CARTA CIRCULAR 143 DE 2003 

(Noviembre 27)

Ref.: Utilización de recursos del público para adquirir acciones de entidades vigiladas.

Como es de su conocimiento, el artículo 72 del estatuto orgánico del sistema financiero, EOSF, en su literal c) dispone que las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, SBC, así como sus administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y funcionarios, deben abstenerse de “utilizar o facilitar recursos captados del público, para realizar operaciones dirigidas a adquirir el control de otras sociedades o asociaciones sin autorización legal”.

Dicha norma supone un claro deber de abstención, según el cual los recursos que una entidad vigilada por la SBC ha recibido del público, cualquiera sea el vehículo legal empleado para ello, no pueden ser utilizados por dicha entidad ya sea para adquirir directamente el control, o para poner a otro en capacidad de adquirir el control, de alguna otra empresa, sin que medie autorización legal para ello.

En tal sentido, por expresa disposición legal los recursos captados o recibidos del público por parte de cualquier entidad vigilada por la SBC, ya sea en la forma de depósitos individuales, o mediante fondos que conforman carteras colectivas o, en general, aquellos que constituyen un pasivo para la entidad, como sucedería con las reservas técnicas de las entidades aseguradoras, por regla general no pueden ser invertidos en cualquier forma que conlleve a financiar a una persona para adquirir, sin autorización legal, el control de sociedades o asociaciones.

Ahora, esta regla general de conducta se ve complementada con la disposición contenida en el artículo 10 literal c) EOSF, que de manera terminante prohíbe cualquier utilización de recursos del público para la financiación de operaciones de adquisición de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de entidades vigiladas por la SBC.

Según dicho artículo, el cual, de acuerdo con el artículo 213 EOSF, resulta aplicable a las corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, almacenes generales de depósito, entidades aseguradoras y sociedades de capitalización, no se puede “...conceder financiación, directa o indirectamente, con el objeto de poner en capacidad a cualquier persona de adquirir acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, de la propia entidad o de cualquier institución financiera o entidad aseguradora, salvo que dicha adquisición esté referida a acciones colocadas en forma primaria o se realice en proceso de privatización...”.

En consecuencia, conforme lo dispone la ley financiera vigente en Colombia, las entidades vigiladas por la SBC no pueden desarrollar ninguna operación que de manera directa o indirecta derive en alguna forma de financiación para la adquisición de acciones o Boceas de la misma, de otra institución financiera o de una aseguradora, salvo tratándose de colocaciones primarias o en desarrollo de procesos de privatización. En otros términos, por regla general y salvo los casos señalados en el propio artículo 10 EOSF, las entidades vigiladas por la SBC que de acuerdo con su régimen legal sólo pueden invertir los recursos provenientes del público en aquellas actividades, operaciones o títulos valores que expresamente les autorizan las normas legales vigentes, no pueden invertir los mismos en alguna actividad que de manera directa o indirecta coloque en posición a una persona para adquirir acciones o Boceas de una entidad vigilada.

Por ello, conforme a nuestro régimen financiero y salvo las excepciones legales, las entidades vigiladas por la SBC no sólo deben abstenerse de celebrar operaciones activas de crédito que directamente pongan en capacidad a una persona para adquirir participación en el capital de alguna entidad vigilada, sino que también deben abstenerse de desarrollar esta u otras operaciones que bajo la forma de inversión, como sucedería con la suscripción de títulos emitidos por personas jurídicas sean o no vigiladas por la SBC, de manera indirecta tengan el mismo efecto, pues que dicha conducta conlleva una clara violación a un precepto legal que censura la utilización indebida de los recursos del público.

Con fundamento en lo anterior, este despacho se permite reiterar que ninguna entidad vigilada puede destinar los recursos que ha recibido del público a la realización de alguna actividad u operación que tenga como consecuencia o efecto poner en capacidad a una persona (sea esta vigilada o no por la SBC) para adquirir participación en el capital de la misma u otra entidad vigilada, salvo que así expresamente lo autorice la ley y, mucho menos, para adquirir el control de alguna sociedad o asociación sin que medie para ello autorización legal.

Es claro que en desarrollo de sus deberes legales le corresponde a los directores, administradores y a los órganos internos y externos de control, velar porque en el desarrollo de su actividad las entidades vigiladas no incurran en dicha conducta y se adopten de manera oportuna los correctivos necesarios para prevenir una utilización indebida de los recursos del público.

Considerando la importancia que reviste una adecuada y transparente administración de los recursos del público, la SBC estará especialmente atenta a verificar el cumplimiento de tales disposiciones legales.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a miembros de junta directiva, representantes legales y revisores fiscales y demás funcionarios de las entidades vigiladas.

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