CIRCULAR EXTERNA 17 DE 1997 

(Abril 14)

El Gobierno Nacional, a través de los decretos 1156 de 1995 y 2070 de 1996 expidió algunas normas sobre constitución de garantías en operaciones de crédito con entidades territoriales y sus entidades descentralizadas que modifican en parte el régimen sobre cupos de crédito y garantías admisibles aplicable a este tipo de entes de la estructura administrativa, todo lo cual se encuentra en concordancia con la actual Ley 358 de 1997.

En razón a lo anterior, resulta necesario modificar el contenido de la circular básica jurídica a efecto de aclarar algunos aspectos tocantes con la forma como deben garantizarse tales operaciones de crédito y que inciden directamente sobre las reglas aplicables a garantías o seguridades admisibles, para lo cual se han introducido algunas modificaciones al numeral 1.1, capítulo segundo del título segundo de la Circular Externa 007 de 1996, antes denominado “pignoración de rentas”.

1.1. Pignoración de rentas y operaciones de crédito con entidades territoriales y entidades descentralizadas.

Conforme al artículo 1º del Decreto 1156 de 1995, las instituciones financieras que realicen operaciones de crédito con entidades territoriales y sus entidades descentralizadas deberán exigir la constitución de garantías admisibles suficientes, cuyo valor no podrá ser inferior al 150% (ciento cincuenta por ciento) del valor total del servicio del crédito.

Ahora bien, conforme al artículo 3º del mencionado decreto, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 358 de 1997, y para los efectos de lo previsto en el literal d), artículo 4º del Decreto 2360 de 1993, cuando se pignoren rentas de las entidades territoriales, de sus entidades descentralizadas o de las áreas metropolitanas y dichas rentas deben destinarse (forzosamente a determinados servicios, actividades o sectores establecidos por la ley, se considerará dicha pignoración como garantía admisible, sólo si el crédito asegurado con la prenda tiene como objetivo único financiar la inversión para la provisión de los mismos servicios, actividades o sectores a los cuales deban destinarse las rentas correspondientes. En todo caso, en concordancia con lo señalado en el citado artículo 1º del Decreto 1156 de 1995, el valor de la pignoración debe ser igual o superior al 150% (ciento cincuenta por ciento) del valor total del servicio del crédito).

Con todo, cuando los créditos concedidos por instituciones financieras a entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, se encuentren garantizados por la Nación mediante cualquier mecanismo que se considere garantía admisible de acuerdo con los parámetros del artículo 3º del Decreto 2360 de 1993, el valor de la garantía deberá corresponder al 100% (ciento por ciento) del valor total del servicio del crédito otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2070 de 1996.

N. del D.: Esta circular va dirigida a señores representantes legales de los establecimientos de crédito.

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