CIRCULAR EXTERNA 15 DE 1996 

(Febrero 23)

Esta superintendencia ha efectuado una revisión de las instrucciones expedidas en relación con el tema de la referencia y considera pertinente efectuar algunas modificaciones en torno a la calificación de los créditos con base en los porcentajes de servicio de la deuda, cuyo límite legal es el 30% frente a las rentas ordinarias territoriales.

En tal virtud en el anexo adjunto se transcriben las modificaciones introducidas a efectos de que se reemplacen las hojas pertinentes de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, dentro del título II, capítulo 1º de la misma.

Las instrucciones contenidas en esta circular entran en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

Estos mecanismos conducen a que no se revele en forma adecuada el servicio total de la deuda e impiden ejercer el control sobre el límite de endeudamiento de las entidades territoriales previsto en los artículos 284 del Decreto 1333 de 1986 y 225 del 1222 del mismo año.

En igual sentido, es claro que de acuerdo con la ley, las entidades territoriales no están autorizadas para dar una destinación diferente a los recursos de financiación de aquella señalada en el presupuesto para las rentas que se pignoran como garantía. Ello significa que las actividades a financiar deben sus concordantes con tales objetivos, de tal manera que los establecimientos de crédito deben verificar el cumplimiento de esa premisa legal en el otorgamiento de los créditos a dichas entidades.

En tal virtud, este despacho considera necesario el establecimiento de medidas de carácter prudencial que involucren un tratamiento del control de los requisitos que deben observar los establecimientos de crédito en esta materia. Igualmente, la debida protección a la calidad de la cartera concedida a tales entidades requiere la constitución de provisiones que permitan atender adecuadamente los riesgos inherentes a estos créditos. Estas reglas deben aplicarse sin perjuicio de lo previsto en el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 para la evaluación y calificación de cartera.

1. Instrucciones aplicables a la concesión de nuevos créditos. En aquellos eventos en los cuales las entidades territoriales otorgan garantías consistentes en la pignoración de rentas o ingresos, los establecimientos de crédito deberán verificar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1156 de 1995 o a las normas que lo modifiquen o adicionen.

En este sentido, la garantía sólo será admisible, para los efectos de los cupos individuales de crédito, si la inversión a financiar tiene como finalidad la provisión de los mismos servicios establecidos en la ley para la destinación de los ingresos. Para tal efecto, deberán observarse los siguientes requisitos:

— El establecimiento de crédito deberá realizar visitas a las entidades territoriales, con la periodicidad que juzgue conveniente, en las cuales se verifique la forma en que están siendo invertidos los recursos, de acuerdo con su destinación legal y si el crédito respectivo está incluido dentro del servicio de la deuda e incorporado en el presupuesto de la vigencia respectiva. Tales visitas se efectuarán durante el término señalado para la culminación de la obra o inversión financiada. En el evento en que los créditos se hayan concedido para atender gastos de funcionamiento, las visitas deberán realizarse hasta la terminación del plazo pactado o la cancelación definitiva del empréstito.

En caso de que el establecimiento de crédito no realice las visitas o que la entidad territorial haya dado una destinación diferente a la dispuesta en la ley a los recursos del crédito, el establecimiento de crédito trasladará a categoría “D” los créditos correspondientes.

— Para los afectos de los cupos individuales de crédito previstos en el Decreto 2360 de 1993, los establecimientos de crédito no podrán aceptar como garantías admisibles las pignoraciones de rentas que hayan sido comprometidas para asegurar otra obligación. En aquellos eventos en que la cuantía del crédito no haga necesaria la sujeción a las normas contenidas en el Decreto 2360 de 1993, sobre cupos individuales de crédito, esto es, que no se exceda el límite del 10% del patrimonio técnico, en todo caso, el establecimiento de crédito deberá verificar que las rentas no hayan sido pignoradas anteriormente a otras entidades financieras.

Si no existen mecanismos adecuados para verificar razonablemente que las rentas no han sido pignoradas, tales créditos deberán calificarse en categoría “D”.

— En todos aquellos casos en los cuales se otorgue como garantía la pignoración de rentas comprometiendo vigencias futuras, el establecimiento de crédito debe verificar que previamente se haya obtenido la autorización previa del concejo municipal o de la asamblea departamental o de los consejos territoriales indígenas o quien haga sus veces, según las condiciones dispuestas en el inciso tercero del artículo 22 del Decreto 360 de 1995, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989 y 179 de 1994 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.

— En todos los casos el establecimiento de crédito debe verificar que no se exceda el límite legal de endeudamiento previsto en la ley. Al respecto, debe recordarse que en virtud de lo previsto en los artículos 284 del Decreto 1333 de 1986, incorporado en el artículo 593 del estatuto municipal y el 225 del Decreto 1222 del mismo año, las entidades territoriales no podrán celebrar ninguna operación de crédito interno cuando el servicio total de la deuda pública respectiva represente, en la correspondiente vigencia fiscal, una suma superior al 30% de sus rentas ordinarias, incluyendo el servicio del nuevo empréstito.

En tal sentido, cuando los establecimientos de crédito aprueben créditos a los municipios en exceso de su límite legal de endeudamiento, éstos deberán acreditar que tal exceso fue previamente autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo establece el artículo 25 de la Ley 185 de 1995. Si el municipio no acredita haber obtenido dicha autorización o ésta no se obtuvo, es ilegal cualquier financiación otorgada en exceso del límite legal y el establecimiento de crédito debe calificar la obligación en “E”.

Para el caso de los departamentos teniendo en cuenta que la ley no establece autorizaciones especiales para exceder el cupo de endeudamiento, es ilegal cualquier tipo de financiación por encima del límite mencionado y en el evento en que el establecimiento de crédito la otorgue, debe calificar la obligación así concedida en categoría “E”.

— Como otro factor a considerar dentro del otorgamiento y calificación de los créditos concedidos a entidades territoriales, este despacho estima pertinente que los establecimientos de crédito tengan en cuenta mecanismos adicionales que les permitan evaluar en debida forma la capacidad de pago de dichas entidades y contar con suficientes elementos de juicio para valorar la seguridad de las operaciones realizadas.

En tal virtud y en forma concurrente con la verificación de los límites antes señalados, los establecimientos de crédito deben constatar que el saldo total de endeudamiento de la entidad territorial junto con el valor del crédito que se otorgará no exceda del 80% de sus ingresos corrientes. Por saldo de endeudamiento se entiende el total de la cartera a cargo de la entidad territorial y el valor de los bonos y demás títulos de deuda emitidos cuyo período de maduración no haya concluido. Tal información debe ser suministrada por la entidad territorial solicitante del crédito para lo cual ésta podrá hacer uso de los datos que reposan en el Ministerio de Hacienda.

En caso de que el establecimiento de crédito observe que se excede al límite del 80% antes señalado, deberá calificar la obligación como mínimo en categoría “C” o en una de mayor riesgo, según el nivel de endeudamiento que tenga la entidad territorial respectiva. Esta calificación no es aplicable cuando la entidad territorial demuestre que obtuvo autorización del Ministerio de Hacienda para exceder el cupo del 80%; en tal caso, se aplicarán las reglas contenidas en el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995.

Dicha autorización puede solicitarse en forma posterior a la presentación del exceso para aquellas entidades territoriales que se encuentren excedidas en la fecha de entrada en vigencia de esta circular.

La calificación de la cartera según las instrucciones antes señaladas debe ser aplicada en forma concurrente. Eso significa que en la evaluación de la misma deben tenerse en cuenta las dos clases de límites indicados para efectos de ubicar los créditos en las categorías correspondientes. En ese sentido, en aquellos casos en los cuales se excedan ambos límites, el establecimiento de crédito deberá optar por aquél que remita a una categoría de riesgo superior y, obviamente, cuando se exceda uno solo de ellos se calificará en la categoría respectiva.

— No obstante, las disposiciones contenidas en este numeral no serán aplicables a los créditos concedidos a entidades territoriales, convenidos bajo la modalidad de redescuento que a la fecha de entrada en vigencia la Circular 057 de 1995 —incorporada en la presente circular externa— no hubieren sido perfeccionados en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, esto es, aquellos respecto de los cuales no se haya firmado el respectivo empréstito con el establecimiento del crédito, pero la entidad de redescuento haya impartido su aprobación con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instructivo.

En consecuencia, los créditos cuya aprobación por parte de la entidad de redescuento se hubieren producido con posterioridad a la vigencia de la Circular 57 de 1995, les serán aplicables todas las disposiciones incorporadas a esta circular.

2. Elaboración de manuales internos. La Superintendencia Bancaria realizará los controles necesarios a afectos de verificar el cumplimiento a las instrucciones impartidas en la presente circular por parte de los establecimientos de crédito, los cuales deberán adoptar los instructivos internos necesarios para poner en ejecución las medidas señaladas.

Por otro lado, con al fin de que las entidades sometidas al régimen instituido por los decretos anteriormente citados den cabal cumplimiento al precepto contenido en al parágrafo 2º del artículo 41 del la Ley 80 de 1993, el cual dispone que, para la ejecución de estas operaciones de crédito es requisito indispensable proceder a su registro en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se considera conveniente que en las minutas de contrato de empréstito interno que se acuerden con las entidades territoriales y sus organismos descentralizados, se incluya una cláusula que obligue a que previo el primer desembolso del préstamo, el prestatario, en cumplimiento de la citada disposición, remita a la dirección general de crédito público copia autenticada del contrato de empréstito, para su consiguiente registro.

Las instrucciones contenidas en este literal, así como las disposiciones establecidas en el Decreto 1156 de 1995 no serán aplicables a las sociedades de economía mixta del orden nacional, departamental o municipal en donde el Estado participe en una proporción inferior al 50% del capital de la sociedad.

k. Celebración de operaciones activas de crédito con empleados públicos. Este despacho se permite consignar las precisiones que adelante se realizan tendientes a la correcta aplicación de las normas atinentes a la obligación de los empleados públicos de obtener autorización del empleador en sus relaciones de crédito con las instituciones financieras.

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