CIRCULAR 35 DE 1998 

(Junio 11)

Asunto: Orientaciones e instrucciones para la autorización de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos de los establecimientos educativos privados de calendario B para 1998-1999.

Esta circular tiene como fin orientar a las autoridades educativas y a las instituciones educativas de calendario B sobre la definición de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos para el año lectivo de 1998-1999 y establecer unas fechas límites dentro de las cuales cada entidad territorial fija los plazos para el cumplimiento de los procesos de legalización de costos educativos.

De conformidad con el Decreto 2878 de 1997 que fijó las disposiciones para la aplicación de los criterios legales definidos en la Ley 115 de 1994, para el cálculo de tarifas de matrículas y pensiones por parte de los establecimientos privados de educación formal los incrementos máximos autorizados para el año lectivo 1998-1999 son los señalados en el artículo 2º del citado decreto. Así:

Tomando como base la tarifa anual de matrículas y pensiones vigente en el año académico 1997-1998, los incrementos máximos que se pueden autorizar en cada uno de los regímenes para el año académico 1998-1999 son los siguientes:

RégimenIncremento baseIncremento máximo adicional posible por costos salariales y mejoras en la calidadTotal incremento máximo
Control por sanción16%0%16%
Control voluntario o clasificación16%Hasta 4%20%
Libertad vigilada16%Hasta 8%24%
Libertad regulada16%Hasta 9%25%

2. Diligenciamiento de formularios de autoevaluación y entrega de documentos.

Los establecimientos educativos privados ubicados en el régimen controlado por sanción, los que decidan cambiar de régimen y los que por primera vez presten el servicio público educativo, tienen la obligación de adelantar el proceso de autoevaluación y diligenciar los formularios correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el manual de evaluación y clasificación de establecimientos educativos privados y presentar la documentación exigida a la secretaría de educación de la respectiva jurisdicción, a más tardar el 1º de agosto de 1998 de acuerdo con los plazos que para el efecto fije cada secretaría de educación.

Los establecimientos educativos privados que actualmente se encuentren incorporados y pretendan permanecer en los regímenes de libertad regulada, libertad vigilada, controlado voluntario y por clasificación no están obligados a adelantar el proceso de evaluación y clasificación para el año lectivo de 1998-1999, solo requieren remitir la correspondiente propuesta de tarifas, debidamente adoptada por el consejo directivo del establecimiento educativo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2253 de 1995 a más tardar el 1º de agosto de 1998.

Para la autorización de tarifas de estas últimas instituciones, las secretarías de educación departamentales y distritales deberán tener en cuenta los formularios y demás documentos presentados para el año 1997-1998.

Las instrucciones relacionadas con la expedición de actos administrativos de autorización de tarifas para 1998; aplicación de sanciones por cobro de tarifas superiores a las comunicadas y autorizadas; cobros periódicos; otros cobros periódicos; textos, materiales educativos y uniformes e inspección y vigilancia de las políticas sobre tarifas educativas señaladas en la Directiva Ministerial 100 del 4 de diciembre de 1997 quedan vigentes para ser aplicadas a los establecimientos educativos de calendario B.

Bonos o cobros no autorizados.

Vale la pena enfatizar que los establecimientos educativos de calendario B que venían cobrando durante al año lectivo de 1997-1998, por sí mismos, por medio de asociaciones de padres de familia, u otras organizaciones, cuotas, bonos, o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos deben abstenerse de hacerlo, toda vez que es obligación acatar la Sentencia C-560 del 6 de noviembre de 1997, que declaró la inexequibilidad parcial del artículo 203 de la Ley 115 de 1994.

El incumplimiento de esta sentencia acarreará las sanciones contempladas en el artículo 15 del Decreto 907 de 1996, sin perjuicio de sanciones penales por desacato a una providencia de carácter legal.

Corresponde a las autoridades departamentales y distritales exigir el cumplimiento de la ley.

N. del D.: Esta circular va dirigida a los gobernadores, alcaldes distritales, secretarios de educación departamentales y distritales.

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