CARTA CIRCULAR 28 DE 1992 

(Mayo 7)

Esta superintendencia se permite recordar a las instituciones vigiladas que el empleo en el desarrollo de sus actividades de programas para computador, sin contar con la debida autorización de sus fabricantes o distribuidores, implica un riesgo en el manejo y archivo de la información necesaria para la adecuada prestación de sus servicios, al aumentar la posibilidad de daño o destrucción de dicha información por causa de la contaminación con virus informáticos, además de traer consigo el desconocimiento de disposiciones contenidas en la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, lo cual expone a las entidades vigiladas a demandas por parte de los fabricantes o distribuidores de software, cuyas condenas, en caso de prosperar las pretensiones, pueden afectar gravemente su patrimonio.

Por lo anterior, se estima prudente solicitar la adopción de las medidas conducentes a la verificación de que el uso del software que se este empleando se ajuste en debida forma a las normas legales.

En el mismo sentido es necesario que se impartan las instrucciones del caso a todos los empleados y, de igual manera, se establezcan controles periódicos en los equipos de computación, con el objeto de que no se desarrollen prácticas contrarias al ordenamiento jurídico en la materia.

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