Breves reflexiones sobre la afectación de las garantías fundamentales en la formulación de imputación

Revista Nº 41 Oct.-Dic. 2012

Jaime Granados Peña 

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, académico y litigante de profesión 

Presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Penal y Ciencias Penales de Colombia 

(Colombia) 

Sumario

La formulación de la imputación al interior del proceso penal colombiano, se ha constituido en un procedimiento que además de carecer de control y soporte probatorio verificable, supone indudablemente la violación de garantías fundamentales inherentes al ser humano en toda investigación de carácter penal. El presente artículo evidencia las falencias de tal fase procesal, indicando como ellas se constituyen a su turno en violaciones a garantías fundamentales de toda actuación penal, para culminar con una interesante propuesta dirigida a su supresión del esquema procesal penal.

Temas relacionados

Derecho procesal penal; formulación de imputación; audiencia de formulación de imputación; debido proceso; proceso penal.

Introducción

La formulación de imputación afecta el derecho a la defensa, a la dignidad, a la honra y al buen nombre porque permite que una persona sea vinculada a un proceso penal sin que el ente acusador haga un descubrimiento probatorio pleno y sin que esta tenga la capacidad de ejercer el derecho a la defensa para impedir dicha vinculación. En otras palabras, en Colombia se vulneran las garantías fundamentales del indiciado al momento en que este es vinculado a un proceso sin que se le descubran los elementos probatorios que permiten determinar el fundamento razonable de la Fiscalía para someter a la persona a un proceso penal y sin poder refutar las pruebas que sustentan dicho fundamento razonable.

Ser vinculado en un proceso penal es tan desgastante que puede cumplir con el fin de la pena basado en una retribución justa. Implica un gasto general de tiempo y de recursos que la persona debe sacrificar para poder ejercer su derecho a la defensa. En palabras del profesor Ernesto Chiesa, “para el acusado, hay un estigma social que no se borra necesariamente con el resultado favorable del juicio”(1). Por esta razón, se considera violatorio a los derechos fundamentales el hecho de que una persona no pueda impedir su vinculación a un proceso penal, y que la salida del proceso penal de una persona que no quiera aceptar cargos, sea únicamente el juicio oral, o una salida vía la justicia restaurativa, lo que en todo caso podría implicar una aceptación de responsabilidad. Estar en el proceso penal sin que la defensa pueda impedir esta vinculación afecta los derechos fundamentales a la dignidad y al buen nombre, mientras que ser vinculado a un proceso penal sin conocer las pruebas en manos de la Fiscalía vulnera el derecho a la defensa. Igual violación ocurre cuando se solicita una medida de aseguramiento en la audiencia de formulación de imputación. En esta situación el indiciado no puede preparar cabalmente su defensa pues hasta ahora está enterándose de los hechos, no es una acusación definitiva y la Fiscalía no hace un pleno descubrimiento de los elementos materiales probatorios.

Por lo anterior, al final de este escrito se propondrá suprimir la audiencia de formulación de imputación y realizar la imputación fáctica y jurídica en la audiencia de formulación de acusación, en aras de proteger las garantías del procesado y la eficiencia del sistema penal.

1. La imputación como vinculación a un proceso criminal y el derecho a la defensa

La formulación de imputación como está entendida hoy en día en el derecho penal colombiano viola garantías fundamentales por dos razones. Primero, la formulación de imputación vincula a la persona al proceso penal sin realizar un descubrimiento probatorio. A manera de ejemplo, la Fiscalía vincula a una persona por lesiones personales y no debe descubrir ninguna prueba. La segunda razón se basa en la incapacidad de ejercer el derecho a la defensa en la formulación de imputación. No existe ninguna forma para que el indiciado pueda defenderse de la imputación para evitar ser sometido a un proceso penal. Además, se considera que ser sometido a un proceso penal de manera injustificada vulnera la dignidad, el buen nombre y la honra. A continuación se explicará por qué es violatorio del derecho a la defensa el hecho de que no se haga un descubrimiento probatorio al momento de la formulación de imputación. Después, se explicará por qué el fin de la formulación de imputación en Colombia no debería ser solamente comunicarle al indiciado sobre la investigación que se sigue en su contra, sino que también, el indiciado debería poder defenderse de manera que pueda evitar dicha imputación. Esta defensa, por supuesto, requeriría de un descubrimiento pleno del material probatorio por parte de la Fiscalía.

1.1. Derecho a la defensa con un descubrimiento probatorio pleno en la formulación de imputación

El artículo 287 del Código de Procedimiento Penal señala que el fiscal hará la imputación fáctica “cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o participe del delito que se investiga”. El derecho a la defensa es gravemente afectado en la formulación de imputación pues el fiscal no tiene la obligación de hacer el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física ni de ninguna información que posea la Fiscalía tal como lo afirma el numeral 2.º del artículo 287.

El artículo 290 habla sobre el derecho de defensa en la formulación de imputación refiriéndose a que a partir de esta audiencia la “defensa se podrá preparar de modo eficaz”. Este artículo y ningún otro del título de la formulación de imputación hacen referencia a otro derecho de defensa que pueda ejercer el indiciado.

Así las cosas, la situación real es de la siguiente magnitud: el fiscal imputa unos hechos con base en unas supuestas evidencias que posee y según estás evidencias es viable inferir que la persona es presuntamente responsable por la comisión de un delito. Entran, entonces, en juego varias situaciones: la de la persona que no cometió ninguna conducta delictiva y no entiende por qué se le está imputando un delito, la de la persona que conoce los hechos que se le imputan pero no tiene ninguna participación en el crimen y la de una persona que reconoce su participación en la conducta criminal pero desconoce cómo lo “atraparon en el acto”.

En las tres situaciones descritas la formulación de imputación viola el derecho a la defensa pues al no obligar al fiscal a descubrir las pruebas es realmente difícil para el indiciado planear su defensa. En la primera situación planteada el imputado no tiene qué preparar pues desconoce por completo de lo que se le está hablando. En la segunda situación al imputado le queda muy difícil planear su defensa pues conoce los hechos pero no sabe qué prueba lo incrimina. Mientras que en la tercera situación, el imputado sabe que cometió un delito pero no sabe qué tan “salpicado” está, de modo que esto dificulta la aceptación de cargos.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-1260 del 2005 declaró exequible el no descubrimiento de material probatorio en la formulación de imputación. Así lo argumentó la Corte:

“Para la Corte, las expresiones acusadas por el actor, es decir, “lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía”, no desconocen las garantías procesales de defensa y de publicidad, como lo sostiene el actor, en la medida que la implementación del nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria implicó cambios estructurales en el sistema de investigación, acusación y juzgamiento. Uno de ellos, fue precisamente en materia del descubrimiento de las pruebas al señalar el inciso final del artículo 250 constitucional, que “En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado”, lo cual implica que las pruebas habrán de practicarse dentro de la etapa de juzgamiento con todas las garantías procesales propias como las de publicidad y contradicción. No existen así pruebas secretas ni ocultas en la medida que el nuevo sistema penal impone su práctica durante una audiencia pública —etapa del juicio— donde podrán controvertirse. Por ende, solo cuando el fiscal decide acusar surge el deber de descubrir los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información en poder de la Fiscalía”(2) (resaltado por fuera del texto).

Lamentablemente, la argumentación de la Corte va en contra de las garantías del imputado, pues alega que por ser un sistema de tendencia acusatoria el derecho a la defensa puede ser reducido y limitado en la formulación de imputación. Esta argumentación contraría otros pronunciamientos de la misma corporación y de la Corte Suprema de Justicia en los que se dice que el derecho a la defensa se extiende a todo el proceso y no solo a ciertas etapas procesales(3).

Sin embargo, el derecho a la defensa como lo señala el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal y como lo ha entendido la Corte Constitucional en la sentencia transcrita y las sentencias C-371 del 2011, la C-536 del 2008, C-799 del 2005 y la C-1154 del 2005, no se refiere a la manera como el indiciado pueda evitar dicha imputación, sino que se refiere a que a partir de ese momento puede la defensa preparar de modo eficaz su actividad procesal(4). Así, queda reducido casi que a lo inútil la formulación de imputación cuando no se hace un descubrimiento probatorio ya que es imposible planear una defensa sin saber exactamente qué es lo que tiene la Fiscalía que incrimina a la persona. Hay quienes pueden decir que el imputado puede adivinar los elementos que tiene la Fiscalía y con base en eso planear la defensa, pero ocurre que no siempre el imputado puede adivinar qué tiene la Fiscalía, y aunque lo supiera la defensa sería hipotética.

1.2. Fin inconstitucional de la audiencia de formulación de imputación

El fin de la audiencia de formulación de imputación, tal como está concebido hoy en día, es puramente comunicarle la situación al indiciado para que este “prepare de modo eficaz su actividad procesal”(5). Así lo interpretó la Corte Constitucional en la Sentencia C-425 de 2008, al señalar lo siguiente:

“La diligencia de formulación de la imputación señala el inicio del proceso penal y, a partir de ahí, entran en juego todos los derechos que resultan involucrados con el delito y que corresponde al juez y a todas las autoridades públicas garantizar y salvaguardar. La diligencia de formulación de la imputación tiene como objetivo comunicar a una persona que se inicia en su contra el proceso penal. En otras palabras, esta actuación formalmente pone en funcionamiento la función investigativa del Estado y el aparato judicial para perseguir el delito y proteger los derechos de las víctimas y de la sociedad. En el sistema penal acusatorio, a partir de la formulación de la imputación, el imputado adquiere el carácter de sujeto procesal y puede ejercer su derecho a la defensa material. A partir de la diligencia de formulación de imputación se activa el ejercicio del derecho a la defensa material del sindicado”(6) (resaltado por fuera del texto).

El hecho de que la audiencia de formulación de imputación sea solo un acto de mera comunicación quiere decir también que el papel del juez de control de garantías es mínimo. Al final de la audiencia el juez no decide nada, simplemente ejerce un control de legalidad sobre los requisitos del artículo 288 relacionados con la individualización, hechos y allanamiento. Como no es una decisión, por regla general no procede ningún recurso pues solo en contadas excepciones es procedente el recurso de nulidad(7). En palabras de Whanda Fernández, “(l)a sola formalización de imputación no constituye decisión judicial; es apenas una audiencia preliminar de comunicación, por lo que no cabe contra ella ningún recurso”(8).

Además, vale resaltar la importancia de la formulación de imputación. Por medio de esta audiencia se vincula al infractor (art. 286), se interrumpen los términos de la prescripción de la acción penal (art. 292), se le permite al imputado allanarse a los cargos (art. 293) y se puede solicitar su detención preventiva (art. 306).

En conclusión, la audiencia de formulación de imputación en Colombia tiene implicaciones grandísimas para el procesado. El juez de control de garantías se limita a controlar que el fiscal cumpla con los requisitos formales del artículo 288 ya mencionados y si bien es la oportunidad para que el imputado comience a preparar su defensa, si es que ya no lo ha hecho, este no tiene el derecho de contradicción para impedir que se realice la formulación de imputación.

En síntesis, se considera que, como la formulación de imputación es un acto de mera comunicación esta audiencia se torna en inconstitucional por violar el derecho a la defensa, al buen nombre, honra y a la dignidad.

1.3. Bloque de constitucionalidad y el derecho a la defensa

Según los tratados internacionales ratificados por Colombia todas las personas que son acusadas en un proceso penal tienen el derecho a ser oídas, a defenderse y a tener un tribunal imparcial, independiente y que no someta a la persona a tratos injustificados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma en el artículo 14 que “(t)oda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella” (resaltado por fuera del texto). Igualmente, el artículo 8.º numeral 1.º del Pacto de San José de Costa Rica señala que “(t)oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (resaltado por fuera del texto).

De estos dos tratados mencionados se concluye que la persona que esté siendo vinculada a un proceso penal tendrá derecho a ser oída en todo momento. Además, es necesario resaltar que cuando los tratados mencionan la acusación penal, no se refieren a una acusación formal. Se refieren a cualquier acusación que se le haga. Es decir, no importa si esta es una acusación definitiva o si es un mero acto de comunicación sobre su presunta responsabilidad penal, basta con que sea una mera acusación, tal como es la imputación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 6.1 de la convención(9), asegura que por “cualquier acusación” se entiende que es “una notificación oficial dada a un individuo por la autoridad competente con la acusación que él ha cometido una conducta criminal”(10). Por ende, según los tratados internacionales cuando a una persona se le manifiesta que es investigada por un delito penal, tal como se hace en la formulación de imputación, esta tiene el derecho a ser oída y defenderse.

Las normas internacionales también son claras en establecer el derecho a no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable(11). Esto quiere decir que las personas tienen el derecho a no auto incriminarse.

Sin embargo, para poder defenderse y mantener el derecho a la no autoincriminación, es imperativo que el ente acusador haga un descubrimiento de los elementos materiales probatorios. Sin ningún descubrimiento probatorio la defensa de la persona se torna imposible y podría suceder que la persona en vez de defenderse resulte incriminándose.

Por lo anterior, se deduce de la normatividad internacional que cada vez que se lleve a cabo una acción en contra de una persona, esta tiene derecho a defenderse y a ser oída. Se entiende que cuando una persona es citada para ser vinculada a un proceso penal, este acto judicial debería ser controvertido. Es decir, debería haber una posibilidad de impedir que el acto se lleve a cabo, pues de eso se trata el derecho a la defensa. Así que la formulación de imputación no debería ser considerada un mero acto de comunicación, sino que debería ser considerada como un acto procesal, que pueda ser debatido, en el que al final el juez competente decida sobre lo dicho.

Únicamente de esta manera se estarían garantizando los derechos exigibles por el derecho internacional.

1.4. La violación al derecho a la defensa

Para la Corte, el derecho de defensa es de universal aplicación sin importar la etapa procesal en la que esté la persona. Así lo dice la Corte:

“En los dos escenarios la posición de la Corte ha sido “unívoca, consistente y sólida, en el sentido de sostener que, a luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación”(12).

A partir de esta interpretación de la Corte es necesario hacer una distinción sobre la manera como la persona puede defenderse en cada etapa procesal. La Corte ha dicho que los indiciados tienen derecho a defenderse en la etapa preprocesal si tienen conocimiento de que se lleva un proceso en su contra. La defensa en esta etapa se limita a ir a la Fiscalía, aportar documentos y posiblemente asistir a audiencias preliminares. Si la persona tiene conocimiento de que se lleva un proceso en su contra antes de la audiencia de imputación, muy poco de su derecho a la defensa va cambiar después de la imputación. Es decir, el derecho a la defensa seguirá siendo mínimo porque no se le están descubriendo las pruebas. Por el contrario, si una persona se entera de que hay un proceso en su contra a partir de la imputación y desconoce por completo los hechos que le son imputados, entonces su derecho a la defensa será irrisorio pues sin conocer las pruebas es casi imposible defenderse. De esta manera, la formulación de imputación no cumple con las normas internacionales, pues cuando el fiscal anuncia que se lleva un proceso en su contra, el derecho a la defensa es mínimo toda vez que es imposible defenderse sin conocer las pruebas que se tienen.

Por tanto, si el indiciado no tiene cómo defenderse y contradecir las pruebas para evitar una imputación, se le está violando su derecho a la defensa, al buen nombre, a la honra y a la dignidad, pues aunque no está condenado, es de gran gravedad para la sociedad ser sometido a un proceso penal de manera injustificada. Si bien una persona será considerada inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, pues mientras es sometida a un proceso penal dicha presunción sigue vigente, pero para la sociedad esa persona puede ser culpable de un crimen, cosa que vulnera la dignidad, buen nombre y honra. Someter a cualquier persona a un proceso penal, sea inocente o culpable, es demasiado desgastante tanto para la persona, emocionalmente, para sus familiares y para el aparato judicial. La formulación de una imputación como está no justifica de manera apropiada la vinculación de la persona, pues no hay descubrimiento probatorio y tampoco derecho a la contradicción y a la defensa. Ocurre entonces que si una persona es imputada y no quiere aceptar cargos la única salida del proceso penal se hace agotando el juicio oral o por medio de la justicia restaurativa, lo cual per se puede ser visto como una aceptación de cargos. Y más grave aún, es que permite que pueda haber imputaciones erróneas que desgasten el sistema judicial y perjudiquen al procesado, como también puede suceder que una persona inocente deba padecer los trajines de un proceso criminal.

Hay quienes sostienen que la audiencia de formulación de imputación no es la etapa procesal para debatir de fondo sobre las eventuales responsabilidades del imputado(13). Estas personas tienen razón, pues lo que se pretende en la formulación de imputación no es hacer un juicio oral sino debatir si hay un fundamento razonable para concluir que esa persona puede ser responsable de un crimen. Hoy en día un fiscal debe hacer la imputación fáctica, “cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”(14). Entonces, lo que se propone es que en aras de salvaguardar las garantías del indiciado se realice el debate sobre ese fundamento razonable que tiene el fiscal, mas no sobre la responsabilidad penal de la persona. También en sentencias de la Corte Suprema de Justicia se ha dicho que la formulación de imputación ya es una actuación garantista que beneficia al imputado dado que a partir de esta el imputado puede ejercer su derecho a la defensa(15). Si bien esto es cierto, el derecho de defensa que se pretende ejercer es sobre la vinculación al proceso penal y no sobre la responsabilidad.

De acuerdo con la propuesta de que se pueda controvertir la imputación, el juez de control de garantías deberá tener la capacidad de decidir si admite o inadmite la imputación. El juez debe tener la potestad de decidir si la imputación fue bien hecha y si en realidad hay elementos fácticos y jurídicos para concluir que hay fundamento razonable que permita inferir una posible responsabilidad penal de la persona.

Por lo anterior, se considera que el fin de la audiencia de imputación no debería ser comunicar, sino que debería ser una oportunidad para que el indiciado ejerza su derecho a la defensa usando las pruebas previamente descubiertas por la Fiscalía e impida ser vinculado a un proceso penal. Solo agotándose este debate puede considerarse que una vinculación a un proceso penal está justificada.

1.5. Ejemplo ilustrativo de cómo la formulación de imputación vulnera garantías fundamentales

César es un profesor de un colegio del norte de Bogotá. Un día le llega una citación de la Fiscalía, la cual lo notifica de una formulación de imputación que se realizará en su contra. Él, totalmente sorprendido, acude ante un abogado y manifiesta que no tiene ni idea de qué se trata la imputación. El día de la imputación la Fiscalía le comunica que hay una inferencia razonable para concluir que él es sujeto activo de unas lesiones personales causada a una menor de edad en un barrio en el sur de Bogotá. César claramente recuerda que el 2 de enero estaba de vacaciones en San Andrés, y tiene el tiquete del vuelo y a toda su familia como testigos. Sin embargo, como la formulación de imputación de la Fiscalía cumple con todos los requisitos legales: individualiza al imputado y hace una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes; el juez de control de garantías avala la imputación por cumplir con los requisitos.

En este caso se viola claramente el derecho a la defensa, pues César no conoce las pruebas que la Fiscalía tiene en su contra, y además no tiene cómo desmentir la imputación de la Fiscalía al comprobar que en esa fecha no estaba en Bogotá. El juez debe declarar la legalidad de la imputación, y al imputado solo le queda esperar hasta la acusación o que el fiscal solicite la preclusión. Además, le será difícil ejercer su derecho de defensa tal como lo plantea la legislación colombiana, pues desconoce por completo los hechos de la imputación.

Arbitrariamente, César está siendo sometido a un pesado proceso penal que afecta su derecho a la dignidad, buen nombre y honra, pues la gente que lo conoce en su trabajo ya desconfía de él y los padres prefieren que sus hijos no sean pupilos de él. Además de lo anterior, se ve completamente vulnerado su derecho a la defensa al no permitírsele demostrar que ese día era imposible que él cometiera ese delito pues no estaba en Bogotá.

En el caso expuesto se parte de una persona que injustamente está siendo vinculada a un proceso penal. Sin embargo, la misma violación al derecho de la defensa ocurre cuando la persona imputada sí es responsable del crimen. Si una persona es responsable y quiere aceptar cargos, es más que lógico que antes de aceptar los cargos sepa cuál es el material probatorio, pues es necesario para la defensa saber qué puede negociar y qué puede aceptar sin necesidad de incriminarse.

2. Legislación comparada

2.1. La vista preliminar en Puerto Rico

En Puerto Rico la forma para vincular a una persona en un proceso criminal se denomina vista preliminar y aparece en las reglas 23 y 24 del procedimiento criminal. Según las reglas la vista preliminar es el “procedimiento para la determinación de causa probable para acusar al imputado por delito grave”(16). En esta actuación el Ministerio Fiscal le comunica a la persona que se está realizando una investigación en su contra por unos hechos determinados que podrían comprometer su responsabilidad penal. El fin de este acto tal como lo ha reiterado el Tribunal Supremo de Puerto Rico es “evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal”(17). Para Ernesto Chiesa el fondo de la vista preliminar se basa en que “es injusto someter al ciudadano al rigor de un juicio por delito grave sin previa oportunidad de una vista adversativa donde se justifique la celebración de un juicio”(18). Para determinar lo que ellos llaman la “causa probable” el indiciado tiene derecho a que la Fiscalía le haga el descubrimiento del material probatorio, así este a su vez lo puede contradecir y aportar pruebas que lo favorezcan(19). En Puerto Rico la decisión del juez sobre la vinculación de la persona a un proceso penal puede ser revisada por el superior jerárquico cuando se cumplan ciertas condiciones(20). Este sistema penal ampara las garantías fundamentales de los indiciados al permitirles conocer las pruebas que la Fiscalía tiene en su contra, contradecir dichas pruebas y apelar la decisión en caso de que lo consideren pertinente.

2.2. La formalización de la investigación en Chile

En el sistema penal acusatorio de Chile al igual que en el sistema colombiano, la investigación en contra de una persona no tiene ninguna limitación de tiempo. En Chile este periodo ilimitado de investigación cesa en el momento en que, a causa de la investigación, pueda haber una afectación a los derechos constitucionales del investigado. A partir de entonces, el Ministerio Público debe “formular cargos precisos en contra del imputado”(21). La formulación de cargos lleva el nombre de formulación de investigación y tiene como fin principal dejar una constancia de que se está llevando a cabo una investigación penal por unos hechos específicos y contra unas personas determinadas(22). Al igual que en Colombia, a partir de la formulación de investigación se suspende la prescripción de la acción y comienza a correr un término para la terminación del proceso. A diferencia de la formulación de imputación colombiana, en Chile desde el momento de la formulación de investigación, todas las actuaciones que haya realizado el Ministerio Público y toda la información que haya recolectado puede ser examinada por el imputado y los defensores, entre otros(23). Lo anterior quiere decir que en Chile desde que se formulan los cargos, el imputado tiene conocimiento de todo el material probatorio que está en manos del ente acusador, y de tal manera puede ejercer cabalmente su derecho a la defensa.

2.3. La investigación penal en Venezuela

El Código Orgánico Procesal Penal venezolano afirma claramente la capacidad que tiene el imputado de conocer todos los elementos materiales probatorios que estén en manos del Ministerio Público. Por imputado, el artículo 124 entiende que es cualquier persona que haya sido señalada como autora o partícipe de “un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades que el código indica como encargadas de la persecución penal”(24). El artículo 125 del mencionado código contiene los derechos del imputado. En el numeral 7º de este artículo se le otorga el derecho al imputado a “solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella haya sido declarada reservada y solo por el tiempo que esa declaración se prolongue”. También el inciso segundo del artículo 134 establece que las actuaciones que se realicen en desarrollo de la investigación “solo podrán ser examinadas por el imputado, por sus defensores y por la víctima (...), o por sus apoderados con poder especial”. Es así como durante la investigación el imputado tiene derecho a conocer todos los elementos probatorios, que si llega a ser el caso, posteriormente serán usados en su contra en el juicio oral.

3. La detención preventiva después de la investigación y no la detención para la investigación

La detención preventiva es otro aspecto que resalta la violación de las garantías al no tener un pleno material probatorio en la audiencia de formulación de imputación. Como se sabe, la medida de aseguramiento de una persona se solicita en la misma audiencia en la que se formula la imputación, o sea que apenas una persona se entera que se está llevando una investigación en su contra, el fiscal solicita al juez que imponga una medida de aseguramiento. Básicamente, lo que hace la Fiscalía es que detiene a la persona con el fin de realizar su investigación. Esto se traduce en que una persona será privada de la libertad, uno de los derechos fundamentales más sagrados, cuando aún no se tiene una investigación completa sobre su participación en una conducta criminal. Por tanto, sin el descubrimiento probatorio completo por parte de la Fiscalía no es posible obtener una inferencia razonable fuerte de la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la detención preventiva de la persona, y de la participación de la persona en la conducta delictiva. Hoy en día el fiscal descubre los elementos que él considera suficientes para solicitar la detención preventiva. Es decir, el fiscal no hace un descubrimiento pleno. Con solo una parte del descubrimiento probatorio la defensa queda constreñida y no puede ejercer apropiadamente el derecho a la defensa.

El derecho a la defensa se vuelve casi imposible pues es la primera vez que la persona se entera de la investigación en su contra, y el fiscal hace un descubrimiento probatorio poco significativo, lo que quiere decir que la defensa no tiene instrumentos para poder ejercer su derecho. En este sentido está mal concebida la medida de aseguramiento, pues pretende que la defensa refute los hechos que acaba de conocer sin haber una acusación definitiva y un parcial descubrimiento probatorio.

Si se obligara a la Fiscalía a realizar una acusación definitiva junto con el descubrimiento probatorio, y posteriormente solicitar la medida de aseguramiento, lo más probable es que muchas menos personas fueran enviadas a la cárcel de manera preventiva. Esto contribuirá a disminuir el espantoso hacinamiento carcelario que se vive hoy en día en Colombia. La Corporación Excelencia en la Justicia expresa su preocupación con respecto a que en los últimos años la detención preventiva se ha vuelta la regla y no la excepción tal como debería ser. La corporación afirma que “en los dos últimos años de implementación del sistema acusatorio se percibe un retroceso respecto de la libertad como principio rector del proceso penal, que aunque no había logrado aceptarse por la ciudadanía, sí había comenzado a acogerse por los operadores del SPA. Ese retroceso se ha manifestado en la tendencia de solicitar y decretar medidas de aseguramiento (...)”(25).

4. Propuesta: suprimir la formulación de imputación pues esta no tiene un papel elemental en el proceso penal

En el debate legislativo sobre la reforma al sistema procesal penal se presentó la discusión sobre si era mejor hacer una formulación de cargos al indiciado y posteriormente realizar un formulación de acusación, o si se satisfacían a cabalidad los derechos de la defensa con una sola formulación de acusación que incluyera una imputación definitiva y un descubrimiento probatorio pleno(26). El anteproyecto que inicialmente fue presentado estableció la procedencia de la formulación de cargos únicamente “cuando la Fiscalía (considerara) necesaria la adopción de una medida de aseguramiento antes de presentar el escrito de acusación”(27).

Lastimosamente, el legislador optó por incluir la formulación de cargos, hoy llamada formulación de imputación, y posteriormente realizar una acusación definitiva. Siete años después de la entrada en vigencia se viven las consecuencias que afectan los derechos fundamentales de quienes son investigados penalmente, pues cuando se les formula la imputación no pueden ejercer su derecho a la defensa de manera eficiente ya que no se les descubre una prueba.

Con base en los argumentos expuestos se propone legge ferenda, suprimir la formulación de imputación. La audiencia de formulación de imputación viola las garantías fundamentales del indiciado y sería mucho más favorable al indiciado que este fuera vinculado al proceso a partir de la audiencia de formulación de acusación. El proceso, entonces, iniciaría con la audiencia de formulación de acusación, en la cual se haría la imputación fáctica y jurídica y el descubrimiento probatorio. Además, si llegase a ser necesario, después de la acusación el fiscal puede solicitar la medida de aseguramiento. Para apoyar esta propuesta hay dos argumentos generales: el primero, que el sistema judicial se tornaría mucho más garantista, y el segundo, que el sistema se volvería muchas más eficiente y facilitaría la descongestión.

El sistema sería mucho más garantista, pues únicamente cuando se tuviera un fuerte material probatorio que mostrara la participación de una persona determinada en una conducta criminal, podría vincularse a un proceso penal. Entonces, por meras sospechas no se podría vincular a una persona, y mucho menos, al final de la investigación, concluir que esta no participó en la comisión del delito. Además, apenas la persona fuera vinculada al proceso penal, esta conocería todas las pruebas que la Fiscalía tiene en su contra y a su favor, así podría planear la defensa, y llegado el caso obtener una solución por vía de la justicia restaurativa. Igualmente, en caso de que se solicite una medida de aseguramiento, la defensa tendría muchos más elementos que le permitirían defenderse de dicha medida.

Respecto a la eficiencia, se tiene que como la audiencia de acusación absorbería todos los elementos de la audiencia de imputación, se tendría solamente una gran audiencia, agilizando así el proceso.

También, adoptando esta reforma que se propone se descongestionarían los despachos de los jueces de control de garantías quienes al momento tienen una alta sobrecarga de trabajo. En el informe al Congreso 2010-2011 se demostró la alta carga que tienen los jueces de control de garantías sobre los jueces de conocimiento. El estudio encontró que “en el periodo 2005-2010 se realizaron 1.929.966 audiencias, de las cuales 1.149.090, el 59.54%, fueron de control de garantías y 780.876, el 40.46%, de conocimiento”(28). Por tanto si se suprime la audiencia de formulación de imputación la carga que se les quita a los jueces de control de garantías será significativa.

Otro efecto positivo ya mencionado tiene que ver con el grave hacinamiento en las cárceles colombianas. Esta propuesta ayudaría a solucionar el hacinamiento toda vez que menos personas serían enviadas a la cárcel de manera preventiva. Las estadísticas muestran que desde 1990 la población carcelaria se ha duplicado “pasando de 94.9 (por 100 mil habitantes) en 1990 a 185.6 (por 100 mil habitantes) en el 2010, con un crecimiento anual de 4.8%”(29).

Finalmente, las normas internacionales que son vinculantes vía bloque de constitucionalidad, indican que el derecho a la defensa inicia a partir de la acusación. El Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8.º, señala que toda persona tiene derecho a defenderse de cualquier acusación penal que sea formulada contra ella. De manera similar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos anuncia que toda persona debe ser oída públicamente después de la acusación.

Para concluir, en aras de proteger las garantías de las partes en el proceso penal y hacer el proceso más eficiente mientras se logra la supresión de la audiencia de formulación de imputación, se podría introducir una pequeña enmienda. Esta consistiría primero, en permitir el descubrimiento probatorio en la audiencia de formulación de imputación y segundo, que las decisiones de los jueces de control de garantías que sean apeladas las conozca el Tribunal Superior del lugar y no el juez de circuito. Esto ayudaría a quitarles carga laboral a los jueces de conocimiento del circuito y garantizaría una mayor riqueza en materia de jurisprudencia relacionada con los controles de legalidad.

Conclusión

Este artículo pretendió hacer una breve reflexión de los efectos que ha tenido la formulación de imputación al punto de concluir que sería más garantista y más eficiente suprimir la formulación de imputación. En este momento, la formulación de imputación no cumple con un papel importante en el proceso penal, pues si solo se le quisiera comunicar a una persona de su calidad de imputado de la manera como está plasmado en la ley, sería más fácil enviarle una notificación privada. No es necesario hacer una formulación de imputación pública que tenga el fin de comunicar para que se active el derecho a la defensa cuando no hay un descubrimiento pleno. De hecho, hacer la imputación sin permitir que la persona pueda defenderse de esta vulnera los derechos a la defensa, al buen nombre, a la dignidad y a la honra. Si se inicia la investigación formal a partir de la formulación de acusación se estaría cumpliendo con las normas internacionales y se le estaría garantizando a la defensa sus derechos fundamentales.

(1) Chiesa Aponte, Ernesto. Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos. Volumen III. Editorial Forum, Colombia, 1993, p. 64.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-1260 del 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(3) Ver Corte Constitucional, Sentencia C-591 del 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 27192, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán.

(4) Estas sentencias han entendido que el ejercicio del derecho a la defensa surge a partir de la formulación de imputación o a partir del momento en que la persona se entera que se está llevando un proceso en su contra. Así dice la Sentencia C-799 del 2005, párrafo 118: “Por consiguiente, el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso”.

(5) Código Penal Colombiano, artículos 286 y 290.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-425 del 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(7) Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 29117, 2 de julio del 2008, M.P. Alfredo Gómez Quintero: decreta la nulidad de la formulación de imputación por error en la imputación jurídica); Corte Suprema de Justicia, radicado 30838, 31 de julio del 2009, M.P. Yesid Ramírez Bastidas: trata el tema de los controles jurisdiccionales sobre la imputación.

(8) Fernández León, Whanda. Procedimienteo penal acusatorio y oral. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá: 2005, p. 92.

(9) Artículo 6.1 de la Convención de la Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella...”.

(10) Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Decisión en el caso Eckle c. Alemania. Diciembre 10 de 1982, párrafo 73. La versión en inglés dice: “Charge”, for the purposes of Article 6 par. 1 (art. 6-1), may be defined as “the official notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence”.

(11) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral 3.º, literal g; y Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8.º, numeral 2.º, literal g.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-127 del 2011, M.P. María Victoria Calle. Ver también las sentencias C-025 del 2009 y la C-799 del 2005.

(13) Intervención ciudadana de la Universidad Nacional en la Sentencia C-128 del 2011. La sección 4.2 dice: “Se indica que la diligencia de formulación de imputación es una actuación potestativa de la Fiscalía con la cual no se está dando un debate de fondo sobre las eventuales responsabilidades del imputado”.

(14) Fierro-Méndez, Heliodoro. La imputación y la acusación en el sistema penal acusatorio. Leyer, Bogotá: 2012, p. 159.

(15) Ver Corte Suprema de Justicia, radicado 30838, julio 31 del 2009, M.P. Yesid Ramírez Bastidas: “La imputación formal no solo es una exigencia que posibilite el derecho de defensa (art. 290 ibídem), sino que cumple la función garantista de evitar, en un primer estadio, las acusaciones infundadas”.

(16) Regla 23 de procedimiento criminal de Puerto Rico.

(17) Chiesa Aponte, Ernesto. Comentarios a las reglas de procedimiento criminal. Editorial Forum, Colombia, 1995, p. 25.

(18) Chiesa Aponte, Ernesto. Derecho procesal penal..., ob. cit., p. 64.

(19) Cfr., ibíd., p. 76.

(20) Cfr., ibíd., pp. 100 y ss.

(21) Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio. Litigación penal: juicio oral y prueba. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá: 2006, p. 51.

(22) Cfr., Ídem.

(23) Cfr., Ídem.

(24) Red hemisférica de intercambio de información para la asistencia mutua en materia penal y extradición. Exposición de motivos del código orgánico procesal penal. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ven/sp_ven-int-text-ccp.html.

(25) Corporación Excelencia en la Justicia. Balance del funcionamiento del sistema penal acusatorio: Boletín de actualización 2010-2011, p. 20.

(26) Cfr., exposición de motivos de anteproyecto de Código de Procedimiento Penal en desarrollo del Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre del 2002, pp. xxiv y ss.

(27) Anteproyecto de Código de Procedimiento Penal en desarrollo del Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre del 2002, artículo 260.

(28) Corporación Excelencia en la Justicia, ob. cit., p. 13.

(29) Restrepo Londoño, Diego. El crecimiento de la población reclusa y el hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada. República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Estudios Económicos. Archivos de economía: documento 380. Octubre 3 del 2011, p. 6.