Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 20 DE 2016 

(Marzo 17)

Ref.: Reajuste pensiones reconocidas en la modalidad de retiro programado en el Régimen de Ahorro Individual.

Como es de su conocimiento en el artículo 48 de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005 se indica que “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”. En ese sentido en el artículo 53 de la Carta Política se señala, entre otros que, “El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.

Ahora bien, conforme con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 100 de 1993, la Seguridad Social es definida como un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y, en cuanto al Sistema General de Pensiones, resulta siendo un servicio público esencial “en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones”. En ese sentido debe igualmente recordarse que, en cuanto a la conformación del Sistema de Seguridad Social Integral, en el artículo 8º de la referida Ley 100, se indica que “es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley”.

Visto lo anterior, tenemos que la Corte Constitucional ha interpretado algunas de las disposiciones que regulan el reajuste de las mesadas pensionales en el Sistema General de Pensiones. Al efecto, en la exposición de las razones que llevan a las decisiones adoptadas por el Alto Tribunal (ratio decidendi), dicha Corporación ha señalado que respecto de las mesadas pensionales de prestaciones reconocidas en la modalidad de retiro programado procede su reajuste anual en los términos del Índice de Precios al Consumidor IPC. Veamos:

Sentencia T-1052/08 

4.5. Ahora bien, con relación al reajuste de las pensiones en los dos regímenes —prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad—, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 es enfático en señalar:

“Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el Dane para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.” (Negrilla fuera del texto original).

De la norma anteriormente transcrita se concluye que todos los pensionados, independientemente del régimen de pensión al cual pertenezcan, tienen derecho al reajuste anual de su pensión. Así mismo, que para los pensionados que devenguen una mesada superior al salario mínimo legal mensual vigente, su pensión se incrementará de conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. Por el contrario, para quienes devenguen una pensión igual al salario mínimo legal mensual vigente, su pensión se reajustará de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno.

Es claro que el reajuste anual de las pensiones tiene pleno sustento constitucional, pues busca garantizar la efectividad del derecho al mínimo vital de los pensionados. Esto por cuanto, permite corregir la desvalorización constante y progresiva de la moneda y mantener el poder adquisitivo de esa prestación económica. De ahí que si una pensión no es reajustada en las condiciones previstas en la ley, necesariamente, en términos reales, se verá reducida o congelada debido a que pierde su poder adquisitivo. Por ello, dado que el incremento anual de las pensiones busca garantizar que su valor no se deteriore frente al costo de los bienes y servicios que el pensionado requiere para su subsistencia, la omisión respecto de tal incremento implica la vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital, pues cada año las posibilidades de acceder a dichos bienes y servicios será más limitada(1).

Sentencia T-020/11 

3. El derecho constitucional al reajuste periódico de las mesadas de las pensiones.

Tal como ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación diversos preceptos de rango constitucional configuran un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho, además de estar consagrado expresamente en los artículos 48 y 53 de la Carta Política de 1991, puede derivarse de una interpretación sistemática de distintos enunciados normativos contenidos en la Constitución Política.

Así, por una parte, el artículo 48 constitucional contiene una clara previsión al respecto cuando establece que “[l]a ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Este precepto, aunque presenta cierto grado de indeterminación, señala explícitamente un deber constitucional en cabeza del Congreso de la República y por lo tanto sirve de parámetro de control de las medidas adoptadas por el poder legislativo en la materia.

El artículo en comento fue adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, el cual introdujo un inciso del siguiente tenor: “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho” (negrillas añadidas). Por otra parte, el artículo 53 constitucional señala que “[e]l Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.

De estos dos últimos enunciados normativos se desprende claramente un derecho constitucional cuyo titular son los pensionados, y cuyo contenido comprende (i) el pago oportuno de las mesadas pensionales, (ii) su reajuste periódico. Este derecho a su vez implica prohibiciones correlativas: (i) dejar de pagar las mesadas, (ii) congelar su valor o (iii) reducirlas. El sujeto pasivo de este derecho pueden ser tanto los particulares encargados de pagar las mesadas pensionales o las entidades estatales que cumplan la misma labor, pero en todo caso al Estado Colombiano le corresponde garantizar el reajuste periódico de las pensiones legales.

“(…), las previsiones del artículo 81 de la Ley 100 de 1993 y de las disposiciones reglamentarias que regulan la modalidad de retiro programado, prevén un cálculo cada año, a partir del capital existente en la cuenta de ahorro individual, de una anualidad la cual a su vez es dividida en doceavas partes, cada una de las cuales corresponde a una mesada pensional. Pero dado a que el monto de la cuenta de ahorro individual puede resultar afectado de un año a otro (porque depende de las variaciones en el valor de las inversiones, que a su vez pueden resultar afectadas por los contingencias de las tasas de interés, la tasa de cambio y los cambios en los precios del mercado accionario) y a que sobre las AFP pesan especiales deberes dirigidos a evitar que las cuentas de sus afiliados se descapitalicen, la Administradora en principio podrá decidir congelar o incluso reducir la mesada para evitar que esta última eventualidad tenga lugar. Pues de aplicarse el mandato legal que exige el reajuste anual por valor del IPC, incluso en los años en los cuales la cuenta de ahorro individual tuvo rendimientos negativos, podría afectarse el saldo final de la cuenta y se pondría en riesgo el pago de mesadas futuras.

(…)

La única manera de conciliar, entonces, la normativa que regula el régimen de ahorro individual, especialmente el artículo 81 de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones reglamentarias que regulan la materia, con los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 48 y 53 constitucionales el artículo es mediante la interpretación conforme, es decir, armonizando la normativa infraconstitucional con los derechos reconocidos por la Carta y las prohibiciones introducidas por el Acto Legislativo 1 de 2005. Por lo tanto, las mesadas pensionales reconocidas bajo la modalidad de retiro programado no pueden ser congeladas ni reducidas y deberán aumentarse anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el Dane.

Así las cosas, se recuerda a las sociedades administradoras del Régimen de Ahorro Individual como entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social Integral, el deber que les asiste de atender la interpretación que la Corte Constitucional ha realizado sobre el reajuste de las mesadas pensionales de prestaciones reconocidas en la modalidad de retiro programado, ya que conforme lo ha señalado la misma Alta Corporación(2), frente a la regla de obligatoriedad de los fallos de constitucionalidad de control concreto, “la ratio decidendi, (…) es el fundamento directo e inescindible de la decisión y en cuanto tal constituye una norma que adquiere carácter general, y por tanto su aplicación se convierte en obligatoria para todos los casos que se subsuman dentro de la hipótesis prevista por la regla judicial, en aras de garantizar el derecho a la igualdad y el debido proceso”.

N. del D.: La presente carta circular está dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

1 Sobre el particular, se puede consultar la Sentencia C-387 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

2 Sentencia C-539 del 6 de julio de 2011