CIRCULAR 86 DE 1997 

(Agosto 21)

Intervención en política y utilización del empleo con fines partidistas

El 11 de agosto de 1997 el secretario general del instituto remitió a las diferentes dependencias del nivel nacional y seccional, la directiva 5 emanada de la procuraduría general de la Nación y relacionada con el asunto de la referencia, para su divulgación, conocimiento y acatamiento.

La presidencia del instituto consciente de lo delicado del tema quiere insistir en la trascendencia de las principales ideas de la citada directiva las cuales, al igual que la presente son de obligatoria observancia entre todos nosotros.

La Constitución Política de 1991 se caracteriza por consagrar principios promotores de la participación democrática y pluralista de todos los asociados, principalmente en sus artículos 1º, 2º, 3º, 40, 95, 103 y 107 que contiene los postulados básicos en materia de derechos políticos. Como regla general encontramos:

La libertad de elegir y ser elegido; tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos y consultas populares, organizar partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; asociarse a ellos libremente y difundir sus ideas y programas, en resumen permitir el acceso a cualquier forma de participación democrática.

La participación ciudadana presenta una modalidad especial para los servidores públicos de todos los niveles y al respecto el artículo 127 de la norma fundamental señala:

“ART. 127.—Los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.

A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley.

La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta”.

El inciso 3º del artículo transcrito contempla la regla general y es que a los servidores públicos les es permitido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, pero no se trata de un derecho absoluto del cual se pueda hacer uso ilimitado, porque en ningún momento y bajo ninguna circunstancia puede existir aprovechamiento de la investidura del cargo o del empleo para respaldar una causa o una campaña política.

No puede valerse de las potestades que le otorga el poder público por ser su servidor, en razón a que siempre debe primar el interés general sobre el participar.

El hecho de que el legislador no haya establecido las condiciones expuestas en el inciso 3º del artículo 127 la Carta Política, no implica que la permisión para intervenir en política determinada en la Constitución, quede en suspenso hasta que se expida la ley que la desarrolle.

Mientras se expide la ley respectiva, que fije las condiciones en las cuales los servidores públicos pueden participar en política, los límites a la permisión se ubican en la Carta Constitucional: 1. No se puede utilizar el empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política (art. 127, incs. 4º; y 2º) quienes desempeñen funciones públicas, no pueden hacer contribución alguna a los partidos políticos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley (art. 110 constitucional).

No obstante el marco general, se incorporó una precisa regla de excepción, estableciendo un régimen de prohibición total y absoluta de participar en actividades partidistas y controversias políticas, a un amplio número de servidores públicos, limitando su presencia en la actividad política, exclusivamente al ejercicio libre del derecho al sufragio.

Constituye esta una regla de excepción, de interpretación restrictiva y que aglutina a los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa o se desempeñen en los órganos judicial, electoral y de control.

El inciso 4º del artículo 127 de la norma de normas, prohíbe a los servidores públicos definidos en sus incisos 2º y 3º, utilizar el empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política, situación calificada como causal de mala conducta y enunciada en el artículo 25 de la Ley 200 de 1995, código disciplinario único, como falta gravísima sancionable con destitución o terminación del contrato de trabajo.

A título enunciativo se mencionan los siguientes ejemplos de conductas prohibidas para los servidores públicos: Utilizar los bienes y servicios que presta el Estado arbitrariamente a favor de una persona a grupo político; distribuir o usar la propaganda del candidato amparado en el ejercicio de la función pública; difundir públicamente sus opiniones; hacerse acompañar del candidato cuando se cumplan, ejecutan o culminan actos oficiales; promover candidaturas a través de discursos o diversas formas de publicidad; individualizar públicamente a un candidato o aspirante como gestor en la satisfacción de los fines sociales del Estado, permitir el uso privilegiado de bienes del Estado en favor de terceros (vehículos oficiales).

Los servidores públicos no pueden la imparcialidad, objetividad, neutralidad y transparencia, que deben primar en procura de satisfacer el interés general.

Finalmente, quiero resaltar que como servidores del Estado no podemos incurrir en situaciones fácticas que se adecuen a las conductas prohibidas y contenidas en la Constitución Nacional y disposiciones legales (C.P., art. 127 y L. 200/95, art. 25). calificadas como causales de mala conducta y como faltas gravísimas, sancionables con la destitución o la terminación del contrato de trabajo.

Somos plenamente responsables de cumplir el contenido de la presente circular.

N. del D.: Esta circular va dirigida a servidores del ISS.

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