CARTA CIRCULAR 138 DE 2001 

(Noviembre 2)

Ref.:Alcance concepto sobre vigencia del artículo 59 de la Ley 9ª de 1989, Decreto 839 de 1989 y Decreto 163 de 1990.

En atención a diferentes solicitudes recibidas por este despacho, tendientes a conocer la posición de la Superintendencia Bancaria en relación con la vigencia de las disposiciones citadas en referencia y en especial a las relativas a la unidad en que podían contratarse y liquidarse los créditos de vivienda de interés social antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, y como quiera que se han generado situaciones confusas sobre la interpretación de las mismas, a continuación me permito definir la posición institucional de este organismo, recogiendo los anteriores pronunciamientos emitidos sobre el particular.

En primera instancia y aunque no corresponde al ámbito de competencia del ente de control determinar la vigencia de las disposiciones legales en el ordenamiento jurídico colombiano e independientemente de la posición del Ministerio de Desarrollo Económico como entidad que lidera la política de vivienda de interés social en el país, a título eminentemente pedagógico y con el alcance previsto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, se estima que tanto el artículo 59 de la Ley 9ª de 1989, reglamentado por el Decreto 839 de 1989, como el Decreto Autónomo 163 de 1990 fueron disposiciones que estuvieron vigentes hasta el 15 de enero de 1991, fecha en la que entró a regir la Ley 3ª de 1991.

Lo anterior por cuanto de una parte, se considera oportuno recordar la forma en que se derogan las leyes en el ordenamiento jurídico colombiano, a saber:

La derogatoria de las leyes puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando de manera ex profesa la nueva ley deroga la antigua y es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior, y en tal sentido, los preceptos contrarios se entienden derogados parcial o totalmente.

Bajo tal contexto, debe recordarse como antecedente de la Ley 3ª de 1991 los argumentos expuestos por el honorable Congreso de la República sobre el asunto en estudio y que reposan en el Anal 119 del 15 de noviembre de 1990 de conformidad con el cual: “... la combinación UPAC-subsidio sumada a un esquema de “subsidios cruzados” constituye el UPAC social como base de un nuevo sistema de financiación de vivienda de interés social.

“Por esta razón y en la medida en que se establece el UPAC social, el gobierno propone la derogatoria del artículo 59 de la Ley 9ª de 1989 que impedía la financiación en UPAC de la vivienda de esta naturaleza. Sin embargo y dentro del espíritu de lo propuesto por el gobierno, hemos considerado oportuno no derogarlo sino modificarlo removiendo de todos modos el impedimento a la financiación en UPAC de la vivienda de interés social, pero estableciendo algunas medidas de protección a los deudores contra prácticas inconvenientes. Igualmente y por las mismas razones expuestas por el gobierno para solicitar la derogatoria de dicho artículo, hemos considerado consistente derogar el inciso 4º del artículo 44 de la misma ley”.

Con fundamento en las citadas apreciaciones el artículo 37 de la Ley 3ª de 1991 modificó expresamente el contenido del artículo 59 de la Ley 9ª de 1989 —reglamentada por el Decreto 839 de ese año, contentivo de asuntos que paralelamente fueron objeto de regulación autónoma en el Decreto 163 de 1990—, eliminando la restricción existente en cuanto a la unidad en que debían denominarse los créditos de vivienda de interés social. Así, sólo hasta el 15 de enero de 1991 estuvieron vigentes las disposiciones según las cuales los créditos de vivienda de interés social no podían pactarse en signos monetarios distintos a la moneda legal de curso forzoso.

En el mismo sentido, el Decreto 839 de 1989 en la medida que reglamentaba el artículo 59 de la citada ley —disposición expresamente derogada— perdió su vigencia al desaparecer del ordenamiento jurídico la norma que desarrollaba.

Igual situación es predicable del Decreto 163 de 1990, pero en este caso su derogatoria es tácita y parcial, en la medida en que una ley posterior —Ley 3ª de 1991—, se ocupó del tema en estudio que el citado decreto autónomo regulaba, entre otros.

Expuesta con claridad la posición de esta superintendencia, acudimos a su colaboración en aras de que el anterior pronunciamiento sea debidamente utilizado por quienes acuden a nuestros conceptos como fuente de interpretación de las disposiciones que rigen la actividad del sistema financiero.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de los establecimientos de crédito.

_______________________