CIRCULAR 32 DE 1999 

(Mayo 31)

Asunto: Situado fiscal - sector educación.

A) Manejo y ejecución recursos del situado fiscal. Los recursos del situado fiscal cedidos por la Nación a las entidades territoriales para atender la prestación del servicio educativo, conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional —artículo 356 y en la Ley 60 de 1993— artículo 9º, parágrafo 4º, numeral 2º, son de destinación específica, por tanto, deberán ejecutarse conforme a los presupuestos de distribución del situado fiscal preparados para tal efecto por los departamentos y distritos.

La condición de estar certificado un departamento o distrito para efectos del manejo y administración de los recursos del situado fiscal (asignación, reaforo, libre asignación), conlleva a que la entidad territorial administre y ejecute de manera autónoma tales recursos, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, celeridad y transparencia, garantizando la normal prestación del servicio educativo y el cubrimiento de los costos que se financian por esta fuente. Si se generaran excedentes, estos deben aplicarse exclusivamente a actividades educativas como las consideradas en el artículo 21 de la Ley 60 de 1993. Dicha autonomía se halla sometida a las condiciones de manejo contenidas en el artículo 19 de la Ley 60 y en los conceptos técnicos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional los cuales resultan obligatorios, en los eventos señalados en el artículo 18 numeral 3º de la Ley 60 de 1993.

La aplicación de los recursos del situado fiscal debe financiar adecuadamente el servicio educativo y su manejo corresponde a los fondos educativos departamentales o distritales (antiguos FER), los cuales hacen parte de la estructura de la Secretaría de Educación o del organismo que haga sus veces, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 19 de la Ley 60 y de las funciones establecidas en el artículo 179 de la Ley 115 de 1994. El ordenador del gasto es el gobernador o alcalde distrital y el único delegatorio, si lo hubiere, debe ser el Secretario de Educación, de donde se concluye que el situado fiscal sólo puede administrarse en esta secretaría.

Con fundamento en la sentencia de la honorable Corte Constitucional C-478 del 6 de agosto de 1992, la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio 034057 de fecha 3 de diciembre de 1998, establece que la unidad de caja es un principio de carácter general y que las rentas de destinación específica constituyen una excepción a este principio, por lo cual el situado fiscal como renta de destinación específica, no puede formar parte de los fondos comunes del departamento ni contable ni físicamente en una misma cuenta.

Las secretarías de educación departamentales que en este momento no estén administrando el situado fiscal de conformidad con las instrucciones impartidas en la presente circular, deberán proceder de inmediato a aplicar los correctivos del caso.

Es necesario manifestar que por el hecho de que el situado fiscal sea administrado separadamente, no implica que existan dos tesorerías departamentales. El tesorero del situado fiscal es un funcionario de la Secretaría de Educación que da cuenta de esta fuente de financiación, mas no del tesoro departamental; y como es pagado con recursos del situado, no puede alegarse exceso de gasto por parte del departamento.

Para efectos de seguimiento y control presupuestal, de tesorería y contable, la secretaría de educación, a través de su área financiera, reporta mensualmente los movimientos del situado fiscal a la Secretaría de Hacienda Departamental.

B) Prioridades de pago en los conceptos de gasto del situado fiscal. Reiterando lo expuesto en la Directiva Ministerial 7 del 2 de febrero de 1998, Ias prioridades de pago con los recursos del situado fiscal según los cupos y las disponibilidades de PAC, se deben realizar en el siguiente orden:

La cancelación de los gastos por servicios personales de los docentes y administrativos a cargo del situado fiscal, con sus respectivos sobresueldos primas y bonificaciones, legalmente establecidas, según las plantas de personal autorizadas y certificadas para la entidad territorial.

El pago de las contribuciones inherentes a la nómina, prioritariamente las del sector privado (cajas de compensación) y del sector público (ICBF, SENA, ESAP, aportes L. 21), liquidadas sobre los factores salariales de la nómina pagada al personal docente y administrativo.

Los gastos generales, dentro de los cuales debe darse prioridad a la dotación del personal docente y administrativo, los servicios públicos, entre otros y a los presupuestados para atender adecuadamente la educación misional contratada, en los departamentos donde exista.

Las deudas de vigencias anteriores y vigencias expiradas y otras obligaciones legalmente contraídas en cumplimiento de la prestación del servicio educativo cuando se hubieren originado en obligaciones con cargo a los recursos del situado fiscal.

Los créditos judiciales legalmente reconocidos, originados en la nómina del situado fiscal.

Los gastos ocasionados por la legalización de títulos de bienes inmuebles que eran de la Nación y fueron cedidos de conformidad con la Ley 60 de 1993.

C) Control y seguimiento. En virtud de la Ley 60 de 1993, artículo 5º y de la Ley 115 de 1994, artículo 148, el Ministerio de Educación Nacional vigilará el cumplimiento de las políticas educativas, ejercerá las labores de inspección y vigilancia de la educación y diseñará criterios para su desarrollo en los departamentos, distritos y municipios; supervisará y evaluará los planes y programas y en especial la utilización del situado fiscal, para lo cual las entidades territoriales deberán remitir al Ministerio de Educación Nacional - Dirección de Planeación, los presupuestos de distribución del situado fiscal, los informes mensuales de ejecución de los recursos y las estadísticas básicas del sector educativo.

En cumplimiento de la función de supervisión y evaluación a la utilización del situado fiscal, el Ministerio de Educación Nacional ha encontrado en varias entidades territoriales que no se está dando cumplimiento a las normas. Por tal razón, se dará aplicación al artículo 20 de la Ley 60 de 1993, que reza: “Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se deben asumir las responsabilidades y funciones de que trata la presente ley, ... cuando los departamentos y distritos ... hayan dado a las transferencias una destinación diferente a la prevista en el plan de desarrollo de salud y educación, los ministerios promoverán las investigaciones que correspondan ante las autoridades competentes y determinarán, según la magnitud del incumplimiento y el sector en el cual se presente, diferentes grados de coadministración de las autoridades nacionales en la administración de los recursos del situado fiscal”.

N. del D.: Esta circular va dirigida a gobernadores, alcaldes distritales, secretarios de educación, secretarios de hacienda.

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