CIRCULAR EXTERNA 87 DE 1994 

(Octubre 10)

Esta entidad estima conveniente precisar mediante el presente instructivo diversos aspectos relacionados con las redes de distribución y con la promoción de los productos de las entidades administradoras del sistema general de pensiones, cualquiera que sea su modalidad, con el propósito de atender las diversas inquietudes que ha generado la aplicación de las disposiciones pertinentes.

1. Destinatarios. De las previsiones contenidas en el Decreto 720 de 1994 (1) son destinatarias las entidades administradoras del sistema general de pensiones, cualquiera que sea su modalidad, es decir, que las mismas comprenden a las administradoras del régimen de prima media con prestación definida y a las sociedades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Igualmente son sus destinatarios los entes habilitados para la explotación de planes de pensiones y complementarios y las entidades aseguradoras de vida que cuenten con capacidad legal para la explotación de planes alternativos de pensiones, según lo prevé el Decreto 876 de 1994 (2).

2. Exclusividad. Conforme al inciso tercero del artículo 4º del Decreto 720 de 1994, la labor de promoción de los vendedores personas naturales, con o sin vinculación laboral, se desarrolla en beneficio de la sociedad administradora del sistema general de pensiones con la cual se hubiere celebrado el respectivo convenio. Es sancionable por la respectiva sociedad, en los términos contractuales, el incumplimiento de esta obligación por parte de los vendedores personas naturales.

3. Ausencia de exclusividad. Mediando autorización expresa por parte de la respectiva sociedad administradora del sistema general de pensiones, el vendedor podrá desarrollar su labor en beneficio de entidades distintas a aquella con la cual celebró originalmente el convenio respectivo, con excepción de la posibilidad —por parte de las entidades administradoras del sistema general de pensiones— de compartir las redes de distribución que prevé el artículo 16 del Decreto 720 de 1994.

4. Entidades habilitadas para la distribución. La distribución de productos puede efectuarse por conducto de instituciones financieras, intermediarios de seguros —sujetos o no a supervisión permanente— y por entidades distintas a unas y otros, siempre que cuenten con capacidad legal para el ejercicio del comercio, caso este último en el cual es menester la autorización previa que imparta la Superintendencia Bancaria para la celebración de los respectivos convenios.

En los eventos de distribución por conducto de instituciones financieras o intermediarios de seguros no es indispensable la obtención previa de autorización impartida por la Superintendencia Bancaria para la celebración de los respectivos convenios.

5. Convenios.

a) Disponibilidad: Los convenios que, con cargo a sus propios recursos, celebren las entidades administradoras del sistema general de pensiones con instituciones financieras, cuyo propósito consista en la precisión de las condiciones bajo las cuales se realizarán las operaciones de recaudo, pago y traslado de los correspondientes recursos, quedarán a disposición de la Superintendencia Bancaria, en las propias instalaciones de la respectiva sociedad, sin que sea indispensable su remisión a esta entidad.

Los convenios podrán prever actividades a desarrollar respecto de los afiliados y de los trabajadores, tales como promoción, vinculación y, en general, labores de asesoría, comprendiendo el empleo y diligenciamiento de formularios de vinculación o de autoliquidación;

b) Contenido: Dichos convenios deberán contener, cuando menos, la información a que hace alusión el artículo 9º del decreto 720 de 1994 y su modificación será procedente, entre otros motivos, cuando los costos de los mismos o algunas de sus previsiones afecten a los afiliados;

c) Costo: En ningún caso, los costos que genere el empleo de las instituciones financieras por parte de las sociedades administradoras, podrán ser trasladados, directa o indirectamente, a los afiliados, conforme lo señala el inciso 2º del artículo 8º del decreto citado en el literal anterior, y

d) Autonomía: En cualquier caso, las instituciones financieras deberán disponer lo pertinente para la separación de las actividades propias de su objeto respecto de aquellas derivadas de la gestión de los aludidos convenios.

6. Deber de información. En desarrollo de los deberes que se le imponen a los promotores de las sociedades administradoras de pensiones, estos tienen que informar de manera oportuna, amplia y suficiente a los posibles afiliados acerca de la integridad de los aspectos que sean relevantes para la toma de la correspondiente decisión de afiliación, según lo señala el artículo 12 del Decreto 720 de 1994.

Para tal propósito deberán también sujetarse a los parámetros técnicos definidos por cada sociedad administradora, como elementos de referencia para el suministro de información al momento de afiliación.

7. Incumplimiento del deber de información frente a los afiliados. La omisión de esta obligación implica para el promotor la posibilidad de suspensión de la actividad correspondiente y para la sociedad administradora en cuyo beneficio se haya efectuado la labor de afiliación la asunción de los respectivos perjuicios, sin que ello impida la posibilidad de repetición con que cuenta la sociedad administradora respecto del promotor.

8. Prácticas no autorizadas. En desarrollo de los objetivos señalados en el artículo 325, numeral 1º, literales c) y e) del estatuto orgánico del sistema financiero, en particular en relación con la necesidad de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio y prevenir la ocurrencia de situaciones que puedan generar la pérdida de confianza en el público, la Superintendencia Bancaria estima que la obtención de una información oportuna, amplia y suficiente, al momento de su vinculación y durante toda la vinculación por parte del afiliado, constituye para éste un derecho propio y una obligación de la respectiva sociedad administradora del sistema general de pensiones, cualquiera que sea su modalidad, por lo cual señala como práctica no autorizada la ausencia de suministro de información que atienda los criterios descritos por parte de las respectivas entidades administradoras o sus promotores en las oportunidades descritas y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

9. Difusión de la calificación de práctica no autorizada. Las sociedades administradoras del sistema general de pensiones, cualquiera que sea su modalidad, deberán disponer lo pertinente para que fundamentalmente en las áreas de capacitación se difunda con suficiencia la calificación de no autorizada de la práctica consistente en no informar adecuadamente a los posibles afiliados, al momento de efectuar la respectiva labor de promoción para su vinculación y, en general, acerca de las sanciones que corresponden por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que les son propias a los promotores.

10. Libertad de selección del asegurador de la renta vitalicia. Las sociedades administradoras y, en su caso, los promotores deberán sujetarse a lo previsto en el Decreto 719 de 1994 (3) y las normas que lo desarrollen, cuando se trate de cumplir con la obligación de asesoría acerca de la selección de la entidad aseguradora de vida que expida la renta vitalicia, cualquiera que sea su modalidad, que prevé el literal b) del artículo 60 de la Ley 100 de 1994 (4) (sic) y el literal j) del artículo 14 del Decreto-Ley 656 de 1994 (5).

11. Régimen sancionatorio. En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Decreto 720 de 1994, serán aplicables respecto de los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones las mismas facultades con que cuenta la Superintendencia Bancaria respecto de los intermediarios de seguros.

Por tanto, en virtud de tal remisión, resultan aplicables entre otras disposiciones, las previstas en el artículo 207 del estatuto orgánico del sistema financiero, en particular la contenida en su numeral 3º, que prevé como prohibiciones la cesión de comisiones a favor del afiliado, el ofrecimiento de beneficios no garantizados o la exageración de los mismos, así como la sugestión tendiente a dañar negocios celebrados por competidores, el hacerse pasar por representante de una entidad sin serlo y, en general, todo acto de competencia desleal.

12. Remuneración. La remuneración de los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones, consiste en el reconocimiento de la comisión que se hubiere pactado por su labor de mediación en la afiliación, con prescindencia expresa de cualquier otra consideración vinculada con circunstancias de naturaleza distinta a la labor de mediación, entendida ésta como la gestión que sea suficiente para lograr la afiliación a una determinada sociedad administradora de pensiones.

La comisión constituye la medición de una labor específica y omite legalmente el reconocimiento de una gestión cuya evaluación se efectúe en términos de volumen, pues el encargo de mediación ha de atender elementos objetivos propios de la mejor elección del afiliado y no la mejor remuneración del vendedor.

La comisión debe corresponder a una labor idónea y suficiente que sea simétrica con la protección que expresamente se le otorga al usuario del sistema.

13. Mecanismos de información. Con sujeción al principio de protección del derecho a la intimidad, las sociedades administradoras del sistema general de pensiones podrán disponer mecanismos privados de difusión acerca de los promotores que empleen, con el fin de constatar la existencia de inhabilidades, incompatibilidades, sanciones contractuales precedentes y, en general, cualquier información que resulte relevante para la operatividad de las redes de distribución del mencionado sistema.

14. Régimen sancionatorio. En virtud de lo previsto en el artículo 21 del Decreto 720 de 1994, el régimen sancionatorio es el previsto en el estatuto orgánico del sistema financiero, por lo cual resultan aplicables las previsiones contenidas en la parte séptima del mencionado estatuto.

15. Vigencia. La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, capítulo Superintendencia Bancaria.

________________________________