CIRCULAR EXTERNA 106 DE 2000 

(Julio 10)

Asunto: Instrucciones a tener en cuenta en los acuerdos de reestructuración empresarial regulados por la Ley 550 de 1999 dentro del sistema general de seguridad social en salud.

La Superintendente Nacional de Salud,

en uso de sus facultades legales y en cumplimiento de las competencias que le corresponde ejercer en materia de inspección, vigilancia y control para alcanzar la eficiencia en la obtención y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud, la adecuada liquidación, recaudo, giro y transferencia, cobro y utilización de los recursos fiscales y con el fin de atender las disposiciones contenidas en la Ley 550 de 1999 sobre reestructuración empresarial, se permite impartir las siguientes instrucciones teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Objeto de la circular.

La Ley 550 de 1999 estableció un nuevo régimen con el propósito fundamental de promover la reactivación empresarial de las empresas pertenecientes a los sectores productivos y de servicios de la economía, a través del eficiente uso de sus recursos, el mejoramiento de su competitividad empresarial, el restablecimiento de su capacidad de pago frente a sus distintos acreedores a través de acuerdos de reestructuración de sus pasivos, el fortalecimiento de sus estructuras administrativas, financieras y contables y el establecimiento de un marco legal adecuado para que se pueda convenir su reactivación en términos de agilidad, equidad y seguridad jurídica.

El artículo 3º de la citada ley establece como instrumentos de los fines de la intervención estatal, las órdenes y resoluciones que entre otras puedan expedir las entidades de inspección, vigilancia y control dentro de sus respectivas competencias, para facilitar y estimular su desarrollo y conseguir así, la negociación y la celebración de los acuerdos de reestructuración, la capitalización de los pasivos, la normalización de los pasivos pensionales, la concertación de condiciones laborales especiales, la suscripción de capital y su pago, la transparencia y profesionalismo en la administración empresarial, la utilización y readquisición de bienes operacionales entregados a los acreedores del empresario, la negociación de deudas contraídas con cualquier clase de personas privadas, mixtas o públicas, entre ellas las deudas fiscales y parafiscales, la inversión en las empresas y la gestión y obtención de recursos destinados al otorgamiento de crédito de las mismas.

La presente circular tiene por objeto dentro del marco antes citado, instruir a las entidades vigiladas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y cuya nominación corresponda a esta misma entidad, sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones legales contenidas en el citado ordenamiento, de tal manera que los empresarios, los acreedores y los promotores que sean nominados por esta superintendencia, puedan actuar dentro de sanas prácticas y acorde con los propósitos establecidos por el legislador y permitir el cumplimiento de los cometidos establecidos por el legislador en la Ley 550 de 1999 y aplicables dentro del sistema general de seguridad social en salud.

2. Ámbito de aplicación de la ley.

La Ley 550 de 1999 es aplicable a toda empresa que opere en el territorio nacional, realizada por cualquier clase de persona jurídica, nacional o extranjera, de carácter privado, público o de economía mixta, cuya actividad empresarial corresponde a los actos y operaciones previstos en el artículo 20 del Código de Comercio, 5º de la Ley 256 de 1996, 11 del estatuto orgánico del sistema financiero y en el artículo segundo, literal b) de la Ley 527 de 1999; con excepción de aquellas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que ejercen actividad financiera y de ahorro y crédito, de las vigiladas por la Superintendencia Bancaria y de las bolsas de valores y de los intermediarios de valores inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Valores.

De acuerdo con lo anterior, corresponden a la actividad empresarial, los servicios de salud desarrollados por las empresas y entidades reguladas por la Ley 100 de 1993, que gozan de personería jurídica, de carácter público, privado o mixto, cualquiera sea su forma o denominación.

En consecuencia, las entidades promotoras de salud, EPS, las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, las entidades adaptadas y las empresas de medicina prepagada que constituyan una persona jurídica pública, privada o mixta, bajo cualquier forma o denominación inclusive las fundaciones sin ánimo de lucro, pueden acceder a un acuerdo de reestructuración en los términos establecidos por la Ley 550 de 1999 y demás disposiciones reglamentarias.

Aquellos programas de EPS o ARS de las cajas de compensación familiar o de las empresas de medicina prepagada que no constituyen una persona jurídica, no están comprendidas en la citada ley en forma separada o independiente de sus respectivos empresarios y por ende sólo accederán a los acuerdos de reestructuración, a través de la persona jurídica a la cual pertenecen, si le es aplicable; esta instrucción se aplica en igual forma a los programas de salud reconocidos como “adaptadas al sistema” que constituyen una dependencia de una entidad con un objeto social diferente, como lo contempla el artículo 236 de la Ley 100 de 1993 en consonancia con el Decreto 1890 de 1995.

La nominación en los casos contemplados en el inciso anterior, corresponde a la superintendencia que ejerza la vigilancia respecto de la persona jurídica que opte por el acuerdo de reestructuración, valga decir, la Superintendencia de Economía Solidaria o la Superintendencia de Subsidio Familiar; por ende, las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud como entidad nominadora en los procesos de reactivación empresarial, no responden a las facultades de intervención para administrar total o parcialmente las entidades bajo su vigilancia o para ejercer su toma de posesión para liquidarlas como lo establecen los decretos 1922 de 1994 y 788 de 1998, sin perjuicio del ejercicio de tales competencias cuando así lo considere necesario.

3. Competencia de la superintendencia en los acuerdos de reestructuración de entidades en el SGSSS.

La Ley 550 de 1999 determina que los acuerdos de reestructuración podrán ser promovidos a solicitud de parte por el empresario o los acreedores o de oficio ante la Superintendencia Nacional de Salud, tratándose de empresarios o empresas sujetas a su vigilancia y control, de acuerdo con las normas legales vigentes y las competencias señaladas por la citada ley.

Cuando se trate de una entidad del nivel territorial y cualquiera sea el porcentaje de participación pública, la promoción del acuerdo de reestructuración y su nominación corresponde exclusivamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con lo anterior, las EPS, las IPS, las entidades adaptadas, las entidades de lotería de los departamentos o de los municipios, según el caso y las licoreras, en donde exista cualquier tipo o porcentaje de participación pública, su promoción de reestructuración deberá adelantarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; por ende, las empresas sociales del Estado en dicho nivel territorial tramitarán sus acuerdos ante dicho ministerio.

Cuando se trate de ese mismo tipo de entidades que pertenezcan al nivel nacional, la promoción y nominación corresponderá a esta superintendencia.

Dentro de las competencias que le han sido asignadas, corresponde a esta superintendencia:

3.1. La recepción de las solicitudes de promoción de un acuerdo de reestructuración de las entidades bajo su vigilancia, salvo aquéllas que corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3.2. La aceptación de la iniciación del acuerdo, asunto que será resuelto mediante resolución contra la cual no procede recurso alguno.

3.3. En la fecha de iniciación del acuerdo, dar aviso del mismo mediante correo certificado, al jefe de la división de cobranzas de la administración de impuestos, con el propósito de suspender los cobros coactivos que se adelanten contra el empresario.

3.4. La nominación del promotor de las listas que para el efecto lleve la Superintendencia de Sociedades y su asignación inicial de acuerdo con el Decreto 90 de 2000 y las normas que lo aclaren o modifiquen.

3.5. La autorización y designación de los peritos que requiera el promotor para el adelantamiento de su gestión.

3.6. La definición de la asignación posterior cuando no haya acuerdo con los acreedores internos y externos o si no concurriere un número plural de ellos.

3.7. La aceptación de las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil constituidas a favor de la empresa por parte de los promotores y peritos, en los términos señalados por el Gobierno Nacional; las primas por concepto de la constitución de las pólizas, no serán cubiertas en ningún caso por la empresa objeto de reestructuración.

3.8. La publicidad de los acuerdos de reestructuración mediante la fijación en sus oficinas de la iniciación del trámite correspondiente.

3.9. La decisión sobre las recusaciones que se presenten contra los promotores y peritos.

3.10. Emitir concepto respecto de aquellas entidades cuya supervisión corresponde a esta superintendencia y cuya nominación deba hacerse a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de establecer si se encuentran en causal de intervención para administrar o liquidar de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

3.11. Las autorizaciones especiales para la celebración o ejecución de las operaciones a que se refiere el artículo 17 de la citada ley.

3.12. La designación de una persona que haga las veces de promotor, cuando haya inasistencia por segunda vez del nominado como tal, para efectos de la determinación de los derechos de voto.

3.13. Celebrar la primera reunión con los acreedores a los cuatro meses contados a partir de la designación del promotor, siempre y cuando éste no designe otro lugar y hora en la correspondiente convocatoria.

3.14. Designar al funcionario de la entidad con el fin de asistir a la primera reunión que debe celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes a la designación del promotor.

3.15. Frente al fracaso de la negociación o la no celebración del acuerdo, la iniciación del proceso de liquidación forzosa administrativa, cuando a ello hubiere lugar, en la forma prevista por las disposiciones especiales que regulan la materia.

3.16. Ejercer la formalidad de reconocimiento del escrito de acuerdo, cuando así le sea solicitado.

3.17. Organizar y poner en funcionamiento los centros de conciliación previa aprobación de los mismos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.

4. Instrucciones a tener en cuenta en los procesos de reestructuración.

La Ley 550 de 1999 que regula la promoción de acuerdos de reestructuración empresarial resulta aplicable en el sistema general de seguridad social en salud, durante los cinco años de su vigencia y sus disposiciones aplican de preferencia sobre cualquier otra norma legal, incluidas las tributarias, que le sean contrarias, como lo dispone el artículo 79 de la citada ley.

Sobre el particular, es criterio de esta superintendencia, que para preservar los postulados del sistema general de seguridad social en salud y con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades destinatarias de la presente circular, las mismas deberán observar en todo momento, las disposiciones que las rigen en cuanto sujetos vigilados para preservar los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios para brindarles atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con los estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional.

En consecuencia y mientras no exista disposición en contrario, los empresarios, los promotores y acreedores de las entidades bajo control y vigilancia de esta superintendencia y cuya autorización y nominación de la promoción de los acuerdos de reestructuración empresarial sean de su competencia, deberán tener en cuenta lo siguiente:

4.1. La solicitud para la iniciación, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de reestructuración, deberá ser presentada por el representante legal del respectivo empresario o acreedor ante la oficina de correspondencia de esta superintendencia, acompañando al escrito correspondiente, los documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 6º de la Ley 550 de 1999 y la documentación a que se refiere su artículo 20, acompañada de la propuesta que servirá de base para la negociación del acuerdo sustentada en las proyecciones y flujos de caja del caso.

4.2. Cuando del estudio de la documentación resultare el no cumplimiento de las exigencias para iniciar el trámite de la promoción de un acuerdo de reestructuración, la superintendencia procederá en la forma y términos establecidos en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo; una vez satisfecho el requerimiento que se haga al interesado correrá de nuevo el término de los tres días para la aceptación del trámite correspondiente.

4.3. Para efectos de la promoción oficiosa de un acuerdo de reestructuración, la superintendencia evaluará previamente en todo caso, si la entidad cumple con los requisitos para acceder a ella, sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y control que le corresponden o para ordenar la intervención o toma de posesión para liquidarla, cuando a su juicio la entidad no sea viable financieramente y se cumpla con las exigencias establecidas en el Decreto 1922 de 1994 y las demás normas concordantes.

4.4. En la elección de promotores y peritos, la superintendencia, además de las exigencias mínimas determinadas para las listas correspondientes que lleva la Superintendencia de Sociedades, preferirá aquellos promotores y peritos cuya experiencia corresponda a la del sector salud y el tiempo reciente de la misma.

4.5. Una vez designado el promotor o el perito correspondiente, deberá manifestar su aceptación ante el despacho del Superintendente Nacional de Salud dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación que se le envíe a la dirección que aparezca registrada; de no hacerlo y no existir justificación en la forma como lo determina el Decreto 90 de 2000, se entenderá como no aceptada la designación, se procederá a la nominación de un nuevo promotor o perito, según el caso y se solicitará a la Superintendencia de Sociedades la exclusión del promotor de la lista correspondiente.

4.6. Para efectos de la recusación de promotores o peritos, valdrá aquella presentada o remitida dentro del término legal a esta superintendencia, en donde aparezca claramente identificado el recusante, acompañada de las pruebas sumarias de que trata el artículo 12 de la Ley 550 de 1999 y con la indicación de la causal de recusación que se pretende hacer valer.

4.7. La autorización de esta superintendencia para acogerse a un acuerdo de reestructuración se hará mediante resolución que debe ser comunicada al Ministerio de Salud, al empresario, al promotor designado, al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y a la DIAN; la iniciación de la negociación se entiende únicamente contada a partir de la fecha de fijación del aviso a que se refiere el artículo 11 de la citada ley, en la cartelera que para el efecto está dispuesta en las oficinas de esta superintendencia y para todos los efectos a que haya lugar.

4.8. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 550, en los contratos que tengan celebrados los empresarios que se han acogido a la promoción o iniciación de un acuerdo de reestructuración, no podrá decretarse la caducidad administrativa, así como tampoco serán aplicables las cláusulas de terminación anticipada de cualquier contrato, la aceleración de obligaciones o la imposición de restricciones y cuyo objeto sea impedir u obstaculizar directa o indirectamente la promoción, la negociación o la celebración del acuerdo de reestructuración; por ende, la superintendencia vigilará el cumplimiento de tales disposiciones para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, el suministro de insumos por parte de los proveedores cuando a ello hubiere lugar, imponiendo las sanciones respectivas cuando sean de su competencia, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda, la ineficacia de las estipulaciones que contradigan dicha disposición, las demás consecuencias que de la conducta se deriven y de poner en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades cualquier diferencia sobre el particular, para que adopte las decisiones que le correspondan en ejercicio de su función jurisdiccional.

4.9. Para efectos de las autorizaciones expresas que debe dar la superintendencia con el fin de autorizar la celebración o ejecución de cualquiera de las operaciones indicadas en el artículo 17 de la ley, la solicitud deberá ser elevada ante la dirección general correspondiente, haciendo una indicación clara y precisa sobre la necesidad, la urgencia o conveniencia de realizar la correspondiente operación y para cada caso en particular; la petición deberá ser acompañada de la recomendación del promotor y será decidida por acto administrativo sujeto al recurso de reposición; en ningún evento se autorizarán pagos de carácter administrativo distintos a los asuntos de carácter laboral si fuere el caso, ni compensación con otras obligaciones; la contravención a lo aquí señalado, dará lugar a la imposición de las multas contempladas en la ley al acreedor, al empresario, a ambos y a sus administradores, sin perjuicio de la ineficacia de tales operaciones que deben ser revesadas de inmediato; en caso de participación directa o indirecta del promotor en los eventos aquí establecidos, dará lugar a su remoción y a las demás consecuencias a que haya lugar.

4.10. Todos los gastos administrativos que se causen dentro de la negociación y de las operaciones que correspondan al giro ordinario de los negocios del empresario, gozarán de la preferencia correspondiente para su pago, sin perjuicio de las demás ventajas que puedan conferirse al acreedor en el pago de las correspondientes obligaciones pendientes, adquiridas antes de la iniciación de la negociación, por la continuidad que le preste en los suministros y servicios al empresario; el apoyo en la prestación y suministro de los servicios, las quitas, las condonaciones, los plazos de gracia, las prórrogas, la capitalización de pasivos y demás aspectos que tiendan a apoyar al empresario serán concedidas en iguales condiciones a todos los acreedores que efectúen tal tipo de concesiones.

4.11. Para el adecuado manejo de los recursos que corresponden al sistema general de seguridad social en salud, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

• Las cotizaciones que se causen durante la negociación, deberán ser captadas por la EPS correspondientes y compensadas con el Fondo de Solidaridad y Garantía para que así ingresen a la entidad en reestructuración y poder así garantizar el servicio de salud a sus afiliados.

• Al momento de la celebración del acuerdo, las EPS no podrán adeudar suma alguna por concepto de compensación sobre las cotizaciones recaudadas a partir de la iniciación de la negociación; para efectos de las cotizaciones anteriores a la iniciación del proceso de negociación, deberá en todo caso haber cumplido con la presentación como mínimo de las declaraciones de giro y compensación iniciales; de lo contrario no se podrá celebrar el correspondiente acuerdo, en donde debe quedar claro el giro inmediato de las cotizaciones adeudadas al sistema general de seguridad social en salud.

• En todo caso, las EPS que se encuentren en acuerdos de reestructuración, deberán garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados, aplicando en todo caso las disposiciones legales que regulan su actividad en cuanto sujetos vigilados por esta superintendencia.

• Las EPS, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, deberán en todo caso cumplir con el margen de solvencia, para lo cual sólo se tendrán en cuenta las obligaciones en mora que se presentaban al momento de la iniciación del acuerdo de reestructuración; a las demás obligaciones que se causen durante el proceso, se aplicarán las consecuencias que establece la Ley 550 de 1999, sin perjuicio de que dentro del transcurso de la negociación, pueda la superintendencia ejercer las demás funciones que le competen para evaluar la situación financiera de tales entidades, garantizar la prestación de los servicios de salud, el pago a los prestadores de servicios de salud dentro del proceso de negociación y demás facultades de inspección, vigilancia y control que le corresponde ejercer por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad vigilada; una vez celebrado el acuerdo, la entidad remitirá dentro de los cinco días siguientes a su celebración a la dirección general de empresas promotoras de salud o a quien haga sus veces, la documentación necesaria para evaluar el estado del margen de solvencia y el levantamiento definitivo de las sanciones o restricciones impuestas, cuando a ello hubiere lugar.

• Las administradoras del régimen subsidiado, ARS, procederán en la misma forma señalada anteriormente, en cuanto les sea aplicable, para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.

• Las UPC-S que reciba la administradora durante el proceso de negociación, servirán para pagar los servicios de salud de sus afiliados por concepto de los contratos celebrados con los entes territoriales y por cada uno de ellos, en los porcentajes mínimos señalados para la prestación de los servicios de salud por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; los gastos administrativos serán cancelados teniendo en cuenta las provisiones que deban hacerse para atender las obligaciones que deban atenderse como consecuencia del acuerdo que se celebre.

• Los recursos recibidos por las ARS por concepto de los contratos respectivos antes de la iniciación de la negociación, servirán igualmente para el pago a los prestadores de servicios de salud en la forma como ha sido determinado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, pagos que se realizarán a través de los acuerdos que se celebren en los términos establecidos por la Ley 550 de 1999, sin perjuicio de las autorizaciones expresas que sobre el particular pueda autorizar esta superintendencia, en la forma establecida por el artículo 17 de la citada ley.

• Los ingresos por concepto de reconocimiento de siniestros por enfermedades de alto costo que hagan las empresas aseguradoras harán parte de los recursos destinados a los acuerdos de reestructuración, salvo aquellos que se causen en el proceso de negociación, los cuales servirán para el pago a los prestadores en forma inmediata; lo anterior sin perjuicio de las autorizaciones especiales que pueda dar la Superintendencia Nacional de Salud.

• Para efectos de los derechos de voto se aplicarán las reglas establecidas en la citada normatividad; y el promotor dentro de la calificación de los derechos de voto, siempre identificará las obligaciones que corresponden al pago de prestadores de servicios de salud, de tal manera que al momento de la celebración del acuerdo, garantice en todo caso, la destinación de los recursos del sistema en la forma establecida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; lo anterior en consonancia con la clasificación de los acreedores a que se refiere el artículo 29 de la Ley 550 de 1999.

• Para efectos de la conversión de obligaciones en bonos de riesgo, los acreedores de deudas parafiscales sólo podrán dar aplicación sobre el 50% de los créditos que corresponda de intereses causados corrientes o moratorios, sin comprender en ningún caso el capital de las contribuciones adeudadas. La negociación sobre multas y sanciones se hará dentro del acuerdo.

4.12. Los acuerdos de reestructuración deberán celebrarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la fecha en que queden definidos los derechos de voto, mediante decisión del promotor o mediante la ejecutoria de la providencia de la Superintendencia de Sociedades que haya resuelto las objeciones presentadas y resueltas por el procedimiento verbal sumario. Si fracasare la negociación por las causas legalmente previstas, se dará aplicación a los procesos de liquidación forzosa administrativa que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por los decretos 1922 de 1994 y 788 de 1998 y las demás normas que los aclaren o modifiquen; en los eventos de liquidación voluntaria o que la empresa no esté prestando servicios de salud, la competencia jurisdiccional para la liquidación obligatoria, corresponde a la Superintendencia de Sociedades.

4.13. Para efectos del fracaso de la negociación, los promotores entenderán que la entidad no es viable económicamente cuando durante el proceso de la negociación, la entidad deje de garantizar en forma adecuada los servicios de salud o no cumpla con sus obligaciones para con los prestadores o proveedores de servicios de salud, que supere los treinta (30) días desde su vencimiento o la fecha en que se hizo exigible el correspondiente pago, sin perjuicio de las demás causas que puedan originar el fracaso de la negociación por la no viabilidad de la empresa; para el efecto procederá a convocar a los acreedores y dar tramite a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 550, sin perjuicio de que las partes puedan acogerse al pago dentro de los tres meses siguientes u otra fórmula de pago que le sea ofrecida, en la forma establecida por el numeral 5º del artículo 35 de la misma ley.

4.14. Para todos los efectos a que haya lugar, los gastos que se deriven de la promoción, negociación, celebración y ejecución de un acuerdo de reestructuración, en modo alguno podrán afectar los recursos destinados al pago de la prestación de los servicios de salud.

4.15. Los comités de vigilancia que se conformen en los acuerdos de reestructuración con el fin de hacer el seguimiento adecuado del acuerdo en términos de calidad, suficiencia y oportunidad respecto de entidades vigiladas por esta superintendencia, rendirán informe a este despacho cuando así les sea solicitado, sobre la manera como viene desarrollándose el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a quienes han accedido al mismo en cuanto a sujetos vigilados, el cumplimiento de las obligaciones acordadas en dicho proceso, la garantía de la prestación de los servicios y los demás asuntos que les sean requeridos para conocer la recuperación efectiva del empresario.

4.16. Finalmente, en los códigos de conducta empresarial que se adopten en los acuerdos de reestructuración, las entidades destinatarias de la presente circular, además de los asuntos mínimos que debe contemplar y señalados en el artículo 44 de la Ley 550 de 1999, deberán como mínimo fijar los procesos claros en el manejo de los recursos de cada uno de los regímenes (contributivo y subsidiado), el manejo de las cuentas separadas por cada uno de ellos, el régimen de glosas y pagos de acuerdo con las disposiciones vigentes, los procesos adoptados para la adecuada atención de los usuarios dentro de los parámetros de calidad establecidos y los aspectos atinentes al adecuado funcionamiento del control social que deben existir en las entidades del sector.

5. Observaciones finales.

En los casos de los programas de EPS, ARS, empresas de medicina prepagada o de un programa de una entidad con un objeto social diferente, los órganos directivos de la persona jurídica a la cual pertenecen, adoptarán en lo pertinente la presente circular, con el fin de fortalecer y superar los problemas financieros de tales unidades empresariales.

En todos los casos, el promotor deberá enviar con destino a esta superintendencia, a la dirección general de EPS y entidades de prepago o a la dirección general para el área financiera o a quien haga sus veces, según sea el caso, la siguiente información:

• Estado de avance del proceso de reestructuración empresarial.

• Estado de afiliados en cualquiera de los regímenes.

• Pagos realizados a partir de la iniciación de la negociación y que correspondan al giro ordinario de los negocios del empresario y distintos a los excepcionales autorizados por esta superintendencia.

• Pagos realizados en virtud de la autorización excepcional establecida por el artículo 17 de la Ley 550 de 1999.

• Dineros recaudados durante el proceso de reestructuración por regímenes.

6. Sanciones.

El incumplimiento de las instrucciones aquí impartidas por parte de los promotores, dará lugar a su remoción por parte de este despacho, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan a otras autoridades.

7. Vigencia.

La presente circular surtió el trámite señalado en el artículo 31 del Decreto 266 de 2000, para efectos de lo cual el proyecto fue publicado oportunamente en la edición 44027 del 1º de junio del año en curso.

Durante el término de publicación allí establecido, presentaron observaciones la Superintendencia de Sociedades, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la Fundación Clínica Shaio, el Ministerio de Salud, Unimec S.A y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para el análisis de dichas observaciones, el grupo de trabajo conformado para tal efecto en la Superintendencia Nacional de Salud bajo la coordinación del asesor del despacho, doctor Álvaro Guillermo Acosta Peñaloza, realizó las evaluaciones correspondientes las que fueron tenidas en cuenta para los ajustes a que hubo lugar, cuyos escritos serán contestados a cada uno de los manifestantes, indicándoles el procedimiento adoptado y los asuntos tenidos en cuenta para la expedición definitiva del acto administrativo tramitado; los criterios adoptados para acoger las observaciones, estuvieron centrados en la preservación de los servicios de salud de los usuarios dentro del sistema de seguridad social en salud, la aplicación de las disposiciones de carácter especial para exigir a los sujetos vigilados la observancia de las disposiciones que regulan su actividad y la armonización de las mismas con las regulaciones establecidas en la Ley 550 de 1999.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, se aplicará de preferencia frente a otras instrucciones dadas por esta superintendencia y deroga cualquier instrucción que le sea contraria; en los procesos de negociación de acuerdos de reestructuración en curso, se adoptarán de inmediato las disposiciones aquí contenidas por parte del promotor y los directivos de los empresarios vigilados, una vez entre en vigencia.

8. Copias.

Copia de esta circular se enviará al Ministro de Salud, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, al honorable Congreso de la República, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, a la Superintendencia de Sociedades y a cada una de las personas o entidades que hicieron observaciones en el trámite de publicación del proyecto conforme al Decreto 266 de 2000, para su conocimiento.

N. de D.: Esta circular va dirigida a entidades promotoras de salud, entidades adaptadas, empresas de medicina prepagada, administradoras del régimen subsidiado, instituciones prestadoras de servicios de salud y acreedores y promotores dentro de los procesos de acuerdos de reactivación empresarial a que se refiere la Ley 550 de 1999.

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