CARTA CIRCULAR 99 DE 1996 

(Noviembre 13)

Con fundamento en lo establecido en el artículo 203 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, esta superintendencia señaló mediante Oficio 96038180-2 del 13 de noviembre de 1996 el programa de desmonte de los depósitos judiciales, cauciones prendarias y depósitos de arrendamiento que maneja el Banco Popular, cuyo aparte se transcribe:

Como lo señala el artículo 203 de la Ley 270 de 1996 “(...) Las cantidades de dinero que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, deben consignarse en el Banco Popular a órdenes de los despachos de la rama judicial, autoridades de policía y, además, las sumas que los arrendatarios consignen en favor de sus arrendadores, con base en las normas que existen sobre el particular, se depositarán en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, a partir del momento en que se reduzca la participación de la Nación en el capital del Banco Popular”, se debe entender que la privatización del Banco tiene ocurrencia cuando la participación de la Nación o sus entidades descentralizadas en el capital se reduzca a menos del 50%.

Así mismo, con arreglo al artículo 14 del Decreto 2915 de 1990, “La adjudicación se entenderá realizada en el momento de ser comunicada por el director (del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras) o, cuando fuere el caso, en el momento del cierre de la operación en bolsas de valores. La enajenación de las acciones o bonos se hará mediante orden escrita del director del fondo e inscripción en el libro de registro de acciones” (la expresión entre paréntesis no es del texto).

A partir del día siguiente a la fecha de la privatización el Banco Popular continuará encargado del manejo y la cancelación de todos aquellos depósitos que se hayan constituido con anterioridad a la misma, en la forma habitual como lo ha hecho hasta ahora y sujeto en todo momento al cumplimiento de las disposiciones legales que rijan sobre los mismos. El tiempo de duración de su manejo no podrá exceder un plazo máximo de cuatro (4) años, contados a partir de la privatización, vencido el cual el banco deberá trasladar a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, de inmediato y en su totalidad, el saldo de los depósitos que se encuentren pendientes de cancelar a los depositantes o propietarios.

Dado que el Banco Popular es el tenedor y usufructuario directo de todos los depósitos especiales constituidos hasta la fecha de la privatización, corresponde al mismo disponer lo necesario para proveer, de manera oportuna y cabal, los recursos líquidos que le permitan atender los pagos sobre tales depósitos, en el momento que los correspondientes beneficiarios los requieran”.

En tal sentido, una vez se produzca la privatización del Banco Popular esta superintendencia comunicará desde qué día deben realizarse los depósitos referidos en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero e igualmente hasta qué fecha el primero de los establecimientos bancarios citados debe atender los requerimientos de pago de los depósitos judiciales constituidos antes de la fecha de la reducción de su capital.

N. del D.: esta circular está dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de entidades vigiladas y público en general.

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