Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 51 DE 2014 

(Mayo 27)

Ref. Efectos de la declaratoria de responsabilidad fiscal por la administración de recursos públicos y de la inclusión en el boletín de responsables fiscales.

Como es de su conocimiento, la Ley 610 de 2000 regula el trámite del proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, el cual tiene como fin determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio o con ocasión de la gestión fiscal causen, por acción u omisión, en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la referida ley, las consecuencias de la declaración de responsabilidad fiscal son las siguientes:

i) La publicación de los nombres de los responsables en el boletín de responsables fiscales de la contraloría. Dicho boletín incluye los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les ha dictado fallo de responsabilidad fiscal cuando el mismo esté en firme y ejecutoriado, y tales personas no hayan satisfecho la obligación que dio origen a su inclusión en él. Así mismo, como consecuencia de esa publicación, los representantes legales, los nominadores y demás funcionarios competentes de las entidades públicas deben abstenerse, entre otros, de celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en boletín, so pena de incurrir en causal de mala conducta (L. 190/95, art. 6º) o en responsabilidad penal o fiscal.

ii) La caducidad del contrato estatal respectivo si se encuentra vigente o no ha sido liquidado, para cuyo efecto las contralorías solicitarán a la autoridad administrativa correspondiente la declaración de tal caducidad.

iii) De conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, la declaratoria de la caducidad del contrato genera una inhabilidad para contratar con el Estado hasta por cinco (5) años a partir de la ejecutoria del fallo para contratar con el Estado. Por su parte, según lo establece el artículo 9º de la misma ley, la inhabilidad sobreviniente originada en la declaratoria de caducidad también incide en la ejecución de otros contratos que tenga vigentes la persona con el Estado, caso en el cual el contratista “cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución”.

Precisado lo anterior y como quiera que las entidades vigiladas en desarrollo de su objeto social se encuentran facultadas para celebrar negocios en los que administren recursos o bienes de carácter público, están expuestas a ser vinculadas a los procesos de responsabilidad fiscal, deviniendo de ello su eventual inclusión en el boletín de responsables fiscales, así como la declaratoria de la caducidad del contrato respectivo, si así lo solicitan las contralorías.

Ahora bien, en el evento en que una entidad vigilada haya sido declarada responsable fiscalmente por parte de las contralorías, de acuerdo con los lineamientos expuestos, deberá abstenerse de celebrar nuevos negocios que impliquen la administración de recursos públicos.

De igual manera, de declararse la caducidad del contrato, deberá proceder a su liquidación o, en su defecto, a su cesión a otra institución sujeta a vigilancia habilitada para el efecto, situación que deberá ser informada de manera inmediata a esta Superintendencia para su correspondiente seguimiento.

Respecto de aquellos otros contratos en los que la entidad vigilada declarada responsable fiscalmente administre recursos públicos y se encuentren en ejecución, deberá proceder a su cesión o a renunciar a su desarrollo, lo cual conlleva a la liquidación, dada la imposibilidad de dicha institución de administrar recursos de tal naturaleza.

Sobre esta materia debe tenerse en cuenta que la Contralora General de la República -CGR-, en ejercicio de su función de advertencia contenida en el Oficio 2014EE0076844 del 30 de abril de 2014, reiteró a las entidades administrativas, sus representantes legales, entes territoriales, revisores fiscales, jefes de oficina de control interno, nominadores y ordenadores del gasto que “las entidades públicas deben sujetarse a los postulados normativos de que tratan el artículo 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, pues (...) no es posible contratar ni nombrar tampoco a quienes tengan la calidad de responsables fiscalmente”.

Así mismo, expresó que algunas personas naturales y jurídicas a quienes se les ha dictado fallo de responsabilidad fiscal, han actuado en contravía de los postulados jurídicos, desconociendo los efectos que devienen de la inclusión en el denominado boletín de responsables fiscales.

Sobre los alcances o efectos de dicha declaratoria y su inclusión en el referido boletín manifestó:

“De la normativa en cita se deduce, que la Contraloría General de la República se encuentra plenamente facultada para incluir en el citado boletín, los nombres de los declarados como responsables fiscales, ello, como mecanismo de publicidad y hasta tanto cumplan con el pago que permita resarcir el patrimonio afectado del Estado (para cual también se ejerce la jurisdicción coactiva).

“La inserción en dicho documento, no sólo genera una base de datos al máximo ente de control fiscal y las contralorías territoriales, sino que además, todas las entidades públicas pueden beneficiarse o consultar dicho boletín, cuando se pretenda contratar a un particular o vincularlo a través de nombramiento como servidor público. Incluso, la honorable Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia, en lo que respecta a la fijación del multicitado documento:

“‘(...) Para la Corte la posibilidad de conformar bases de datos en las cuales se relacionen las personas fiscalmente responsables es indudablemente válida, más aun cuando con la misma se garantiza la protección del patrimonio del Estado, como interés constitucionalmente relevante. Por tal motivo, el propósito de la administración de esta base de datos es doblemente legítima, pues sirve como mecanismo de presión para lograr el resarcimiento de los daños causados al Estado y permite que las entidades estatales no sostengan relaciones jurídicas contractuales o de función pública con estas personas, mientras no se reparan los daños causados.

El tipo de responsabilidad que se declara en estos casos —de naturaleza fiscal— guarda estrecha relación con la conducta del funcionario o particular, perjudicial a los intereses al Estado solamente en el plano patrimonial, por tanto tiene en primer lugar una incidencia directa en los derechos patrimoniales del sujeto responsable y sólo de manera indirecta afecta derechos no patrimoniales, entre los cuales se cuentan la intimidad, la honra, el buen nombre, el trabajo, el ejercicio de determinados derechos políticos, etc.

Por tal razón, la inclusión en el boletín de responsables fiscales no puede considerarse como una medida que vulnere por sí misma los derechos alegados por el actor. Debe tenerse en cuenta que lo pretendido con la declaración de responsabilidad, en este caso meramente administrativa, es la preservación de la integridad del patrimonio público, lo cual se logra generando sistemas de información que permitan evitar que las personas declaradas fiscalmente responsables continúen, con su acción u omisión, causando detrimento al erario (...)(1)’ .

“Cierto es entonces partiendo de lo expuesto, que para posesionarse o celebrar cualquier contrato con el Estado, es requisito sine qua non, allegar de manera previa documento o certificación que acredite la ausencia de condenas fiscales, expedido por la Contraloría General de la República a quien corresponde entonces, el deber de publicar el boletín con los nombres de las personas naturales y jurídicas a quienes se le haya declarado como tales; decisión que deberá estar en firme y debidamente ejecutoriada y siempre y cuando, claro está, la obligación con el Estado no se haya satisfecho.

“Incluso, al observar el artículo 61 de la Ley 610 de 2000 en cita, se advierte que el legislador impuso para el caso de las entidades administrativas contratantes, el deber inmediato de declarar la caducidad del contrato, cuando en el curso de un proceso de responsabilidad fiscal un contratista haya sido declarado responsable (...).

“En consecuencia, mientras no exista decisión judicial de autoridad competente que suspenda provisionalmente o anule el correspondiente fallo de responsabilidad fiscal proferido en contra de una persona natural o jurídica, tal decisión no solo conlleva a la inclusión en el boletín respectivo, sino que sus efectos jurídicos están orientados a la imposibilidad de acceder a la contratación administrativa u ocupar un cargo público, además de la aplicación de la caducidad del contrato en los eventos antes señalados; ello, sin perjuicio del pago que realice un responsable fiscal para resarcir los recursos perdidos por el Estado, situación que conlleva igualmente a la exclusión dentro del referido boletín (...)”.

Por lo anteriormente expuesto, esta Superintendencia se permite recordar a las entidades vigiladas el estricto cumplimiento al marco legal citado, así como al control de advertencia emitido por la Contraloría General de la República referido en la presente carta circular.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de entidades vigiladas.