CIRCULAR EXTERNA 10 DE 1993 

(Abril 30)

Como es del conocimiento de ustedes, mediante la Resolución 450 del 23 de abril del presente año, la Superintendencia de Valores, previo concepto favorable de la sala general de la entidad, concedió a las sociedades comisionistas de bolsa, autorización por vía general, para el cobro de las comisiones y tarifas por concepto de las operaciones que realicen, siempre que las mismas se sujeten a los criterios establecidos en la norma. Tal autorización se hizo en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto-Ley 2969 de 1960, recogido en el artículo 3.2.3.14 del estatuto orgánico del mercado público de valores —a cuyo tenor “toda reforma a las tarifas de una bolsa de valores deberá ser previamente aprobada por la Superintendencia de Valores— en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2739 de 1991.

Adicionalmente, con base en lo preceptuado en el Decreto 2016 de 1992 y dando cumplimiento a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas, proscribió la existencia de comisiones mínimas o máximas.

Teniendo en cuenta algunas consultas presentadas, este despacho considera pertinente hacer las siguientes precisiones:

1. Ámbito de aplicación.

La Resolución 450 de 1993 cobija no sólo las comisiones que se cobren por concepto de las operaciones de intermediación en bolsa sino, también, las tarifas por cualesquiera de las operaciones que se adelanten, tanto por las sociedades comisionistas de bolsa como por los comisionistas independientes de valores, estos últimos por virtud de la remisión contemplada en el artículo 8º de la Ley 27 de 1990.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la citada resolución, debe entenderse que las comisiones o tarifas mínimas o máximas no pueden acordarse, tampoco, bajo el expediente de la autorregulación, como quiera que, de ser entendida así esta figura, se estaría desvirtuando su filosofía, amén de lo que ya se ha mencionado frente a las prácticas comerciales restrictivas. Dicho de otra manera, la competencia no se presenta únicamente entre los asociados a bolsas diversas, sino entre los comisionistas de una misma bolsa.

2. Condiciones de la autorización.

A partir de la vigencia de la mencionada resolución, las comisiones y tarifas que se fijen por parte de las sociedades comisionistas de bolsa y de valores se entienden autorizadas, por vía general, cuando quiera que se cumplan las condiciones que a continuación se enuncian:

2.1. No discriminación entre clientes.

La exigencia de la no discriminación es una aplicación del principio que legalmente censura las prácticas contrarias a la libre competencia (Decreto 2153 de 1992). Con ello se quiere significar que en la fijación de las comisiones y tarifas deben seguirse los mismos criterios, los que, una vez definidos, se aplican a todos aquellos que se encuentren en idéntica situación.

Así las cosas, las diferencias que puedan presentarse entre los precios deben obedecer a factores que tengan relación con la clase de operación a realizar, su cuantía, el volumen de las transacciones, la clase de título y el plazo o mercado (primario o secundario).

Por lo anterior, el tratamiento que en materia de comisiones y tarifas se establezca para clientes que se encuentren en circunstancias similares debe guardar la misma correspondencia, sin que sean admisibles tratamientos diferenciales no justificados en los criterios antes anotados.

Es pertinente aclarar que en la determinación de las tarifas y comisiones deberán observarse criterios objetivos, comprobables y verificables, sin que se admitan diferencias fundadas en meras expectativas.

Igualmente, ha de observarse que la exigencia de que cada transacción se considere de modo individual, contenida en la letra d) del artículo segundo de la Resolución 450, no excluye la consideración de factores basados en el comportamiento comercial del cliente, como lo sería el volumen o cuantía de los negocios que con él se desarrollan usualmente.

Por último, la comisión pactada por operaciones de compra puede ser consisderada como parámetro para determinar la comisión por operaciones de venta de los mismos títulos, cuando quiera que existan circunstancias de mercado o clientes en condiciones similares.

2.2. Suficiencia.

Es necesario que de manera general las comisiones y tarifas cubran los costos propios de la operación y el posible beneficio.

Las variaciones que se presenten, se reitera, deben obedecer a la existencia de los aspectos o factores indicados, cuyo reconocimiento, en todo caso, no puede conducir a una disminución de precios por debajo de los costos, cuando ello tenga por objeto o como efecto afectar uno o varios competidores.

Debe recordarse, adicionalmente, que la disminución de precios por debajo de los costos, cuando quiera que exista posición dominantes, configura abuso de la misma, siempre que con ello se busque eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de e´stos (artículo 45 del Decreto 2153 de 1993).

2.3. Libre competencia.

Conforme lo establece la letra b) del artículo segundo de la Resolución 450, en la determinación de las comisiones y tarifas se deben tener presentes las disposiciones contempladas en la Ley 155 de 1959 y en el Decreto 2153 de 1992 (artículo 44 y ss.), las cuales prohíben los contratos, convenios, concertaciones, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre dos o más empresas, denominadas genéricamente como acuerdos, así como los actos o comportamientos que sean contrarios a la libre competencia o que constituyan abuso de la posición dominante.

2.3.1. Actos y acuerdos contrarios a la libre competencia.

En desarrollo de los postulados consagrados en dichas normas se consideran contrarios a la libre competencia y, en consecuencia, se encuentran prohibidos, entre otros, los siguientes acuerdos, que seguidamente se mencionan por vía de ejemplo:

— Los que tengan por objeto o tenga como efecto la fijación de precios, directa o indirectamente.

— Los que tengan por objeto o como efecto la determinación de condiciones discriminatorias de venta, de prestación de servicios o de comercialización, para con terceros.

— Los que tengan por objeto o como efecto la repartición de mercados.

— Los que tengan por objeto o como efecto abstenerse de prestar un servicio o producir un bien.

— Los que tengan por objeto o como efecto subordinar la prestación de un servicio a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituyan el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.

En cuanto hace a los actos contrarios a la libre competencia, entre otros se consagran en el artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 los siguientes:

— Influenciar a un competidor para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios.

— Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de la misma, cuando ello pueda entenderse como una retaliación a su política de precios.

2.3.2. Abuso de la posición dominante.

Por su parte, para el caso en que se tenga la posibilidad de establecer de manera directa o indirecta las condiciones de un mercado, es decir, cuando exista posición dominante, se contemplan en el artículo 50 del Decreto 2153 las conductas que configuran abuso de la misma, entre las cuales cabe citar las siguientes:

— La disminución de precios por debajo de los costos, cuando tengan por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos.

— La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas.

— La venta de un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador, cuando sea la intención disminuir o eliminar la competencia en el mercado.

— Vender o prestar servicios en el territorio colombiano a un precio diferente de aquél al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no responda a la estructura de costos de la transacción.

3. Deber de información.

Con el propósito de posibilitar la competencia y como desarrollo de los principios de contratación, los comisionistas deberán informar, antes y después de realizada la operación, el importe y porcentaje de la comisión.

Es claro que la información que al respecto se suministre con anterioridad a la realización de la operación puede ser determinada o determinable. En el primer evento se informará al cliente en forma precisa el valor y el porcentaje a cobrar, mientras en el segundo caso bastará con la indicación de las condiciones o circunstancias que se emplearán para la determinación del precio. A título meramente ilustrativo, puede mencionarse como ejemplo de un precio determinable aquél cuya fijación depende de variables tales como la rentabilidad obtenida en la ejecución del encargo o el precio, de manera que se prevé una correlación positiva entre éstas y la comisión a aplicar, según rangos preestablecidos.

En todo caso, concluido el negocio será menester revelar al cliente el importe y porcentaje preciso de las sumas que debió sufragar por concepto de la operación respectiva.

4. Documentación.

Tanto las sociedades comisionistas de bolsa como las comisionistas independientes de valores, al igual que las bolsas de valores, deberán mantener, en forma documentada, los elementos que permitan soportar el cobro de las comisiones y tarifas establecidas, y acreditar el cumplimiento de las disposiciones indicadas.

5. Derogatorias y vigencia.

Como consecuencia de lo expuesto, las comisiones y tarifas que cobren las sociedades comisionistas por concepto de los servicios que presten no se encuentran sujetas a ningún límite, ni mínimo ni máximo. En este sentido, se entienden derogadas las resoluciones 40 de 1986 y 8 de 1991 expedidas por la sala general de la Comisión Nacional de Valores, y las resoluciones 32 de 1987 y 641, 642 y 643 de 1989, expedidas por el presidente de la Comisión Nacional de Valores, y todas las demás disposiciones que resulten contrarias.

La presente circular rige a partir de su publicación.

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