Cajas de compensación familiar: posibilidad de prestar servicios financieros

Revista Nº 130 Jul.-Ago. 2005

El sistema de subsidio familar en Colombia ha experimentado consecutivas y profundas transformaciones a lo largo de más de cinco décadas de existencia.

Juan Carlos Cortés 

Secretario General Compensar 

Desde que surge como un sistema voluntario, acogido por empleadores y trabajadores en la década de los años 50, hasta que, luego de institucionalizarse como un mecanismo de reparto, se consolida por la capitalización en las cajas de compensación familiar que dan lugar a la implementación de los servicios sociales y, posteriormente, se extiende por aplicación del principio de solidaridad, al cubrimiento de requerimientos públicos en materia de vivienda de interés social, salud, educación y atención a la niñez, inclusive frente a poblaciones no afiliadas.

De considerarse el subsidio familiar, exclusivamente, como una prestación social de los trabajadores, a cargo de los empleadores y pagada por conducto de una caja de compensación familiar, la interpretación actual del sistema se ha ampliado al ritmo de las necesidades y realidades de los tiempos presentes.

La Ley 789 del 2002 introdujo una transformación profunda tanto al sistema de subsidio familiar como a la conceptualización general en torno al sistema de seguridad social en Colombia, pues incorporó, dentro de las prestaciones de aquella, las relativas al cubrimiento del paro laboral, involucrando en los beneficiarios del sistema a los desempleados.

Adicionalmente, el sistema y, particularmente, la organización de las cajas de compensación familiar en el país experimentan un nuevo ajuste, con la aún poco comentada Ley 920 del 23 de diciembre del 2004.

Se resaltan dos aspectos centrales de dicha normativa con la cual se abre la posibilidad a las cajas para que, en forma directa y como un programa bajo su responsabilidad, capten ahorro del público y lo coloquen en servicio de crédito, como complemento de la actividad financiera tradicional, con el propósito de focalizar estos esfuerzos a sectores poblacionales de menores ingresos, a saber:

a) El establecimiento de una nueva opción para los afiliados al sistema de subsidio familiar, incluidos los desempleados y los pensionados, para que accedan a líneas de crédito y, en especial, para dinamizar los programas de adquisición de vivienda de interés social, con el complemento de una financiación crediticia a partir del ahorro.

b) La incorporación de un criterio nuevo de financiación para las cajas de compensación familiar, con referencia sin duda al caso chileno, a efecto de lograr que estas nutran su operación con ingresos no exclusivamente dependientes de los aportes patronales sobre la nómina, sino que puedan, al captar ahorro y colocar créditos, generar rendimientos que faciliten su sostenibilidad financiera.

La iniciativa que recoge la Ley 920 se muestra como una herramienta de gran importancia para el sistema de subsidio familiar, pues a través de ella se persigue el cumplimiento de objetivos tanto en el ámbito de una mayor cobertura en servicios sociales como del apalancamiento de las cajas, con lo cual se asegura su indispensable permanencia institucional, como fiduciarias sociales y promotoras de desarrollo y equidad en el país, en particular frente a las nuevas embestidas que seguramente se derivarán con motivo del tratado de libre comercio y de las críticas acerca de la pertinencia de los aportes sobre la nómina.

Veamos entonces los antecedentes y principales alcances de la Ley 920, pues es indispensable profundizar en su conocimiento para asimilar las actuales realidades del sistema de subsidio familiar en Colombia.

Antecedentes

La presentación por parte del Ministerio de la Protección Social del proyecto que dio lugar a la ley en comento (proyecto 131/03 Senado y 154/03 Cámara) se sustentó principalmente en la reflexión sobre la necesidad de fomentar líneas de crédito accesibles a los sectores de menores ingresos de la sociedad, a través de una figura que permitiera a las cajas asumir una nueva fuente de financiación, capaz de permitir la ampliación de cobertura en sus servicios de crédito, con especial énfasis en cuanto atañe a la adquisición de vivienda de interés social.

En efecto, cerca del 80% de la población con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales es prioritariamente atendida por el sistema de cajas de compensación familiar, coincidiendo esta población con aquella que se encuentra por fuera del sistema de cobertura bancaria.

Como se señalaba en la sustentación del proyecto inicial, cerca del 60% de los colombianos mayores de doce (12) años están imposibilitados para acceder a créditos y para abrir cuentas bancarias.

No escapa además a una reflexión detenida, que medidas como estas, mediante las cuales se pretende generar alternativas de sostenibilidad financiera a las cajas a través de ingresos diferentes de los aportes patronales, se aproximan a la fórmula chilena, como estrategias para facilitar el desmonte de dichos aportes o la redefinición en su destinación legal, en procura de autonomía financiera para aquellas corporaciones.

Es preciso tener en cuenta que las cajas, históricamente, vienen prestando servicios de crédito para sus afiliados, encontrándose que al año 2003 habían colocado por ese rubro cerca de $ 263.000 millones, es decir, su experiencia es reconocida en la materia.

Otro de los puntos argumentados en el trámite de la iniciativa se refirió al estudio realizado por Asocajas sobre sus afiliados(1), reportando que de cada cien hogares, solamente siete han accedido a crédito hipotecario para la financiación de su vivienda, teniendo en cuenta el costo de los créditos bancarios y las exigencias de las instituciones financieras para su otorgamiento.

Pese a la situación económica, el estudio reveló que de los 3.547.600 trabajadores afiliados al sistema de subsidio familiar, el 67,1% se encuentra actualmente ahorrando; un 47% a través de fondos de empleados, un 31% por medio de cooperativas y un 22% por el sistema bancario. El promedio mensual de ahorro asciende a $ 70.434 y un 73,3% de los trabajadores encuestados se mostró dispuesto a ahorrar en las cajas la cuota monetaria de subsidio.

Igualmente, como materia de reflexión se señaló que uno de los principales problemas del crédito en el país, tiene que ver con su concentración, pues, de los 50 billones de pesos colocados en el 2002 por el sistema bancario, el 82% se dirigió a 5.000 deudores.

El trámite legislativo de la iniciativa se enfrentó a reacciones en contra de su procedencia, tanto desde la perspectiva de las instituciones financieras, en un comienzo, como desde los sectores cooperativos y de los fondos de empleados. Finalmente, se obtuvo el respaldo parlamentario, entendiéndose que la ley se dirige a sectores específicos de la población y que antes de entenderse a las cajas como competidoras de los bancos, las corporaciones o las cooperativas, su papel resulta complementario, vistas las amplias necesidades de hacer efectivo el derecho al crédito de los colombianos.

Elementos de la Ley 920 del 2004

Como rasgos fundamentales de la iniciativa que se expresa en una ley marco en los términos del artículo 150, numeral 19, literal d) de la Constitución Política, se cuentan:

a) La autorización a las cajas para que constituyan sección especializada de ahorro y crédito, a través de la cual adelantar la actividad financiera que les permite la ley;

b) Dicha actividad se podrá desarrollar en relación con los afiliados a las cajas de compensación familiar, esto es, las empresas, los trabajadores, los pensionados, los independientes y desempleados afiliados en los términos y condiciones que reglamente el Gobierno Nacional. No se extiende la posibilidad de captación y crédito frente a no afiliados, aunque en el debate preliminar se acogió una orientación diferente, en cuanto a permitir la captación abierta al público.

c) La constitución de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas de compensación familiar a que se refiere la ley de autorización está supeditada al cumplimiento del requisito de capital mínimo, que aplica para la creación de cooperativas financieras y que se ubica en los $ 1.500.000.000. La Superintendencia Bancaria ejercerá la verificación sobre este punto y podrá autorizar un capital inferior, nunca menor al 50% de aquel monto.

d) Se dispone la total separación y diferenciación de las operaciones, activos, pasivos y patrimonio de las secciones especializadas de ahorro y crédito, frente a las operaciones y el patrimonio de la caja correspondiente, con el carácter de patrimonio autónomo.

e) Se establece el principio de la no persecución de los bienes y activos de dicho patrimonio, por otros acreedores de la caja de compensación familiar, si la causa de sus obligaciones no se concreta en la actividad financiera.

f) La actividad financiera que podrían desarrollar las cajas se concreta en la captación de recursos en moneda legal, en depósitos a término, ahorro programado y ahorro contractual de los vinculados, así como la colocación de crédito en forma exclusiva entre los vinculados. En cuanto a las empresas que hagan uso de tales servicios, la actividad financiera se reduciría a la captación.

g) Por razón del principio constitucional de democratización del crédito, dispone la ley que “el 80% del valor total de los créditos otorgados estará destinado para aquellas personas que devenguen hasta tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV)”.

h) Las secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas podrán recibir el traslado de las cuentas de ahorro programado para vivienda de interés social de sus afiliados.

i) La vigilancia de esta actividad estará a cargo de la Superintendencia Bancaria, según la reglamentación que al efecto expida el Gobierno Nacional(2) y de conformidad con los objetivos consagrados en el artículo 48 del estatuto orgánico del sistema financiero(3).

j) Se dispone el pago de contribución por parte de las cajas que ejecuten función o actividad financiera en los términos de la ley, a favor de la Superintendencia Bancaria, la cual consistirá en tarifas que se calculen de acuerdo con los criterios técnicos que señale el gobierno, en todo caso bajo los postulados del artículo 337 del estatuto orgánico del sistema financiero.

k) La superintendencia deberá verificar en forma permanente la idoneidad, responsabilidad y el carácter de quienes dirijan o administren las secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas autorizadas, así como la solvencia del patrimonio autónomo de la sección, conforme a las reglas que rigen para los establecimientos de crédito.

l) Se regula de manera particular el procedimiento de toma de posesión de las secciones de ahorro y crédito que funcionen en las cajas de compensación familiar.

m) Se impone al gobierno la obligación de adoptar en el término de seis (6) meses, las medidas necesarias para adecuar la estructura de la Superintendencia Bancaria para que quede habilitada en el cumplimiento de las nuevas funciones de inspección y vigilancia que se le asignan(4).

n) Dichas secciones se regirán por el reglamento que expida el Gobierno Nacional y que contemple un sistema especial, con sujeción a los principios de la ley y del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual se aplicará subsidiariamente en cuanto tiene que ver con la regulación de los establecimientos de crédito.

o) Se ordena la constitución de un fondo de liquidez con, por lo menos, el diez por ciento (10%) del total de las captaciones, colocado en los establecimientos y fondos señalados por la ley.

p) El Gobierno Nacional determinará el mecanismo por el cual las secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas aseguren los depósitos de los afiliados, para lo cual podrá autorizar al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, en cuanto al otorgamiento de dicho seguro.

q) Se posibilita a las cajas para que, sin perjuicio de operar el esquema de captación y colocación de ahorro consagrado en la ley, continúen ejecutando el servicio de crédito a sus afiliados en las condiciones de la legislación anterior y con cargo a los recursos provenientes de los aportes empresariales.

r) Se establece un régimen sancionatorio y de prohibiciones a las cajas que operen las aludidas secciones, con miras a preservar la libertad de los afiliados en cuanto al destino del ahorro, así como a mantener la solidez patrimonial tanto de la caja como de la sección especializada.

s) Los administradores de las secciones especializadas de ahorro y crédito “serán funcionarios de dedicación exclusiva designados por la respectiva caja de compensación familiar...”. A los mismos se les aplicará la Ley 222 de 1995 en materia de responsabilidades, debiendo cumplir con los requisitos exigidos a los representantes legales de las entidades financieras y el trámite de la posesión ante la Superintendencia Bancaria.

La norma aludida modifica el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, y establece un artículo transitorio para disponer el ajuste de la Superintendencia Bancaria con miras a dotarla de medios para el cumplimiento de su nueva función de vigilancia con respecto a las cajas que constituyan secciones especializadas de ahorro y crédito. Solo a partir de dicha reestructuración, la superintendencia podrá autorizar el ejercicio de actividad financiera a las cajas, con lo cual se condiciona la vigencia de la Ley 920.

Vale la pena tener en cuenta que la disposición habilita pero no obliga a las cajas a constituir u operar a través del modelo de captación de ahorro para colocación en crédito. Ello significa que:

1. Las cajas podrían constituir secciones especializadas de ahorro y crédito, siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos por el parágrafo primero del numeral 14 del artículo 16 de la Ley 789 del 2002, en la forma en que resulta modificado por la nueva ley, y solicitar la autorización para su funcionamiento a la Superintendencia Bancaria.

2. Si no son autorizadas por la Superintendencia Bancaria, no cumplen los requisitos de ley o no es su voluntad operar bajo la forma de secciones de ahorro y crédito, las cajas podrían recurrir al principio general de asociación contemplado en la propia Ley 789 del 2002, para participar, constituir o invertir en entidades financieras o cooperativas, a través de las cuales se cumpla con similares —más amplias— funciones(5).

3. Si constituyen y son autorizadas para operar con secciones especializadas de ahorro y crédito, podrían paralelamente continuar prestando servicios de crédito con recursos bajo su administración como caja y no con cargo a los recursos del patrimonio autónomo de la sección especializada, en los términos de las leyes 21 de 1982 y 789 del 2002. Esto es, la misma persona jurídica, la caja de compensación familiar, otorgaría crédito por dos vías: como caja —sin compromiso previo de ahorro— y a través de la sección especializada de ahorro y crédito para quienes, como acontece en el ámbito cooperativo, comprometieran su esfuerzo de ahorro(6).

4. Si no fuera decisión de la caja adelantar la constitución de sección especializada de ahorro y crédito, podría continuar operando como hasta ahora bajo el modelo de otorgamiento de créditos contra los recursos sometidos a su administración, conforme a los programas que hayan sido aprobados por su consejo directivo.

Alcance material de la actividad autorizada

De manera general, la iniciativa autoriza a las cajas a que cuenten con los requisitos de habilitación para adelantar la actividad financiera. Dicha actividad se concreta en captar recursos, en moneda legal, y colocarlos en forma exclusiva entre los afiliados a través de créditos.

La captación de recursos podría hacerse exclusivamente a través de las siguientes modalidades:

a) Constitución de depósitos a término.

b) Ahorro programado.

c) Ahorro contractual.

d) Traslado de cuentas de ahorro programado para vivienda, abiertas en otros establecimientos financieros.

La colocación de los recursos se haría exclusivamente a través del otorgamiento de créditos a los afiliados aportantes.

El 70% de los créditos deberá otorgarse para la adquisición de vivienda de interés social, en tanto el porcentaje restante se ocupará en créditos para educación y libre inversión.

Tanto para la captación de ahorro como para la colocación de créditos la ley establece que podrá aplicarse el sistema de descuento por nómina o libranza, previa aceptación del deudor.

Valga anotar que se generaría en este punto un avance importante con la norma, pues se consagra la obligación a cargo del empleador de aplicar el mecanismo de descuento por nómina, sin que implique, para él, asumir responsabilidades económicas, las cuales, se entiende, son a cargo del deudor.

Alcance personal de la actividad autorizada

Las secciones especializadas de ahorro y crédito que constituyan las cajas de compensación familiar podrían desarrollar la actividad financiera taxativamente definida por la ley, exclusivamente en relación con:

a) Los trabajadores a ellas afiliados.

b) Los pensionados (afiliados se reitera, en los términos de la L. 71/88).

c) Los independientes (que se afilien bien por convenio o disposición legal, según lo dispone el D. 784/89, bien como afiliados voluntarios en los términos de la L. 789/2002).

d) Los desempleados afiliados, según lo defina el Gobierno Nacional a través de acto reglamentario, entendiendo en ellos a quienes sean beneficiarios de la protección social en subsidios y servicios a que alude la Ley 789 del 2002 (con cobertura de un año en servicios y seis meses en subsidio monetario).

e) Las empresas afiliadas solamente en cuanto se refiere a la captación de recursos de ahorro, pues ellas no pueden ser beneficiarias de crédito por parte de las aludidas secciones especializadas, por lo cual en este tipo de sujetos la vinculación se da exclusivamente en una vía: el aporte.

Naturaleza jurídica de la sección especializada

La sección especializada de ahorro y crédito que se constituye en un programa de la caja autorizada al efecto tendrá la naturaleza de patrimonio autónomo.

Las consecuencias legales de tal sistema de operación se concretan en la independencia y autonomía que se atribuye a los activos, en particular a los aportes de los ahorradores, pasivos y patrimonio de las secciones especializadas. Estos deben estar separados totalmente y diferenciados en los términos de la ley de los propios a la respectiva caja de compensación familiar, sin que puedan confundirse ni destinarse a fines propios de la caja.

La aludida autonomía se refleja principalmente en el postulado de la no persecución de los activos que constituyen la sección especializada de ahorro y crédito, en razón de obligaciones que no tengan que ver con el ahorro de los afiliados y con la operación de las actividades autorizadas al patrimonio autónomo; es decir, aquellos no podrán ser perseguidos por acreedores de la caja en operación diferente al ahorro crédito de que trata la disposición.

Es el caso de la constitución legal de un patrimonio autónomo administrado por una entidad particular, distinta de las entidades fiduciarias, con carácter corporativo, pero con aplicación de los principios legales en materia de patrimonios autónomos, en especial en cuanto atañe a la destinación y afectación de los recursos que lo constituyen, considerando que se trata, en últimas, de ahorro del público.

Por ende, la operación de las secciones será independiente en lo referente al manejo contable y financiero, sujetándose a las restricciones en materia de inversiones y demás aplicables en cuanto a no destinación diferente de recursos del ahorro para propósitos particulares de la caja de compensación que sea.

Por tratarse de un patrimonio autónomo precisamente, la toma de posesión que realizare la Superintendencia Bancaria y la liquidación que resultare procedente, en los términos del estatuto orgánico del sistema financiero, se referirá exclusivamente a la sección especializada de ahorro y crédito de la caja de compensación familiar.

Prohibiciones y operaciones autorizadas

Los numerales 14.1 y 14.2 del artículo 16 de la Ley 789 del 2002 se adicionan por la nueva ley, para establecer las operaciones prohibidas a las secciones especializadas de ahorro y crédito e indicar aquellas autorizadas.

Dentro de las prohibiciones, conviene tener en cuenta las referidas al ejercicio de abuso de poder o posición dominante por parte de las cajas frente a sus afiliados, en cuanto a obligarlos, de cualquier manera, a realizar el ahorro en la propia corporación, esto sin perjuicio, por supuesto, del establecimiento de métodos de promoción y estímulo al ahorro dentro de los parámetros de la libre competencia, amparada constitucionalmente.

También se les prohíbe a las cajas condicionar la aprobación y el desembolso de créditos de vivienda a través de las secciones especializadas, a la adquisición de unidades en proyectos propios. Sin que ello quiera decir que cuando de manera libre y espontánea el afiliado desee adquirir una vivienda dentro de un proyecto ofertado por la caja esta proceda a considerar la solicitud de crédito que el mismo afiliado aportante realice a través de la sección, con las condiciones uniformes aplicables según el reglamento de crédito.

De igual forma, a las cajas les está prohibido obligar a sus trabajadores afiliados, por cualquier vía, al ahorro en las secciones especializadas de las cuotas monetarias de subsidio a que tienen derecho.

En cuanto a la prohibición de delegar, subcontratar o entregar en administración con un tercero la operación de las secciones especializadas de ahorro y crédito, se trata de impedir con la propuesta la utilización del nombre de la caja y la “tercerización” del servicio a través de modalidades jurídicas que impliquen la operación por persona diferente, sin que se extienda tal prohibición o afecte el postulado legal de libre asociación que rige a las cajas de compensación familiar, a partir de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 16 de la Ley 789 del 2002.

Esto es, las cajas podrán asumir para la operación de las secciones especializadas de ahorro y crédito las modalidades de asociación entre corporaciones de la misma naturaleza, pues es el principio aplicable al interior del sistema, creándose por ejemplo asociaciones de cajas —de igual naturaleza y régimen aplicable que aquellas— cuyo objeto sea cumplir la función del ahorro crédito. Así ocurre en casos vigentes frente a la prestación de servicios de recreación o, particularmente, para la administración directa por las cajas de recursos destinados al régimen subsidiado de salud.

No obstante, por la especificidad de la autorización, consideramos que cuando una caja, en virtud del principio de libre asociación reiterado por la Ley 789 del 2002, participe, constituya, invierta o se asocie en entidad del sector financiero, cooperativo o solidario para la prestación de servicios asociados al ahorro crédito, dejarían de aplicársele las disposiciones especiales de la ley, para acogerse integralmente al régimen propio de la entidad de que se trate, pudiendo dirigir por supuesto la promoción del nuevo servicio a la población afiliada, pero ya no bajo el esquema de sección especializada de ahorro crédito. Ello además se deduce en armonía con la prohibición proyectada por el numeral 3º del acápite 14.1, del artículo 16, Ley 789 del 2002.

En lo que respecta a las operaciones autorizadas descritas en la iniciativa, ya se ha hecho mención a la facultad para aplicar el sistema de libranza o descuento por nómina para el ahorro y/o el pago de los créditos, previa aceptación voluntaria y libre del beneficiario. Se adiciona a este respecto la obligación de los empleadores en cuanto a colaborar en la aplicación del aludido mecanismo, con lo cual se facilitará sin duda su eficacia.

En cuanto a operaciones autorizadas nótese además que la iniciativa faculta a las cajas, a través de las secciones especializadas de ahorro y crédito, para operar cuentas de ahorro programado que se trasladen de otros establecimientos financieros y que tengan por objeto la financiación para adquirir vivienda de interés social. Medida interesante que sin duda ayudará en el propósito de agilizar el otorgamiento y desembolso de subsidios de vivienda de interés social.

Utilización de excedentes

La ley ordena que el 50% de los excedentes anuales que genere la caja por la sección especializada se destine específicamente al Fovis, empleándose para el otorgamiento de subsidios de vivienda de interés social, tipos I y II.

Inspección, vigilancia y control

Una sola reflexión sobre el punto. A la par con el incremento de funciones a cargo de las cajas, se multiplican las autoridades de control que ejercen vigilancia sobre ellas.

Con la Ley 920 la Superintendencia Bancaria se suma al haz de organismos que cumplen tal función respecto de las cajas, a saber: la Superintendencia del Subsidio Familiar en razón de la naturaleza jurídica de aquellas; la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto a los temas previstos por la Ley 789 del 2002 para competencia y protección al consumidor; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, frente a la operación con subsidios de vivienda y la operación de turismo; la Superintendencia Nacional de Salud, en cuanto a la administración de recursos del régimen subsidiado de salud o a la participación en programas como entidades promotoras de salud o de instituciones prestadoras de salud.

Se requerirá en el punto especial cuidado para impedir las duplicidades de control, garantizar la eficiencia y economía en el mismo y preservar la autonomía de dichas organizaciones.

Se presentarán temas prácticos para la definición de competencias, por ejemplo, en cuanto al control de la idoneidad de los administradores de la sección especializada de ahorro y crédito, que son los mismos de la caja, con lo cual la revisión que sobre ellos realiza la Superintendencia del Subsidio —la cual aprueba la elección de miembros del consejo por la asamblea de afiliados y de revisor fiscal— y el Ministerio de la Protección Social —el cual designa los representantes en el consejo directivo de los trabajadores a nombre de los trabajadores— habrá de armonizarse con la vigilancia a cargo la Superintendencia Bancaria, la que, por ejemplo, tendrá que ser informada sobre la designación que haga el director administrativo de una caja en cuanto al gerente o responsable de la sección especializada de ahorro y crédito que haya constituido.

Resulta interesante y oportuno el reconocimiento de esta nueva facultad para las cajas de compensación familiar, las cuales tendrán el reto, una vez el gobierno adelante las acciones necesarias para la aplicación de la Ley 920, de articular un nuevo servicio para ejecutarlo con la responsabilidad social con la que hasta ahora han cumplido su misión pública en el país.

Estaremos atentos a la evaluación y al seguimiento de esta iniciativa, cuyos rendimientos deben reportar mejoría en la calidad de vida de los colombianos, para garantizar condiciones de mayor justicia y acceso efectivo a derechos tales como el crédito y la vivienda mismos que se entienden sustancialmente ligados al ámbito de la seguridad social integral.

(1) Información recogida por el periódico El Tiempo en su edición del 7 de junio del 2004, con base en declaraciones del presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo.

(2) Inicialmente, se contemplaba que la inspección y vigilancia correspondería a la Superintendencia del Subsidio Familiar, excepto cuando se realizara la actividad en relación con terceros no afiliados a la caja, hipótesis en la cual la vigilancia estaría a cargo de la Superintendencia Bancaria; sin embargo, se ajustó la competencia, asignándola de manera general a la Superintendencia Bancaria.

(3) La actividad de las cajas en materia de microcrédito para mipymes estará sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, bajo la reglamentación general que expida la Superintendencia Bancaria en lo atinente a establecimientos de crédito, según lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2340 del 2003.

(4) En la versión anterior del proyecto se difería la entrada en vigencia de la ley hasta tanto no se reestructurara la Superintendencia del Subsidio Familiar, para que se adecuara a las exigencias de las nuevas funciones que se le imponen, en razón de la habilitación a las cajas, para realizar actividad financiera.

(5) Ver numeral 3º del artículo 41 de la Ley 21 de 1982, modificado por el artículo 16 de la Ley 789 del 2002.

(6) Nótese que la ley no discrimina en cuanto a los beneficiarios de crédito por esta vía, limitándose a señalar, en el parágrafo 3º del numeral 14, artículo 16 de la Ley 789 del 2002, que el crédito se colocará en los trabajadores, pensionados, independientes y desempleados afiliados a la caja, sin señalar diferencia entre estos siempre y cuando sean ahorradores. Sin embargo, la conclusión lógica es obligada, pues, de lo contrario, los recursos del patrimonio autónomo de la sección se desviarían a cubrir solicitudes de no ahorradores, desvirtuando el querer de la disposición y en contravía del modelo cooperativo.