CIRCULAR EXTERNA 1 DE 1999 

(Octubre 27)

Asunto: Actividad financiera de las entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

A raíz de la expedición de las leyes 454 de 1998 y 510 de 1999 se reguló de manera especial la actividad financiera del cooperativismo y se creó la Superintendencia de la Economía Solidaria como ente encargado de la inspección, vigilancia y control de las cooperativas que ejercen dicha actividad con sus propios asociados.

La reciente normatividad, así como la creación de una nueva entidad de control, hacen necesario expedir una circular en la cual se impartan instrucciones a las entidades vigiladas, a los titulares de sus órganos de administración y vigilancia y a los propios asociados sobre algunos aspectos fundamentales de la regulación vigente y así mismo, se fijen los criterios de interpretación y aplicación por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria en temas fundamentales relacionados con la actividad financiera de sus vigiladas.

Con tal fin, se ha estructurado la presente circular dividiéndola en varios capítulos, así:

I. Definición legal de la actividad financiera del cooperativismo.

II. Entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria que pueden ejercer la actividad financiera.

III. Requisitos legales para el ejercicio de la actividad financiera.

IV. Relaciones entre captaciones y aportes.

V. Especialización.

VI. Conversión.

VII. Excepciones a los montos mínimos legales.

CAPÍTULO I

Definición legal de actividad financiera del cooperativismo

1. Operaciones comprendidas dentro de la definición

El legislador definió expresamente lo que se entiende por actividad financiera del cooperativismo en el inciso cuarto del artículo 39 de la Ley 454 de 1998, que subrogó el artículo 99 de la Ley 79 de 1988.

Según dicho inciso, para los efectos de la Ley 454 de 1998 “se entenderá como actividad financiera la captación de depósitos, a la vista o a término de asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados o de terceros”.

Debe recordarse que durante la vigencia del Decreto 1134 de 1989 y hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 454 de 1998, sólo se consideraba por el legislador como actividad financiera de las cooperativas “captar ahorros en depósitos de terceros y otorgarles préstamos a éstos” (D. 1134/89, art. 2º).

A partir de la Ley 454 de 1998 la captación de depósitos a la vista o a término de los asociados para su posterior colocación, aprovechamiento o inversión, queda también definida por el legislador (al igual que la intermediación con terceros), como actividad financiera.

Ahora bien, en relación con las entidades sometidas a su supervisión, interpreta la superintendencia que dentro de los conceptos de depósitos a la vista y a término se encuentran comprendidas todas las operaciones pasivas desarrolladas por las mismas que impliquen captación de ahorros de sus asociados, independientemente de la denominación que se les dé o de la modalidad particular en que se efectúen.

En consecuencia, constituyen actividad financiera en los términos del artículo 39 de la Ley 454 de 1998, entre otras operaciones, la captación de ahorros bajo la modalidad de depósitos de ahorro a término (CDAT), depósitos de ahorro a la vista (cuentas de ahorro), el ahorro contractual o programado, los ahorros permanentes y cualesquiera otras modalidades de captación de depósitos de los asociados.

Los aportes no quedan comprendidos dentro de dichos conceptos, puesto que no integran el pasivo de la cooperativa sino que constituyen parte del patrimonio de la entidad. Por esta misma razón, debe resaltarse que no quedaron comprendidas dentro de esa nueva definición de la actividad financiera las operaciones de crédito realizadas por las cooperativas con sus asociados apoyadas únicamente en los aportes de los mismos ni las demás operaciones en las cuales no se presente la captación de ahorros de los asociados para su posterior colocación, inversión o aprovechamiento.

Quiere dejar en claro con esto la Superintendencia de la Economía Solidaria que las denominadas por la doctrina cooperativas de crédito (es decir las que no captan ahorros de sus asociados pero les efectúan préstamos con base en sus aportes), no ejercen actividad financiera en los términos del artículo 39 de la Ley 454 de 1998 a diferencia de las cooperativas de ahorro y crédito. De todas formas, las cooperativas de crédito están bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

2. Entidades sujetas a las disposiciones sobre actividad financiera del cooperativismo: El sector cooperativo

El legislador se refirió concretamente en la Ley 454 de 1998 a la actividad financiera del cooperativismo y no de todo el sector solidario, por lo que es necesario interpretar sistemáticamente el artículo 39 de dicha ley con los artículos 122 de la Ley 79 de 1988 y 2º del Decreto 1482 de 1989 que señalan de manera taxativa cuáles son los componentes del sector cooperativo.

Con base en dicha interpretación se concluye que las normas sobre actividad financiera del cooperativismo sólo son aplicables a las entidades que el propio legislador ha considerado componentes de dicho sector y que son las siguientes:

— Las cooperativas de base o de primer grado.

— Los organismos cooperativos de segundo y tercer grados.

— Las instituciones auxiliares del cooperativismo.

— Las precooperativas y

— Las empresas de servicios de administraciones públicas cooperativas.

De estas entidades sólo las tres primeras, siempre y cuando estén constituidas en la forma de instituciones financieras de naturaleza cooperativa, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, cooperativas financieras, cooperativas especializadas de ahorro y crédito, o cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, pueden ejercer la actividad financiera, previa autorización de la entidad encargada de su supervisión.

Por el contrario, las precooperativas, las empresas de servicios de administraciones públicas cooperativas y las demás entidades del sector cooperativo no comprendidas en el párrafo anterior, no pueden desarrollar actividad financiera en los términos del artículo 39 de la Ley 454 de 1998.

3. Entidades del sector solidario que no están sujetas a las normas sobre actividad financiera del cooperativismo

Entiende esta superintendencia que el legislador no hizo extensiva la normatividad contenida en la Ley 454 de 1998 a la captación de ahorros de asociados y su posterior colocación, inversión o aprovechamiento, realizada por las demás entidades del sector solidario autorizadas legalmente para ello, como es el caso de los fondos de empleados y las asociaciones mutuales.

Dichas operaciones no quedaron contempladas dentro de la definición legal de la actividad financiera del cooperativismo ya citada, por cuanto los sujetos que las efectúan no pertenecen al sector cooperativo.

En consecuencia, las entidades del sector solidario que de conformidad con su normatividad especial estén expresamente autorizadas por el legislador para captar ahorros de sus asociados para su posterior colocación entre aquéllos, su inversión o aprovechamiento, continúan rigiéndose por su normatividad especial (D. 1480/89 para las asociaciones mutuales y D. 1481/89 para fondos de empleados) sin estar sujetos a los requisitos, montos mínimos y demás exigencias que en forma exclusiva, para la actividad financiera del cooperativismo, dispuso el legislador en la Ley 454 de 1998.

Lo anterior no obsta para que la Superintendencia de la Economía Solidaria, en aras de la protección de los asociados y de las mismas entidades, y en ejercicio de sus funciones asignadas en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y en su Decreto Reglamentario 1401 de 1999, adelante las actividades de inspección, control y vigilancia que sean pertinentes, tales como impartir las instrucciones que considere necesarias a estas entidades para evitar que se incurra en prácticas inseguras que pongan en peligro los ahorros de los asociados y el patrimonio mismo de aquéllas.

CAPÍTULO II

Entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria que pueden ejercer la actividad financiera

Al tenor de lo dispuesto en los incisos 1º y 2º del artículo 39 de la Ley 454 de 1998, que modificó el artículo 99 de la Ley 79 de 1988:

“La actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por las instituciones financieras de naturaleza cooperativa, las cooperativas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito, con sujeción a las normas que regulan dicha actividad para cada uno de estos tipos de entidades, previa autorización del organismo encargado de su control”.

“Las cooperativas multiactivas o integrales podrán adelantar la actividad financiera, exclusivamente con sus asociados mediante secciones especializadas, bajo circunstancias especiales y cuando las condiciones sociales y económicas lo justifiquen, previa autorización del organismo encargado de su control”.

Por lo tanto, se tiene que la actividad financiera del sector cooperativo sólo puede ejercerse por tres clases de entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria:

a) Las cooperativas especializadas de ahorro y crédito;

b) Las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito, y

c) Las cooperativas integrales con sección de ahorro y crédito.

Como regla general, el legislador ha dispuesto que sólo las cooperativas especializadas de ahorro y crédito que cuenten con autorización previa para el ejercicio de la actividad financiera, puedan desarrollarla exclusivamente con sus asociados.

El ejercicio de la actividad financiera por parte de las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito tiene carácter de excepción y requiere, igualmente, de previa autorización.

Ahora bien, el legislador ha definido las cooperativas especializadas de ahorro y crédito en el artículo 41 inciso 1º de la Ley 454 de 1998 de la siguiente manera: “son cooperativas de ahorro y crédito los organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera exclusivamente con sus asociados, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria”.

No se encuentra en la Ley 454 de 1998, la definición de cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, ni tampoco la de cooperativa especializada, por lo que es necesario remitirse a los artículos 62 a 65 de la Ley 79 de 1988 que las definen en los siguientes términos:

Cooperativas especializadas. Son las que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural (L. 79/88, art. 62).

Cooperativas multiactivas. Son las que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica (L. 79/88, art. 63).

Cooperativas integrales. Son aquellas que en desarrollo de su objeto social, realizan dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de servicios (L. 79/88, art. 64).

No sobra traer a colación que según el artículo 65 de la Ley 79 de 1988, en todo caso, las cooperativas pueden comprender en su objeto social la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus miembros, lo que no les quita el carácter de especializadas, pero tampoco les confiere el de multiactivas o integrales.

CAPÍTULO III

Requisitos legales para el ejercicio de la actividad financiera

1. Cooperativas especializadas de ahorro y crédito

La Ley 454 establece dos exigencias de manera general para poder desarrollar la actividad financiera por parte de las cooperativas de ahorro y crédito:

1.1. Cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales pagados no reducibles fijados por el legislador.

1.2. Autorización expresa y previa de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

1.1. Cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales pagados no reducibles fijados por el legislador. En cuanto al cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales pagados, el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 dispuso como regla general en su inciso segundo:

“Las cooperativas de ahorro y crédito ... deberán acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados no inferior a quinientos millones de pesos ($ 500.000.000).

Según el parágrafo 4º del artículo en cita: “los valores absolutos indicados en este artículo se ajustarán anual y acumulativamente a partir de 1999 mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor, total ponderado que calcula el DANE”.

Teniendo en cuenta que el IPC certificado por el DANE para el año 1999 fue del 16.7%, instruye la superintendencia a sus entidades vigiladas en el sentido de que el monto mínimo de aportes sociales pagados que deben mantener en forma permanente para el año 1999, corresponde a la suma de $ 583.500.000.

Sobre el particular, la Superintendencia de la Economía Solidaria expedirá anualmente una circular externa informando a sus entidades vigiladas cuál es el monto de aportes sociales mínimos pagados ajustado que deben mantener en forma permanente.

En cuanto a las excepciones a los montos mínimos a que hace relación el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 (modificado por la L. 510/99, art. 104) este tema se tratará en el capítulo VII de la presente circular.

1.2. Autorización expresa y previa de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Para efectos de impartir esta autorización, la Superintendencia de la Economía Solidaria se cerciorará de la solvencia patrimonial de la entidad, de su idoneidad y la de sus administradores (L. 454/98, art. 41, incs. 2º y 3º).

Al respecto la Superintendencia de la Economía Solidaria expedirá una resolución de carácter general en la cual se puntualicen los requisitos que deben cumplir las entidades vigiladas para solicitar la autorización correspondiente.

2. Cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito

A juicio de esta superintendencia, la Ley 454 establece tres exigencias de manera general para que las cooperativas multiactivas o integrales puedan desarrollar la actividad financiera mediante una sección de ahorro y crédito:

2.1. Cumplir con el monto mínimo de aportes sociales pagados no reducibles fijados por el legislador.

2.2. Acreditar las circunstancias especiales y las condiciones sociales y económicas que justifiquen el ejercicio de la actividad financiera sin acudir a la especialización.

2.3. Obtener autorización expresa y previa de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

2.1. Cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales pagados no reducibles fijados por el legislador. En cuanto al cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales pagados, el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 dispuso como regla general en su inciso segundo:

“…las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito deberán acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados no inferior a quinientos millones de pesos ($ 500.000.000)”.

Tal como se ha indicado en esta circular, este monto actualizado para el año 1999 asciende a $ 583.500.000.

Las excepciones a estos montos mínimos a que hace relación el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 (modificado por la L. 510/99, art. 104) se tratarán, igualmente, en el capítulo VII de la presente circular.

2.2. Acreditar las circunstancias especiales y condiciones socioeconómicas que justifiquen el ejercicio de la actividad financiera sin acudir a la especialización. Junto con la solicitud de autorización para el ejercicio de la actividad financiera, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito deberán explicar claramente a esta superintendencia cuáles son las circunstancias especiales y condiciones socioeconómicas por las cuales consideran que se justifica el ejercicio de la actividad financiera con sus asociados sin acudir a la especialización. Dichas circunstancias y condiciones deberán sustentarse, además, con pruebas documentales.

De manera simplemente enunciativa y sin perjuicio del estudio que debe hacerse a cada solicitud en particular, considera la Superintendencia de la Economía Solidaria que en los siguientes eventos se presentarían, en principio, circunstancias especiales, que junto con las condiciones sociales y económicas que acredite la respectiva entidad, podrían justificar el ejercicio de la actividad financiera por parte de las cooperativas multiactivas e integrales mediante una sección de ahorro y crédito:

1. Cooperativas integradas por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada.

2. Cooperativas integradas por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados a entidades que conformen un grupo empresarial o respecto de los cuales se presente la unidad de empresa en los términos del Código de Comercio o del Código Sustantivo del Trabajo, en circunstancias similares a las de los vinculados laboralmente a una misma persona jurídica.

3. Cooperativas conformadas por asociados domiciliados en un mismo municipio o municipios vecinos, en los cuales no existan suficientes servicios financieros cooperativos.

2.3. Autorización expresa y previa de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Para esta autorización, la superintendencia se cerciorará de la solvencia patrimonial de la entidad, de su idoneidad y la de sus administradores (L. 454/98, art. 41, incs. 2º y 3º).

Como se ha señalado, sobre este aspecto la Superintendencia de la Economía Solidaria expedirá una resolución de carácter general en la cual se puntualicen los requisitos exigidos para obtener la autorización correspondiente.

Debe recordarse que para el ejercicio de la actividad financiera las cooperativas multiactivas o integrales autorizadas para ello, deberán contar con una sección especial de ahorro y crédito.

CAPÍTULO IV

Relación entre aportes y captaciones

Según el artículo 113 de la Ley 510 de 1999, que modificó el artículo 43 de la Ley 454 de 1998:

“Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito estarán obligadas a mantener como máximo una relación de 1 a 3 entre sus aportes sociales pagados y sus captaciones.

El incumplimiento de esta norma dará lugar a la imposición de las correspondientes sanciones por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional”.

Esta obligación es aplicable tanto a las cooperativas especializadas de ahorro y crédito como a las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, sin excepción. En cuanto a las sanciones a imponer, éstas deberán ser previstas en un decreto por parte del Gobierno Nacional.

Así mismo, dispone el inciso segundo del artículo 113 de la Ley 510 de 1999:

“Las cooperativas que a la fecha de expedición de esta ley tengan una relación entre sus aportes sociales pagados y sus captaciones superior a la señalada en este artículo, deberán presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria un plan de ajuste que contemple el incremento en los aportes sociales o la disminución en los ahorros hasta que se logre el cumplimiento de la relación establecida o la conversión en cooperativas financieras. El plazo de presentación del plan de ajuste será de tres (3) meses a partir de la expedición de la ley, y el plan mismo no deberá ir más allá de un (1) año después de expedida la ley. En caso de incumplimiento del plan, la Superintendencia de la Economía Solidaria adoptará los procedimientos administrativos que aseguren el cumplimiento del presente artículo, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar”.

Como se observa, la ley fija un plazo para los administrados de tres meses contados a partir de su expedición para efectos de presentar el plan de ajuste y de un año contado a partir de esa misma fecha para llevar a cabo el ajuste.

CAPÍTULO V

Especialización

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 44 de la Ley 454 de 1998:

“Las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito deberán especializarse para el ejercicio de la actividad financiera cuando durante más de dos meses consecutivos, el monto total del patrimonio de la cooperativa multiplicado por la proporción que represente el total de depósitos de asociados respecto al total de activos de la entidad, arroje un monto igual o superior al necesario para convertirse en cooperativa financiera en los términos previstos en el artículo 42 de la presente ley.

En todo caso, las cooperativas que se encuentren en esta situación, deberán informar inmediatamente del hecho a la Superintendencia de la Economía Solidaria y presentar dentro del mes siguiente el plan de ajuste para el cumplimiento de los requisitos necesarios para constituirse como cooperativas financieras ante la Superintendencia Bancaria. Una vez autorizada la conversión o especialización, en algunas de las alternativas que se señalan en el artículo siguiente, el plan de ajuste deberá cumplirse dentro del plazo que se acuerde con la Superintendencia Bancaria. El organismo de autocontrol correspondiente y las entidades de integración que desarrollen programas de autocontrol también deberán informar en el momento en que tengan conocimiento del hecho.

En caso de que la Superintendencia Bancaria no autorice la especialización, la cooperativa deberá ajustarse a la mayor brevedad posible al límite de captaciones fijado en este artículo y, en todo caso, dentro del plazo que señale la Superintendencia de la Economía Solidaria.

PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a las cooperativas intervenidas o que se encuentren en causal de disolución.

PAR. 2º—El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a sanciones y multas por parte del organismo de control. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma”.

Interpreta la Superintendencia de la Economía Solidaria esta disposición de la siguiente manera:

Las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito sólo están obligadas a especializarse cuando el monto total del patrimonio de la cooperativa multiplicado por la proporción que represente el total de depósitos de los asociados respecto al total de activos de la entidad, arroje un monto igual o superior al necesario para convertirse en cooperativa financiera, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 454 de 1998.

El monto a que se refiere este último artículo es el de $ 1.500 millones para 1998, reajustado anual y acumulativamente en el IPC que certifique el DANE. Lo anterior quiere decir que para el año 1999, este monto asciende a la suma de $ 1.750.500.000.

Considera la superintendencia que el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 que establece los montos mínimos de aportes sociales pagados para constituirse como cooperativas financieras ($ 1.500.000.000 para 1998), y especializadas de ahorro y crédito o cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito ($ 500.000.000 para 1998), no fue modificado por el artículo 1º de la Ley 510 de 1999, el cual sólo hizo expresa referencia al artículo 80 del estatuto orgánico financiero y no al artículo 42 de la Ley 454 de 1998, norma especial para las entidades cooperativas que ejercen la actividad financiera.

Sólo en el evento en que una cooperativa multiactiva o integral con sección de ahorro y crédito al momento de especializarse se encuentre, simultáneamente, dentro de los parámetros que obligan a la conversión en cooperativa financiera se aplicará lo relativo a la solicitud de conversión ante la Superintendencia Bancaria, de conformidad con lo que se expone en el capítulo VI de esta circular.

Adicionalmente, interpreta esta superintendencia que las cooperativas exceptuadas expresamente en el artículo 46 de la Ley 454 de 1998 para especializarse o convertirse (esto es, las integradas por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada), no están obligadas en ningún caso a especializarse.

Por el contrario, en los demás casos en que esta superintendencia haya conferido expresa autorización a las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito para ejercer la actividad financiera, si se dan los supuestos contemplados en el artículo 44 de la Ley 454 de 1998, se debe proceder a la especialización.

CAPÍTULO VI

Conversión

El último inciso del artículo 113 de la Ley 510 de 1999, que subrogó el artículo 43 de la Ley 454 de 1998, dispone:

“Cuando quiera que una cooperativa de ahorro y crédito registre durante dos meses consecutivos un monto de captaciones superior en dos (2) veces a los aportes mínimos requeridos para una cooperativa financiera, deberá solicitar autorización para su conversión en cooperativa financiera”.

La obligación de conversión opera, entonces, tan solo para las cooperativas de ahorro y crédito, no para las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito.

El legislador exige a las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, que se conviertan en cooperativas financieras cuando durante dos meses consecutivos su monto de captaciones supere en dos veces los aportes mínimos requeridos para constituir una cooperativa financiera. Entiende esta superintendencia que dicha cifra se refiere a $ 1.750.500.000 de aportes sociales mínimo pagados y que superior en dos veces significa más de $ 3.501.000.000 para 1999. Valores que se ajustarán anual y acumulativamente en el mismo porcentaje en que el DANE certifique el aumento del IPC.

En relación con las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, como se ha señalado en el capítulo V de esta circular, sólo en el evento en que deban proceder, a especializarse y al hacerlo se encuentren además dentro de los parámetros que obligan también a la conversión, deberán cumplir con lo establecido en los incisos 2º y 3º del artículo 44 de la Ley 454 de 1998, en cuanto a la información que deben suministrar a la Superintendencia de la Economía Solidaria y la presentación del plan de ajuste respectivo para su aprobación por la Superintendencia Bancaria con miras a especializarse y simultáneamente convertirse en cooperativas financieras.

Sobre el particular instruye la Superintendencia de la Economía Solidaria a las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, en el sentido de que en el evento de especializarse, no están obligadas a solicitar simultáneamente a la Superintendencia Bancaria la conversión, en dos casos:

a) Cuando no cumplan con los montos de aportes sociales mínimos pagados exigidos para constituirse como cooperativa financiera, y

b) Cuando no tengan la antigüedad de tres años requerida para ello por el literal a) del artículo 40 de la Ley 454 de 1998.

En dichos supuestos tan solo deben adelantar el trámite de especialización ante la Superintendencia de la Economía Solidaria; en los demás supuestos deben solicitar simultáneamente la autorización para conversión ante la Superintendencia Bancaria.

A este respecto, entiende la superintendencia que el legislador incurrió en una imprecisión en el artículo 44 de la Ley 454 de 1998 al señalar que en caso de que la Superintendencia Bancaria no autorice la “especialización” ésta deberá ajustarse en el menor tiempo posible al límite de captaciones fijados en dicha norma y que debe entenderse “conversión” en lugar de “especialización”.

Esta interpretación resulta lógica ya que sólo se requiere autorización de la Superintendencia Bancaria si una cooperativa de ahorro y crédito va a convertirse en cooperativa financiera y a entrar bajo su supervisión. Por el contrario, si se trata de una cooperativa multiactiva o integral con sección de ahorro y crédito que va a especializarse como cooperativa de ahorro y crédito, no es necesaria la aprobación de la Superintendencia Bancaria pues la competencia es de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Igualmente, interpreta esta superintendencia que si una cooperativa especializada de ahorro y crédito supera el monto de $ 1.750.500.000 en aportes mínimos pagados para 1999, pero sus captaciones no superan los $ 3.501.000.000 durante dos meses consecutivos, no está obligada a convertirse, si bien puede solicitar la autorización para hacerlo.

Así mismo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 454 de 1998, las cooperativas integradas por asociados que estén o hayan estado vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada no están obligados en ningún caso a la conversión en cooperativas financieras.

CAPÍTULO VII

Excepciones a los montos mínimos legales

El artículo 42 de la Ley 454 de 1998 en su inciso 3º (modificado por la L. 510/99, art. 104) dispuso:

“El Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá establecer montos mínimos inferiores a los señalados en este artículo, teniendo en cuenta el vínculo de asociación y las condiciones socioeconómicas o el área geográfica de influencia de la organización interesada”.

Corresponde entonces a esta superintendencia expedir actos administrativos de carácter particular para autorizar a las cooperativas que lo soliciten y que a juicio de esta superintendencia se encuentren dentro de las circunstancias excepcionales a que se refiere el inciso transcrito, el mantenimiento de montos mínimos de aportes sociales pagados inferiores a los dispuestos en el inciso primero del artículo 42 de la Ley 454 de 1998.

Si bien para tal fin cuenta la superintendencia con un poder discrecional conferido por el propio legislador, en aras de la equidad, de preservar el principio de igualdad entre las entidades vigiladas y de una mayor eficiencia en la prestación de sus servicios, esta superintendencia fija los siguientes parámetros generales para que las entidades que se encuentren dentro de los mismos procedan a solicitar la autorización respectiva si así lo estiman conveniente; autorización que, de todas formas, sólo será impartida por razones debidamente justificadas a juicio de esta entidad.

En este orden de ideas, interpreta la superintendencia que existe un requisito concurrente y dos excluyentes para tal fin. El concurrente, es decir, el requisito que siempre deberá ser tenido en cuenta por esta entidad para efectos de la autorización correspondiente, es el vínculo de asociación y los excluyentes, es decir que es suficiente con que uno u otro se den conjuntamente con el del vínculo, son las condiciones socioeconómicas o el área geográfica de influencia de la organización interesada.

El vínculo de asociación se entiende por la doctrina cooperativa como “el conjunto de relaciones que se dan entre los asociados y entre éstos y la empresa cooperativa.

Estas relaciones se caracterizan por ser actos de confianza, de lealtad, de sentido de pertenencia y de lazos de sangre. El vínculo genera, dentro de la organización cooperativa, reducción o eliminación de costos de agencia, de costos de transacción y riesgo de cartera. La existencia del vínculo convierte a la cooperativa en una innovación organizacional gracias a lo cual logra apoderarse de nichos de mercado difíciles, como son los relativos al mercado financiero” (Fischer, Klaus. En las Cooperativas financieras y el desarrollo regional. III Seminario internacional Colombia 1998. Pontificia Universidad Javeriana, Santafé de Bogotá, 1998, p. 29.)

Este vínculo, por sus características especiales puede ofrecer una mayor seguridad en el manejo de ahorros de los asociados en determinados casos, lo que puede justificar el que un monto de aportes sociales mínimos pagados no reducibles inferior al fijado de manera general por el legislador sea suficiente para garantizar el desarrollo de la actividad financiera con los propios asociados.

Las condiciones socioeconómicas hacen relación tanto al grupo de asociados como a su entorno, en cuanto tiene que ver con las coyunturas social y económica en la que se desenvuelven.

El área geográfica de influencia de la organización interesada se refiere fundamentalmente al municipio o municipios a los cuales están vinculados jurídica y económicamente los asociados y las entidades cooperativas.

En aras de la mayor objetividad posible, para este último aspecto se apoyará la superintendencia en la categorización de municipios contemplada en la Ley 136 de 1994.

Con base en los anteriores parámetros, considera esta superintendencia, a título simplemente enunciativo, que en los siguientes casos existiría, en principio, una justificación razonable para estudiar solicitudes de autorización para mantener montos mínimos de aportes sociales pagados inferiores a los señalados en el artículo 42, inciso 2º de la Ley 454 de 1998:

a) En razón del vínculo (debiendo acreditarse además, por lo menos, uno de los requisitos excluyentes):

— Cooperativas integradas por asociados vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada. En principio, y sin perjuicio de lo que en cada caso particular determine la superintendencia, se autorizaría la excepción sin sujeción a montos mínimos diferentes de los fijados en los estatutos de la cooperativa por su asamblea general.

— Cooperativas conformadas por trabajadores vinculados laboralmente a un mismo grupo empresarial o a entidades entre las cuales exista unidad de empresa en los términos del Código de Comercio o del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente, en principio, sin sujeción a montos mínimos especiales, y

b) En razón de la ubicación geográfica (faltando acreditar, por lo menos, lo relativo al vínculo de asociación).

— Cooperativas conformadas por personas que tienen su domicilio en un mismo municipio o en municipios vecinos claramente determinados, en los cuales no existe suficiencia de servicios financieros por parte de entidades cooperativas.

Sobre este último aspecto, de manera general y sin que ello implique obligación alguna para esta superintendencia de autorizar automáticamente los montos de aportes que a continuación se relacionan, se establecen los siguientes parámetros generales para ser tenidos en cuenta según la categoría del municipio al cual esté vinculada la cooperativa solicitante. En el caso de cooperativas que desplieguen su acción en varios municipios se tomará como referencia el municipio de mayor categoría al que esté vinculada la misma.

Categoría del municipioNúmero habitantesIngresos en salarios mínimos legales mensualesMonto de aportes sociales mínimos pagados autorizados a las cooperativas
EspecialMás de 500.001Más de 400.000Mínimo legal
1 CategoríaEntre 100.001 y 500.000Entre 100.000 y 400.000Mínimo legal
2 CategoríaEntre 50.001 y 100.000Entre 50.000 y 100.000Mínimo legal
3 CategoríaEntre 30.001 y 50.000Entre 30.000 y 50.000$ 250 millones
4 CategoríaEntre 15.001 y 30.000Entre 15.000 y 30.000$ 250 millones
5 CategoríaEntre 7.001 y 15.000Entre 5.000 y 15.000$ 150 millones
6 Categoría7.000 o menosNo superior a 5.000$ 100 millones

Los montos señalados se ajustarán anual y acumulativamente a partir del año 2000, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor, total ponderado que calcule el DANE a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Para ajustarse a los montos mínimos anteriores o a los que expresamente autorice esta superintendencia (teniendo en cuenta su incremento anual y acumulativo en el IPC), se concede un plazo de dos años a las cooperativas interesadas, contados a partir de la publicación de la presente circular. El plan de ajuste deberá presentarse junto con la solicitud de autorización para el ejercicio de la actividad financiera.

Los requisitos y documentos necesarios para proceder a solicitar la excepción a los montos mínimos de aportes sociales pagados exigidos por el inciso 2º del artículo 42 de la Ley 454 de 1998, serán reglamentados mediante resolución por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

N. del D.: Esta circular va dirigida a los representantes legales, miembros de los órganos de administración, control, vigilancia y asociados de las entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

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