CIRCULAR 15 DE 1996 

(Abril 11)

En cumplimiento de lo establecido en la Circular 006 del 14 de febrero de 1996 y del concepto de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional, a continuación se fijan algunas normas que deberán cumplir las entidades territoriales certificadas y no certificadas para la utilización de los recursos de superávit del situado fiscal:

Los intereses u otros excedentes financieros y los recursos del situado fiscal no ejecutados durante la vigencia fiscal deben aplicarse siguiendo lo establecido en la Constitución Nacional, artículo 356, Ley 60 de 1993 y los Decretos 2676 de 1993 y 196 de 1995.

Criterios de asignación de los excedentes financieros o por no ejecución del situado fiscal

De acuerdo con lo anterior, los recursos mencionados deberán aplicarse prioritariamente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. El pago del servicio educativo (servicios personales y sus respectivas transferencias y otros pagos legalmente establecidos) que hasta la fecha se vienen pagando con cargo al recurso del situado fiscal.

2. Las deudas por concepto de vigencias expiradas, incluyendo el pago de los servicios públicos, sentencias y otras obligaciones legalmente contraídas en cumplimiento de la prestación del servicio.

3. El pago de las plazas financiadas y cofinanciadas de que tratan los Decretos 196 de 1995 y 477 de 1996.

4. Los aportes por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, para el caso del personal administrativo, ordenados por la Ley 100 de 1993 y los Decretos Reglamentarios 1295 y 1772 de 1994.

5. Si realizados los anteriores gastos existieran excedentes, se podrán invertir para atender otras necesidades del sector educativo. Sin embargo, no se podrán adquirir compromisos con estos recursos que no puedan ser asumidos con recursos del situado fiscal y/o el departamento en la siguiente vigencia.

De otra parte, me permito recordarles que de conformidad con los artículos 352 y 353 de la Constitución Nacional, las nuevas normas orgánicas del presupuesto (L. 38/89, 179/94, y 225/95, compiladas por el D. 111/96 y sus demás normas reglamentarias), son aplicables al proceso de programación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales. Los artículos 104 y 109 de la compilación presupuestal (D. 111/96) ratifica el principio de la aplicación general en todos los niveles territoriales de esas normas.

El objeto de las normas de presupuesto es lograr que los recursos públicos se usen oportunamente y para los fines establecidos en la ley. Es de la mayor importancia insistir en la necesidad de ejecutar los recursos dentro del período fiscal para el cual se programan y evitar posponer el pago de las obligaciones adquiridas, igualmente reiterar que los dineros oficiales tienen por objeto el pago de las obligaciones adquiridas al amparo de las apropiaciones y no el fortalecimiento patrimonial de las entidades financieras, sobre el particular el Decreto 359 de 1995 en su artículo 14 fijó las reglas fundamentales para la administración de éstos. El mencionado artículo dice en su aparte pertinente:

"Los recursos que la dirección del tesoro nacional, o quien haga sus veces a nivel territorial, transfiera a las cuentas en cada órgano no tendrán por objeto proveer de fondos a las entidades financieras sino atender compromisos y obligaciones asumidos por ellos frente a su personal y a terceros, en desarrollo de las apropiaciones presupuestales” (subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, se recomienda de forma especial mejorar en lo posible la ejecución de los recursos para educación, con el fin de garantizar la oportuna y eficiente prestación del servicio, y evitar los engorrosos trámites de las reservas.

NOTA: Esta circular está dirigida a gobernadores, alcaldes distritales, secretarios de educación y representantes de la ministra.

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