CARTA CIRCULAR 82 DE 1994 

(Septiembre 26)

(Nota: Derogada por la Circular Externa 42 de 1995 de la Superintendencia Bancaria).

Para su conocimiento y la implementación de las medidas internas pertinentes, en cada una de las entidades, nos permitimos transcribir el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público relacionado con la inembargabilidad de los recursos incorporados en el presupuesto nacional, con ocasión de una consulta formulada por esta superintendencia.

“Tal como usted lo anota en su escrito de la referencia, mediante la sentencia C-103 del presente año, la honorable Corte Constitucional resolvió declarar inexequible aquella parte del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la necesidad de presentar una certificación del director general de presupuesto para proceder al desembargo de recursos incorporados en el presupuesto nacional que hubieren sido embargados. Con respecto a lo anterior y en particular para efectos de que esa superintendencia ilustre a los establecimientos de crédito en el evento que reciban órdenes de embargo que afecten recursos incorporados en el presupuesto, me permito formular los siguientes comentarios:

“La inembargabilidad de los recursos incorporados en el presupuesto nacional, es un principio que se encuentra vigente en diversas disposiciones de orden legal y reglamentario y por tanto es de obligatoria observancia para todos.

“En efecto, el artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación) establece expresamente dicho principio. Así mismo en el artículo 7º de la Ley 88 de 1993 (ley anual de presupuesto) se establece que el servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, está obligado a efectuar los trámites que corresponda con el fin de llevar a cabo el desembargo. Es más, en esta misma norma se establece que cuando los miembros de la rama judicial ordenen el embargo de recursos inembargables, la Contraloría General de la República podrá abrir juicio fiscal de cuentas para recuperar los dineros embargados por cuenta del patrimonio del funcionario que ordenó el embargo.

“También en el artículo 1º del Decreto 1807 de 1994 reglamentario del estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación, se reitera expresamente la regla general de que las rentas y recursos incorporados en el presupuesto nacional son inembargables.

“La misma Corte Constitucional aclaró suficientemente el tema cuando en la sentencia C-546 de octubre 1º de 1992 declaró exequible el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, es decir la regla general de la inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, salvo el caso específico de los créditos laborales.

“De otra parte, es preciso aclarar que no obstante la sentencia de inexequibilidad arriba referida, en opinión de este despacho el principio de inembargabilidad se encuentra vigente aún en el mismo Código de Procedimiento Civil y su artículo 513, pues lo que la Corte encontró inconstitucional fue el requisito de la certificación del director general de presupuesto para acreditar el carácter de inembargables de los recursos incorporados en el presupuesto por considerarse vulneratorio del principio de la separación de los poderes y la autonomía de la rama judicial consagrada en el artículo 228 de la Carta.

“De hecho la misma Corte Constitucional ratifica la eficacia del principio de inembargabilidad presupuestal cuando a manera ilustrativa en la parte motiva de la mencionada sentencia dice lo siguiente:

“En consecuencia, el inciso tercero del artículo 513, quedará así:

Si llegaren a resultar embargados bienes de esta índole, se efectuará desembargo de los mismos”.

De acuerdo a lo anterior queda suficientemente reiterada la vigencia del mencionado principio de la inembargabilidad presupuestal tal y como se encontraba establecido tanto en las normas de presupuesto como en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil. Lo que hay que aclarar a propósito de la inexequibilidad contenida en la sentencia C-103 antes referida, es que cuando se llegaren a practicar medidas ejecutivas de embargo sobre este tipo de recursos, operará directamente la regla general de que en tal evento deberá procederse inmediatamente al desembargo, sin necesidad de que medie la certificación en tal sentido del director general de presupuesto por ser ésta contraria a la Constitución. Lo cual no obsta para que dicho certificado pueda de todas formas ser allegado dentro del expediente correspondiente, como una prueba documental de carácter presupuestal y por lo tanto inembargable de los recursos, la cual deberá ser apreciada por el juez de acuerdo con los principios de valoración probatoria consagrados en la ley.

“Con base en lo anteriormente expuesto, este despacho estima de suma importancia que esa superintendencia aclare a sus entidades vigiladas que no es acertada la tesis según la cual a partir de la expedición de la referida sentencia C-103 haya de entenderse que todas las órdenes emanadas de los despachos judiciales serán de inmediata ejecución o cumplimiento por parte de los establecimientos de crédito aun cuando afecten recursos del presupuesto nacional, puesto que en tales circunstancias se estaría contrariando la ley. Por el contrario, hay que reiterar la obligatoriedad del principio de inembargabilidad de los recursos del presupuesto como regla general de acuerdo a la normatividad vigente”.

NOTA: La presente carta circular está dirigida a los representantes legales de las instituciones financieras.

(Nota: Derogada por la Circular Externa 42 de 1995 de la Superintendencia Bancaria).

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