Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 110 DE 2011 

(Noviembre 18)

Ref.: Vigencias futuras excepcionales de entidades territoriales.

Como es de su conocimiento, la Circular Conjunta Externa del 8 de septiembre de 2010, suscrita por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Contraloría General de la República, el Auditor General de la República y el Procurador General de la Nación, precisó frente al tema de la referencia que:

“(...).

1. Las autorizaciones que los gobernadores y alcaldes han venido solicitando a las respectivas asambleas departamentales y concejos municipales, de lo que impropiamente han denominado vigencias futuras, no encuentran sustento jurídico ni en el artículo 1º del Decreto 3629 de 2004 ni en la Circular 7 de 2007 proferida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo alcance fue precisado en las circulares 43 de 2008 y 5 de 2009.

2. Las mal llamadas vigencias futuras tampoco pueden ser autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 345, 352 y 364 constitucionales (sic) en los artículos 10,11 y 12 de la Ley 819 de 2003.

3. Al constituir, dichas autorizaciones, operaciones de crédito, su trámite y aprobación ha de sujetarse a lo previsto de manera perentoria por las leyes 358 de 1997 y 819 del 2003, lo cual se viene pretermitiendo de manera sistemática.

En consecuencia,

Las operaciones de créditos aprobadas bajo la forma de vigencias futuras deberán ser derogadas por las respectivas asambleas departamentales o concejo municipales.

(...)”.

Posteriormente, la Contraloría General de la República y el Auditor General de la República, emitieron la Circular Conjunta Externa 6 del 16 de febrero de 2011, refiriéndose expresamente a la autorización de gasto con cargo a apropiaciones de vigencias futuras excepcionales para los casos de planes departamentales de aguas (PDAs), sistemas integrados de transporte masivo (SITM), sistema estratégico de transporte público (SET) y Megacolegios, señalando que:

“(...)

1. Podrán seguirse adelantando los planes departamentales de agua (PDA´s) sistemas integrados de transporte masivo (SITM), sistema estratégico de transporte público (SET) y Megacolegios de que tratan las leyes 310 de 1996, 1151 y 1176 de 2007, siempre que en su ejecución se verifique el cumplimiento de las reglas fiscales y en el porcentaje que no exceda los límites de sostenibilidad (saldo) o solvencia (los flujos) de la deuda, conforme a lo previsto en las leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003.

2. En consecuencia, si para la operatividad de los proyectos referidos en el numeral anterior, al comprometer las autorizaciones de gasto con cargo a apropiaciones de vigencias futuras excepcionales, se establecen esquemas de financiamiento que constituyan operaciones de crédito y por ende deuda pública, en montos equivalentes al valor presente de la totalidad de flujos futuros que se movilizan, sobrepasando con ello los límites previstos en la Ley 358 de 1997, estos deberán revertirse.

3. Por el incumplimiento del régimen de disciplina fiscal, la Ley 819 de 2003 y las obligaciones fiscales que son inherentes a las normas orgánicas del presupuesto, se recuerda a las contralorías territoriales que en los términos del artículo 101 de la Ley 42 de 1993, será procedente la aplicación de sanciones a las autoridades que decretaron vigencias futuras excepcionales así como las entidades territoriales que las comprometieron con posterioridad al 8 de septiembre de 2010, fecha de expedición de la circular conjunta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Auditoría General de la República.

(...)”.

Frente a una solicitud de consulta a la Contraloría General de la República, sobre el alcance de las mencionadas circulares conjuntas, dicho órgano de control en Oficio 2011ER1119 suscrito por el contralor delegado para economía y finanzas publicas, señaló, entre otros aspectos, que “... En efecto, las vigencias futuras excepcionales de las entidades territoriales no están permitidas en nuestro ordenamiento jurídico, como dice la precitada circular conjunta, no encuentran sustento jurídico, ...” y que “Vista la no validez de las vigencias futuras excepcionales de las entidades territoriales, jurídicamente las circulares no tienen fuerza derogatoria frente a ordenanzas de las asambleas departamentales y acuerdos de concejos municipales, pero ello no implica exención de responsabilidad fiscal y disciplinaria de los integrantes de las corporaciones que han producido esos actos, de acuerdo con las circunstancias en que se hayan producido. La derogatoria debe producirse por actos de igual categoría jurídica”.

Respecto a las situaciones jurídicas particulares y concretas en cabeza de terceros, señala la contraloría que tales situaciones, “... creadas a la luz de los actos administrativos afectados en su validez deben ser respetadas y para modificarlas o revocarlas debe contarse con el consentimiento de los titulares de dichas situaciones, a menos que por otras causas se consideren constituidas dichas situaciones por medios ilegales, casos en los que podría operar la revocatoria individual”.

Concluye dicho órgano que “... las hipótesis planteadas así como las respuestas se refieren a situaciones en curso, no a situaciones nuevas en las que no haya compromisos adquiridos con terceros. Resulta obvio que en este contexto, las asambleas y concejos deberán abstenerse de autorizar nuevas vigencias futuras excepcionales y respecto de aquellas ya autorizadas y no ejecutadas, el proceso debe detenerse o ajustarse estrictamente al marco legal vigente referido en la circular”.

Por su parte, el honorable Consejo de Estado en sentencia del 14 de julio de 2011, al pronunciarse sobre la nulidad de una ordenanza departamental, mediante la cual se autorizaron una vigencias futuras excepcionales, precisó que las vigencias futuras excepcionales no están permitidas en nuestro ordenamiento jurídico para las entidades territoriales, al no haber sido consagradas expresamente en la ley orgánica del presupuesto, señalando que se debía “... inaplicar en este caso concreto, asimismo, el artículo 153 de la Ley 1151 de 2007, en el caso que se juzga, por infracción a los artículos 352 de la Constitución Política y 11 de la Ley 819 de 2003”. Debe precisarse que el citado artículo 153 de la Ley 1151 de 2007, fue derogado por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011.

Finalmente, cursa en el honorable Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se habilita el uso de vigencias futuras excepcionales a las entidades territoriales cuando estas se utilicen para hacer grandes proyectos de inversión. El referido proyecto fue aprobado en último debate en la plenaria del Senado de la República y se encuentra en conciliación frente al aprobado en la Cámara de Representantes.

Teniendo en cuenta los anteriores pronunciamientos y directrices sobre las denominadas vigencias futuras excepcionales de entidades territoriales, esta superintendencia considera que las entidades vigiladas deben efectuar una evaluación de sus posibles efectos en los contratos u operaciones en las cuales se encuentren involucrados o comprometidos recursos derivados de tales vigencias futuras excepcionales, a fin de que adopten las medidas que consideren necesarias.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.