CIRCULAR 3 DE 1997 

(Enero 17)

Ante el gran número de tutelas instauradas contra el Instituto y teniendo en cuenta que el incumplimiento de los términos y la omisión en el trámite de lo ordenado en el fallo de tutela, son motivo de sanciones penales con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos, se hace necesario llevar un control estricto de las tutelas, por lo que esta presidencia ha dispuesto que la dirección jurídica nacional desarrolle una labor de apoyo y control para el cumplimiento de lo ordenado y evitar la perdida de tiempo y esfuerzos con la demora en la respuesta que debe darse; en consecuencia se dispone lo siguiente:

1. Instruir a los funcionarios encargados de recibir la correspondencia, en el sentido de prestar toda la colaboración al enviado del despacho judicial para que sea notificado directamente el oficio contentivo del fallo en la oficina en la cual corresponda el objeto de la tutela.

2. Una vez recibida la correspondencia esta deberá remitirse de forma inmediata a su destinario o a quien pueda deducirse competa su tramite (sic).

3. En los casos que por cualquier circunstancia el tramite objeto de la tutela no corresponda a la dependencia que por una u otra razón la reciba, esta previa indagación y coordinación con la dirección jurídica respectiva la remitirá a la dependencia que deba adelantar la gestión correspondiente.

4. Todos los funcionarios deben cooperar para efectos de suministrarles a las demás dependencias en forma inmediata y perentoria, las informaciones que estas requieran para el correcto, oportuno y urgente trámite de las acciones de tutela.

5. Mensualmente se elaborará y enviará un informe a la dirección jurídica nacional, de los trámites surtidos en cada caso objeto de tutela.

6. Obligatoriedad de impugnar el fallo. Es obligación de impugnar el fallo cuando este sea desfavorable al Instituto y cuando se tengan argumentos jurídicos suficientes para ello.

En el caso de las acciones de tutela instaurada por SIDA, debe tenerse en cuenta los pronunciamientos del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 27 de enero de 1995 expediente 2392, ratificada en la sentencia del 13 de diciembre de 1996 expediente 4226, de la cual se transcriben algunos apartes.

“El Instituto de Seguros Sociales, como institución de seguridad social esta sometida a reglamentaciones y procedimientos legales los cuales se encuentran previstos en sus normas orgánicas y en aquellos que la reglamentan así como en sus propios estatutos. Pero además como entidad encargada de prestar servicios de salud a sus afiliados y beneficiarios, está sometida a las normas específicas que regulan la materia, expedidas por las autoridades competentes dentro del concepto de estado de derecho y en cumplimiento del principio de legalidad”.

“No es posible para la sala desconocer sin mayores elementos de juicio los criterios científicos establecidos por las autoridades competentes al determinar el manual de medicamentos, para dar una orden para que el Instituto de Seguros Sociales. desconozca su propia reglamentación, en el cual por lo demás se encuentra la garantía para sus afiliados y beneficiarios”.

“Así las cosas mediante la acción de tutela no es posible orientar la prestación de servicios médicos, como lo pretende el accionante al solicitar que se ordene el suministro de los antirretrovirales, pues es claro para la Sala que los derechos invocados por el accionante no se han desconocido y que su solicitud de una droga especifica no es una decisión que pueda tomarse por el juez de tutela sino por el médico tratante fundamentado en criterios científicos”.

7. Las oficinas jurídicas seccionales, deben de denunciar a las personas que interpongan tutelas temerarias de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU-569 del 29 de octubre de 1996.

8. La responsabilidad en el cumplimiento de lo dispuesto en esta circular, corresponde al jefe de la dependencia objeto de la acción de tutela, así como a la auditoría interna.

9. El artículo 7º del Código Contencioso Administrativo (D 01/84) tipifica como causal de mala conducta para el funcionario la desatención de las peticiones cuando haya inobservancia a los términos para resolver o contestarlas.

N. del. D. Esta circular va dirigida a vicepresidentes EPS, IPS, ARP, vicepresidente administrativo, vicepresidente financiero, gerente seccional EPS, gerente seccional IPS gerente seccional administrativo, gerentes clínicas, gerentes C.A.A.

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