CARTA CIRCULAR 106 de 2001 

(Agosto 21)

Ref.: Decreto 1460 de 2001.

Esta superintendencia considera pertinente recordar lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 1460 del 19 de julio del presente año, por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos desempeñados por empleados públicos del orden nacional a partir del 1º de enero de 2001:

“ART. 20.—Aportes al sistema de seguridad social de todos los empleados públicos del orden nacional. Los incrementos salariales de los empleados públicos del orden nacional, a que se refiere el artículo 1º de la Ley 4ª de 1992, que se dispongan de manera retroactiva, deberán tenerse en cuenta para liquidar los aportes al sistema de seguridad social integral. Para tal efecto, las entidades empleadoras deberán realizar las respectivas reliquidaciones mensuales y girar la suma adeudada a los correspondientes administradores del sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales), a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del decreto que disponga el reajuste salarial retroactivo.

De conformidad con la Ley 100 de 1993, la falta de pago de las sumas adicionales a que haya lugar por concepto del aporte al sistema de seguridad social integral, en el término establecido en este artículo, causará intereses de mora”.

Según lo dispuesto en la norma transcrita, los incrementos salariales previstos en el mencionado decreto constituyen base para la liquidación de las cotizaciones al citado sistema y el empleador público debe hacer las reliquidaciones mensuales.

Lo anterior significa que tales empleadores deben proceder a reliquidar cada uno de los meses del año 2001 respecto de los cuales se haya efectuado el incremento salarial de manera retroactiva como si el incremento se hubiese aplicado efectivamente en el respectivo mes. Dicha reliquidación deberá comprender tanto la asignación básica mensual como aquellos otros factores constitutivos del ingreso base de cotización, IBC, de cada empleado, señalados en el Decreto 1158 de 1994.

Conforme con la misma norma, el valor que arroje cada reliquidación mensual debe ser consignado en la entidad administradora de pensiones y en la ARP a la cual se encontraba vinculado el empleado o el empleador en el mes al que corresponde la respectiva reliquidación, según el caso.

Una vez consignadas las sumas resultantes de las reliquidaciones mensuales en las correspondientes entidades administradoras de pensiones y de riesgos profesionales, dentro del plazo establecido en el Decreto 1460, y entregadas a las mismas los formatos previstos en el sistema de autoliquidación de aportes, se entiende que el empleador público ha cumplido con las obligaciones a que hacen referencia los artículos 22 de la Ley 100 de 1993 y 16 del Decreto 1295 de 1994.

En caso contrario, la correspondiente administradora se encuentra obligada a adelantar las gestiones de cobro por las cotizaciones pendientes de pago y los respectivos intereses moratorios, recursos que entratándose del Sistema General de Pensiones deben ser aplicados según lo previsto en los artículos 20 y 23 de la Ley 100 de 1993 y en el de Riesgos Profesionales conforme lo señalado en los artículos 19 y 92 del Decreto 1295 de 1994.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta superintendencia considera necesario que las administradoras del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Riesgos Profesionales habiliten los procedimientos operativos y los sistemas de información que sean pertinentes para el cabal cumplimento del mandato del artículo 20 del Decreto 1460 de 2001, de suerte que se prevean y superen los inconvenientes que se puedan presentar, especialmente en el evento de traslados de empleados o empleadores entre administradoras.

Cuando se presenten traslados entre administradoras del Sistema General de Pensiones, la entidad a la cual se encontraba vinculado el empleado deberá poner a disposición de la administradora a la que se encuentre vinculado actualmente, dentro del mes siguiente a la fecha de recepción de los recursos, la información y las sumas que haya recibido, deducidos los porcentajes correspondientes al cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte y a la comisión por administración.

Así mismo, es pertinente recordar a las entidades administradoras de pensiones el deber que les asiste de hacer los traslados que correspondan al Fondo de Solidaridad Pensional, y de actualizar y complementar la historia laboral de sus afiliados con la información derivada de las cotizaciones que se originen en el incremento salarial al que se ha hecho referencia.

Por otra parte, las compañías de seguros de vida que hayan expedido rentas vitalicias o reconocido sumas adicionales o alguna prestación económica derivada de la ocurrencia de un accidente de trabajo o el diagnóstico de una enfermedad profesional, deberán efectuar un nuevo cálculo del monto respectivo teniendo en cuenta el incremento salarial, y cancelar el excedente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se recibe el ingreso correspondiente.

Las compañías de seguros de vida autorizadas para operar los ramos de seguros de pensiones Ley 100 de 1993, de invalidez y sobrevivencia y de riesgos profesionales, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que reciben los excedentes de las primas de seguro derivados del incremento salarial, deberán ajustar los montos de las reservas técnicas inicialmente constituidos y transferir lo correspondiente al fondo de riesgos profesionales.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de las entidades administradoras del sistema general de pensiones y del sistema general de riesgos profesionales.

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