CARTA CIRCULAR 1 DE 2003 

(Febrero 17)

Dependencia: 0180

Asunto: Reglamento de suspensión y expulsión de empresas morosas.

En cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Bogotá de fecha enero 9 de 2003, el cual resolvió que la Superintendencia del Subsidio Familiar establezca el procedimiento a seguir en caso de imponer algún tipo de sanción por parte de las cajas de compensación familiar todo ello con base en los pronunciamientos de la Corte Constitucional T-301 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-433-98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, esta superintendencia transcribe apartes del mismo, con el fin de que las corporaciones ajusten el procedimiento que tengan vigente para la suspensión y expulsión de empresas.

“Es claro que la llamada autonomía de la voluntad privada consiste en un reconocimiento amplio de eficacia jurídica a ciertas manifestaciones de la voluntad de los particulares, no se puede predicar con tanto encomio respecto de las cajas. Si bien a los particulares les es permitido según su mejor conveniencia determinar el contenido, alcance, condiciones y modalidades de sus actos jurídicos, ello no es así respecto de las cajas ni los bienes le pertenecen en forma privada, sino todo lo contrario, desarrollan actividades de interés general y los bienes que poseen están destinados a lograr el bienestar de los trabajadores y sus familias lo que las configura como entes de origen legal, y de naturaleza especial.

Es claro que las cajas de compensación familiar se deben a sus afiliados, y que por el servicio que prestan a los trabajadores como son los subsidios en dinero, especie y servicios de los que se suplen muchas necesidades en los hogares de bajos ingresos, se evidencia que al tomar una decisión de expulsión inmediata de una empresa, se está afectando en forma directa tanto a los trabajadores como a todas sus familias; si bien las normas respecto de la afiliación de las cajas establece que las cajas de compensación no se pueden negar a una solicitud de afiliación, también es cierto que los trámites, como lo hemos visto a través de este expediente, llevan varios días e incluso semanas y en el entretanto los trabajadores se encuentran sin la protección social que brinda la afiliación a una caja.

Valga la pena recalcar que siendo las cajas de compensación vigiladas por el Estado, realizando funciones públicas de prestación social, no puede predicarse de ellas una absoluta autonomía privada.

Con respecto a la sanción de expulsión ordenada lo..., cual constituye una facultad disciplinaria, como tal debe estar sujeta al principio constitucional del debido proceso, ya sean establecimientos educativos, empleadores, asociaciones sin ánimo de lucro, etc. La Corte Constitucional en diferentes oportunidades se ha manifestado al respecto: “T-433-98, M.P.Doctor. Alfredo Beltrán Sierra. El artículo 29 de la Constitución, establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esto significa que en todos los campos donde se haga uso de la facultad disciplinaria, entiéndase esta como prerrogativa, de un sujeto para imponer sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos o formalidades mínimas que integran el debido proceso. Mandato que dado su naturaleza, no sólo involucra u obliga a las autoridades públicas, en el sentido amplio de este término, sino a los particulares que se arrogan esta facultad, como una forma de mantener un principio de orden interior de sus organizaciones (v.gr. establecimientos educativos, empleadores, asociaciones con o sin ánimo de lucro, etc.). Razón que hace indispensable que los entes de carácter privado fijen unas formas o parámetros mínimos que delimiten el uso de este poder que permitan al conglomerado conocer las condiciones en que puede o ha de desarrollarse su relación con estos. Es aquí donde encuentra justificación la existencia y exigencia que se hace de los llamados reglamentos, manuales de convivencia, estatutos, etc, en los cuales se fijan esos mínimos que garantizan los derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos que hacen parte del ente correspondiente” (Negrilla fuera de texto).

Es por ello que cuando de imponer sanciones se trate, como el presente caso, la normatividad adoptada libremente por los asociados debe contener unas reglas mínimas que deben estar contenidas en los reglamentos, como lo son las conductas sancionables o faltas, las sanciones correspondientes y las mínimas garantías para la defensa de quien sea sindicado, este mínimo irreductible no puede ser desconocido a fin de proteger derechos igualmente fundamentales.

Los requisitos mínimos que deben observar los entes que detentan poder disciplinario, según jurisprudencia reiterada de esta corporación y contenidos en la Sentencia T-301 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, hace referencia al derecho que tiene todo inculpado a:

• La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción.

• La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que estas conductas den lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias.

• El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.

• La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos.

• El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente.

• La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y

• La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones”.

Para efecto de control y seguimiento, las corporaciones dentro del mes siguiente al recibo de esta circular, deberán enviar a la división legal de la superintendencia copia del procedimiento adoptado para la suspensión o expulsión de empresas, debidamente aprobado por el consejo directivo.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a consejos directivos, directores administrativos.

__________________________________