CIRCULAR EXTERNA 81 DE 1994 

(Septiembre 20)

Como es de su conocimiento, a partir de la vigencia del Decreto 1295 de 1994 las entidades aseguradoras de vida que obtengan autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo seguro de riesgos profesionales podrán administrar el sistema general de riesgos profesionales. En tal virtud con el fin de facilitar el trámite de las solicitudes que en tal sentido se formulen, este despacho ha considerado pertinente impartir las siguientes instrucciones para efectos de la autorización del ramo:

1. Justificación. Se debe presentar según los lineamentos del numeral 1.1 de la Circular Externa 032 de 1993.

2. Estudio de mercado. Debe comprender una cuantificación del mercado potencial y del segmento de mercado que se pretende atender, proyectando estas cifras en un período de por lo menos tres años. Así mismo se precisa la información relativa a la forma como se comercializará el producto.

3. Incidencia administrativa y financiera. Deberá realizarse de acuerdo con los lineamentos del numeral 1.3 de la Circular Externa 032 de 1993. Para tal efecto es necesario que la proyección no se limite a los resultados sino que comprenda las cuentas principales que permiten calcular el resultado o la utilidad del ramo. Igualmente, en la proyección de margen de solvencia y patrimonio técnico se deben desglosar las cuentas que llevan al cálculo de estos indicadores.

Para efectos del cálculo de los resultados del ramo, la compañía deberá especificar las reservas que constituirá, definiendo la metodología utilizada mientras el gobierno adopta un régimen uniforme para todas las entidades.

4. Reaseguro. Teniendo en cuenta que en los riesgos profesionales pueden presentarse eventos de naturaleza catastrófica, se debe incluir el tipo de cobertura de reaseguro que se buscaría contratar y la carta de intención de los reaseguradores de participar en estos contratos.

5. Tarifa y nota técnica. No se exigirá la presentación de una nota técnica para la aprobación del ramo, considerando que las tasas iniciales han quedado definidas en el artículo 13 del Decreto 1772 de 1994. Sin embargo, una vez el gobierno haya definido la metodología de cálculo del índice de lesiones incapacitantes y reglamentado la evaluación de la aplicación de los programas de salud ocupacional, se deberá enviar el estudio técnico de la metodología que se utilizará para las variaciones de los montos de las cotizaciones de acuerdo con el esquema planteado en el artículo 32 del Decreto 1295 de 1994.

El cálculo de las cotizaciones se debe hacer atendiendo:

a) La tabla de clasificación de actividades económicas de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1831 del 3 de agosto de 1994, y

b) Las tarifas mínimas y máximas así como las iniciales reglamentadas en el Decreto 1772 de agosto 3 de 1994.

6. Producto. El contrato de administración de riesgos profesionales que la aseguradora celebre con el empleador deberá ajustarse a las disposiciones generales, coberturas, definiciones, procedimientos de afiliación y cotización, sistemas de clasificación de riesgos, prestaciones y obligaciones previstas en los Decretos 1295, 1771, 1772, 1831, 1832 y 1346 de 1994, o las normas que los modifiquen o adicionen.

Así mismo se deben remitir los formularios que la entidad aseguradora utilizará provisionalmente a fin de diligenciar la respectiva afiliación, las novedades y la autoliquidación, de manera que se recoja al menos la información mínima prevista en los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 1772 de 1994.

(Nota. Modificado por la Circular Externa 94 de 1995 de la Superintendencia Bancaria)

7. Capacidad administrativa y de prestación de servicios de prevención. Es necesario que se remita detalladamente la información relacionada con lo dispuesto en los literales b) y c) del artículo 79 del Decreto 1295 de 1994. Para este efecto se debe demostrar que se contará desde el momento de la aprobación con toda la infraestructura requerida para cumplir dentro de todo el territorio nacional las funciones en mención, teniendo en cuenta que las compañías no se encuentran habilitadas para negar la afiliación de ninguna empresa o trabajador, según lo prevé el artículo 85 del Decreto 1295 de 1994.

7.1. Capacidad administrativa. Deberá remitirse la siguiente información:

a) Medidas adoptadas para el desarrollo de las funciones especificadas en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 80 del Decreto 1295 de 1994.

Si para efectos de lo dispuesto en los literales c) y e) del artículo citado se celebran contratos con entidades financieras para el recaudo de cotizaciones o pagos de prestaciones económicas, se deberá informar a las entidades con las cuales se celebrarán los respectivos convenios;

b) Copia de los contratos celebrados directamente con instituciones prestadoras de servicios de salud, o con las entidades promotoras de salud una vez opere el sistema general de seguridad social en salud, mediante la subcuenta de compensación del fondo de solidaridad y garantía, a fin de dar cumplimiento a las funciones previstas en el literal d) del artículo 80 del Decreto 1295 de 1994, y

c) Medidas para efectuar el control estadístico a que alude el artículo 61 del Decreto 1295 de 1994.

7.2. Prestación de servicios de prevención. Para efecto de lo dispuesto en el literal c) del artículo 79 del Decreto 1295 de 1994 se deberá detallar la conformación, dentro de la estructura organizacional de la compañía, del departamento de prevención de riesgos profesionales, que cumpla con las funciones previstas en el literal en mención y con los literales f) y g) del artículo 80 del Decreto 1295 de 1994 con el fin de que se puedan prestar los servicios de prevención a los cuales tienen derecho las empresas afiliadas en los términos del artículo 35 del mismo decreto. Esta explicación deberá contener, por lo menos, una descripción de la estructura organizacional que la compañía ha definido para cumplir con estas funciones así como el perfil de los funcionarios que ocuparían los diferentes cargos dentro de la estructura planteada para tal fin.

En caso de que se decida prestar estos servicios mediante el concurso de terceras personas, éstas deberán contar con la respectiva autorización expedida por el Ministerio de Salud para la prestación de servicios de salud ocupacional a terceros, según lo dispone el artículo 81 del Decreto 1295 de 1994, para lo cual se hace necesario informar dicha circunstancia con precisión del acto por el cual se autorizó, así como del contrato o arreglo suscrito con la entidad para la prestación de estos servicios.

8. Requerimiento patrimonial. La compañía deberá acreditar un patrimonio técnico saneado de $ 500.000.000 adicionales a los requeridos para la operación de los demás ramos, según lo prevé el parágrafo del artículo 79 del Decreto 1295 de 1995 (sic).

9. Vigencia. La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, capítulo Superintendencia Bancaria.

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