CIRCULAR EXTERNA 11 DE 2002 

(Julio 17)

Asunto: Términos y requisitos para el ejercicio de la actividad financiera bajo excepción a los montos mínimos.

La Ley 454 de 1998, en su artículo 42, estableció originalmente que “las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con secciones de ahorro y crédito, deberán acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados no inferior a quinientos millones de pesos ($ 500.000.000). El Gobierno Nacional podrá establecer montos mínimos inferiores a los señalados en este artículo, teniendo en cuenta el vínculo de asociación, y la insuficiencia de servicios financieros en el área geográfica de influencia”. Igualmente, en el parágrafo 4º del mismo artículo, se estipula que “los valores absolutos indicados en este artículo se ajustarán anual y acumulativamente a partir de 1999, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor, total ponderado, que calcula el DANE”.

Posteriormente, se expidió la Ley 510 de 1999 que en su artículo 104 modificó el inciso 3º del artículo arriba mencionado, quedando así: “El Gobierno Nacional, a través del Superintendente de Economía Solidaria, podrá establecer montos mínimos inferiores a los señalados en este artículo, teniendo en cuenta el vínculo de asociación y las condiciones socioeconómicas o el área geográfica de influencia de la organización interesada”.

La norma anterior fue interpretada por esta superintendencia mediante Circular Externa 1 de 1999 y reglamentada por la Resolución 162 de 1999, pronunciamientos que, de acuerdo con la práctica, ameritan una nueva orientación en cuanto a los casos en que se justifica autorizar montos mínimos inferiores a los establecidos por el legislador.

En consecuencia, para acceder a la autorización con excepción a los montos mínimos se requiere el cumplimiento de, como mínimo, dos requisitos: el vínculo de asociación, que resulta obligatorio (concurrente), y uno de los dos siguientes (excluyentes): las condiciones socio-económicas o el área geográfica de influencia, todos los cuales se desarrollan a continuación.

Vínculo de asociación (requisito concurrente)

El vínculo de asociación, tal como fue interpretado en su momento “como el conjunto de relaciones que se dan entre los asociados y entre éstos y la empresa cooperativa”, puede extenderse a diferentes tipos de situaciones que generen cercanía entre los asociados, lazos y beneficios en cuanto al control sobre las operaciones que realice la cooperativa. Tal es el caso, tanto de las relaciones derivadas de un vínculo laboral, como de las características propias de pertenecer a un mismo ámbito territorial.

En cuanto al primero de los vínculos, el cual ha sido utilizado hasta el momento, como requisito para acogerse a la excepción, se considera que en los siguientes casos se justifica tal excepción:

— Cooperativas integradas por asociados vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada.

— Cooperativas conformadas por trabajadores vinculados laboralmente a una mismo grupo empresarial o a entidades entre las cuales exista unidad de empresa en los términos del Código de Comercio o del Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora bien, considera esta superintendencia que el vínculo de asociación no está determinado de manera exclusiva por la vinculación laboral a un ente económico (llámese entidad pública o privada, grupo empresarial o entidades entre las cuales exista unidad de empresa). Los casos de vínculo de asociación, por el contrario, pueden ser de diversa índole, siempre y cuando se mantenga el concepto básico arriba descrito.

Por ejemplo, se entiende que con los habitantes de un mismo barrio, comuna, corregimiento o territorio claramente demarcado, se mantendría ese “conjunto de relaciones que se dan entre los asociados y entre éstos y la empresa cooperativa”, justificándose de esa manera la excepción que contempla la ley. En nuestro país, los habitantes de un mismo ámbito territorial tienen en común costumbres, rasgos culturales, nivel educativo, e incluso comparten intereses y perspectivas hacia el futuro. Dichos elementos hacen que la asociación se convierta en una opción de ayuda, solidaridad y crecimiento para comunidades urbanas o rurales. Estas características, comunes a habitantes de un mismo ámbito territorial, se constituyen, en este contexto, en lazos que determinan un vínculo de asociación.

Existen, en resumen, dos tipos de vínculo de asociación que pueden ser aceptados como requisito concurrente para el otorgamiento de una autorización con excepción a los montos mínimos: el vínculo laboral y el vínculo derivado del ámbito territorial. Estos casos son susceptibles de estudio por parte de la superintendencia, siempre que tal vínculo esté expresamente estipulado en los estatutos de la cooperativa.

Condiciones socio-económicas (requisito excluyente)

Considerada ésta como la primera de las condiciones excluyentes, se mantiene el criterio de interpretarla como las características propias de cooperativa y asociados, y la coyuntura social y económica en la que se encuentran, argumentación que debe ser sustentada adecuadamente ante esta superintendencia.

Área geográfica de influencia (requisito excluyente)

Se trata en este caso de la segunda de las condiciones excluyentes para acceder a la autorización de la excepción. El área geográfica de influencia de la organización se refiere fundamentalmente al radio de acción de la cooperativa, la zona determinada en la que la entidad está en posibilidad de prestar servicios a sus asociados.

Entiende esta superintendencia que el espíritu del legislador para justificar una excepción a los montos mínimos exigidos para el ejercicio de la actividad financiera, está en tomar en consideración el tamaño reducido de algunas cooperativas como aquéllas que, a nivel regional o local, desarrollan una función social, imposible de lograr con otro tipo de entidad. Aplicados estos elementos al contexto de actividad financiera, estas cooperativas están limitadas, en cuanto a su base social, a ese territorio, lo cual les impone un límite a su capacidad de expansión y, por ende, al crecimiento de su nivel de aportes sociales.

El pertenecer a esta área geográfica de influencia, puede ser considerada como otra de las condiciones opcionales para solicitar la excepción, siempre y cuando la entidad interesada sustente de manera suficiente y documentada tal situación.

Definición de niveles inferiores de montos mínimos

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 104 de la Ley 510 de 1999, y con el ánimo de fijar normas y reglas claras frente a los niveles inferiores a los montos mínimos, estableció la superintendencia en la Circular 1 de 1999, el cuadro de categorías por número de habitantes en el municipio, apoyados en la categorización contemplada en la Ley 136 de 1994.

Dicho cuadro fue elaborado originalmente para los casos del requisito excluyente de área geográfica de influencia. Los casos de cooperativas que contaran con el vínculo laboral como requisito concurrente, no tenían que acogerse a dichos niveles, sino exclusivamente a los fijados en los estatutos particulares de cada una de ellas. Tal interpretación ameritan un nuevo enfoque.

Considera esta superintendencia que, en aras de una mayor transferencia, eficiencia e igualdad de condiciones, todas las cooperativas que deseen acogerse a la excepción a los montos mínimos legalmente establecidos, deberán ubicarse en los niveles predeterminados por esta entidad, independientemente de los requisitos concurrente/excluyente que sustenten.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los parámetros de evaluación tienen hoy nuevas perspectivas, se hace necesario igualmente adecuar los términos de cuantificación de los niveles predeterminados de montos mínimos. Se contemplará, para la determinación de dichos niveles, un nuevo criterio que permita una medición objetiva y ajustada a la naturaleza de las entidades supervisadas, relacionado con el tamaño de cada cooperativa.

Así las cosas, el monto de aportes sociales mínimos que se exigirá, a efectos de conceder la autorización para el ejercicio de la actividad financiera, será el necesario para mantener la relación de solvencia establecida en las disposiciones legales vigentes sobre el particular, siempre que tal monto no sea inferior a $ 100.000.000 (cien millones de pesos), cifra que se ajustará anual y acumulativamente, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor total ponderado, que calcule el DANE a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

En términos generales, y a manera de síntesis, toda cooperativa especializada, multiactiva o integral con sección de ahorro y crédito que desee ejercer la actividad financiera, con excepción a los montos mínimos establecidos por la Ley 454 de 1998, deberá acreditar, de manera obligatoria, el requisito de vínculo de asociación arriba descrito, en cualquiera de sus dos opciones. Como complemento, deberá acreditar uno de los dos requisitos opcionales, sustentando adecuadamente las condiciones socio-económicas o el área geográfica de influencia, según sean las características de su entidad. Cumplidos los requisitos anteriores, la cooperativa deberá acreditar los aportes sociales mínimos de acuerdo con lo previsto en esta circular.

Es importante resaltar que las condiciones para el ejercicio de la actividad financiera bajo excepción a los montos mínimos aquí enunciadas, continúan siendo entendidas como casos particulares que serán analizados de manera individual por la Superintendencia de la Economía Solidaria y aprobados de acuerdo con los estudios técnicos pertinentes. El cumplimiento de los referidos requisitos no obliga a esta superintendencia a impartir la autorización para el ejercicio de la actividad financiera, la cual se expedirá una vez evaluada, adicionalmente, la solvencia patrimonial de la entidad, su idoneidad y la de sus administradores.

La presente circular deroga el capítulo VII de la Circular Externa 1 de 1999 y el artículo 12 de la Resolución 162 de 1999, y rige a partir de su publicación.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a representantes legales, miembros de los órganos de administración y vigilancia y revisores fiscales de las entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

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