CIRCULAR EXTERNA 14 DE 2012

 

Superintendencia Financiera

CIRCULAR EXTERNA 14 DE 2012 

(Abril 30)

Ref.: Ejercicio de derechos políticos de las AFP en los receptores de las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias y del fondo de cesantía.

Este despacho, en uso de las facultades que le confiere el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, considera necesario modificar el capítulo tercero del título IV de la Circular Básica Jurídica, con el fin de aclarar algunos elementos de la política de ejercicio de derechos políticos de las AFP en los receptores de las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias y del fondo de cesantía.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.

Se anexan las páginas correspondientes.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones obligatorias y de cesantía.

 

TÍTULO IV

CAPÍTULO III-Disposiciones comunes para las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías

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la junta o consejo. Con este fin, dispondrán dentro de sus políticas el número máximo de juntas directivas a las que dichas personas podrán pertenecer, dentro de los límites señalados en el artículo 202 del Código de Comercio.

Para efectos del criterio de independencia se deberá tener en cuenta como mínimo lo dispuesto en los artículos 2.6.13.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y 44 de la Ley 964 de 2005.

4.1.6. Rotación, reelección y participación mínima.

Las AFP, como expresión de mejores prácticas de gobierno corporativo, establecerán en sus políticas el número máximo de veces que apoyarán la reelección de una persona como miembro independiente de junta directiva o consejo de administración del receptor de la inversión. Para votar dicha reelección, las AFP deberán considerar en sus políticas, entre otros aspectos, los resultados que haya obtenido dicho miembro en la autoevaluación efectuada por la propia junta o consejo, si la hubiere.

4.1.7. Remuneración.

Las AFP deberán promover que el emisor cuente con políticas en materia de remuneración de los miembros de junta directiva o consejo de administración, en las que se considere, entre otras, su participación activa y efectiva en el órgano colegiado, una gestión propia de un buen hombre de negocios y el cumplimiento de los objetivos de largo plazo del receptor de la inversión.

4.1.8. Elección del revisor fiscal.

En la política de ejercicio de derechos políticos, las AFP deberán promover las mejores prácticas de buen gobierno en la elección del revisor fiscal.

Para el efecto, se consideran como sanas prácticas de gobierno corporativo, entre otras:

— El examen de la idoneidad y experiencia de los postulantes personas jurídicas y naturales.

— Que las firmas de revisoría apliquen en su trabajo estándares internacionales de reconocida calidad y verificación.

— Que se verifique e informe por parte del receptor de la inversión el alcance de la planeación del trabajo, la metodología a utilizar, así como del equipo humano asignado por la firma para desarrollar el trabajo.

4.1.9. Reglas sobre conflictos de interés.

De conformidad con el artículo 13 del Decreto-Ley 656 de 1994 “Las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores y representantes legales deberán abstenerse en general de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran, y adoptarán las medidas necesarias para evitar que tales conflictos se presenten en la práctica”. Igual previsión se predica de la administración de los fondos de cesantías y de otros patrimonios autónomos y demás recursos de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 y 158 del estatuto orgánico del sistema financiero.

En tal virtud, las políticas aplicables a las situaciones generadoras de conflictos de interés relacionadas con el proceso de inversión que fijen las AFP deberán incorporar los siguientes contenidos mínimos:

i. Criterios para identificar potenciales conflictos de interés, derivados de la función de administrador de recursos de terceros con acceso a información privilegiada.

ii. Criterios para evitar incurrir en situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés y que puedan afectar el ejercicio de los derechos políticos, protegiendo en todo evento los intereses de los afiliados a la AFP.

iii. Procedimientos y normas de control interno que eviten la ocurrencia de conflictos de interés que puedan afectar a la AFP, sus administradores, gerentes, ejecutivos principales.

iv. Procedimientos y normas de control interno sobre situaciones de uso de información privilegiada respecto de cualquier funcionario que, en razón de su cargo o posición, tenga acceso a información de las inversiones de una AFP que aún no haya sido divulgada al mercado, y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones.

4.1.10. Acuerdos de accionistas y convenios con inversionistas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.6.13.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los acuerdos o convenios de accionistas suscritos para el ejercicio de los derechos políticos deberán enmarcarse dentro de los principios de transparencia e integridad del mercado.

Dichos acuerdos tendrán como objetivo fortalecer el gobierno corporativo del receptor de la inversión y, adicionalmente, se sujetarán en su contenido y revelación a lo dispuesto en los artículos 70 de la Ley 222 de 1995 y 43 de la Ley 964 de 2005, o cualquier otra norma que los modifique.

TÍTULO IV

CAPÍTULO III-Disposiciones comunes para las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías

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Los acuerdos o convenios de accionistas en que solo participen AFP no podrán dar lugar a ejercer el control sobre la receptora de la inversión.

Aquellos acuerdos que sean suscritos con accionistas diferentes a una AFP, si están dirigidos a obtener participaciones de control, deberán excluir la posibilidad de que la AFP participe o tenga injerencia en la administración del receptor de la inversión.

En todo caso, ningún acuerdo deberá contener cláusulas que conlleven la vulneración de los derechos de los accionistas minoritarios y de las normas legales aplicables en materia de conflictos de interés, régimen de competencia y manipulación del mercado.

Estos acuerdos o convenios deberán remitirse de forma inmediata a su suscripción a la Superintendencia Financiera de Colombia, precisando en la comunicación de envío las reuniones de asamblea en donde se tiene dispuesta su aplicación.

Para efectos de lo previsto en el presente numeral deberá entenderse por control lo dispuesto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.

4.1.11. Procedimientos para asegurar el cumplimiento de la política.

Las AFP deben diseñar, implementar y documentar los procedimientos necesarios para controlar el cumplimiento del contenido de la política de ejercicio de derechos políticos respecto de las inversiones que realicen con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía.

4.2. Divulgación.

La difusión de la política de ejercicio de derechos políticos, en su versión completa, deberá efectuarse a través de la página web de las AFP. Adicionalmente, deberán señalar, en el panel de información al público ubicado en sus oficinas, la existencia y disponibilidad de una copia de tales políticas para su consulta. Lo anterior, sin perjuicio de otras formas de difusión que la AFP estime pertinentes.

Las AFP podrán elaborar un extracto o síntesis de la política de ejercicio de derechos políticos para su difusión a través de otros medios, cautelando que sus contenidos sean lo suficientemente claros y completos en todo aquello que deba constituir información indispensable para que las personas adopten sus decisiones de selección de la AFP en forma ilustrada, particularmente en lo referente a los factores que incidan en la rentabilidad y riesgo de sus decisiones de inversión.

4.3. Revisión periódica.

La junta directiva de cada AFP deberá revisar por lo menos anualmente la política para el ejercicio de los derechos políticos que haya adoptado y, en caso de que sea modificada, deberá divulgarse a los diferentes grupos de interés, a través de los medios indicados en el presente numeral.