CARTA CIRCULAR 31 DE 2002 

(Marzo 5)

Ref.: Fases para la definición e implantación del sistema de administración del riesgo crediticio.

(Nota: Derogada por la Circular Externa 52 de 2004 numeral 5 de la Superintendencia Bancaria)

(Nota: Véase Circular Externa 30 de 2003 de la Superintendencia Bancaria)

En concordancia con lo establecido en la Circular Externa 011 de 2002 incorporada en el capítulo II de la circular básica contable y financiera, en la presente se establecen los lineamientos generales y los plazos dentro de los cuales se deberá desarrollar e implantar el sistema de administración del riesgo crediticio (SARC).

Con el propósito de llevar a buen término este proceso se han definido las siguientes tres fases:

Fase I: Preparación y presentación a la Superintendencia Bancaria del documento que sustenta el desarrollo del SARC en la entidad. En este documento se deben considerar cuando menos los aspectos contenidos en el anexo 1 adjunto.

Adicionalmente, en esta fase se deberá dar constancia de avances significativos en materia de reconstrucción de información histórica necesaria para la implantación del SARC por parte de la entidad.

Fase II: Conclusión del proceso de reconstrucción de información histórica y de los sistemas de información y/o programas informáticos que garanticen una adecuada medición y administración del riesgo crediticio.

Fase III: Durante esta fase las entidades deberán iniciar el cálculo de las pérdidas esperadas aplicando la metodología que para ello hayan definido. Lo anterior, con el fin de calibrar las variables relevantes que garanticen los resultados de la metodología.

La superintendencia vigilará el cumplimiento de las metas fijadas para cada una de estas fases y para ello establece los siguientes plazos máximos:

• La presentación del documento y las constancias de avance en materia de reconstrucción de bases de datos de que trata la fase I deberá efectuarse a más tardar el 28 de junio de 2002. Con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de la primera fase, esta superintendencia estima conveniente que las entidades entreguen informes parciales en la medida en que se logren avances significativos en el tema.

• La fase II deberá culminarse y ser sustentada a más tardar el 31 de diciembre de 2002.

• La fase III deberá finalizar a más tardar el 27 de junio de 2003.

Las entidades podrán avanzar en paralelo dando los pasos necesarios para culminar más de una fase al mismo tiempo.

Culminada la última fase, las entidades deberán aplicar integralmente el SARC desarrollado. Una vez en funcionamiento el SARC de una entidad, la Superintendencia Bancaria lo objetará si los resultados presentan comportamientos atípicos no sustentados satisfactoriamente.

El cumplimiento o incumplimiento de los plazos arriba establecidos derivará en las siguientes acciones:

Fecha LímiteCumplimiento de fasesRégimen de provisiones 1Aplicación Decreto 2817 2Situación del SARC
IIIIII
28-Jun-02NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
Numeral 6.2.2.3
Numeral 6.2.2.2
Numeral 6.2.2.2
Numeral 6.2.2.1
SI
NO
NO
NO
Objetado
No objetado
No objetado
No objetado
31-Dic-02SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
Numeral 6.2.2.3
Numeral 6.2.2.2
Numeral 6.2.2.1
NO
NO
NO
Objetado
No objetado
No objetado
27-Jun-03SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
Numeral 6.2.2.3
Numeral 6.2.2.3
Numeral 6.2.2.1
SI
NO
NO
Objetado
Objetado
No objetado
31-Dic-03SI
SI
SI
SI
NO
SI
Numeral 6.2.2.3
Numeral 6.2.2.1
SI
NO
Objetado
No objetado
(1) Se refiere al numeral del capítulo II de la circular básica contable y financiera.

(2) Se refiere a la aplicación del numeral 2.3 del artículo segundo del Decreto 2817 de 2000.

La no culminación de alguna de las fases dentro de los plazos fijados dará lugar a la objeción del SARC por parte de la Superintendencia Bancaria hasta tanto se satisfagan los requisitos correspondientes. Si a junio 28 de 2002 no se ha culminado la fase I, esta situación podrá dar lugar a la aplicación del numeral 2.3 del artículo segundo del Decreto 2817 de 2000. Lo mismo aplica si a junio 27 de 2003 no se ha culminado la fase II o a diciembre de 2003 no se ha terminado la fase III.

La situación de “objeción" del SARC dará lugar a la aplicación automática del régimen de provisiones de que trata el numeral 6.2.2.3 del capítulo II de la circular básica contable y financiera.

Si el SARC está en situación de “no objeción" por parte de la Superintendencia Bancaria pero no se ha culminado la fase III, aplicará el régimen de provisiones de que trata el numeral 6.2.2.2. del capítulo II de la circular básica contable y financiera, el cual mantiene en gran parte los lineamientos de la Circular Externa 70 de 2000.

ANEXO

Lineamientos generales para la adecuada administración del riesgo crediticio

Siguiendo los principios y criterios establecidos en el capítulo II de la circular básica contable y financiera, en este anexo se establecen lineamientos generales para la administración del riesgo crediticio en el portafolio de créditos de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Se hace énfasis, entre otros aspectos, en la necesidad de: tener unas políticas claras y una estructura institucional adecuada para controlar y administrar el riesgo de crédito; desarrollar metodologías y bases de datos idóneas que permitan medir con una frecuencia adecuada las pérdidas esperadas derivadas del mismo; diseñar e implementar sistemas para minimizar dichas pérdidas en caso de incumplimiento de las contrapartes y desarrollar planes de contingencia para eventos catastróficos.

1. Componentes básicos del sistema de administración del riesgo crediticio (SARC)

El sistema de administración del riesgo crediticio (SARC) en una entidad financiera debe contar al menos con los componentes básicos que se presentan en la figura 1; estos son: unas políticas claras de administración de riesgos, una estructura organizacional adecuada, unas metodologías y procesos apropiados para la gestión de riesgos, una infraestructura y capital humano idóneos, así como un proceso de auditoría general.

1.1. Políticas y estructura organizacional

La definición de una política clara de administración de riesgo por parte de la junta directiva de la entidad, constituye la columna vertebral del sistema general de administración de riesgo crediticio. Esta política debe reflejar el nivel de tolerancia frente al riesgo dado el nivel de rentabilidad esperado, generando límites para las distintas exposiciones del portafolio de crédito, acordes con el capital de respaldo. Así mismo, la junta debe garantizar o exigir a la administración de la entidad la asignación adecuada de tiempo y recursos físicos y humanos para el cumplimiento de esta política, así como reportes periódicos sobre los niveles de exposición, las implicaciones de los mismos y las actividades relevantes para su mitigación y/o gestión. Los componentes básicos de la política de administración de riesgos se presentan a continuación:

NOTA: La figura 1 la puede consultar en las oficinas de la Superintendencia Bancaria.

Sistema para la administración del riesgo crediticio

1.1.1. Política de exposición y límites.

Las entidades financieras, en cabeza de sus juntas directivas, deben generar una política de exposición y límites para el portafolio crediticio acorde con el capital de respaldo de la entidad, al igual que con el nivel de rentabilidad esperado bajo distintos escenarios. Esta política debe definir el nivel de exposición inicial y potencial para cada crédito o grupo de éstos, así como los límites de adjudicación y concentración por deudor, sector económico o grupo económico.

1.1.2. Política de otorgamiento de crédito.

Las entidades financieras deben contar con una política de otorgamiento de crédito consistente con su política de exposición y límites, en la cual se determinen las características básicas de los sujetos de crédito y los niveles de tolerancia frente al riesgo potencial de cada uno de ellos. Esta política debe discriminar claramente entre los potenciales clientes de la entidad, para determinar los sujetos de crédito de la misma y los niveles de adjudicación para cada uno de ellos, tomando en cuenta la historia crediticia de la entidad.

1.1.3. Política de constitución de provisiones.

La institución debe definir las políticas de constitución de provisiones generales e individuales necesarias para absorber las pérdidas esperadas derivadas de la exposición crediticia de la entidad y estimadas mediante las metodologías y análisis desarrollados en el SARC.

Estas provisiones deben ser consistentes con la política de riesgo de la entidad y deben estar en capacidad de subsanar con un nivel de confianza determinado los eventos de incumplimiento por parte de los sujetos de riesgo elegidos por la entidad.

Es necesario que las políticas de provisiones consideren explícitamente ajustes contra-ciclícos, de tal manera que en los periodos de alto crecimiento y alta valorización de activos se constituyan mayores provisiones que en coyunturas normales. Estos ajustes pueden hacerse vía provisiones individuales y/o provisiones generales.

1.1.4. Política de estimación de capital económico.

Se entiende por capital económico la estimación del nivel de patrimonio necesario para absorber las pérdidas no esperadas de la entidad. Es deseable que las entidades inicien un proceso de estimación de este capital con metodologías internas si bien todavía no es exigencia regulatoria.

1.1.5. Política de recuperación.

Las entidades financieras deben desarrollar unas políticas y procedimientos que les permitan tomar las medidas pertinentes en el momento de enfrentar incumplimientos de contrapartes. Estas políticas y procedimientos deben garantizar una gestión que permita minimizar las pérdidas en el tiempo a causa del incumplimiento.

Estas políticas deben ser diseñadas con base en la historia de recuperaciones y las variables críticas que determinan la minimización de las pérdidas. La información sobre los resultados de estas políticas debe ser almacenada como insumo para el refinamiento de los modelos desarrollados para el seguimiento y estimación de pérdidas.

1.1.6. Estructura organizacional.

Para la óptima administración del riesgo crediticio las entidades deben propender por el desarrollo de una estructura organizacional que permita establecer un ambiente apropiado. Dentro de esta estructura, como ya se mencionó, la junta directiva de la entidad tiene la responsabilidad de definir, así como de evaluar permanentemente, la estrategia para enfrentar el riesgo crediticio.

La administración de la entidad financiera, por su parte, debe responsabilizarse por la implementación de la estrategia de riesgo seleccionada, desarrollando procesos y metodologías de identificación, medición, monitoreo y control, de tal forma que las políticas definidas por la junta directiva se vean reflejadas en todas las actividades de la institución. Para tal fin las entidades deben garantizar no solo la idoneidad del personal cuya función es la administración de riesgos, sino la inversión en infraestructura tecnológica y el desarrollo de sistemas de información que permitan generar informes periódicos sobre la gestión de los mismos. De igual forma, deben quedar claramente asignadas las responsabilidades de las diferentes personas y áreas involucradas en los respectivos procesos.

1.2. Metodologías y procesos.

La administración del portafolio crediticio de una entidad se compone de tres etapas fundamentales: otorgamiento, seguimiento y control. Para el correcto desarrollo de cada una de éstas, las entidades deben diseñar procesos y metodologías claras que permitan generar la información necesaria para evaluar los respectivos riesgos y apoyar la toma de decisiones.

Una vez identificados o definidos los objetivos estratégicos de la entidad y el perfil de riesgo de la misma, para definir el mercado objetivo de cada uno de los productos crediticios, la literatura sobre el tema recomienda segmentar el portafolio, agrupando los créditos en categorías que comparten ciertas características que históricamente han explicado su comportamiento crediticio. Las posibles operaciones con nuevos sujetos de crédito de la entidad deben ser clasificadas dentro de estos portafolios para su adjudicación, seguimiento y control. Los criterios con los cuales se segmentan estos portafolios deben estar explícitamente identificados por la entidad.

1.2.1. Criterios de otorgamiento.

Tal como se señala en la sección 1.4 del capítulo II de la circular contable y financiera, las entidades financieras deben operar dentro de unos criterios sólidos de otorgamiento de crédito basados en un conocimiento, lo más completo posible, del sujeto de crédito o contraparte, y de las características del contrato a celebrar entre las partes que incluyen, entre otros: las condiciones financieras del préstamo, las garantías y fuentes de pago, etc.

En el proceso de otorgamiento se deben establecer, para cada uno de los portafolios identificados, las variables que con mayor significancia permiten discriminar los sujetos de crédito que se ajustan al perfil de riesgo de la entidad. La escogencia de estas variables de discriminación y la ponderación que se dé a cada una de ellas resulta ser un elemento crítico tanto en la originación como en el seguimiento de los créditos de cada portafolio. En tal sentido, la metodología implantada debe considerar la combinación de criterios cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos, de acuerdo con la experiencia y las políticas estratégicas de la entidad. Esta metodología debe ser evaluada como mínimo 2 veces al año con el fin de garantizar la idoneidad de la misma, al igual que la relevancia de las variables calibradas para ésta.

De los procesos de segmentación y discriminación de los portafolios de crédito y de sus posibles sujetos de crédito, se deriva la calificación de los mismos. De igual forma, las metodologías y procedimientos implantados en el proceso de otorgamiento deben permitir monitorear y controlar la exposición crediticia de los diferentes portafolios, así como la del portafolio agregado de conformidad con los límites establecidos por la junta directiva. Se debe tener especial cuidado en la forma como se diversifica el portafolio de crédito de la entidad, evitando una excesiva concentración del crédito por deudor, sector económico, grupo económico, factor de riesgo, entre otros.

1.2.2. Criterios de seguimiento y control.

Las entidades financieras deben tener un sistema de seguimiento y control del riesgo crediticio de los diferentes portafolios, lo cual implica un proceso continuo de calificación y recalificación de las operaciones crediticias, el cual debe ser consistente con el proceso de otorgamiento.

Para tal fin, existen o se pueden desarrollar metodologías y técnicas analíticas que permiten medir el riesgo crediticio inherente a una operación crediticia y los futuros cambios potenciales en las condiciones del servicio de la misma. Estos normalmente se basan en información respecto al comportamiento histórico de los portafolios y los créditos, las características particulares de los deudores y sus créditos, los efectos sectoriales y macroeconómicos que afectan el normal desarrollo de los mismos y las garantías con las cuales éstos se respaldan.

Estas metodologías, que pueden incluir el desarrollo de modelos sofisticados, deben estar en capacidad de determinar el valor más probable de pérdida en caso de incumplimiento de la contraparte para cada uno de los portafolios de crédito, tomando en cuenta la definición de incumplimiento que se utilice. La información sobre los resultados de estos modelos debe ser almacenada como insumo para el refinamiento y retroalimentación de los mismos.

La constitución de provisiones debe responder al siguiente esquema general:

Provisión = [Probabilidad de no pago ] x [Pérdida esperada de valor del activo en esa eventualidad ] x [Exposición del activo en esa eventualidad].

Estas metodologías deben ser evaluadas como mínimo 2 veces al año con el fin de garantizar la idoneidad de las mismas, al igual que la relevancia de las variables calibradas para cada una de ellas. Igualmente estas metodologías deben ser probadas en escenarios y condiciones extremas (pruebas de estrés). Así mismo, a estas metodologías se les debe medir la suficiencia del nivel de cubrimiento arrojado frente a las pérdidas efectivamente observadas. Los resultados de estas evaluaciones y pruebas deben ser conocidos por la junta directiva y la alta gerencia.

1.3. Bases de datos y tecnología de soporte.

El correcto funcionamiento de las metodologías y/o modelos requiere la recopilación y alimentación de importantes bases de datos, al igual que el desarrollo e implementación de técnicas de análisis que pueden variar en grados de complejidad o sofisticación.

Las entidades requieren contar con la tecnología de soporte adecuada, tanto en el área de sistemas como en el área financiera y estadística, que le permita la construcción e implementación de los modelos descritos anteriormente, al igual que la oportuna generación de informes y análisis.

En este sentido se requiere de inversión tanto en tecnología como en capital humano para robustecer el área de administración de riesgo crediticio.

1.4. Procesos de auditoría.

El diseño e implementación de un esquema general para la administración del riesgo crediticio debe contar con procesos de auditoría interna y externa. Este último debe certificar cada uno de los componentes del esquema general, garantizando la idoneidad tanto de las políticas, como de la estructura organizacional y las metodologías propuestas.

La auditoría interna, por su parte, debe velar por la implementación de todas las metodologías y procedimientos al igual que por el cumplimiento de todos los límites y controles diseñados, incluyendo el oportuno flujo de información a la junta directiva y a la alta gerencia.

1.5. Evaluación del esquema.

Un esquema de administración de riesgos consistente con las recomendaciones de Basilea (1) sobre este tipo de estructuras, debe estar en capacidad de resolver de manera clara al menos los siguientes cuestionamientos:

(1) “Principles for the magnagement of credit risk" Basel commitee, 2000.

1. ¿Quién es responsable en la entidad de señalar y monitorear la política de riesgo crediticio?

2. ¿Quién es responsable en la entidad de revisar y actualizar las políticas y con qué frecuencia se hace? ¿Cuál es el proceso de revisión?

3. ¿Como se realiza el proceso de revisión de las metodologías y del nivel de provisiones de la entidad para el riesgo crediticio? ¿Quiénes son responsables de hacerlo?

4. ¿Qué tipo de reportes se generan en el proceso del SARC y quiénes son sus destinatarios?

5. ¿Cómo se revisa la implementación de la política y por quiénes?

6. Para los diferentes tipos de negocios que tiene la entidad, ¿qué constituye una exposición de riesgo crediticio superior a la normal? ¿Cómo se identifica?

7. ¿Cómo es la metodología para el cálculo de las provisiones individuales o específicas?

8. ¿Quién decide si el nivel propuesto de provisiones específicas sobre una exposición con riesgo superior al normal es adecuada? ¿Cómo se documentan las excepciones?

9. ¿Qué metodología determina el nivel de provisiones generales sobre exposiciones crediticias?

10. ¿Cuáles son las políticas de la entidad para valorar las garantías que existen?

11. ¿Cómo asegura la entidad la posibilidad de hacer exigible la garantías que existen?

12. ¿Cuál es la política de castigos?

13. ¿Cuál es la política de reestructuraciones? ¿Cómo influyen éstas en la calificación crediticia?

14. ¿Cuál es la política de recuperación y administración de activos con atrasos en sus pagos?

15. ¿La entidad revisa su experiencia de incumplimientos frente a aumentos de provisiones, para identificar si sus políticas resultan en una provisión adecuada?

2. Documento soporte al sistema de administración del riesgo crediticio

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria que tengan portafolios de crédito, deberán presentar a esta superintendencia un documento en el cual se sustenten claramente los siguientes aspectos:

• Políticas generales para la administración del riesgo crediticio.

• Estructura organizacional que da soporte a las políticas generales.

• Metodologías y procesos para la gestión del riesgo crediticio.

— Criterios para la segmentación del portafolio de crédito.

— Criterios de otorgamiento.

— Criterios de gestión y control.

— Criterios de recuperación.

• Infraestructura tecnológica y bases de datos que dan soporte al desarrollo de metodologías.

• Capital humano dispuesto para la gestión.

• Metodologías para el cálculo y constitución de las provisiones generales e individuales.

• Pruebas de revisión y ajuste para las metodologías

• Sistema de información y reportes.

• Procesos de auditoría internos y externos.

El documento deberá dar respuesta a las preguntas anteriormente descritas, de acuerdo a lo propuesto en el esquema general presentado.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

(Nota: Véase Circular Externa 30 de 2003 de la Superintendencia Bancaria)

(Nota: Derogada por la Circular Externa 52 de 2004 numeral 5 de la Superintendencia Bancaria)

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