Informe especial

Cetcoit, invención colombiana para resolver conflictos de libertad sindical

Revista Nº 207 Mayo-Jun. 2018

Javier Rojas 

Periodista 

El próximo 31 de octubre del 2018 se cumplirán dieciocho años de creación de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (Cetcoit), iniciativa de inspiración colombiana que surgió en la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales como estrategia de diálogo social, en procura de soluciones nacionales a los conflictos sobre libertad sindical antes de ser presentados en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Respecto de los orígenes de la Comisión Especial para el Tratamiento de Conflictos ante la OIT (Cetcoit), Gloria Gaviria, jefe de la oficina de cooperación y relaciones internacionales del Ministerio del Trabajo, recuerda que Colombia tuvo “épocas muy complejas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1997, en 1998, y estuvimos a punto de ser sometidos a una comisión de encuesta que es la máxima sanción que le puede dar a un país” ese organismo. Además, en el 2000, Colombia registraba muchos casos para estudio en el comité de libertad sindical, órgano tripartito de control de la OIT que “atiende las quejas de libertad sindical por violación a los convenios 87, 98, 151 y 154”, atinentes a libertad sindical, derecho de asociación y negociación colectiva.

“En el 2000, en el marco de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, siendo ministro de Trabajo, Angelino Garzón, se creó la Cetcoit como mecanismo para que todos esos casos que se estaban” presentando al comité de libertad sindical de la OIT “se trataran internamente” en Colombia. Recalca que fue una iniciativa propia de empleadores, trabajadores y gobierno. “Esa propuesta se llevó al seno de la OIT y fue de muy buen recibo, porque la idea era que todos esos casos que había en el ámbito internacional”, se solucionaran en Colombia.

Desde el 2000 la Cetcoit “tuvo altos y bajos” en su actividad, pero luego mediante “el acuerdo para la asociación y la democracia, firmado en junio del 2006, tripartitamente, entre empleadores, trabajadores y gobierno, se acordó impulsar todos estos nuevos mecanismos de diálogo social. Como se nombró para Colombia un representante de la OIT que, en su momento, fue Marcelo Castro Fox”, se dio nuevo “impulso a la Cetcoit”.

“En ese momento, se volvió a reunir la Cetcoit con Marcelo Castro Fox como facilitador. Se tuvieron varios casos, hubo acuerdos, pero no tantos” como se esperaba. “Después, en el 2009, tuvimos una misión de alto nivel” en el país que presentó unas recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Cetcoit. Luego de que el representante de la OIT terminó su labor en Colombia, el viceministro de Trabajo ejercía como facilitador en esta comisión especial. Sin embargo, se evidenció que su funcionamiento “no era tan eficiente y había quejas. Entonces, vino la misión y nos dio unas recomendaciones”.

“En el pleno del comité de libertad sindical hay una figura que se llama misión de contactos preliminares”, la cual “consiste en que se escogen unos casos que están en la OIT y se van a tratar al país. Hicimos una selección de casos para que la OIT viniera con un facilitador a tramitar los casos en Colombia”, pero no en el marco de la Cetcoit, “sino que queríamos ver la experiencia para buscar cómo mejorábamos el mecanismo. Nos dimos cuenta de que con la misión de contactos preliminares fue efectivo, porque se trataron diez casos y en nueve hubo acuerdos y se retiraron las quejas de la OIT; definitivamente funcionó”, afirma Gaviria.

“A raíz de eso empezamos a analizar las recomendaciones que nos hizo la misión de alto nivel de la OIT, en relación con la Cetcoit. Una recomendación, la primera, era nombrar un facilitador independiente”. Otra proponía la posibilidad de que la Cetcoit ejerciera su actividad en el ámbito regional. En consecuencia, en el 2012, se designó como facilitador de la Cetcoit, por consenso, a Eduardo Cifuentes, ex magistrado de la Corte Constitucional. “Y fue un éxito; todos los casos que se trataron ese año se resolvieron”.

“Se demostró que la figura del facilitador era muy buena. Como era un mecanismo tripartito, también se empezó a generar esa confianza entre trabajadores, sindicatos y gobierno que forman parte de la comisión especial. Por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dice que la Cetcoit no es del gobierno, que dejemos de echarnos flores, que esta es de todos” y Gaviria apoya tal actitud, porque evidencia el sentido de pertenencia de los representantes de los sindicatos, con respecto a esa instancia de solución de conflictos.

“Les decíamos, en su momento, a las partes que el comité de libertad sindical de la OIT atiende muchos casos del mundo. Entonces, el caso de un sindicato allá puede demorar dos o tres años en ser tratado y después salen unas recomendaciones que pueden ser o no” una solución definitiva.

Con el propósito de optimizar su labor, en el 2013, se expidió un manual de admisibilidad de casos en la Cetcoit. En relación con este, Gaviria comenta: dado que “se trataba de acercar a las partes y no a los abogados”, se estableció que “quienes intervenían debían ser la empresa y el sindicato, no los apoderados de los mismos”, en un ambiente que busca preservar el buen clima laboral, a pesar de las discrepancias entre empleador y trabajadores. “El manual sirvió muchísimo, porque en el 2009 hicimos un barrido de todos los casos que habían llegado a la Cetcoit y nos dimos cuenta de que por lo menos un 70% no tenían que ver con temas de libertad sindical”, acota Gaviria.

De otra parte, “la gente se sentía frustrada, porque presentaban el caso y sentían que esa instancia no avanzaba. A raíz de eso, en el manual, se creó la subcomisión de seguimientos que se encarga de elaborar el acta, pero también de hacerle seguimiento a los casos. Como es derecho blando”, el que se ejerce en la Cetcoit, es decir, un compromiso de las partes, se dispuso indagar sobre la evolución en el cumplimiento de los acuerdos.

Del 2012 a la fecha ha sido la “época dorada de la Cetcoit”, sostiene Gaviria. Asimismo, “el facilitador lo financió, en ese momento, la OIT a través de cooperación con el Departamento del Trabajo de EE. UU”. El facilitador Eduardo Cifuentes permaneció en esa función desde el 2012 hasta el 2017, cuando se vinculó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y en abril del 2018 se designó a José Noé Ríos en esa responsabilidad de la Cetcoit.

“Los empleadores, a veces, han dicho que la Cetcoit debería ser un mecanismo transitorio y no de por vida”. Tal apreciación no significa que “quieran acabar con el mecanismo”, pero esperan que “esos conflictos se puedan atender en la región o avanzar un poco más” con esa figura. Según Gaviria, “otra de las recomendaciones de la misión de la OIT era que lo hiciéramos regionalmente”. Sin embargo, “siempre que se proponía el tema, se decía que todavía no estábamos lo suficientemente maduros”, porque se debe desarrollar “un proceso de aprendizaje en la región. Y, además, en términos generales, en las regiones” no existe plena confianza en la descentralización de la figura; “las personas sienten que, si está todo desde el nivel central, se les va a atender mejor su caso” y con imparcialidad. Por lo pronto, “empezamos a ir a la región, pero los miembros de la Cetcoit son los mismos” que actúan en el ámbito central. Igualmente, “el tema de la financiación también lo tenemos casi cubierto y no hay problema”. El Ministerio del Trabajo considera importante “darle continuidad” a la Cetcoit.

En la situación eventual de que fuera eliminada la Cetcoit, los conflictos colombianos en materia de libertad sindical entre empleadores y sindicatos empezarían a surtir trámite en “las subcomisiones departamentales de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales”, afirma Gaviria, pero las organizaciones sindicales manifiestan temor frente a esa posibilidad, porque piensan que “esas subcomisiones no han sido lo suficientemente fortalecidas, pues, a veces, no hay compromiso de las autoridades locales o de las mismas organizaciones”.

Sin embargo, sigue Gaviria, en aquellos casos en que el anterior facilitador, Eduardo Cifuentes, se declaró impedido para ejercer esa función, se evidenció que “ya está tan madura la figura que cualquiera de las partes hacía de facilitador. En este momento eso también pesa mucho”. Pero, “no queremos, ni mucho menos, desbaratar esa confianza que existe en la Cetcoit”.

Gaviria reitera la trascendencia de “ir a las regiones, porque es importante que los conflictos también se solucionen en aquellas, pues tampoco todo se puede tener centralizado. Pero vamos a hacer acompañamiento para enseñarles a los de la región cómo se hace la facilitación y a crear esos vínculos de confianza. La idea es seguir haciendo reuniones y atendiendo casos a nivel regional” con el nuevo facilitador y la presencia de las subcomisiones departamentales de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, dada la importancia de “fortalecer la institucionalidad regional”.

Resultados medibles

“La tasa de efectividad de la Cetcoit está en un 65%” de solución de los casos de libertad sindical que recibe. Gaviria comenta que en la OIT, “Colombia es ejemplo de buenas prácticas con la Cetcoit. El comité de libertad sindical de la OIT que antes llamaba a Colombia y nos regañaba” por los problemas en este frente, en sus informes oficiales ha destacado los logros de la Cetcoit y ha recomendado a otros países que empleen esa figura, la cual ya se ha utilizado en Panamá, Guatemala y República Dominicana.

Gaviria subraya que “ha sido voluntad política del gobierno fortalecer la figura y hay dos direcciones del Ministerio del Trabajo a cargo” de esta instancia; la dirección de derechos fundamentales y la oficina de cooperación y relaciones internacionales. Además, reconoce que Colombia pidió el retorno al país de unos dieciocho (18) casos en espera de solución en el comité de libertad sindical de la OIT. “Nosotros siempre lo hemos hecho”. Si en Colombia se llega a un acuerdo, “el caso se cierra” en ese comité del organismo internacional. “De hecho, hay unos casos que llevan ya un rato en el comité”. Pero argumenta que la figura se creó “para que los casos fueran analizados en Colombia.

Con el propósito de verificar el cumplimiento del empleador de los acuerdos definidos en la Cetcoit, agrega la funcionaria del Ministerio del Trabajo, “hacemos seguimiento a los casos”. Sin embargo, no se cuenta con un mecanismo coercitivo, “porque esto es derecho blando”. Se propuso incluir en el reglamento de la Cetcoit un instrumento de tal naturaleza, pero no se aceptó. Por ejemplo, habría sido posible asimilar el acuerdo “a un contrato de transacción, pero ni empleadores ni trabajadores” lo respaldaron, al parecer, porque tal opción jurídica “hace tránsito a cosa juzgada”.

En relación con la posibilidad de que en Colombia no se garantice el derecho de libertad sindical, Gaviria sostiene que “si nuestros sindicatos no pudieran hablar libremente, no habría casos” ante el Comité de libertad sindical de la OIT y “nosotros tenemos muchos casos. Parte de ese ejercicio es que efectivamente” los trabajadores puedan “acudir a quien quieran para decirle” que no les están garantizando ese derecho. Además, “en Colombia, se hace un sindicato de la manera más sencilla del mundo”.

Respecto de la eventual coacción de los empleadores a los trabajadores para que no se afilien a los sindicatos, “lo que estamos haciendo, cuando hay ese tipo de denuncias, es actuar con la inspección de trabajo que está imponiendo, además, unas multas muy grandes en relación con esos casos de violación al derecho de asociación”. Igualmente, en Colombia, “tenemos penalizado” ese hecho, determinación judicial que “no sucede en otras partes del mundo”.

Diógenes Orjuela, delegado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la Cetcoit, manifiesta que en esta instancia “hemos tenido que transitar por períodos de absoluta ineficacia y por uno muy importante que debido a la presencia del facilitador tiene un auge. La escogencia del expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, le da algún peso a la Cetcoit y desde ese momento hasta el 2017 la comisión tuvo un nivel de desempeño bueno, en donde hubo un interés de las tres partes, Gobierno, empleadores y trabajadores, por hacer un ejercicio de mediación que ha sido bueno para el país”.

Orjuela argumenta que el proceso encaminado a la firma del tratado de libre comercio (TLC) con EE. UU. y la misión de alto nivel de la OIT contribuyeron, en su momento, a buscar un entorno menos hostil al derecho de libertad sindical en el país. “Para la ratificación de ese tratado de comercio el presidente, Juan Manual Santos, firma el plan de acción laboral con el gobierno del entonces presidente Barack Obama. Esta confluencia de las recomendaciones de la misión de alto nivel de la OIT y las exigencias del gobierno estadounidense” llevan a la conclusión de que la “Cetcoit se convierta en un centro de mediación y EE. UU. contribuye a financiar al mediador”.

“Pero, el primer síntoma de alarma se presenta a inicios del 2017, cuando la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) plantea, abiertamente, que la Cetcoit ya cumplió su papel y que sus funciones deben transferirse a la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales que no se reúne para nada en este país, salvo para tratar el tema salarial”. Si eso ocurriera, sería “declararle casi la muerte” a la Cetcoit, asegura Orjuela.

“Debe quedar claro que nosotros creemos que la Cetcoit ha jugado un papel importante. La CUT la defiende, debe seguir existiendo y el Gobierno tiene que hacer el esfuerzo principal de financiación del mediador”, comenta Orjuela.

En relación con los altibajos que ha experimentado la Cetcoit, recuerda que cuando se fue del país, Marcelo Castro Fox, representante de la OIT, “el gobierno toma la iniciativa al decir que va a actuar como facilitador el viceministro de empleo”. Tal opción representaba “una anomalía muy grande y es que el Ministerio del Trabajo era juez y parte; muy complicado. Eso hace que el funcionamiento sea terrible, porque dependíamos de la agenda del viceministro; la Cetcoit que era una instancia tripartita terminaba dependiendo de la agenda del viceministro, mientras que desde hace tiempo, el ministerio, que es el gobierno, está representado por dos personas que permanentemente asisten”.

Orjuela explica que en condiciones normales de operación, la Cetcoit sesiona con el facilitador; un representante por cada una de las tres principales agremiaciones de sindicatos: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT); dos funcionarios del Ministerio del Trabajo y un representante de la ANDI.

En relación con la dinámica de la comisión especial, comenta que durante el estudio de los conflictos alusivos a libertad sindical, “hay esta particularidad: si se va a estudiar un caso de un sindicato de la CTC, entonces, no asistimos las otras dos centrales de trabajadores”. Y ese mecanismo aplica con relación a los asuntos de la CUT y de la CGT. Pero, “hay casos excepcionales en que, por su importancia, nos ponemos de acuerdo las tres centrales o dos y asistimos”.

Si en algún momento se llegara a eliminar la Cetcoit, “la alternativa sería un centro nacional de mediación tripartito”, pero no existe. Su eventual creación “tiene que ser a partir de un acuerdo entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. O un centro bipartito de mediación que podría ser entre sindicatos y empresarios”, figura que tampoco existe en Colombia, acota Orjuela.

Por otra parte, asevera que “aún hay sindicatos que no pasan por la Cetcoit y mandan sus papeles directo a Ginebra (Suiza)”, al comité de libertad sindical. “Pero también hay sindicatos que por no haber alcanzado un acuerdo en la Cetcoit” remiten los casos a la OIT, “porque el empresario se niega” a suscribir un acuerdo.

Destaca a la Cetcoit como escenario de solución de controversias en materia de libertad sindical respecto del proceso en la OIT que “es muy lento y supremamente complicado; un caso en ese organismo puede tardar tres o cuatro años”. Además, “hay un accionar del gobierno y de los empresarios ante la OIT para que los casos que lleguen allá” se dilaten.

Según Orjuela, la condición de la libertad sindical en Colombia está “mal; el índice de afiliación es de 4% y eso ya es un reflejo de si existe o no libertad sindical”. Asimismo, “el índice de negociación colectiva es peor. La realidad es que al trabajador le da miedo afiliarse a un sindicato”.

“Una de las cosas por las que el país se condena es por las formas encubiertas de empleo. O sea, la intermediación laboral y la tercerización. Todas tienen como objetivo fundamental que el trabajador no se afilie” a un sindicato, dado el uso del “contrato de corto plazo. Hay empresas en Colombia que están renovando contrato de trabajo cada tres meses; es un trámite administrativo absolutamente insólito. Y otras tienen el contrato a un año. Esa es una espada ahí encima” del trabajador, por “si no se porta bien, si se afilia al sindicato, no se le va a renovar el contrato. Con todas las experiencias de trabajadores que son de contratos a término fijo, el sindicato termina destruido, porque la empresa no renueva los contratos”. Entre tanto, “en la tercerización, el trabajador no tiene relación con la empresa”, puntualiza Orjuela.

Misión cumplida

Por su parte, Alberto Echavarría, vicepresidente de asuntos jurídicos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), asegura que la Cetcoit “fue creada como un mecanismo extraordinario de descongestión de las quejas presentadas ante la OIT por afectación de la libertad sindical y la negociación colectiva, y ha cumplido su papel de una forma satisfactoria, ya que ha facilitado un encuentro de carácter voluntario entre las empresas (del sector público y privado) con sus respectivas organizaciones sindicales”, de modo que se ha generado “un escenario para la solución de los conflictos existentes entre unas y otras”.

Expresa que la gestión de esta comisión especial ha favorecido al gobierno al “ofrecer las instituciones nacionales para la solución de controversias y evitar contestar las reclamaciones ante la OIT”; a los trabajadores, por “encontrar confianza en la comunicación directa con las empresas y las autoridades públicas”, y a las empresas al permitirles “profundizar en el diálogo constructivo con los trabajadores y sus organizaciones”.

Acerca de la conveniencia de llevar un caso a la Cetcoit y no a la OIT, Echavarría argumenta: “el instrumento que se está utilizando no es el más adecuado. Los conflictos que atienden los organismos de control de la OIT se refieren a asuntos graves y reiterativos en cuanto a la falta de aplicación de los convenios y principios fundamentales del trabajo en la legislación o la práctica nacional por un Estado miembro. Es natural que en todos los estados surjan controversias en las relaciones laborales y estas deban atenderse a través de los mecanismos nacionales para su resolución, bien por la vía de inspección, vigilancia y control administrativo; o bien a través de las decisiones judiciales; los mecanismos de conciliación y mediación. El mensaje que ha querido dar la OIT es que se utilicen los mecanismos nacionales en lugar de reclamar directamente ante ella”.

Respecto de la continuidad indefinida o no de la Cetcoit, en el país, afirma que “Colombia debe dar el paso a fortalecer la institucionalidad ya existente para la resolución de las controversias”. Insiste en que la inspección, vigilancia y control realizadas por el Ministerio del Trabajo; los centros de conciliación y arbitraje, y los procedimientos laborales de carácter judicial “son los mecanismos más adecuados”.

De llegar a eliminarse la Cetcoit, Echavarría señala que además de las opciones “ya mencionadas, las organizaciones de trabajadores podrían acudir a la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, creada por el artículo 56 de nuestra constitución y desarrollada por la Ley 278 de 1996, que tiene funciones de conciliación y podría servir para este propósito”.

Sobre el respeto de los empleadores colombianos a la libertad sindical, Echavarría dice que “además de estar abiertos a escenarios de diálogo y solución amigable de controversias, y de estar comprometidos con el cumplimiento de las diferentes normas nacionales e internacionales relacionadas con la materia, los empleadores hemos aplicado las mejores prácticas en los espacios institucionales de diálogo social.

También hemos creado escenarios tales como la Red Local del Pacto Global, el Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Global y las Guías Colombia”.

Igualmente, “hemos desarrollado programas bipartitos con los trabajadores y las organizaciones en los diferentes sectores de la economía y en ejes temáticos como: la mejor organización del trabajo; tener mejores programas de salud ocupacional; profundizar en el entendimiento y la participación del talento humano; utilizar los métodos de solución de controversias, entre otros. Ejemplo de lo anterior es el proyecto de diálogo social para empleos decentes y empresas sostenibles en Colombia que venimos desarrollando la ANDI y las centrales sindicales CTC y CGT, con recursos de Dinamarca”.

En otro frente, Iván Daniel Jaramillo, investigador del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, afirma que “la experiencia de la Cetcoit es positiva, es diálogo social, pero puede mejorarse con sistemas de efectividad de los acuerdos” alcanzados entre empleadores y sindicatos. Además, convendría que “la Cetcoit interviniera en casos emblemáticos para la libertad sindical, en Colombia, de forma más activa”.

Jaramillo considera inconveniente que la labor de facilitador de la Cetcoit la ejerza, por ejemplo, el secretario técnico de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales que es un funcionario del Ministerio del Trabajo y por extensión del gobierno de turno, pues “lo importante de la Cetcoit es que debe ser tripartita”, lo cual exige el equilibrio entre las partes, mientras su operación se debe fundar en que “sea alguien externo (facilitador) el que lidera a los tres sectores”. La credibilidad institucional de la “Cetcoit deriva de la independencia y la imparcialidad que tiene frente a los tres actores del mundo laboral”, atributos que “no se pueden perder”.

En lo atinente a instancias alternativas a la Cetcoit, “si hay violencia o afectación de la libertad sindical está la tutela para proteger” ese derecho. “Pero de lo que se trata es que sean justamente mecanismos extrajudiciales” mediante los cuales se solucionen tales conflictos y “no judicializar todo, ni llevar todo al Comité de libertad sindical de la OIT, sino que haya una instancia de diálogo social verdadero en la que se resuelvan los problemas”.

En cuanto a la posibilidad de establecer legalmente la figura de la conciliación al entablar demandas sobre libertad sindical, Jaramillo precisa que en derecho laboral, “para acceder a la justicia, el requisito de procedibilidad, la conciliación, fue declarada inconstitucional. Entonces, no sé si un intento de estos vuelva a caer en el mismo escenario y la Corte Constitucional diga que es inconstitucional. O sea que si a alguien le están violando el derecho de libertad sindical, para protegerlo por tutela o por un mecanismo ordinario, deba ir a un mecanismo de conciliación previo, creo que tiene dificultades de constitucionalidad”. Se enfrentaría “una barrera de constitucionalidad importante para implementar un requisito de conciliación o de diálogo previo a acceder a la justicia”.

Según Jaramillo, la Cetcoit constituye una instancia que debe continuar en operación en el país, “con las características de independencia e imparcialidad y ojalá con la presencia de la OIT, porque, lamentablemente, el tema de conflictividad en materia de libertad sindical es muy alto en Colombia”. Además, “deberían promoverse algunos mecanismos de efectividad de los acuerdos que se logren” en esa comisión especial.

De otro lado, sigue Jaramillo, “si uno revisa las cifras, en Colombia, el total de convenciones colectivas sigue reduciéndose, el total de pactos colectivos sigue estable y el total de contratos sindicales aumenta de manera proporcionada”. Conforme con la información del 2014 al 2018, “los contratos sindicales triplican el número de convenciones colectivas, lo cual demuestra que el ejercicio de la libertad sindical en el país es cada vez más reducido y más complejo, dada la dificultad de ejercer la labor natural de los sindicatos de perseguir reivindicaciones en aras de un proyecto de igualdad que defienden a través de convenciones colectivas y de reivindicaciones para la distribución de la riqueza”.

Subraya que la libertad sindical contempla tres aspectos: asociación, negociación y huelga. “En materia de asociación estamos entre el 4,5 y el 7%, en todas las estadísticas” sobre cantidad de individuos sindicalizados en el país. “De 22 millones de personas ocupadas, más o menos 900 mil están en un sindicato; eso es muy bajo”. En cuanto a negociación, “cada vez se afecta más; estamos entre el 2,4 y el 5%. Y en lo atinente a huelga, sabemos que no tenemos las garantías de desarrollo” de la misma.

Con respecto al reglamento de operación de la Cetcoit, Jaramillo piensa que se requieren “algunos ajustes, sobre todo en la verificación de la procedencia de los casos para estudiar y en los alcances de las decisiones” de la comisión. “Eso debería precisarse internamente para luego tratar de legitimarlo”. Por ejemplo, cuando se llega a un acuerdo entre empleador y sindicato, el empleador “concilia y no cumple”, ante lo cual “tendría que haber una consecuencia; debería haber sistemas de efectividad un poco más estructurados y articulados”.

Aunque empresarios y agremiaciones de sindicatos convergen en el balance positivo de gestión de la Cetcoit en materia de libertad sindical, especialmente en lo corrido de la década del 2010, al parecer será imposible que coincidan en una visión de largo plazo sobre esta instancia de derecho blando para la solución de conflictos, pues los empleadores piden sustituirla por el fortalecimiento de la inspección de trabajo y de la justicia laboral, mientras los trabajadores aspiran a institucionalizar esa comisión especial y ojalá lograr la presencia permanente de la OIT en aquella.

RACTL207P11