CIRCULAR EXTERNA 18 DE 2002

 

CIRCULAR EXTERNA 18 DE 2002 

(Abril 3)

Ref.: Régimen de inversiones de los fondos de pensiones obligatorias y régimen de gastos de los fondos de pensiones obligatorias y de los fondos de cesantías.

En desarrollo de la facultad consagrada en el artículo 100 de la Ley 100 de 1993, esta superintendencia ha considerado necesario adicionar como inversión admisible para los fondos de pensiones obligatorias, participaciones en fondos mutuos de inversión internacionales que inviertan en renta variable. Así mismo, se efectúan algunas modificaciones respecto de los límites establecidos sobre las titularizaciones, la base sobre la cual se aplica el límite máximo de cobertura del riesgo de fluctuación de tasa de cambio y el límite por emisión en entidades vinculadas cuando la inversión sea adquirida en el mercado primario.

De otra parte, teniendo en cuenta que a partir del 1º de noviembre de 2001 los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías deben realizar las negociaciones de que tratan el numeral 11, capítulo cuarto, título cuarto de la Circular Básica Jurídica y el artículo 11 del Decreto 2049 de 2001, respectivamente, a través de un mercado transaccional bursátil u otro sistema electrónico transaccional administrado por el Banco de la República o por una entidad vigilada por la Superintendencia de Valores, esta Superintendencia ha considerado pertinente incluir como gasto admisible para los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías los pagos por concepto de conexión y servicios suministrados a través de dichos sistemas.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y modifica los capítulos segundo, tercero y cuarto del título IV de la Circular Básica Jurídica-Circular Externa 7 de 1996 y el capítulo XII de la Circular Básica Contable y Financiera-Circular Externa 100 de 1995, para lo cual se anexan las hojas que sufren modificaciones.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a miembros de junta directiva, representantes legales y revisores fiscales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

TÍTULO IV

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1.4. Comisiones.

a) Comisión por administración de pensiones bajo la modalidad de retiro programado. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones podrán cobrar por la administración de los recursos de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, un valor no superior al 1% de los rendimientos abonados durante el mes en la respectiva cuenta individual de ahorro pensional, sin que en ningún momento el valor de dicha comisión exceda el 1.5% de la mesada pensional. La comisión por este concepto podrá cobrarse por cada mes vencido a partir del primer mes en que deba reconocerse la respectiva mesada;

b) Comisión por concepto de la administración de recursos de afiliados cesantes. Las sociedades administradoras de pensiones podrán percibir en forma mensual como ingreso por concepto de la administración de recursos de afiliados cesantes, un valor no superior al 4.5% de los rendimientos abonados durante el mes en la cuenta individual.

En todo caso, el valor mensual de esta comisión no podrá ser superior al valor que resulte de aplicar al último ingreso base de cotización del afiliado cesante, el 50% del porcentaje de comisión de administración de cotizaciones obligatorias que se encuentre cobrando la administradora a sus afiliados cotizantes. Para tal efecto, el último ingreso base de cotización se reajustará el primero de enero de cada año según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

Con el fin de proceder al cobro de la comisión prevista en este literal, se entenderá que un afiliado dependiente se encuentra cesante durante el lapso comprendido entre la fecha de novedad de terminación del vínculo laboral, legal o reglamentario y el reporte del nuevo vínculo. No podrá cobrarse comisión a los afiliados cuyos empleadores se encuentren en mora. Se presumen en mora los empleadores que no han continuado haciendo los aportes respectivos y no han reportado a la administradora la novedad del retiro.

Se presume que un trabajador independiente está cesante, cuando ha dejado de cotizar durante por lo menos tres meses (3) consecutivos, y

c) Comisión por traslado de afiliados. En el evento en que un afiliado al fondo de pensiones opte por trasladarse a otra sociedad administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad o al régimen de prima media con prestación definida, la entidad administradora de la cual se traslada el afiliado podrá descontar por concepto de comisión de traslado, un valor no superior al 1% del ingreso base de cotización sobre el cual se efectuó el último recaudo, sin que en ningún caso exceda del 1% de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Esta comisión será descontada de la cuenta individual en el momento en que se coloque a disposición de la administradora a la cual se traslada el afiliado el valor de los recursos a trasladar.

2. Disposiciones relacionadas con los fondos administrados.

2.1. Régimen de gastos admisibles para el fondo de pensiones.

Con cargo a los fondos de pensiones se sufragarán exclusivamente los gastos que se señalan a continuación, de lo cual deberá quedar expresa constancia en el correspondiente reglamento de administración:

a) Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los intereses del fondo, cuando las circunstancias así lo exijan;

b) Los correspondientes al pago de comisiones por la utilización de comisionistas de bolsa, así como los servicios de conexión a los sistemas transaccionales y la remuneración por los derechos a celebrar operaciones en dichos sistemas;

c) Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones “repo” u otras operaciones de crédito que se encuentren autorizadas;

d) La pérdida en venta de inversiones, la pérdida en venta de bienes recibidos en pago y los demás gastos de índole similar que se autoricen con carácter general por la superintendencia, y

e) La remuneración correspondiente al revisor fiscal del fondo.

TÍTULO IV

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18. Retención de cesantías.

En aquellos eventos en que el empleador esté autorizado para retener la cesantía, o abonar a gravámenes o préstamos su pago, la sociedad administradora efectuará la retención correspondiente o el pago, según el caso, previa solicitud presentada por aquél, acompañada de prueba que demuestre el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley laboral sobre el particular.

19. Comisión de manejo.

Siempre que se supere la rentabilidad mínima a que se refiere el numeral 12 del presente literal, la sociedad administradora tendrá derecho a cobrar por la administración del fondo, la comisión que al efecto determine la misma sociedad, con sujeción a lo señalado al efecto por la Superintendencia Bancaria.

20. Contratos con entidades financieras.

La sociedad administradora podrá celebrar contratos para la utilización de la red de oficinas de los bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, como apoyo para la ejecución de sus negocios, en los casos y con sujeción a las condiciones señaladas en el numeral 2º del artículo 158 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en las normas que en el futuro lo modifiquen, adicionen o reformen.

21. Duración del fondo.

El fondo tendrá una duración igual a la de la sociedad administradora, sin perjuicio de que, previa autorización de la Superintendencia Bancaria se produzca su disolución anticipada.

22. Disolución del fondo.

Serán causales de disolución del fondo las siguientes:

— La expiración del plazo establecido para su duración; y

— La orden de autoridad competente debidamente ejecutoriada.

23. Modificaciones y adiciones.

Cualquier adición o modificación que se pretenda introducir al reglamento deberá ser previamente sometida a la aprobación de la Superintendencia Bancaria, para lo cual deberá indicarse en la referencia el trámite 201, fondos de cesantías.

b) Régimen de aprobación individual: Los reglamentos que no reúnan los requisitos mínimos enunciados en al acápite anterior deberán obtener, de manera individual, la previa aprobación de la Superintendencia Bancaria.

Así mismo, cuando el reglamento contenga previsiones adicionales o que no se ajusten en su contenido, total o parcialmente, a las señaladas en el acápite anterior, deberán someterse a aprobación de la Superintendencia Bancaria pero únicamente con respecto a tales previsiones.

Para estos efectos, las sociedades administradoras indicarán en la solicitud respectiva las previsiones del reglamento materia de la aprobación correspondiente, acompañando copia íntegra del reglamento y copia auténtica del acta de la junta directiva o del órgano social competente en la cual conste su adopción.

c) Información a la Superintendencia Bancaria: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que el fondo de cesantía vaya a entrar en operación, la sociedad administradora informará por escrito a la Superintendencia Bancaria acerca de la adopción del respectivo reglamento de administración, acompañando copia del mismo y del acta de la junta directiva, o del órgano social competente, en la cual conste su correspondiente aprobación.

2.2. Régimen de gastos admisibles para el fondo de cesantías.

Con cargo al fondo de cesantía se sufragarán exclusivamente los siguientes gastos, de lo cual deberá quedar expresa constancia en el reglamento de administración del mismo:

a) Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los intereses del fondo, cuando las circunstancias así lo exijan;

b) Los correspondientes al pago de comisiones por la utilización de comisionistas de bolsa, así como los servicios de conexión a los sistemas transaccionales y la remuneración por los derechos a celebrar operaciones en dichos sistemas;

TÍTULO IV

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c) El valor de la garantía que otorgue el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras;

TÍTULO IV

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CAPÍTULO CUARTO

Régimen de inversión de los recursos de los fondos de pensiones obligatorias

Con el propósito de que los recursos del sistema general de pensiones se encuentren respaldados por activos que cuenten con la requerida seguridad, rentabilidad y liquidez, las sociedades que administren fondos de pensiones deberán invertir dichos recursos en las condiciones y con sujeción a los límites que a continuación se establecen:

1. Inversiones admisibles.

Los recursos de los fondos de pensiones se podrán invertir en los activos que se señalan a continuación:

1.1. Títulos de deuda pública.

1.1.1. Títulos de deuda pública interna y externa, emitidos o garantizados por la Nación.

1.1.2. Otros títulos de deuda pública emitidos por entidades estatales de conformidad con la Ley 80 de 1993, el Decreto 2681 de 1993 o las normas que los modifiquen o adicionen, sin garantía de la Nación.

1.2. Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, y por el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop.

1.3. Títulos emitidos por el Banco de la República.

1.4. Bonos y títulos hipotecarios, Ley 546 de 1999, y otros títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de cartera hipotecaria.

1.5. Títulos derivados de procesos de titularización cuyos activos subyacentes sean distintos a cartera hipotecaria.

En todo caso, los títulos derivados de procesos de titularización de que tratan este subnumeral y el subnumeral 1.4 deben haber sido emitidos en desarrollo de procesos de titularización autorizados por la Superintendencia de Valores.

1.6. Títulos de renta fija emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria, incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones.

1.6.1. Descuentos de actas de contratos estatales, siempre y cuando el cumplimiento de las obligaciones de la entidad estatal se encuentre garantizado por un establecimiento de crédito o una entidad aseguradora. En este caso, la garantía otorgada por la entidad financiera computará dentro del límite individual respectivo, por el 100% de su valor.

1.6.2. Descuentos de cartera, siempre y cuando el cumplimiento de las obligaciones correspondientes se encuentre garantizado por un establecimiento de crédito o una entidad aseguradora. En este caso, la garantía otorgada por la entidad financiera computará dentro del límite individual respectivo, por el 100% de su valor.

1.6.3. Otros títulos de renta fija.

1.7. Títulos de renta fija emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones. Dentro de esta categoría deben entenderse los títulos no avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por dicha superintendencia, la Nación, gobiernos extranjeros, bancos centrales extranjeros u organismos multilaterales de crédito.

1.8. Títulos de renta variable.

1.8.1. Acciones con alta y media liquidez bursátil y acciones provenientes de procesos de privatización o con ocasión de la capitalización de entidades donde el Estado tenga participación.

1.8.2. Acciones con baja y mínima liquidez bursátil.

1.8.3. Participaciones en fondos comunes ordinarios, fondos de valores y fondos comunes especiales, distintos de aquellos destinados a realizar inversiones en activos financieros del exterior, administrados por sociedades fiduciarias o comisionistas de bolsa, según corresponda.

Para determinar la liquidez bursátil a la que se refieren los subnumerales 1.8.1 y 1.8.2 se tendrán en cuenta las categorías definidas para el efecto, de acuerdo con el índice correspondiente publicado mensualmente por la Superintendencia de Valores (IBA).

TÍTULO IV

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1.9. Depósitos a la vista en establecimientos de crédito.

1.10. Operaciones de reporto activas.

1.10.1. Operaciones de reporto activas sobre inversiones admisibles. En ningún momento se pueden realizar estas operaciones con las filiales o subsidiarias de la administradora, su matriz o las filiales o subsidiarias de ésta.

Los títulos que reciba el fondo de pensiones en desarrollo de estas operaciones computarán para efectos del cumplimiento de todos los límites de que trata el presente capítulo.

1.10.2. Operaciones Repo activas celebradas a través de la cámara de compensación de la bolsa nacional agropecuaria a un plazo máximo de 150 días, sobre certificados de depósito de mercancías agropecuarias.

1.11. Inversiones en títulos emitidos por entidades del exterior.

1.11.1. Títulos de renta fija emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros o bancos centrales extranjeros.

1.11.2. Títulos de renta fija emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del exterior, sean estos comerciales o de inversión.

1.11.3. Bonos emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crédito.

1.11.4. Participaciones en fondos mutuos de Inversión internacionales que inviertan exclusivamente en títulos de renta fija.

1.11.5. Participaciones en fondos mutuos de Inversión internacionales que inviertan exclusivamente en títulos de renta variable, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• La clasificación de la categoría de riesgo del país donde esté constituido el fondo, la administradora del mismo y su matriz y la bolsa o mercado en que se transan las cuotas o participaciones, deberá ser de por lo menos “A”, según la escala de calificación de Standar & Poor''s y Fitch Inc. o su equivalente de Moody''s.

• La sociedad administradora y el fondo deberán estar registrados y fiscalizados o supervisados por los organismos reguladores/supervisores pertinentes de los países en los cuales se encuentren constituidos.

• La Sociedad administradora del fondo deberá acreditar un mínimo de diez mil millones de dólares (US$ 10.000 millones) en activos administrados por cuenta de terceros y un mínimo de cinco años de operación en la administración de dicho tipo de activos.

• El fondo deberá contar por lo menos con diez (10) aportantes o adherentes no vinculados a la sociedad administradora y un monto mínimo de veinte millones de dólares (US$ 20 millones) en activos, excluido el valor de los aportes efectuados por la sociedad administradora y sus entidades vinculadas.

• El fondo deberá contar con una adecuada diversificación, de tal manera que no tenga invertido más del 10% del valor del mismo en títulos de renta variable emitidos por un mismo emisor, incluidas sus filiales y subsidiarias, su matriz y las filiales y subsidiarias de ésta. Así mismo, dichos fondos no podrán poseer más del 30% de las acciones en circulación de una misma entidad.

• En el prospecto o reglamento del fondo se deberá especificar claramente el o los objetivos del mismo, sus políticas de inversión y administración de riesgos, así como los mecanismos de custodia de títulos.

1.11.6. Participaciones en fondos índice, que sigan exclusivamente los siguientes índices:

Compañía que lo calculaNombre
Standard & Poor''sS & P 500
S & P Europe 350
S & P Asia Pacific 100
S & P Global 100
S & P/BARRA Value
S & P/BARRA Growth
Morgan Stanley Capital InternationalMSCI EAFE
MSCI Europe
MSCI Pacific
Frank Russell CompanyRussell 2000
Russell 2000 value
Russell 2000 Growth
National Association of Securities Dealers Exchange (Nasdaq)Nasdaq Composite Index
Pacific Stock ExchangePSE Tsh 100
Dow Jones & Co.Dow Jones Industrial Average
TÍTULO IV

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Pacific Stock ExchangePSE Tsh 100
Dow Jones & CoDow Jones Industrial Average
TÍTULO IV

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Igualmente, se considera como inversión admisible la realizada en cualquiera otro índice que refleje una adecuada diversificación y sea reconocido internacionalmente, el cual deberá ser previamente aceptado por la Superintendencia Bancaria mediante autorización de carácter general.

2. Requisitos de calificación para las inversiones admisibles.

2.1 La inversión en los títulos descritos en los subnumerales 1.1.2, 1.4, 1.5, y 1.7, sólo podrá realizarse cuando tales títulos estén calificados por sociedades calificadoras de valores admisibles cuando cuenten con una calificación de al menos “A -”, tratándose de títulos de largo plazo, o “1”, para el caso de títulos de corto plazo (con vencimiento original no superior a un año), de acuerdo con la escala de calificación de las sociedades calificadoras de valores Bankwatch Ratings de Colombia S.A. y Duff & Phelps de Colombia S.A. o sus equivalentes de cualquier otra calificadora debidamente autorizada por la Superintendencia de Valores.

La regla anterior aplicará también para efecto de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1885 de 1994.

2.2. A partir del 1º de enero del año 2000, los títulos de renta fija emitidos, avalados, aceptados, o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de que tratan los subnumerales 1.4 y 1.6.3, deberán contar con la calificación previa de una calificadora de valores, la cual será admisible en las categorías que determine la Superintendencia Bancaria.

La inversión en certificados de depósito a término, CDT, o en certificados de depósito de ahorro a término, CDAT, requerirá a partir de la fecha citada, de la previa calificación del endeudamiento a corto y largo plazo de la entidad financiera emisora de los títulos, en la categoría que señale la Superintendencia Bancaria.

Con fundamento en lo anterior y lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2049 de 2001, las inversiones señaladas, efectuadas con los recursos de los fondos de pensiones y de cesantías, respectivamente, serán admisibles sólo cuando cuenten con las siguientes calificaciones:

2.2.1. Los títulos de renta fija a corto plazo, es decir, los instrumentos de deuda con vencimientos originales de un año o menos, serán admisibles cuando cuenten con una calificación no inferior a “1”.

2.2.2. Los títulos de renta fija a mediano y largo plazo serán admisibles cuando cuenten con una calificación de por lo menos “A -“.

2.2.3. Respecto de las inversiones en certificados de depósito a término, CDT, y certificados de depósito de ahorro a término, CDAT, cuando la entidad financiera emisora cuente con una calificación de endeudamiento a corto plazo de por lo menos “1” y una calificación de endeudamiento a largo plazo no inferior a “A -“.

Las anteriores categorías de calificación se establecen de acuerdo con los criterios utilizados por “Duff and Phelps de Colombia S.A.” y “Bankwatch Ratings de Colombia S.A.” o los equivalentes de cualquier otra calificadora debidamente autorizada por la Superintendencia de Valores.

No obstante lo anterior, los títulos emitidos con anterioridad al 1º de enero del año 2000 que no cuenten con una calificación mínima de “2” o “A -“ tratándose de corto o largo plazo, respectivamente, y los títulos de renta fija a corto plazo emitidos entre el 1º de enero del año 2000 y el 31 de marzo del año 2001 que no cuenten con una calificación mínima de “1“, podrán mantenerse hasta su enajenación o redención en el respectivo portafolio.

2.3. La inversión en los títulos descritos en el subnumeral 1.11, salvo las participaciones en fondos índice, serán admisibles cuando cuenten con una calificación igual o superior a “A-”, tratándose de títulos representativos de deuda de largo plazo, según la escala de calificación de Standard & Poor''s y Fitch Inc. o A3, según la nomenclatura de calificación de Moody''s. En el caso de inversiones de corto plazo (con vencimiento original no superior a un año), la calificación mínima requerida será de “A1”, “F1” y “P1”, en su orden, de acuerdo con la escala de calificación de las sociedades antes mencionadas.

La calificación requerida en el párrafo anterior, respecto de la inversión en depósitos a término incluidos dentro del subnumeral 1.11.2 se verificará frente a la asignada a la capacidad de endeudamiento del emisor y en el caso de los títulos descritos en el subnumeral 1.11.1, frente a la calificación de riesgo soberano otorgada al gobierno extranjero.

El requisito de calificación a la inversión descrita en el subnumeral 1.11.4 es exigible respecto de los títulos en que puede invertir el fondo según su reglamento o prospecto.

3. Límites globales de inversión.

La inversión en los distintos activos señalados en el numeral 1º de este capítulo, estará sujeta a los límites máximos previstos a continuación con respecto al valor del fondo:

TÍTULO IV

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3.1. Hasta en un 50% para las inversiones en los instrumentos descritos en el subnumeral 1.1. No obstante, la inversión en los títulos descritos en el subnumeral 1.1.2 no podrá exceder del 20% del valor del fondo.

3.2. Hasta en un 10% para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.2.

3.3. Hasta en un 40% para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.4.

3.4. Hasta en un 20% para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.5. No obstante, cuando el subyacente corresponda a una inversión admisible, la misma no computará para este límite sino para el límite global establecido al subyacente.

3.5. Hasta en un 30% para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.6. No obstante, la suma de las inversiones descritas en los subnumerales 1.6.1 y 1.6.2 no podrá exceder del 10% del valor del fondo.

3.6. Hasta en un 30% para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.7.

3.7. Hasta en un 30% para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.8. No obstante, la inversión en los títulos descritos en los subnumerales 1.8.2 y 1.8.3. No podrá exceder para cada evento del 5% del valor del fondo.

3.8. Hasta en un 2% para los depósitos descritos en el subnumeral 1.9. Para determinar el límite previsto en este subnumeral, no se deben tener en cuenta dentro del saldo de los depósitos las sumas recibidas durante los últimos diez (10) días hábiles por concepto de aportes, traslados de otros fondos y vencimientos de capital e intereses de las inversiones, de acuerdo con las condiciones nominales de las mismas.

3.9. Hasta en un 3% para las operaciones señaladas en el subnumeral 1.10.2.

3.10. Hasta en un 3% para la inversión en los instrumentos descritos en el subnumeral 1.11. No obstante, dicho porcentaje se incrementará al 6% a partir del 1º de julio de 2001 y al 10% a partir del 1 de septiembre del mismo año.

4. Límites individuales de inversión por emisor.

La suma de las inversiones en los activos descritos en el numeral 1º del presente capítulo estará sujeta a un límite del diez por ciento (10%) del valor del fondo en títulos emitidos por un mismo emisor, incluidas sus filiales y subsidiarias, su matriz y las filiales y subsidiarias de ésta.

Los límites individuales establecidos en este numeral no serán aplicables a los emisores de los títulos descritos en los subnumerales 1.1.1 y 1.3, como tampoco a las operaciones señaladas en el subnumeral 1.10.2.

Respecto a la inversión en títulos hipotecarios y títulos derivados de procesos de titularización de que tratan los subnumerales 1.4 y 1.5, el límite individual al que se refiere el párrafo primero de este subnumeral se aplicará sobre el valor total de cada universalidad o patrimonio autónomo. Cuando la titularización prevea algún tipo de garantía sobre los títulos emitidos, para efectos del cálculo de los límites individuales el porcentaje garantizado computará para el límite del garante y para el límite del patrimonio autónomo sólo computará el porcentaje no garantizado.

Sin perjuicio de lo establecido en los subnumerales 1.6.1 y 1.6.2, para efectos del cálculo de los límites individuales en el caso de títulos avalados, aceptados o garantizados, se imputará al límite propio de la entidad que emita el aval, la aceptación o la garantía el cincuenta por ciento (50%) del valor del título respectivo y el otro cincuenta por ciento (50%) se imputará al límite propio del emisor correspondiente.

5. Límites máximos de inversión por emisión.

No podrá adquirirse más del treinta por ciento (30%) de cualquier emisión de títulos en serie o en masa, incluyendo los títulos provenientes de procesos de titularización. Quedan exceptuadas de este límite las inversiones en certificados de depósito a término, CDT, y de ahorro a término, CDAT, emitidos por establecimientos de crédito y las inversiones en los instrumentos descritos en los subnumerales 1.1.1, 1.2 y 1.3.

6. Límite de concentración de propiedad accionaria.

Los fondos de pensiones sólo podrán invertir en acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones (Boceas) de una sociedad hasta el diez por ciento (10%) de las acciones y hasta el diez por ciento (10%) de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones (Boceas) en circulación, teniendo en cuenta, en todo caso, el límite máximo por emisor de que trata el numeral 4º del presente capítulo.

TÍTULO IV

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7. Límites de inversión en vinculados.

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 13 de este capítulo, la suma de las inversiones descritas en el numeral 1º de este capítulo que se realicen en títulos emitidos avalados aceptados o garantizados por entidades vinculadas a la administradora, no puede exceder del quince por ciento (15%) del valor del fondo.

Así mismo, los límites individuales de inversión por emisor y los de concentración de propiedad accionaria de que tratan los numerales 4º y 6º del presente capítulo, en su orden, se reducirán al cinco ciento (5%) cuando correspondan a títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por vinculados.

Cuando el emisor sea un vinculado de la administradora, el límite por emisión previsto en el numeral 5º de este capítulo se calculará sobre la emisión efectivamente colocada. No obstante, cuando se trate de inversiones adquiridas en el mercado primario, dicho límite se establecerá sobre la emisión efectivamente colocada en entidades o personas no vinculadas al emisor.

Para efectos de lo dispuesto en el presente numeral, se entenderá por entidad vinculada o por “vinculado” a la administradora:

a) El o los accionistas o beneficiarios reales del cinco por ciento (5%) o más de la participación en la administradora, y

b) Las personas jurídicas en las cuales:

La administradora sea beneficiaria real del cinco por ciento (5%) o más de la participación en la persona jurídica, o

La o las personas a que se refiere el literal a. del presente numeral sean accionistas o beneficiarios reales, individual o conjuntamente, del cinco por ciento (5%) o más de la participación en la persona jurídica.

Se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción o de cualquier participación en una sociedad, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción o de la participación.

Para los efectos de la presente definición, conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia que podrá ser declarada mediante la gravedad de juramento ante esta Superintendencia con fines exclusivamente probatorios.

Una persona o grupo de personas se considera beneficiario real de una acción o participación si tiene derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un derecho proveniente de una garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o cualquier otro pacto que produzca efectos similares, salvo que los mismos no confieran derechos políticos.

Para los exclusivos efectos de esta disposición, se entiende que conforman un “grupo de personas” quienes actúen con unidad de propósito.

No se considera que existe vinculación cuando la participación en cualesquiera de los casos señalados sea inferior al 10% y los involucrados declaren bajo la gravedad de juramento ante la Superintendencia Bancaria, que actúan con intereses económicos independientes de los demás accionistas o beneficiarios reales o de la administradora.

Para efectos de los porcentajes a los que se refiere el párrafo anterior y los literales a) y b), sólo se tendrán en cuenta las acciones o participaciones con derecho a voto.

8. Operaciones de cobertura.

De acuerdo con el Decreto 1801 de 1994, modificado por el Decreto 1557 de 2001, las entidades que administren recursos de los fondos de pensiones podrán realizar operaciones con contratos forward, contratos de futuros y opciones únicamente con el fin de protegerse frente a las fluctuaciones de tasa de interés, cambio de moneda o variación de precios en las acciones.

En cuanto al riesgo de fluctuación en cambio de moneda, es importante anotar que la posición descubierta de los fondos de pensiones en inversiones denominadas en moneda extranjera en ningún momento podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del valor del fondo.

En todo caso, la suma de las posiciones de cobertura de moneda extranjera no podrá exceder el valor de mercado de las inversiones del fondo denominadas en moneda extranjera.

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9. Valor del fondo.

Para efectos del cálculo de los límites que se establecen en el presente capítulo, se tomará como valor del fondo la suma total de las inversiones y activos descritos en el numeral 1º y el Decreto 1801 de 1994, modificado por el Decreto 1557 de 2001 y demás normas que lo adicionen o modifiquen, de acuerdo con el valor por el cual se encuentren registrados según reglamentación de la Superintendencia Bancaria.

10. Excesos de inversión.

Los excesos de inversión que se produzcan como consecuencia de reducciones en el valor del fondo, producto de la desvalorización de las inversiones, o de incrementos en el valor de los respectivos títulos podrán ser mantenidos hasta por un período de dos (2) años, prorrogable previa autorización de la Superintendencia Bancaria.

Cuando el exceso se produzca como consecuencia de un empeoramiento en la calificación de riesgo del título respectivo, que no haga admisible la inversión, las respectivas inversiones deberán ser vendidas dentro de un plazo de tres (3) meses, prorrogable previa autorización de la Superintendencia Bancaria.

Así mismo, las inversiones que sean efectuadas excediendo los límites de que trata el presente capítulo, deberán ser desmontadas en un plazo de tres (3) meses, prorrogables a juicio de la Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Sin embargo, no habrá lugar a sanciones para las inversiones provenientes del pago de dividendos en acciones.

11. Inversiones en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y mecanismos de transacción.

Todas las inversiones en los instrumentos descritos en los subnumerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.3, 1.7, 1.8.1 y 1.8.2 deberán realizarse sobre títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, salvo cuando se trate de acciones de empresas donde el estado colombiano tenga participación. Adicionalmente, toda transacción de acciones, independiente del monto, deberá realizarse a través de bolsa, salvo cuando se trate de acciones de empresas donde el estado colombiano tenga participación.

A partir del 1º de noviembre de 2001, salvo que se trate de la negociación de títulos de deuda pública externa o de adquisiciones en el mercado primario, las negociaciones de los títulos descritos en los subnumerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.3 y 1.7, así como las operaciones descritas en el subnumeral 1.10.1, deberán realizarse a través del mercado transaccional bursátil u otro sistema electrónico transaccional administrado por el Banco de la República o por una entidad vigilada por la Superintendencia de Valores.

12. Custodia.

La totalidad de los títulos representativos de las inversiones de los fondos de pensiones que por su naturaleza sean susceptibles de ser custodiados, deberán mantenerse en todo momento en el depósito central de valores, DCV, del Banco de la República o en un depósito centralizado de valores debidamente autorizado para funcionar por la Superintendencia de valores.

Para efectos del depósito se tendrán en cuenta los términos establecidos en los reglamentos de operaciones de los citados depósitos centralizados de valores, contados a partir de la fecha de compra del título.

Los títulos representativos de inversiones externas de los fondos de pensiones que se adquieran y permanezcan en el exterior y que por su naturaleza sean susceptibles de ser custodiados deberán mantenerse, en su totalidad, en depósito y custodia en bancos extranjeros o instituciones constituidas en el exterior que presten servicios de custodia. Dichas entidades deberán tener una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios de custodia y contar con, a lo menos, una clasificación de riesgo, para corto y largo plazo, referida a la entidad o a sus títulos, no inferior a las categorías señaladas en el numeral 2º para la inversión en los títulos descritos en el subnumeral 1.11.

También podrán efectuar la custodia de los títulos citados en el párrafo anterior las instituciones de depósito y custodia de valores constituidas en el exterior que tengan como giro exclusivo el servicio de custodia, en la medida que sean reguladas y fiscalizadas en el país que estén constituidas y cuenten con un mínimo de cinco (5) años de experiencia y los depósitos centralizados de valores locales debidamente autorizados por la superintendencia de valores que estén interconectados o integrados con entidades homólogas del exterior.

TÍTULO IV

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13. Conflictos de interés e inversiones no autorizadas.

Este régimen se entiende sin perjuicio de lo previsto en las normas legales aplicables a conflictos de interés. Las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores, representantes legales y en general aquellas personas que se encuentren autorizadas internamente para negociar cualquier título valor deberán abstenerse de realizar inversiones con recursos del fondo de pensiones en títulos emitidos, avalados, garantizados u originados por la administradora, las filiales o subsidiarias de la misma, su matriz o las filiales o subsidiarias de ésta, y en general en operaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés en los términos del artículo 13 del Decreto 656 de 1994.

14. Prohibiciones a las inversiones realizadas con recursos de los fondos.

14.1. Las sociedades administradoras tienen por objeto social exclusivo la administración y manejo de los fondos de pensiones, de cesantías y patrimonios autónomos para la garantía y pago de obligaciones pensionales autorizados por las normas legales vigentes, dentro del cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 99 del Código de Comercio, se incluyen los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad.

Tal administración se concreta fundamentalmente en la inversión de los recursos que integran los citados fondos y patrimonios autónomos, en condiciones tales que permitan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

Dentro de este marco conceptual, resulta forzoso concluir que las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías no están facultadas legalmente para realizar actividades diferentes a su objeto social exclusivo; por tal razón, la práctica consistente en comprar y vender títulos utilizando recursos ajenos al fondo o suministrados por un tercero, con el fin de obtener una comisión en beneficio de la sociedad o del fondo mismo, desborda el ámbito de capacidad legal de la Administradora, pues tal labor de intermediación desvirtúa el objeto para el cual fueron creadas. En consecuencia, este despacho, de conformidad con las facultades que le otorga el literal a, numeral 5º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, considera que dicha práctica no se encuentra autorizada y, por lo tanto, se recuerda a las sociedades administradoras que está prohibida su realización.

14.2. Este despacho se permite efectuar las siguientes precisiones:

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías no se encuentran facultadas para actuar como intermediarias en la negociación de valores y, en consecuencia, no pueden obtener comisiones en virtud de dicha intermediación.

Las sociedades administradoras, pueden efectuar con cargo a sus recursos propios inversiones en títulos, los cuales pueden ser posteriormente vendidos, inclusive el mismo día, dejando así de formar parte de sus activos, para lo cual deberán reflejar en sus estados financieros el resultado de todas las operaciones realizadas. En el caso en el cual se obtenga un crédito para la compra de activos aquél igualmente deberá reflejarse en dichos estados financieros.

15. Operaciones de reporto pasivas.

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones podrán celebrar con los activos de los fondos operaciones de reporto pasivo en una cuantía no superior al 1% del valor del fondo y únicamente para atender solicitudes de retiros o gastos del fondo.

CAPÍTULO XII

Entidades administradoras de pensiones y de cesantías

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Para el día en que se inicie la operación del fondo, el valor de la unidad será de $ 1.000 (VUt = $ 1.000), de acuerdo con la reglamentación vigente.

1.1.3. Valor del fondo al cierre del día t-incluidos los rendimientos. Sobre el valor del fondo de cesantía al cierre del día t-antes de rendimientos (VFCt) se calculará el valor de la comisión que cobrará la sociedad administradora. Una vez hecho el cálculo, se procederá a obtener el valor del fondo al cierre del día t - incluidos los rendimientos (VFCr) aplicando los ingresos y gastos inherentes al fondo, a saber:

Los ingresos del fondo: (ING)

— Los rendimientos financieros generados por los activos que conforman el fondo.

— La utilidad en las operaciones de compra/venta de activos.

— Los ajustes positivos en los cobros de rendimientos.

— Los rendimientos provenientes de anulación de aportes.

— Cualquier otro ingreso a favor del fondo.

Los gastos propios del fondo: (GTS)

— Tratándose de fondos de cesantías, la comisión de manejo sobre el valor del fondo que cobre la sociedad administradora, liquidada diariamente, en la forma como se estableció anteriormente.

— Los gastos por la defensa de los intereses del fondo.

— En el caso de los fondos de cesantías, las sumas destinadas al pago de las primas que establezca el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.

— Los gastos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones repo u otras operaciones de crédito que se encuentren autorizadas.

— Las pérdidas en venta de inversiones o bienes recibidos en dación de pago.

— Los servicios de conexión a los sistemas transaccionales y la remuneración por los derechos a celebrar operaciones en dichos sistemas.

— En el caso de los fondos de pensiones, la remuneración al revisor fiscal.

— Cualquier otro gasto autorizado por la Superintendencia Bancaria.

En consecuencia, el valor del fondo al cierre del día “t”- incluidos los rendimientos es:

VFCr = VFCt + INGt - GTSt 

Donde:

VFCr =Valor del fondo al cierre del día t incluidos los rendimientos, es decir, valor del fondo al inicio de operaciones del día t + 1
VFCt =Valor del fondo al cierre del día t.
INGt =Ingresos del fondo en el día t.
GTSt =Gastos del fondo en el día t
Los pagos a comisionistas de bolsa deben quedar incluidos en el valor de compra de los títulos, por lo que no se deben incluir como gastos.

Los gastos de defensa de los intereses del fondo, al igual que cualquier otro gasto que debiera diferirse o amortizarse, deberán causarse siguiendo las instrucciones definidas por esta superintendencia, de forma equitativa para los afiliados del fondo durante el período en que deba causarse el gasto.

1.1.4. Valor de la unidad al final del día t. Una vez determinado el nuevo valor del fondo al cierre del día t-incluidos los rendimientos (VFCr) conforme al numeral anterior, se procederá a calcular el valor de la unidad al final del día, dividiendo el valor del fondo al cierre del día t-incluidos los rendimientos, entre el número de unidades al cierre de día (NUCt). El valor que de allí resulte será el valor de la unidad al final del día.

CAPÍTULO XII

Entidades administradoras de pensiones y de cesantías

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