313; Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001, p. 30; Artz, Gunther y Weber, Ulrich. Strafrecht. Besonderer Teil. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld: 2000, p. 454.

(49) Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001, pp. 31 y 32.

(50) Walsh, Carl y Stiglitz, Joseph. Economics. Norton, Nueva York: 2002, p. 26; Mankiw, Gregory. Principios de economía (trad. Esther Rabasco y Luis Toharia). Thomson, Madrid: 2007, p. 6.

(51) Walsh, Carl y Stiglitz, Joseph. Economics. Norton, Nueva York: 2002, p. 26; Mankiw, Gregory. Principios de economía (trad. Esther Rabasco y Luis Toharia). Thomson, Madrid: 2007, p. 26; McConnell, C. y Blue, S. Economía. McGraw Hill, Bogotá: 2000, p. 4; Heilbroner, Robert y Thurow, Lester. Economía. Prentice Hall, México: 1987, p. 97.

(52) Martós Nuñez, Juan Antonio. Derecho penal económico. 1.ª edición. Montecorvo, Madrid: 1987, p. 199.

(53) Tiedemann, Klaus. Lecciones de derecho penal económico..., ob. cit., pp. 34 y ss.; Martinez Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general, ob. cit., pp. 164 y ss.

(54) Sobre este aspecto, Soto Navarro, Susana. La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna. Comares, Granada: 2003, p. 194; Santana Vega, Dulce María. La protección penal de los bienes jurídicos colectivos, ob. cit., p. 194; Mata y Martín, Ricardo. Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro. Comares, Granada: 1997, p. 11.

(55) Cfr. Soto Navarro, Susana. La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna. Comares, Granada: 2003, p. 195.

(56) Soto Navarro, Susana. La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna. Comares, Granada: 2003, p. 195.

(57) Cfr. Soto Navarro, Susana. La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna. Comares, Granada: 2003, pp. 198 y ss.

(58) Otto, Harro. Grundkurs, Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 314.

(59) Tiedemann, K. Lecciones de derecho penal económico..., ob. cit., p. 32; en similar sentido, Martós Nuñez, Juan Antonio. Derecho penal económico. 1.ª edición. Montecorvo, Madrid: 1987, pp. 344 y ss.; Gossel, Karl Heinz y Dölling, Dieter. Strafrecht. Besonderer Teil 1. 2.ª edición. Müller, Heidelberg: 2004, p. 563; Otto, Harro. Grundkurs. Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 313.

(60) Tiedemann, K. Lecciones de derecho penal económico..., ob. cit., p. 32; Gossel, Karl Heinz y Dölling, Dieter. Strafrecht. Besonderer Teil 1. 2.ª edición. Müller, Heidelberg: 2004, p. 563; Otto, Harro. Grundkurs, Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 313.

(61) Tiedemann, K. Lecciones de derecho penal económico..., ob. cit., p. 32.

(62) Otto, H. Grundkurs, Die eizelne Delikte. 7.ª edición. De Gruiter Recht, Berlin: 2005, p. 313.

(63) Richter, H. “Grundbegriffe”. En: Müller-Gugenberger, C. (Dir.) Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts. O. Schmidt, Köln: 2006, p. 56.

(64) Giunta, Fausto. Lineamenti di diritto penale dell’economia. Vol. I, Delitti contro l’economia pubblica e reati societari. 2.ª Edición. G. Giappichellii, Torino: 2004, pp. 65 y 66.

(65) Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001, p. 17.

(66) Martinez Buján Pérez, Carlos. Derecho penal económico. Parte general. Tirant Lo Blanch, Valencia: 2007, pp. 170 y ss.

(67) García Cavero, Percy. Derecho penal económico. Parte general. 1.ª edición. Ara Editores, Lima: 2003, pp. 92 y 93.

(68) El bien jurídico tutelado es la intervención del Estado en la economía, lo que implicaría reconocer que dicha intervención tiene un fin en sí misma y merece una tutela penal autónoma, lo cual contradeciría la orientación del Estado hacia el individuo propia de un Estado liberal.

(69) Pedrazzi, C. “El bien jurídico en los delitos económicos”. En: Barbero Santos, M. Delitos socio-económicos. Universidad de Madrid, Madrid: 1985, p. 285.

(70) Max, Alsberg. Wirtschaftsstrafrecht als Problem der Gesetzgebung, Praxis und Wissenschaft. Berlin: 1931, p. 14.

(71) Werner, Stefan. Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsstrafrecht im Nationalsozialismus. Peter Lang, Frankfurt: 1991, pp. 572-581.

(72) Cfr. Octavio de Toledo, E. La prevaricación…, ob. cit., p. 237.

(73) Cfr. Morillas Cueva, L. y Portilla Contreras, G. “Los delitos de revelación de secretos, uso de información privilegiada, cohecho impropio y tráfico de influencias”. En: Bajo Fernández, M. Comentarios a la legislación penal. Madrid: 1994, p. 180; Cabello Mohedano, F. “Razón, bien jurídico y conducta típica en el delito de tráfico de influencias”. En: González Rus, J. J. (coord.) Estudios penales y jurídicos (L.H. Enrique Casas Barquero). Universidad de Córdoba, Córdoba: 1996, p. 91.

(74) Asúa Batarrita, A. “La tutela penal del correcto funcionamiento de la Administración…”. En: Asúa Batarrita, A. (ed.) Delitos contra la Administración Pública. Bilbao: 1997, p. 20; Así mismo, Demetrio Crespo, E. ”Corrupción y delitos contra la administración pública”, ob. cit., p. 70.

(75) Demetrio Crespo, E. Corrupción y delitos contra la administración pública, ob. cit., p. 70.

(76) Rothe, Martin. Rechtswörterbuch. Lutherhand, Berlin: 1996, p. 497.

(77) SCC C-208 de 2000.

(78) Huergo Lora, A. Las sanciones administrativas. Iustel, Madrid: 2007, pp. 138-170.

(79) Mantovani, Ferrando. Diritto Penale. Cedam, Padova: 1988, p. 209, señala que las directrices constitucionales deben ser tenidas en cuenta por el legislador para la reconstrucción de la parte especial del derecho penal: “1. En la enucleación de precisas tipologías de objetos jurídicos de categoría con base en los bienes tutelados por la Constitución o también deducidos de la realidad socio cultural de nuestro tiempo o con ella compatibles”, “2. En la despenalización (n. 7) de los que tutelan intereses no fácilmente conciliables con la Constitución o también intereses constitucionalmente no relevantes y anacrónicos respecto a la realidad socio cultural actual”, “3. En la descriminalización (nn. 7, 255), por lo menos como criterio tendencial, de los delitos que tutelan intereses privados de relieve constitucional”, “4. En la criminalización de las nuevas tipologías de agresión, que vayan a ofender, en medida consistente, bienes constitucionalmente significativos”, “5. En la proporción de la especie y cantidad de la pena para diversos delitos al diverso rango de bienes”, “6. En la cualificación del reato como delito o contravención” y “7. En la adecuación de límites consentidos en la tipicidad, de la legislación penal a nuevos valores constitucionales”.

(80) Méndez Rodriguez, Cristina. Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación. Servicio Publicaciones Facultad Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid: 1993, p. 17.

(81) Mantovani, Ferrando. Diritto Penale. Cedam, Padova: 1988, p. 200.

(82) Riz, Roland. Liniamenti di diritto penal. Parte generale. AER, Bolzano: 1998, p. 80.

(83) Nuvolone, Pietro. Il sistema del diritto penale. Cedam, Padova: 1982, p. 51; en sentido similar, Mantovani afirma que “el bien jurídico constitucionalmente orientado, no ofrece ‘mágicas soluciones’ al problema de la tutela penal, por la incerteza y polivalencia de la Constitución, no siendo esta un ‘catálogo de bienes’ y no siendo idónea, como sistema cerrado a recibir nuevos bienes emergentes. Pero el carácter ‘rígido’ y ‘garantista – personalístico’ de la misma, constituirá por siempre un poderoso instrumento para la reconstrucción de la PE del Derecho penal, señalando ‘directrices de fondo’ para la criminalización, la descriminalización y la despenalización”. Al respecto, vid. Mantovani, Ferrando. Diritto Penale. Cedam, Padova: 1988, p. 200.

(84) Mantovani, Ferrando. Diritto Penale. Cedam, Padova: 1988, p. 209.

(85) Roxin, Claus. Strafrecht. Allgemeiner Teil 1. Beck, München: 2006,p. 56.

(86) Rudolphi, Hans Joachim. “Los diferentes aspectos del concepto de bien jurídico”. En: Nuevo Pensamiento Penal. Buenos Aires: 1975, p. 341.

(87) Hefendehl, Roland. Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht. Heymenns, Köln: 2002, p. 379 y 380.

(88) En este sentido, consideramos que una confrontación radical entre las tesis constitucionalistas y sociológicas no tiene ningún sentido, pues un concepto constitucionalista amplio que considere a la Carta Fundamental como fuente de principios y de límites que deben ser respetados por el legislador (no como catálogo estricto de bienes jurídicos) es plenamente compatible con una visión sociológica que estudie la realidad social como fuente para la determinación de los intereses jurídicos más relevantes.

(89) Bustos Ramírez, Juan. Control social y sistema penal. Promociones publicaciones universitarias, Barcelona: 1987, p. 192.

(90) Mantovani, Ferrando. Diritto Penale. Cedam, Padova: 1988, p. 209, señala que las directrices constitucionales deben ser tenidas en cuenta por el legislador para la reconstrucción de la parte especial del derecho penal: “1. En la enucleación de precisas tipologías de objetos jurídicos de categoría con base en los bienes tutelados por la Constitución o también deducidos de la realidad socio cultural de nuestro tiempo o con ella compatibles”, “2. En la despenalización (n. 7) de los que tutelan intereses no fácilmente conciliables con la Constitución o también intereses constitucionalmente no relevantes y anacrónico respecto a la realidad socio cultural actual”, “3. En la descriminalización (nn. 7, 255), por lo menos como criterio tendencial, de los delitos que tutelan intereses privados de relieve constitucional”, “4. En la criminalización de las nuevas tipologías de agresión, que vayan a ofender, en medida consistente, bienes constitucionalmente significativos”, “5. En la proporción de la especie y cantidad de la pena para diversos delitos al diverso rango de bienes”, “6. En la cualificación del reato como delito o contravención” y “7. En la adecuación de límites consentidos en la tipicidad, de la legislación penal a nuevos valores constitucionales”. Similar función le confiere Roxin al bien jurídico, señalando que “de tal concepto de bien jurídico, que le viene previamente dado al legislador penal, pero no es previo a la Constitución, se pueden derivar una serie de tesis concretas”, dentro de las cuales manifiesta que las conminaciones penales arbitrarias, las finalidades puramente ideológicas, las meras inmoralidades y los preceptos penales que no creen o aseguraren la desigualdad entre los seres humanos no protegen bienes jurídicos, mientras que las contravenciones sí los lesionan. Al respecto, vid. Roxin, C. Derecho penal. PG. T. I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito (trad. y notas de la 2ª ed. alemana por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal). Civitas, Madrid: 1997, p. 56.

También adopta una posición similar Rudolphi, para quien “la Constitución contiene ya las decisiones valorativas fundamentales para la elaboración de un concepto de bien jurídico previo a la legislación penal, pero al mismo tiempo obligatorio para ella” (Rudolphi, Hans Joachim. “Los diferentes aspectos del concepto de bien jurídico”. En: Nuevo Pensamiento Penal. Buenos Aires: 1975, p. 341).

Dentro de la doctrina más reciente, Hefendehl hace énfasis en la necesidad de desarrollar un concepto material de bien jurídico a partir de la Constitución (Hefendehl, Roland. Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht. Heymenns. Köln: 2002, pp. 379 y 380).

(91) Badura, Peter. Wirtsschaftverfassung und Wirtschaftverwaltung. Mohr Siebeck, Tübingen: 2008, pp. 10-15.

(92) Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico. Comares, Granada: 2004, p. 260.

(93) Badura, Peter. Wirtsschaftverfassung und Wirtschaftverwaltung. Mohr Siebeck, Tübingen: 2008, p. 47.

(94) Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico. Comares, Granada: 2004, p. 99.

(95) Ibíd.

(96) Badura, Peter. Wirtsschaftverfassung und Wirtschaftverwaltung. Mohr Siebeck, Tübingen: 2008, p. 20.

(97) Ibíd., p. 24.

(98) Ibíd., p. 45.

(99) Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico. Comares, Granada: 2004, p. 99.

(100) Badura, Peter. Wirtsschaftverfassung und Wirtschaftverwaltung. Mohr Siebeck, Tübingen: 2008, p. 32; Colson, Jean-Philippe. Droit public économique. LGDJ, Paris: 2001, p. 60; Colin, Frédéric. Droit public économique. Gaulino, Paris: 2005, p. 126.

(101) Colin, Frédéric. Droit public économique. Gaulino, Paris: 2005, p. 127.

(102) Sánchez Morón, M. “Interés general”. En: Montoya Melgar, A. Enciclopedia jurídica básica. T. III. Civitas, Madrid: 1994, p. 3658.

(103) Nieto, A. “La administración sirve con objetividad a los intereses generales”. En: Martín-Retortillo, S. (coord.) Estudios sobre la Constitución española, L.H. al profesor Eduardo García de Enterría. T. III. Civitas, Madrid: 1991, p.p. 2249-2252; STC de 11 de junio de 1984.

(104) Sánchez Morón, M., ob. cit., p. 3659.

(105) Truchet, Didier. Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du conseil d’etat. Libraire generale de Droit et de jurisprudence, París: 1977, pp. 265-270.

(106) Nieto, A., ob. cit., p. 2220. Truchet, Didier. Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du conseil d’etat. Libraire generale de Droit et de jurisprudence, París: 1977, p. 270.

(107) Colson, Jean-Philippe. Droit public économique. LGDJ, Paris: 2001, pp. 77-79. Colin, Frédéric. Droit public économique. Gaulino, Paris: 2005, pp. 134-136; Badura, Peter. Wirtsschaftverfassung und Wirtschaftverwaltung. Mohr Siebeck, Tübingen: 2008, p. 51.

(108) Herdegen, Matthias. Derecho económico internacional (trad. de Laura García Gutierrez y Katia Fach Gómez). Thomson-Civitas, Madrid: 2005, p. 76.

(109) Colson, Jean-Philippe. Droit public économique. LGDJ, Paris: 2001, pp. 82 y 83.

(110) Ibíd.

(111) Badura, Peter. Wirtsschaftverfassung und Wirtschaftverwaltung. Mohr Siebeck, Tübingen: 2008, p. 42.

(112) Méndez Rodriguez, Cristina. Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación. Servicio Publicaciones Facultad Derecho, Universidad Complutense Madrid, Madrid: 1993, pp. 235 y 236; Corcoy Bidasolo, Mirentxu. Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. Tirant lo Blanch, Valencia: 1999, p. 223; Martinez Buján Pérez, C. Derecho Penal Económico. Parte general ob cit., 202 y ss.

(113) Méndez Rodriguez, Cristina. Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación. Servicio Publicaciones Facultad Derecho, Universidad Complutense Madrid, Madrid: 1993, p. 236; Martinez Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general, ob. cit., pp. 202 y ss.

(114) Méndez Rodriguez, Cristina, ob cit., p. 133.

(115) Ibíd., p. 159.

(116) No es nueva la tendencia de buscar juzgar todos los elementos del delito dentro de la tipicidad. Gracias a esta propensión se han logrado grandes avances, como analizar el dolo en el tipo, pero también se ha llegado a extremos que en muchos casos no tienen utilidad práctica alguna y sí múltiples consecuencias negativas, como ha sido la inclusión de todos los elementos de valoración del bien jurídico en la tipicidad, situación que ha generado que un gran sector de la doctrina niegue la posibilidad de probar la lesividad de los delitos de peligro abstracto por el simple hecho de que en estos no se mencione el peligro dentro del tipo penal, olvidando que aunque en el tipo penal no se mencione expresamente la necesidad de realizar este juicio, este debe efectuarse en sede de antijuridicidad.

(117) Artículo 9.º del Código Penal colombiano.

(118) Artículo 11 del Código Penal colombiano.

(119) Rodríguez Montañez, Teresa. Delitos de peligro, dolo e imprudencia. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid: 1994, pp. 300 y 301.

(120) Ibíd., p. 301.

(121) Corcoy Bidasolo, Mirentxu. Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. Tirant lo Blanch, Valencia: 1999, p. 366.

(122) Ibíd.

(123) Roxin, Claus. Strafrecht. Allgemeiner Teil 1. Beck, München: 2006, p. 33.

(124) Mata y Martín, Ricardo. Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro. Comares, Granada: 1997, p. 35.

(125) Ibíd., p. 35.

(126) Ibíd., p. 31.

(127) Ibíd., p. 76.

(128) Ibíd., p. 76.

(129) Silva Sánchez, J. M. La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Cívitas, Madrid: 2001, p. 131.

(130) Ibíd.

(131) Hassemer, W. Persona, mundo y responsabilidad. Tirant lo Blanch, Valencia: 1999, pp. 51 y ss.

(132) Silva Sánchez, J. M. La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Civitas, Madrid: 2001, p. 99.

(133) Silva Sánchez, J. M. La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Civitas, Madrid: 2001. Aceptando la necesidad de un nuevo modelo de imputación para el derecho penal económico, pero cuya aplicación no se base en el criterio de la pena privativa de la libertad, sino en las características del hecho sancionado, García Cavero, Percy. Derecho penal económico. Parte general. 1.ª edición. Ara editores, Lima: 2003, pp. 126-129.

(134) Sobre la evolución de los delitos económicos puede consultarse Conti, Luigi. Diritto penale commerciale. Vol. I. Utet, Turín: 1965, pp. 7-16.

(135) La responsabilidad por bancarrota fraudulenta de los administradores de sociedades comerciales en el Código de Comercio de Italia de 1865.

(136) En Inglaterra, la Fraudulent Trustees Act de 1857 tipificaba la malversación y la falsedad de los libros y de la rendición de cuentas de los directores, oficiales y administradores de las corporaciones y compañías privadas. También consagran delitos económicos: la Larceny Act de 1861, la Companies Act de 1861, y la Prevention of Fraud (investments) Act de 1958.

(137) En Alemania, la dieta federal del 27 de febrero de 1861 consagraba varios delitos en el comercio. Posteriormente, la legislación en la cual se consagraban delitos de naturaleza económica se aumentó durante la Segunda Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores a esta, periodo en el cual se promulgaron la ordenanza sobre el régimen de abastecimientos del 27 de agosto de 1939, la ordenanza sobre economía en tiempo de guerra de 4 de septiembre de 1939, la ordenanza sobre derecho penal de precios de 26 de octubre de 1944, y la ley sobre derecho penal económico de 26 de julio de 1949.

(138) En Francia, la Ley del 17 de julio de 1867 tipificaba la emisión y negociación fraudulenta de acciones, la publicación de balances falsos y la distribución ficticia de dividendos.

(139) Los reatos societarios fueron introducidos por la Ley del 18 de mayo de 1873.

(140) En Holanda se incluyeron algunos reatos societarios en el Código Penal de marzo de 1881.

(141) Jiménez Asenjo, Enrique. Manual de derecho penal especial. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid: 1950.

(142) Conti, Luigi. Diritto penale commerciale. Vol. I. Utet, Turín: 1965.

(143) Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

(144) Schünemann, Bernd. Temas actuales y permanentes del derecho penal después del milenio. Tecnos, Madrid: 2002, p. 49 y ss.

(145) Díez Ripollés, José Luis. “El bien jurídico protegido en un Derecho penal garantista”. En: Jueces para la Democracia, núm. 30, 1997, pp. 17 y ss.; Soto Navarro, Susana. La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna. Comares, Granada: 2003, p. 251.

(146) Portilla Contreras, Guillermo. “Principio de intervención mínima y bienes jurídicos colectivos”. En: CPC, núm. 39, 1989, pp. 726 y ss.; Octavio de Toledo y Ubieto, Emilio. “Función y límites del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos”. En: ADPCP, 1990, pp. 8 y ss.

(147) No se opone a los dictados de una economía de mercado, como la que prohíja la Constitución, y a que administrativamente se señalen las tasas de interés, según lo sugieren algunos intervinientes, porque el modelo socioeconómico que inspira el Estado social de derecho presupone la intervención de este en la dirección de la economía para lograr el cumplimiento de los fines que le son propios en beneficio de los intereses comunitarios (C.P., arts. 333 y 334).

(148) Richter, H. “Grundbegriffe”. En: Müller-Gugenberger, C. (Dir.) Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts. O. Schmidt, Köln: 2006, p. 56; Vorholt, Andre. Wirtschaftsstrafrecht. RWS, Köln: 2007, pp. 89 y ss.; Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001; Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008.

(149) Richter, H. “Grundbegriffe”. En: Müller-Gugenberger, C. (Dir.) Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts. O. Schmidt, Köln: 2006, p. 56; Vorholt, Andre. Wirtschaftsstrafrecht. RWS, Köln: 2007, pp. 89 y ss.; Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008; Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001; Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001.

(150) Richter, H. “Grundbegriffe”. En: Müller-Gugenberger, C. (Dir.) Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts. O. Schmidt, Köln: 2006, p. 56.

(151) Richter, H. “Grundbegriffe”. En: Müller-Gugenberger, C. (Dir.) Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts. O. Schmidt, Köln: 2006, p. 56; Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008; Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001; Martinez Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general, ob. cit.

(152) Ibíd.

(153) Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008.

(154) Vorholt, Andre. Wirtschaftsstrafrecht. RWS, Köln: 2007, pp. 89 y ss.

(155) Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008; Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001; Martinez Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general, ob. cit.

(156) Richter, H. “Grundbegriffe”. En: müller-Gugenberger, C. (Dir.) Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts. O. Schmidt, Köln: 2006, p. 56; Vorholt, Andre. Wirtschaftsstrafrecht. RWS, Köln: 2007, pp. 89 y ss.; Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008.

(157) Martinez Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general, ob. cit.; Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008.

(158) Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008; Martinez Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general, ob. cit.

(159) Richter, H. “Grundbegriffe”. En: Müller-Gugenberger, C. (Dir.) Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts. O. Schmidt, Köln: 2006, p. 56; Martínez Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general, ob. cit.

(160) Richter, H. “Grundbegriffe”. En: Müller-Gugenberger, C. (Dir.) Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts. O. Schmidt, Köln: 2006, p. 56; Vorholt, Andre. Wirtschaftsstrafrecht. RWS, Köln: 2007, pp. 89 y ss.; Martinez Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general, ob. cit.; Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Aceres S.A., Madrid: 2001.

(161) Richter, H. “Grundbegriffe”. En: Müller-Gugenberger, C. (Dir.) Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts. O. Schmidt, Köln: 2006, p. 56; Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008.

(162) Vorholt, Andre. Wirtschaftsstrafrecht. RWS, Köln: 2007, pp. 89 y ss.; Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008; Martinez Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general, ob. cit.

(163) Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2008.

(164) Las negociones económicas se materializan en transacciones económicas, las cuales desde el punto de vista legal constituyen actos jurídicos, cuya celebración libre y válida requiere de cuatro elementos: el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito, la causa lícita y la capacidad para actuar en el comercio, presupuestos sin los cuales es imposible llevar a cabo una transacción económica y que por ello constituyen el núcleo del desarrollo de la libertad económica.

(165) Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2007, p. 114.

(166) Sutherland, E. H. El delito de cuello blanco. La Piqueta, Madrid: 1999, p. 264.

(167) Vorholt, Andre. Wirtschaftsstrafrecht. RWS, Köln: 2007, pp. 351 y ss.

(168) Tiedemann, Klaus. Wirtschaftsstrafrecht. 2.ª edición. Carl Heymanns, Köln: 2007, p. 106.

(169) Ibíd., p. 113.

(170) Ibíd.

(171) García Cavero, Percy. Derecho penal económico. Parte general. 1.ª edición. Ara Editores, Lima: 2003, p. 448.

(172) Roxin, Claus. Strafrecht. Allgemeiner Teil 1. Beck, München: 2006, pp. 384 y ss.

(173) Ibíd., pp. 1070 y ss.