CIRCULAR EXTERNA 14 DE 1997 

(Marzo 21)

En desarrollo de la aplicación de la circular citada en la referencia y con el objeto de cumplir los fines institucionales establecidos en la misma, a continuación se presentan algunas modificaciones y actualizaciones.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y modifica la Circular Externa 007 de 1996, en el sentido de incluir las páginas a continuación relacionadas en los apartes señalados:

TÍTULO I

Capítulo primero

Página 6. Autorización estatal. Literal d) Subnumeral 2.5.

Capítulo segundo

Página 8. Proporción de la suscripción. Literal c) Subnumeral 1.1. 

Capítulo quinto

Páginas 29, 30, 31, 32, 33, 33-1. Oficinas de representación de entidades financieras del exterior.

Capítulo sexto

Página 34. Condiciones básicas de los textos publicitarios. Literal b), e) y f)

Prácticas prohibidas. Literal e)

Capítulo noveno

Página 55. Solemnización de la reforma. Subnumeral 5.3.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo primero

Página 3. Límites máximos de tasas de interés. Literal g) Subnumeral 1.1.

Página 4. Información en carteleras. Numeral 6. Literal h) Subnumeral 5.1

Capítulo segundo

Página 24. Títulos valores entregados en garantía Subnumeral 1.3.

Cooperativa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º y 66 del estatuto orgánico del sistema financiero.

2.2. Aprobación de la asamblea general de asociados. En atención a que la conversión está considerada como una reforma del contrato social, para el caso de las sociedades anónimas la asamblea general de accionistas deberá adoptarla con el quórum decisorio consagrado en el artículo 421 del Código de Comercio, salvo que los estatutos sociales establezcan una mayoría superior.

En todo caso, tratándose de entidades cooperativas deberá darse cumplimiento a lo previsto en la Ley 79 de 1988, particularmente en su artículo 32, teniendo presente que a ninguna cooperativa le está permitido adoptar la forma de sociedad comercial, de conformidad con el artículo 6º de dicha ley.

En los demás casos se estará a lo dispuesto en los estatutos a este respecto.

2.3. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley para la nueva clase de entidad. El cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley para la nueva clase de entidad se contempla como supuesto que debe verificar la Superintendencia Bancaria para autorizar la conversión. Por consiguiente, la institución sólo podrá realizar las actividades propias del establecimiento resultante de la operación, debiendo presentar dentro de los tres (3) meses siguientes a la autorización un programa de adecuación de las operaciones al nuevo régimen, el cual tendrá una duración máxima de dos (2) años. La aprobación de la superintendencia estará condicionada a la celebración del programa de adecuación correspondiente.

2.4. Requerimiento de capital. De conformidad con lo previsto en los artículos 80 numeral 1º y 66 numeral 3º del estatuto orgánico del sistema financiero, el capital requerido será el exigible para la constitución del tipo de entidad que va a resultar al finalizar el proceso de conversión, según lo indicado en el numeral 1.1 del presente capítulo.

Para estos efectos debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido por el artículo 80, numeral 4º, parágrafo del estatuto orgánico del sistema financiero, el valor pagado de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones se tendrá en cuenta para la determinación del capital mínimo requerido, cuando en el respectivo prospecto de emisión se establezca que en los eventos de liquidación, el importe de su valor quedará subordinado al pago del pasivo externo y se cumplan los requisitos consagrados en el artículo 86, numerales 2º, en concordancia con los numerales 3º, y 4º ibídem. Así mismo, las garantías de pago de obligaciones otorgadas por la Nación o el fondo de garantías de instituciones financieras, de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 de la Ley 117 de 1985 y en el artículo 320 numeral 3º, literal b) del estatuto orgánico del sistema financiero, computan para la determinación del monto mínimo de capital a que alude el presente numeral.

2.5. Autorización estatal. Los establecimientos de crédito que decidan convertirse deben obtener previamente la autorización de la Superintendencia Bancaria, so pena de ineficacia, de acuerdo con el artículo 71 numeral 4º del estatuto orgánico del sistema financiero.

Para el efecto, corresponderá al representante legal de la entidad formular la respectiva petición, acompañada de los documentos que a continuación se indican:

a) Copia del acta de la reunión de la asamblea general de asociados en la cual conste la aprobación dada por el órgano social competente a la conversión y a los nuevos estatutos. Debe tenerse presente para estos efectos que durante la vigencia de una emisión de bonos la reforma estatutaria sólo podrá realizarse en los casos previstos en el artículo 1.2.4.41 de la Resolución 400 de 1995, expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores;

b) Certificación en la cual se acredite el importe de capital mínimo exigido, suscrita por el revisor fiscal de la entidad;

c) Estudio de factibilidad que demuestre la conveniencia de la operación. Así como las razones que la sustentan. El mismo deberá contemplar una proyección de la entidad a cinco (5) anos, bajo la nueva naturaleza, teniendo en cuenta la incidencia del programa de adecuación a que se refiere el numeral 2.3 del presente capítulo, y

d) En el evento en que se produzcan cambios a nivel de administradores, deberán allegarse los documentos requeridos en el capítulo 10 numeral 1º del presente título. Cabe recordar que de conformidad con el artículo 71, numeral 2º, inciso 2º del estatuto orgánico del sistema financiero, el superintendente bancario debe abstenerse de autorizar la participación en la conversión de personas que se encuentren en los casos previstos en dicha norma.

La aprobación se impartirá una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes y que el bienestar público se fomentará con la operación.

CAPÍTULO SEGUNDO

Régimen patrimonial

1. Suscripción de acciones. Ante las diversas interpretaciones que se han presentado en torno al ejercicio del derecho de preferencia en la suscripción de acciones por parte de los accionistas, y a los requisitos que debe reunir el reglamento de suscripción correspondiente, las siguientes son las instrucciones que en lo sucesivo deben tenerse en cuenta para tales efectos:

1.1. Reglamento de suscripción de acciones. La suscripción de nuevas acciones, como norma general, requiere la expedición de un reglamento de suscripción de acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 385, inciso 1º del Código de Comercio.

Según lo indicado en el artículo 386 del Código de Comercio el reglamento de suscripción deberá contener:

a) Número de acciones que se ofrecen: el número de las acciones que se ofrezcan en el reglamento de suscripción será igual al de las acciones que se emitan en cada oportunidad pero podrá ser inferior al de las que se encuentren en reserva (C. Co., art. 386, num. 1º);

b) Forma de suscripción; toda colocación de acciones debe efectuarse con sujeción al derecho de preferencia, salvo que en el contrato social se disponga expresamente que las acciones podrán colocarse sin sujeción a tal derecho, o cuando medie renuncia del máximo órgano social para una determinada emisión de acciones (C. Co., art. 420, num. 5º).

El derecho de preferencia en la suscripción de acciones se concreta en la fecha en que se produce el aviso de oferta correspondiente, en favor de los accionistas que aparezcan inscritos como tales en dicho momento;

c) Proporción de la suscripción: la proporción para el ejercicio del derecho de suscripción preferente se establece al momento de la aprobación del reglamento por parte del órgano social competente, en relación con el capital suscrito y en circulación a tal fecha (C. Co., arts. 386 y 388, inc. 1º). En consecuencia, la proporción está dada en función de cada acción suscrita, mas no en función de cada accionista (v. gr.: 1 acción por cada dos acciones en circulación).

Dicha proporción, establecida en abstracto en el reglamento, se aplicará en concreto en favor de los accionistas en la fecha de la oferta, de acuerdo con el número de acciones que posean.

No obstante que el derecho de los accionistas a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones se mide por la proporción necesaria que existe entre las acciones que se emiten y las que están colocadas, en el reglamento debe en todo caso mencionarse dicha proporción;

d) Plazo de la oferta: el plazo de la oferta, en ningún caso será inferior a quince (15) días ni superior a tres (3) meses (C. Co., art. 386, num. 3º y 388, Inc. 1º). Dicho término corre a partir del momento en que se comunique la oferta de suscripción y para su cómputo deben tenerse en cuenta los criterios señalados en el artículo 829 del Código de Comercio.

Si el reglamento contiene dos ofertas, dirigida una a los accionistas con derecho preferencial de suscripción y la otra a los demás terceros el plazo total de la oferta no será menor de quince días hábiles ni excederá de tres meses (C. Co., art. 386, num. 3º, 388 y 829).

Los citados términos comenzarán a contarse a partir de la fecha en que el representante legal de la sociedad ofrezca las acciones por los medios de comunicación previstos en los estatutos para la convocatoria de la asamblea ordinaria (art. 388 inc. 2º. En lo demás se sujetarán a las normas que contiene el art. 829 del mencionado Código de Comercio);

e) Precio: el precio al cual sean ofrecidas no puede ser inferior al valor nominal de las acciones (C. Co., art. 386, num. 4º);

f) Plazo para el pago: cuando se prevea la cancelación por cuatas o se establezca un plazo para la suscripción de acciones de instituciones financieras, debe tenerse en cuenta en todo caso, que al momento de la suscripción deberá pagarse no menos de la mitad del valor de cada acción suscrita, y el saldo dentro del año siguiente, contado a partir de la fecha de la suscripción (C. Co., art. 386, num. 5º en concordancia con lo previsto en el art. 81, num. 2º del estatuto orgánico del sistema financiero), y

g) Advertencia sobre la autorización de la Superintendencia Bancaria. Cuando la composición accionaria de la institución permita prever que existen accionistas que mediante la suscripción de acciones podrían obtener o superar un porcentaje de participación del 10% del...

(...).

CAPÍTULO QUINTO

Oficinas de representación

1. Régimen general

1.1. Apertura. Las entidades financieras y reaseguradoras del exterior deberán establecer una oficina de representación en el territorio nacional, la cual se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo.

Para tal efecto deberán presentar la correspondiente solicitud, por intermedio del representante legal o del apoderado de la entidad interesada, junto con los siguientes documentos:

a) Certificado expedido por la autoridad competente en el país de origen que dé cuenta de su existencia y representación legal, indicando la fecha desde la cual se encuentra autorizada para operar, así como la vigencia de tal autorización;

b) Copia de los estatutos vigentes del organismo solicitante;

c) Documento mediante el cual la entidad financiera del exterior designe a la persona encargada de ejercer las funciones de su oficina de representación en Colombia, con indicación expresa de sus facultades y prohibiciones;

d) Memorias anuales de la entidad del exterior, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios, en las cuales se incluyan los estados financieros debidamente auditados por firmas independientes, y

e) Certificación del representante legal de la entidad financiera del exterior, en la cual conste si los recursos que colocará a personas colombianas para ser utilizados en el país o en el exterior, se han obtenido en el país del domicilio social del organismo, o si constituyen recursos provenientes del mercado internacional.

Los documentos a que aluden las letras a), b), c), y e) anteriores, cumplirán las formalidades legalmente previstas para la validez en Colombia de los documentos otorgados en el exterior.

La Superintendencia Bancaria podrá solicitar adicionalmente todas la informaciones que considere necesarias para formarse un criterio sobre la conveniencia de autorizar la nueva oficina de representación.

1.2. Término de la autorización. La autorización para establecer una oficina de representación se expedirá por término indefinido, sin perjuicio de que pueda revocarse unilateralmente en cualquier tiempo.

1.3. Localización de la oficina autorizada. El representante legal para Colombia de toda oficina de representación que sea autorizada por la Superintendencia Bancaria, deberá informar a este despacho, una vez se encuentre instalada, el sitio de ubicación. Dicha oficina se identificará con un aviso expuesto al público en el cual se anuncie su condición de representación de una entidad financiera o reaseguradora del exterior.

1.4. Traslado de la oficina autorizada. Todo traslado de las oficinas de representación deberá ser informado a la Superintendencia Bancaria dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al respectivo traslado, en donde se indique el lugar de ubicación de la nueva oficina así como los datos básicos para su localización (teléfono, fax, etc.).

1.5. Excepciones al régimen da apertura de oficinas de representación. Se exceptúan de lo dispuesto en el numeral 1.1 del presente capítulo y, por lo tanto, de tener oficina de representación en Colombia:

a) Las entidades financieras del exterior de carácter multilateral creadas con el propósito de ayudar o contribuir al desarrollo, a la productividad o al mejoramiento del nivel de vida de otros países y financiar, conforme a su objeto social, necesidades de capital de otros países que sean miembros o no de aquellos;

b) Las entidades financieras del exterior de carácter multilateral latinoamericano o regional andino, creadas con el propósito de prestar ayuda económica y social a los países latinoamericanos o países miembros del Pacto Andino;

c) Las entidades financieras del exterior de carácter público que tengan por objeto la financiación o fomento de las exportaciones;

d) Las entidades financieras del exterior que tengan régimen de derecho público internacional o que actúen como intermediarios de préstamos de gobierno a gobierno;

e) Las entidades financieras del exterior que dentro de las modalidades previstas en el estatuto cambiario otorguen préstamos externos a personas colombianas del sector público o del sector privado, cuyo monto total, individual o conjunto no sea superior a la suma de US$10.000.000 anuales;

f) Las entidades financieras del exterior que participen en préstamos sindicados y no tengan la calidad de agente, líder o administrador del préstamo sindicado;

g) Las entidades financieras del exterior que concedan a los intermediarios del mercado cambiario financiaciones para realizar las operaciones a ellos autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 21 de 1993 de la junta directiva del Banco de la República, y

h) Las filiales de entidades financieras del exterior cuya matriz tenga oficina de representación autorizada en Colombia.

Toda entidad financiera del exterior que desee abrir una oficina de representación en Colombia sin acogerse a las excepciones consagradas en el punto anterior, deberá presentar la solicitud respectiva dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el numeral 1.1 del presente capítulo. La Superintendencia Bancaria, después del análisis del caso, procederá a autorizar o no la apertura solicitada.

1.6. Cierre de oficinas. Cuando una entidad financiera o reaseguradora del exterior proyecte clausurar su oficina de representación en Colombia, el representante de la misma deberá dar aviso de tal hecho a la Superintendencia Bancaria, y remitir el documento en el cual conste la decisión de cierre por parte del organismo extranjero, por lo menos con un (1) mes de anticipación a la proyectada clausura, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que la Superintendencia Bancaria determine.

2. Facultades de las oficinas de representación.

Las oficinas de representación en Colombia tienen las siguientes facultades:

2.1. (Nulo).* Oficinas de representación de las entidades financieras del exterior. Las entidades financieras del exterior que tengan establecidas oficinas de representación en Colombia podrán realizar las siguientes actividades en territorio colombiano:

a) Promover y ofrecer los negocios y servicios que constituyen el objeto social de la entidad representada, siempre y cuando éstos se encuentren autorizados por las leyes colombianas;

b) Prestar las asesorías necesarias a los organismos que representan, tendientes a facilitar el desarrollo de las actividades contenidas en el presente instructivo;

c) Realizar o tramitar gestiones de cobranza por cuenta de la entidad representada siempre que se encuentren expresamente autorizados para ello por la respectiva entidad del exterior.

Las gestiones de cobranza anteriormente indicadas se limitarán a aquellos créditos concedidos por la entidad representada y no comprenderán las corresponsalías extranjeras que se realicen a través del sistema financiero colombiano.

Para los efectos de este instructivo, se entiende por gestión los actos tendientes a generar un acercamiento con los potenciales usuarios de la entidad financiera del exterior representada en Colombia y, en ningún momento, puede significar la asunción de obligaciones o riesgos propios de la actividad financiera, ni supone la prestación de servicio de cajilla de correo o similares, y

d) Su actividad se limitará a efectuar en nombre de la entidad representada las gestiones tendientes a colocar entre personas jurídicas del sector público o personas jurídicas o naturales del sector privado de Colombia financiaciones que constituyen endeudamiento externo.

*(Nota: El presente numeral fue declarado nulo por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia de octubre 6 de 2000. Expediente 10018. Magistrado Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

2.2. Oficinas de representación de reaseguradoras del exterior. La actividad de las oficinas de representación de reaseguradoras del exterior consistirá exclusivamente en la aceptación o cesión de responsabilidades de reaseguro en nombre y por cuenta de la reaseguradora del exterior. Tales funciones suponen la posibilidad de realizar o tramitar gestiones de cobranza por cuenta de la entidad representada, siempre que se encuentren expresamente autorizadas para el efecto.

En todo caso, las entidades financieras y reaseguradoras del exterior, no podrán desarrollar en Colombia las actividades señaladas en las letras a) y b) del numeral anterior, si no establecen en el territorio nacional una oficina de representación.

2.3. Oficinas promotoras de entidades financieras del exterior. Las oficinas de representación de entidades financieras del exterior autorizadas por esta superintendencia podrán establecer oficinas promotoras de negocios en lugares diferentes al de su sede, las cuales dependerán directamente de la oficina de representación autorizada por esta entidad (y cuya actividad deberá ceñirse estrictamente a los numerales 2º y 3º de este capítulo)*. Para el efecto, deberá dar aviso del tal hecho a esta superintendencia y remitir un documento en donde se identifique a la persona que actuará bajo tal condición, así como la dirección y las funciones que desarrollarán.

*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado nulo por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia de octubre 6 de 2000. Expediente 10018. Magistrado Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

2.4. Oficinas de representación en el exterior de entidades financieras colombianas y de sus filiales y subsidiarias fuera del país. Toda entidad financiera, aseguradora o capitalizadora Colombiana que pretenda establecer una oficina de representación en el exterior, así como toda filial o subsidiaria en el exterior de alguna entidad financiera, aseguradora o capitalizadora colombiana que pretenda establecer una oficina de representación en otro país diferente al de su domicilio principal, desarrollará las actividades que le sean permitidas en el país donde se domicilie debiendo cumplir para tal efecto la disposiciones del país receptor. No obstante, dentro del mes siguiente a la fecha de apertura de la oficina de representación, se deberá dar aviso de tal circunstancia a esta superintendencia y remitir la siguiente documentación:

a) Remitir la autorización por parte de la junta directiva de la respectiva entidad financiera colombiana para la apertura de oficinas de representación en el exterior;

b) Informar a esta superintendencia el nombre de la persona que representará a la entidad financiera colombiana en el exterior, con su correspondiente hoja de vida, la cual será revisada previamente por esta superintendencia quien se reservará el derecho de objetar;

c) Remitir un resumen de actividades específicas que proyecta desarrollar, dirección donde quedará ubicada la oficina, normatividad a la cual debe acogerse, así como aquellos datos que resulten relevantes en el desarrollo de su actividad;

d) Deberá fijar los parámetros bajo los cuales efectúa la evacuación de cartera de créditos colocados a través de las oficinas de representación en el exterior, solicitando a los potenciales clientes su solvencia económica, capacidad de endeudamiento, referencias comerciales y personales, así como sus estados financieros, etc. Adicionalmente la entidad deberá remitir con una periodicidad de tres (3) meses la calificación de riesgo país, y

e) Deberá fijar los parámetros bajo los cuales adopta medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas.

De otra parte, deberá remitir un cuadro de las financiaciones otorgadas a través de la oficinas de representación en el exterior y para ello deberá indicar la calificación otorgada a dichos créditos de conformidad con las Resoluciones 1980 y 2195 de 1994, y los cupos individuales de crédito según el Decreto 2360 de 1993.

3. Restricciones de las oficinas de representación. Las oficinas de representación en Colombia quedarán sujetas a las siguientes restricciones:

3.1. (Nulo).* Oficinas de representación de entidades financieras del exterior. a) No podrán realizar directa o indirectamente en el territorio nacional ninguna operación propia de los bancos y demás entidades financieras;

b) No podrán solicitar ni obtener en el país recursos para ser colocados en el exterior, por sí o por la entidad representada, y

c) No podrán obligarse directa o indirectamente en las operaciones que promuevan.

*(Nota: El presente numeral fue declarado nulo por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia de octubre 6 de 2000. Expediente 10018. Magistrado Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

3.2. Oficinas de representación de reaseguros del exterior. Las oficinas de representación de reaseguros del exterior no podrán actuar directa o indirectamente en la contratación de seguros.

4. Régimen contable. Los representantes legales de entidades financieras del exterior en Colombia deben llevar un registro contable sobre los ingresos recibidos en moneda legal o extranjera y la descomposición de los gastos de funcionamiento que las mismas demanden, los cuales podrán ser revisados en cualquier momento por este despacho.

Igualmente, deberán conservar un inventario de los bienes que posea la entidad financiera o de reaseguros del exterior en el país y, en el caso particular de las oficinas de representación de las entidades financieras del exterior, deberá llevarse un control sobre las financiaciones otorgadas en cuanto a sus valores, clase de moneda, intereses por su gestión, fecha de otorgamiento y vencimiento, número de registro de la operación ante el Banco de la República, etc.

5. Información. Los representantes para Colombia de entidades financieras o reaseguradoras del exterior, deberán remitir anualmente a la Superintendencia Bancaria la siguiente información, de acuerdo con los formatos que se expidan para tal efecto:

5.1. Oficinas de representación de entidades financieras del exterior. Conforme a las actividades que realizan las mencionadas oficinas de representación, deberá remitirse:

1. Un informe sobre las actividades desarrolladas en el país.

2. Una relación de las financiaciones otorgadas en Colombia por la entidad representada, a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la finalización de cada año, diligenciando el formulario diseñado para el efecto por la Superintendencia Bancaria, según lo dispuesto en la circular básica contable y financiera.

3. Los agentes de préstamos sindicados deberán reportar la información relativa de estas operaciones, según lo dispuesto en la circular básica contable y financiera.

En todo caso, en el evento en que las entidades financieras del exterior no hayan realizado operaciones en Colombia, deberán informar a esta Superintendencia esta circunstancia en la oportunidad antes citada.

5.2. Oficinas de representación de entidades reaseguradoras del exterior. Los representantes de las oficinas de representación de entidades reaseguradoras del exterior mantendrán a disposición de la Superintendencia Bancaria la información correspondiente a las actividades desarrolladas en el país por su representada, para efectos de que ésta sea verificada a través de visitas de inspección o remitida a solicitud de esta entidad.

5.3. Información sobre cambios del régimen jurídico. Los representantes de las oficinas de representación deberán informar a la Superintendencia Bancaria, dentro del mes siguiente a la ocurrencia del hecho respectivo, cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Las modificaciones que se produzcan en el régimen jurídico de su país, que tengan efecto en la actividad que desarrolla en Colombia el organismo representado;

b) Todo cambio de razón social, fusión, escisión o integración de la entidad representada, con otros organismos del exterior, y

c) Las medidas adoptadas en relación con su actividad por las autoridades de supervisión de los países en que actúe el organismo del exterior.

6. Régimen de publicidad para las oficinas de representación. Las oficinas de representación deberán solicitar autorización de la Superintendencia Bancaria para desarrollar campañas de publicidad que tengan por objeto promover en el país a la entidad representada. Las entidades financieras, aseguradoras y reaseguradoras del exterior que no tengan oficina de representación en Colombia, no podrán promover mediante publicidad sus servicios.

La papelería y los demás medios de identificación escrita que utilicen los representantes deberá indicar, sin lugar a equívocos, que se trata de una oficina de representación en Colombia y no de una sucursal u oficina de la entidad financiera del exterior.

En los mensajes publicitarios seguidamente de la razón social o genérica de la entidad financiera del exterior deberá anotarse la siguiente inscripción: “Promoción y oferta de los negocios y servicios de la entidad financiera representada en Colombia”.

7. Representación

7.1. Oficinas de representación de entidades financieras del exterior. La representación de estas entidades será ejercida en el país por una persona natural quien será su representante legal para Colombia, y tendrá que estar debidamente inscrito y posesionado para dicho efecto, ante la Superintendencia Bancaria. Deberá remitir los documentos que se relacionan a continuación:

a) Solicitud elevada por la entidad financiera del exterior por funcionario que ostente representación legal a la cual acompañe el documento idóneo mediante el cual nombra el representante para Colombia;

b) Certificación en la cual conste que la persona del organismo financiero del exterior que nombra al representante para Colombia tiene la facultad para hacerlo;

c) Hoja de vida, y

d) Carta de designación.

Los documentos contenidos en los literales a) y b) deberán cumplir las formalidades previstas para la validez en Colombia de los documentos otorgados en el exterior.

7.2. Inhabilidades e incompatibilidades de los representantes de oficinas de representación de entidades reaseguradoras del exterior. No podrá desempeñarse como representante de una oficina de representación quien sea administrador de otra oficina de representación, ni los administradores, representantes legales o empleados de entidades aseguradoras o intermediarios de seguros o de reaseguros establecidos en Colombia.

8. Régimen sancionatorio. Cuando se comprobaren infracciones a las normas a las cuales deben someterse las oficinas de representación de entidades financieras, aseguradoras o reaseguradoras del exterior y/o los representantes de las mismas, la Superintendencia Bancaria aplicará las sanciones previstas en la ley. Además, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, podrá revocar la autorización de la oficina de representación así como cancelar la inscripción del representante.

9. Registro de reaseguradores y corredores de reaseguros del exterior.

9.1. Registro. La Superintendencia Bancaria llevará el registro de reaseguradores y corredores de reaseguro del exterior en los términos previstos en el presente numeral. Este registro constituye esencialmente un mecanismo de información, reporte y consulta para el mercado asegurador nacional y no sustituye ni modifica las responsabilidades propias de los aseguradores en la escogencia y evaluación de sus reaseguradores.

9.2. Solicitud de inscripción. Los reaseguradores del exterior que deseen aceptar en el territorio extranjero responsabilidades en reaseguro de entidades aseguradoras colombianas, deberán presentar su solicitud de inscripción en el registro a que se refiere el subnumeral anterior, adjuntando la siguiente documentación:

a) Certificado expedido por la autoridad competente en el país de origen que acredite su existencia y representación legal, así como la posibilidad para reasegurar riesgos cedidos desde el extranjero, indicando la fecha desde la cual se encuentra autorizada para operar y copia auténtica de sus estatutos vigentes, y

b) Memorias anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios, en las cuales se incluyan los estados financieros debidamente auditados por firmas independientes.

Cuando de acuerdo con la legislación y/o las prácticas de los mercados externos no resulte viable el cumplimiento de alguno de los anteriores requisitos, podrá solicitarse la inscripción expresando las razones que expliquen la imposibilidad de dar cumplimiento a la exigencia respectiva.

Los documentos a que alude la letra a) del presente numeral, cumplirán las formalidades legalmente previstas para la validez en Colombia de los documentos otorgados en el exterior.

Los corredores extranjeros de reaseguros por cuya mediación se reaseguren las compañías nacionales de seguros y reaseguros en el exterior deberán igualmente inscribirse en el registro a que se refiere la presente circular. Para el efecto acreditarán la constitución de garantías o contratación de pólizas de seguros para responder por los perjuicios que, con ocasión de errores u omisiones, generen a quienes contraten por su intermedio, y además cumplirán con el requisito previsto en la letra a) del presente numeral en la forma allí establecida.

Sin embargo, la inscripción en el registro no habilitará a las reaseguradoras y corredores de reaseguros del exterior para desarrollar su objeto social en el territorio nacional, para lo cual será preciso cumplir con los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la legislación colombiana, ni para realizar en el territorio colombiano las actividades propias de las oficinas de representación.

9.3. Información suministrada. Los datos suministrados al momento de efectuarse la inscripción deberán actualizarse dentro del trimestre siguiente a la fecha en que se presente la modificación correspondiente. Los estados financieros debidamente auditados, se enviarán anualmente a la Superintendencia dentro del trimestre siguiente a la fecha de su aprobación por parte de los órganos competentes.

Las entidades aseguradoras y los corredores de reaseguro deberán dar noticia a la superintendencia sobre los incumplimientos, retardos injustificados, prácticas ilegales y demás circunstancias que contribuyan a obtener un mejor conocimiento de la seriedad, profesionalismo y solvencia de tales entes. Dicha información se depositará en el registro y podrá consultarse por parte de los interesados. También se insertarán en el registro las informaciones que suministren las autoridades de supervisión del sector asegurador de los países en que actúe el reasegurador o corredor de reaseguros.

CAPÍTULO SEXTO

Reglas relativas a la competencia y a la protección del consumidor

1. Programas publicitarios. Para efectos de lo dispuesto en la letra c), numeral 2º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, los programas publicitarios de las entidades vigiladas se sujetarán a las siguientes reglas:

1.1. Condiciones básicas de los textos publicitarios. Los textos e imágenes que se utilicen en las campañas publicitarias, deberán observar cuando menos las siguientes condiciones generales:

a) Cuando en los textos publicitarios desee incluirse información financiera, contable o estadística, deberán utilizarse exclusivamente las cifras históricas, salvo aquellas que por su carácter sean variables, v. gr., las del total de depósitos captados, el patrimonio, los activos, número de clientes, indicadores financieros, etc., cuya utilización publicitaria deberá efectuarse identificando claramente el período al cual corresponden;

b) Los mensajes publicitarios no pueden ser contrarios a la buena fe comercial, ni pueden tender a establecer competencia desleal en los términos de la Ley 256 de 1996;

c) En la difusión de programas publicitarios deberá anotarse la circunstancia de hallarse la entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria, siguiendo los manuales previstos para el efecto de acuerdo con la Carta Circular 047 de 1989;

d) En la publicidad deberá utilizarse la denominación o razón social completa de la entidad o su sigla, tal como aparece en sus estatutos sociales, acompañada siempre de la denominación genérica de la entidad (banco, corporación financiera, compañía de seguros, etc.);

e) En la difusión de la publicidad compartida con entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, el nombre, logosímbolo o sigla de la entidad vigilada deberá estar ubicado en la parte inferior izquierda contigua a la anotación indicada en literal c), y el de la marca compartida en el lado contrario guardando siempre el tamaño, proporción e igualdad con el de la institución financiera.

En el caso de los plásticos de las tarjetas de crédito o débito, tendrán que compartir en todo su conjunto, los nombres, razones sociales o logotipos en igualdad de proporciones, tamaños y espesores de las letras, y

f) Cuando en el momento de la difusión se detecte un error o equivocación en un texto publicitario o en una publicación que contenga cifras o datos financieros, la entidad vigilada deberá por el mismo medio rectificarla, aclarando el error presentado, sin necesidad de que medie orden particular y expresa de esta superintendencia y sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

1.2. Prácticas prohibidas. La imagen institucional o las características jurídicas, económicas o financieras de los productos o servicios que se pretenda promover deben ser ciertas y comprobables, guardando total acuerdo con la realidad financiera, jurídica y técnica de la entidad o del servicio promovido, de tal manera que en todo momento la entidad se encuentre en capacidad de cumplir con los ofrecimientos que realiza a través de los medios publicitarios.

En tal sentido, se entienden prohibidas prácticas como las siguientes:

a) Ponderar un producto de manera tal que sus bondades o características sean contrarias a la realidad, como sucedería v. gr. en los casos en que se exprese o se insinúe que se cuenta con cajeros automáticos en línea o con servicio entre ciudades, que se cuenta dentro de las oficinas con pantalla de consulta, o que se pueden hacer electrónicamente consignaciones para el pago de servicios públicos, sin que efectivamente ello sea así;

b) Ofrecer condiciones o coberturas de seguros más allá de las contenidas expresamente en las pólizas respectivas o en los títulos de capitalización;

c) Presentar o apoyar la solidez de los servicios o productos en aspectos ajenos al verdadero sustento técnico, jurídico o económico de la publicidad, como sucedería cuando tal calidad se base en afirmaciones tales como “conglomerado X” “contamos con el respaldo de los mayores accionistas”, etc. No obstante, se permite a las filiales de establecimientos de crédito que utilicen junto a su razón social la indicación de ser filial de XX (nombre de la matriz);

d) Utilizar, sin perjuicio de lo establecido en el literal b) precedente, afirmaciones que permitan deducir como definitivas situaciones que en realidad responden a fenómenos coyunturales, transitorios o variables en relación con el mercado financiero, y

e) Utilizar o insinuar, ponderaciones o superlativos abstractos que no reflejen una situación exacta, como sucedería con expresiones tales como “somos los primeros”, “los mejores”, “el indicado”, etc. sin decir en qué, en relación con qué o con quienes.

1.3. Régimen de autorización general. Se entienden autorizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 numeral 1º del estatuto orgánico del sistema financiero, las campañas publicitarias que adelanten las instituciones vigiladas bajo las siguientes condiciones:

a) Campañas institucionales: se entienden autorizadas las campañas institucionales, es decir, aquellas que proyectan una impresión favorable sobre el nombre, la imagen o la reputación de una entidad, para consolidarse en el medio, fundamentándose en valores de carácter ético, cívico, cultural o social, como serían, v. gr., las campañas ecológicas, las que exaltan la protección de los recursos energéticos, o las que promueven la conservación de los valores culturales y familiares, entre otras, y

b) Campañas publicitarias no institucionales: las restantes campañas publicitarias, como lo son todos aquellos mensajes publicitarios difundidos por cualquier medio de comunicación (tales como televisión, radio, prensa, correo directo, envío de cupones o entregas a clientes o ...

(...).

5.2. Información sobre reformas estatutarias. Las entidades vigiladas informarán a la Superintendencia Bancaria sobre las reformas a los estatutos sociales, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su aprobación por parte de la asamblea de accionistas respectiva, mediante el envío del acta correspondiente en la cual conste la adopción de dicha decisión.

En el evento en que la superintendencia encuentre que las reformas no se ajustan a la ley, podrá ordenar las modificaciones pertinentes, en cuyo caso la entidad deberá en forma inmediata adelantar las gestiones conducentes para ese efecto.

5.3. Solemnización de la reforma. La solemnización de toda reforma estatutaria deberá acreditarse dentro del mes siguiente a la fecha del otorgamiento de la escritura pública, remitiendo, para tal efecto, copia de la misma, del certificado de la cámara de comercio en el que conste su inscripción y copia íntegra de los estatutos sociales debidamente actualizada.

6. Mecanismos de control y prevención de lavado de activos

6.1. Responsabilidad de las entidades vigiladas. Todas las entidades vigiladas están en la obligación de implementar un sistema integral para la prevención de lavado de activos, Sipla.

Este sistema integral debe comprender medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de cualquier operación en efectivo, documentaria, de servicios financieros y otras, sean utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

6.2. Presupuestos para el adecuado cumplimiento del presente instructivo. Para el adecuado cumplimiento del presente instructivo, las entidades vigiladas, sus representantes legales, directivos, administradores, empleados y revisores fiscales tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes presupuestos:

- Se hace necesario implementar medidas de control para la prevención de actividades delictivas no sólo con respecto a transacciones en efectivo en moneda legal o extranjera, sino también con respecto a las documentarias y frente a toda clase de servicios o productos financieros y del sistema asegurador.

- Los activos ilícitos son aquellos que provienen de cualquier delito, como por ejemplo: secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre, asaltos bancarios o narcotráfico.

- Es deber de los directivos de las entidades vigiladas colaborar con la administración de justicia no sólo atendiendo los requerimientos expresos de las autoridades, sino auxiliándolas oficiosamente en la lucha contra el delito.

- La reserva bancaria no es oponible a las solicitudes de información formuladas de manera específica por las autoridades dentro de las investigaciones de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Nacional y en los artículos 63 del Código de Comercio, 275 del Código de Procedimiento Penal y 288 del Código de Procedimiento Civil.

- Es necesario contribuir al fortalecimiento del sistema de pagos de la economía y al aseguramiento de la confianza del público en el sector financiero y asegurador, velando por la seguridad, transparencia y confiabilidad en las operaciones.

- Se debe asegurar el estricto y oportuno cumplimiento de las normas legales encaminadas a prevenir y detectar el ”lavado de activos”, particularmente de las contenidas en los artículos 102 a 105 del estatuto orgánico del sistema financiero, a efecto de proteger la imagen y la reputación nacional e internacional del sistema financiero y asegurador colombiano.

6.3. Mecanismos de control

6.3.1. Conocimiento de clientes y conocimiento del mercado. El conocimiento de los clientes y del mercado le permite a una entidad protegerse adecuadamente del lavado de activos a través de sus operaciones.

a) Concepto de cliente. Son clientes de una entidad vigilada, aquellas personas naturales o jurídicas con las que se establece y/o se mantiene una relación contractual de carácter financiero.

De manera que, aplicando el artículo 884 del Código de Comercio y 2231 del Código Civil en lo no regulado por el anterior, podemos relacionar a continuación las diferentes hipótesis que pueden presentarse con la indicación de la solución aplicable a cada una de ellas.

1. En silencio del interés convencional remuneratorio, éste será el bancario corriente.

2. El límite máximo estipulable del interés convencional remuneratorio será el interés bancario corriente más la mitad de éste.

3. Si se pacta un interés para el plazo menor al bancario corriente y no se estipula el moratorio, éste será el doble del convencional remuneratorio.

4. Si se estipula un interés para el plazo superior al bancario corriente sin que exceda en una mitad a éste y no se dice nada sobre el moratorio, éste será el doble del bancario corriente.

5. Si no se convienen intereses para el plazo y se pactan moratorios, éstos no podrán exceder el doble del interés bancario corriente (en plazo será el bancario corriente).

6. Si no se acuerdan intereses de plazo ni moratorios, los primeros serán el bancario corriente y los segundos el doble de ellos.

7. Si se pacta interés remuneratorio menor al bancario corriente, el moratorio convencional no puede exceder el doble del estipulado para el plazo.

8. Si se pactan sistemas de capitalización de intereses o de interés compuesto, los intereses remuneratorios estipulados en cualquier de esas modalidades no podrán exceder el interés bancario corriente más la mitad de éste, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 numeral 3º del estatuto orgánico del sistema financiero;

g) Límites máximos de tasas de interés. El moratorio no podrá exceder del doble del interés remuneratorio convencional ni del doble del interés bancario corriente; el remuneratorio no podrá exceder del interés bancario corriente más la mitad de éste. En cuanto al límite máximo de intereses moratorios es preciso tener en cuenta que en el caso de que la tasa establecida para el interés de usura (C. P., art. 235) sea inferior, se tendrá esta última como nuevo límite en materia de intereses.

Una vez precisados los límites, es oportuno poner de presente que ellos corresponden a tasas reales efectivas ya que éstas son las indicadas para reflejar la verdadera rentabilidad obtenida. De otra manera, “para evadir el control en el cobro de intereses bastaría con pactar tasas de interés que, si bien nominalmente resultarían inferiores a las permitidas, mediante el simple expediente de prever modalidades de pago anticipadas (cualquiera diferente a anualidades vencidas), se estarían obteniendo tasas reales por encima de los límites legales, dejando en el plano meramente teórico las disposiciones legales que los establecen.

En todo caso, debe tenerse presente que cuando no se pacte una periodicidad de pago determinada la tasa se entenderá expresada en términos de intereses efectivo anual, en virtud de lo previsto en el artículo 121, numeral 3º parágrafo del estatuto orgánico del sistema financiero.

De otra parte, debe tenerse en cuenta que los intereses son los réditos de un capital, debiéndose entender incluido en ellos tanto lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero, como por asumir el riesgo que ello representa y, en general, todas las cargas de tipo accesorio que se derivan para el acreedor respectivo, con excepción de los impuestos directos que se causen, como podrían ser los estudios de crédito y los costos de control y cobranza normal u ordinaria, resultando así remunerada con tales réditos, y en su integridad, la operación financiera.

En estos términos, para efectos del control que corresponde efectuar a este despacho sobre lo dispuesto por el artículo 1168 del Código de Comercio, ineludiblemente tendrá que entenderse dentro del concepto de interés todas las sumas que se carguen o reciban directamente o por interpuesta persona, teniendo como causa la entrega de dinero, a título de depósito o de mutuo, “...aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios comisiones u otras semejantes.

Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento”. Tales conceptos se integrarán al de los intereses, propiamente así denominados, para luego deducir su equivalencia en términos reales o efectivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990.

Igualmente, resulta del caso recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121, numeral 3º del estatuto orgánico del sistema financiero, en las obligaciones estipuladas en unidades de poder adquisitivo constante, Upac, o respecto de las cuales se estipule cualquier cláusula de reajuste, la corrección monetaria o el reajuste, según el caso, computará como interés.

Naturalmente, como el artículo 1168 del Código de Comercio lo que prohíbe son “los pactos que conlleven la simulación de los intereses legalmente admitidos”, la asimilación planteada solamente tendrá relevancia en casos en que, en su conjunto, pueda concluirse que están superándose los límites legalmente previstos.

Por último, de conformidad con las facultades consagradas en el artículo 326, numeral 5º, literal a) del estatuto orgánico del sistema financiero, por las razones de orden legal anotadas y por considerar imprudente que las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria se expongan, al sobrepasar los montos o límites legales, bien a la reducción de los intereses y aun a la pérdida de todos ellos en el caso de mora, cuando normalmente deben haber sido contabilizados según los pactos correspondientes, se califica como práctica no autorizada e insegura cualquier pacto que exceda un interés legal, incluyendo sistemas que produzcan el resultado prohibido previsto en el artículo 1168 del C. Co;

h) Publicidad sobre costos y rendimientos de operaciones activas y pasivas. Las instituciones vigiladas deberán suministrar a los usuarios del servicio la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado, por tal razón las entidades se sujetarán a las presentes disposiciones en cuanto a la publicación de tasas activas y pasivas de sus productos y servicios.

1. Aviso de prensa. El último día hábil de cada mes las instituciones financieras publicarán en un periódico de amplia circulación nacional —en las páginas sobre temas económicos y en caracteres destacados— las tasas efectivas que cobrarán u ofrecerán durante el mes siguiente por la utilización de sus productos o servicios, indicando la forma de liquidación a emplear, o en su caso, saldo diario promedio diario, saldo mínimo trimestral, de acuerdo con las previsiones que se señalan en los siguientes numerales.

No obstante lo anterior, las tasas de interés por las captaciones a través de certificados de depósito de ahorro a término se convienen libremente en cada operación y, por lo tanto, no están sujetas a la publicación del aviso antes indicado.

2. Oferta de tasas de ahorro. Modificaciones: por tratarse de una oferta a la clientela, la tasa de interés y la forma de liquidación no podrán ser modificadas por el establecimiento de crédito durante el período determinado con arreglo a lo dispuesto en el texto precedente.

En aquellos eventos en que la entidad vaya a modificar la tasa, la periodicidad o la forma de liquidación que venía ofreciendo, para el período subsiguiente de la oferta vigente, será preciso que informe al público mediante la publicación de un aviso, adicional al señalado en el presente literal, con una antelación no inferior a ocho días comunes a la fecha en la que se va a producir la modificación.

3. Información complementaria. Sin perjuicio de la información de que trata el presente numeral, las entidades podrán indicar en el mismo aviso los premios que ofrecen sortear entre sus ahorradores, consistentes en auxilios para educación, vivienda o vehículos de transporte popular y bienes y servicios ligados a la producción agropecuaria, industrial o artesanal.

4. Operaciones por el sistema de tarjetas de crédito. En el aviso a que se ha hecho referencia se publicará igualmente la tasa efectiva anual que cobraran durante el mes siguiente por concepto de “utilizaciones” y “avances en efectivo”, incluyendo para efectos de su cálculo, todos aquellos cobros que influyen en la determinación del costo financiero del crédito a cargo del beneficiario del mismo con el fin de que los usuarios estén informados del costo real que les implicaría la utilización de una u otra tarjeta de crédito.

Esta información deberá incluir en forma separada el costo de la cuota de manejo y la prima de seguro.

Las entidades acreditarán el cumplimiento del requisito anterior mediante la remisión a esta superintendencia de una copia del aviso respectivo, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación.

5. Información de tasas de interés. Para la publicación de las tasas de interés activas en el aviso a que se refiere el subnumeral 1 del literal h) del numeral 1.1 del presente capítulo, se observarán los siguientes lineamientos:

• Deberá utilizarse el concepto de tasa de interés efectiva anual, independientemente de la posibilidad de expresar su equivalencia en tasas nominales.

• Se distinguirán las tasas entre activas y pasivas de conformidad con el anexo diseñado para tal efecto por la Superintendencia Bancaria, diligenciando lo pertinente según la clase de intermediario.

• La información deberá coincidir con aquella reportada con destino al informe semanal estadístico.

• Se entiende por tasa de interés preferencial aquella que la entidad ha cobrado a sus clientes corporativos de menor riesgo en operaciones de crédito en moneda legal de corto plazo (hasta 12 meses), cualquiera que sea la modalidad utilizada y sin que ella constituya necesariamente una oferta. En consecuencia y con arreglo al criterio antes expuesto, dicha tasa deberá reflejar la realidad comercial del momento para los usuarios del servicio permitiéndoles seleccionar uno u otro intermediario a partir de la información suministrada.

• La publicidad podrá presentarse en forma conjunta, utilizando para el efecto los servicios gremiales, sin perjuicio de la responsabilidad individual.

6. Información en carteleras

1. Garantías admisibles. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º, literal b) del Decreto 2360 de 1993, una de las características de la garantía admisible consiste en ofrecer un “respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación” Sin embargo, dicha norma de ninguna manera esta circunscribiendo las garantías admisibles a las garantías reales como se observa sin lugar a dudas, en la enunciación que de ellas hace el artículo 4º del decreto citado.

La interpretación armónica de las normas referentes a garantías admisibles, permite concluir que ellas se refieren a que la seguridad consista en un derecho real o personal que permita a la entidad financiera acreedora, de ser incumplida la obligación garantizada, obtener de manera eficaz y oportuna el pago de la misma, incluso coactivamente sin ser indispensable acudir ante la jurisdicción ordinaria.

En tal sentido, es necesario hacer énfasis en que la enunciación de garantías admisibles contenida en el artículo 4º del Decreto 2360 de 1993 no es taxativa; por ende, las entidades financieras pueden aceptar como garantías admisibles aquellas seguridades que conforme a la evaluación que de ellas hagan, reúnan las características descritas en el artículo 3º del decreto mencionado. La evaluación pertinente deberá reposar en la entidad y mantenerse a disposición de esta superintendencia.

Bajo el esquema que se ha dejado expuesto, se considera pertinente efectuar las siguientes precisiones adicionales respecto de algunas garantías o seguridades admisibles:

1.1. Pignoración de rentas. Conforme al artículo 1º del Decreto 1166 de 1995 en concordancia con lo previsto en el literal d), artículo 4º del Decreto 2360 de 1993, cuando se pignoren rentas de la Nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas o las áreas metropolitanas y dichas rentas deban destinarse forzosamente a determinados servicios, actividades o sectores establecidos por la ley, se considerará garantía admisible, sólo si el crédito asegurado con la prenda tiene como objetivo único financiar los mismos servicios, actividades o sectores a los cuales deban asignarse las rentas correspondientes. En tal caso, el valor de la pignoración debe ser igual o superior al 130% (ciento treinta por ciento) del valor del servicio del crédito.

1.2. Garantía personal. A términos de lo previsto en el literal g), artículo 4º del Decreto 2360 de 1994, es garantía admisible la garantía personal, esto es, el aval o fianza de personas jurídicas que tengan en circulación en el mercado de valores papeles con la mera garantía de su patrimonio, siempre y cuando se trate de personas cuyos valores hayan sido calificados como de primera clase por empresas calificadoras de valores inscritas ante la superintendencia del ramo. Esta garantía, respecto de las operaciones con un mismo deudor o grupo de deudores, no podrá ser superior al 15% del patrimonio técnico de la entidad acreedora.

1.3. Títulos valores entregados en garantía. De conformidad con lo previsto en el artículo 5º del Decreto 2360 de 1995, no será garantía admisible la entrega de títulos valores del deudor. No obstante, de acuerdo con esta norma, será garantía admisible la pignoración de títulos valores emitidos, aceptados o garantizados por las instituciones financieras o entidades emisoras de valores en el mercado público.

Precisa igualmente la norma que el establecimiento de crédito no podrá calificar como garantía admisible el recibo de títulos valores, acciones, certificados de depósito a término, o cualquier otro documento de su propio crédito o que haya sido emitido por su matriz o por sus subordinadas, con excepción de los certificados emitidos por los almacenes generales de depósito.

En razón a que el endoso en garantía es un endoso prendario, que los endosatarios en garantía en caso de concurso tienen preferencia sobre los quirografarios y, que, en consecuencia, los títulos valores pueden ser aceptados como garantías admisibles para los efectos previstos en las normas sobre evaluación y calificación de cartera expedidas por la Superintendencia Bancaria y en el Decreto 2360 de 1993, se considera conveniente que los títulos que se reciban en garantía atiendan las siguientes condiciones mínimas:

a) Menciones de los títulos valores. Deben contener las menciones y requisitos que la ley señala para todos los títulos valores en general y para el que se recibe en garantía, salvo que la ley los presuma, y

b) Librador.

(...).

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