CIRCULAR EXTERNA 20 DE 2005

 

CIRCULAR EXTERNA 20 DE 2005 

(Julio 1º)

Ref.: Modificación al capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995-Modelo de referencia de cartera comercial.

Como es de su conocimiento, mediante la Circular Externa 52 de 2004, la SBC sustituyó el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995, impartiendo instrucciones sobre las reglas y procedimientos que rigen el desarrollo del sistema de administración del riesgo crediticio (SARC) de las entidades sometidas a control y vigilancia de la SBC.

En tal sentido, el numeral 1.3.3.2 del citado capítulo establece que las entidades obligadas a contar con un SARC pueden optar por diseñar y adoptar sus propios modelos internos o por acoger los modelos de referencia de la SBC, señalando que este organismo desarrollaría inicialmente el modelo de referencia para la cartera comercial.

Por lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades legales, adopta mediante la presente circular el modelo de referencia de cartera comercial, MRC, incorporando para el efecto el anexo III en el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995.

Mediante el presente instructivo se introducen además algunas precisiones en el mencionado capítulo II en relación con el régimen general para el cálculo de provisiones de las entidades no obligadas a contar con un SARC, la posibilidad de las entidades de emplear modelos internos o aplicar el modelo de referencia para algunos de los componentes de la medición de la pérdida esperada, el régimen de provisiones generales cuando los modelos internos incluyan o no componentes contracíclicos y se modifica el numeral 2.2 actualizando los intervalos de homologación de la cartera comercial incluyendo la información del año 2004.

Adicionalmente, se ha considerado pertinente reorganizar las instrucciones contenidas en los anexos del presente capítulo, incorporando en el anexo I el régimen general de evaluación calificación y provisionamiento de cartera de crédito, en el II los regímenes especiales (L. 617/2000, reestructuraciones extraordinarias y acuerdos de reestructuración L. 550/99) y en el III el modelo de referencia de cartera comercial-MRC.

La presente circular rige a partir de su publicación y modifica el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 y sus anexos. Se adjuntan las páginas objeto de modificación.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

CAPÍTULO II

Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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Anexo 1

Régimen general de evaluación, calificación y provisionamiento de cartera de crédito

1. Reglas sobre calificación del riesgo crediticio

Los contratos deben clasificarse en una de las siguientes categorías de riesgo crediticio:

• Categoría A o “riesgo normal”

• Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”

• Categoría C o “riesgo apreciable”

• Categoría D o “riesgo significativo”

• Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”

1.1. Categoría “A”: Crédito con riesgo crediticio normal. Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información crediticia, indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

1.2. Categoría “B”: Crédito con riesgo aceptable. Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades que potencialmente pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o contrato.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:

Modalidad de créditoNº de meses en mora (rango)
ViviendaMás de 2 hasta 5
ConsumoMás de 1 hasta 2
MicrocréditoMás de 1 hasta 2
ComercialMás de 1 hasta 3

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

1.3. Categoría “C”: Crédito deficiente, con riesgo apreciable. Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:

Modalidad de créditoNº de meses en mora (rango)
ViviendaMás de 5 hasta 12
ConsumoMás de 2 hasta 3
MicrocréditoMás de 2 hasta 3
ComercialMás de 3 hasta 6

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

1.4. Categoría “D”: Crédito de difícil cobro, con riesgo significativo. Es aquel que tiene cualquiera de las características del deficiente, pero en mayor grado, de tal suerte que la probabilidad de recaudo es altamente dudosa.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:

Modalidad de créditoNº de meses en mora (rango)
ViviendaMás de 12 hasta 18
ConsumoMás de 3 hasta 6
MicrocréditoMás de 3 hasta 4
ComercialMás de 6 hasta 12

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

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1.5. Categoría “E”: Crédito irrecuperable. Es aquel que se estima incobrable.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:

Modalidad de créditoNº de meses en mora (rango)
ViviendaMás de 18
ConsumoMás de 6
MicrocréditoMás de 4
ComercialMás de 12

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

2. Reglas sobre provisiones

2.1. Provisión individual

2.1.1. Provisiones para créditos de vivienda

2.1.1.1. Las entidades deben mantener en todo momento provisiones no inferiores a los porcentajes que se indican, calculadas sobre el saldo pendiente de pago:

Calificación del créditoPorcentaje de provisión sobre la parte garantizadaPorcentaje de provisión sobre la parte no garantizada
B1%100%
C10%100%
D20%100%
E30%100%

2.1.1.2. Si durante dos (2) años consecutivos el crédito ha permanecido en la categoría “E”, el porcentaje de provisión sobre la parte garantizada se elevará a sesenta por ciento (60%). Si transcurre un año adicional en estas condiciones, el porcentaje de provisión sobre la parte garantizada se elevará a cien por ciento (100%), a menos que la entidad demuestre suficientemente la existencia de factores objetivos que evidencien la recuperación del crédito y las gestiones realizadas para el cobro del mismo, en este caso identificando el empleo de la vía judicial o extrajudicial, e indicando el estado del respectivo proceso.

2.1.2. Provisiones para créditos comerciales, de consumo y microcrédito

2.1.2.1. Las entidades deben mantener en todo momento, en relación con sus operaciones de microcrédito, créditos de consumo y comerciales, una provisión no inferior al porcentaje que se indica, calculada sobre el saldo pendiente de pago neto de garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente numeral:

Calificación de créditoPorcentaje mínimo de provisión
B1%
C20%
D50%
E100%

2.1.3. Efecto de las garantías idóneas

2.1.3.1. Regla general

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo respaldan el capital de los créditos. En consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con seguridades que tengan el carácter de garantías idóneas, se provisionan en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito (de acuerdo con los cuadros de los nums. 2.1.1.1 y 2.1.2.1), aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el setenta por ciento (70%) del valor de la garantía.

Las cartas de crédito stand by y las garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías que cumplan las condiciones señaladas en el literal d) del numeral 1.3.2.3.1 del capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995, se toman por el 100% de su valor para efectos de la constitución de provisiones individuales las cuales se calculan de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior.

No obstante, dependiendo de que la garantía sea o no hipotecaria y del tiempo de mora del respectivo crédito, para la constitución de provisiones solo se considerarán los porcentajes del valor total de la garantía que se indican en los siguientes cuadros:

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Para garantías no hipotecarias:

Tiempo de mora del créditoPorcentaje
0 a 12 meses70 %
Más de 12 meses a 24 meses50 %
Más de 24 meses0 %

Para garantías hipotecarias o fiducias en garantía hipotecarias idóneas:

Tiempo de mora del créditoPorcentaje
0 a 18 meses70%
Más de 18 meses a 24 meses50%
Más de 24 meses a 30 meses30%
Más de 30 meses a 36 meses15%
más de 36 meses0%

CAPÍTULO II

Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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Anexo 2

Casos especiales

1. Reestructuraciones Ley 617 de 2000

En las reestructuraciones que se deriven de la suscripción de programas de saneamiento fiscal y financiero en los términos de la Ley 617 de 2000, se atenderán las siguientes instrucciones especiales, sin perjuicio de aquellas impartidas en el presente capítulo:

1.1. Los recursos que tienen por objeto garantizar los créditos destinados tanto a financiar el ajuste fiscal como los reestructurados a la fecha de suscripción del acuerdo incorporados en los encargos fiduciarios previstos en la ley, podrán considerarse como garantía admisible para efectos de la constitución de provisiones, solo en la medida en que el encargo constituido demuestre que el origen de los recursos cubrirá en el tiempo que dure, las deudas del saneamiento fiscal y de cada una de las entidades financieras participantes en el acuerdo de reestructuración.

1.2. La totalidad de los rendimientos de las obligaciones reestructuradas, incluyendo aquellos que sean capitalizados y los saldos de cartera y cuentas por cobrar castigados, que no cuenten con la garantía de la Nación prevista en el artículo 63 de la Ley 617 de 2000, se contabilizarán como abono diferido en la subcuenta 272035 y serán registrados como ingreso solo en la medida en que sean efectivamente recaudados.

Podrán revertirse las provisiones constituidas sobre las obligaciones objeto de reestructuración, en la parte que haya sido garantizada por la Nación; las constituidas sobre la porción no garantizada por la Nación y atendiendo el porcentaje de provisión requerido en la categoría de riesgo en que se encuentre calificada, solo cuando el deudor haya cancelado, por lo menos, dos (2) instalamentos sucesivos desde la fecha de la reestructuración y se estén cumpliendo en su totalidad los términos del programa de saneamiento fiscal y financiero suscrito, hecho que deberá acreditarse por escrito por el área del Ministerio de Hacienda y Crédito Público designada para hacer el seguimiento de tales programas.

1.3. La parte de las obligaciones objeto de reestructuración que no cuente con garantía de la Nación podrá mantener la calificación que tenía al 30 de junio de 2001, siempre que a juicio de la Superintendencia Bancaria ella refleje adecuadamente la exposición al riesgo que enfrentaba la entidad financiera.

Para efectos de mejorar la calificación después de las correspondientes reestructuraciones, además de estarse cumpliendo en su totalidad los términos del acuerdo, deberán atenderse las instrucciones impartidas en el presente capítulo, sin perjuicio de aquellas que por vía particular expida esta superintendencia.

1.4. En caso de incumplimiento del acuerdo por parte del ente público territorial, la deuda existente a la fecha del incumplimiento que no cuente con la garantía de la Nación, deberá recalificarse de inmediato en una categoría de riesgo no inferior a “E”.

2. Reestructuraciones extraordinarias

Las reestructuraciones que se celebraron a partir de la vigencia de la Circular Externa 39 de 1999 y hasta el 31 de diciembre de 1999, siempre que hubieran cumplido los requisitos que a continuación se establecen, se rigen por las reglas adelante indicadas:

2.1. Podrán reestructurarse todas las operaciones de crédito vigentes, así se encuentren o no al día en el pago de sus obligaciones y cualquiera sea la calificación que tenga el deudor.

2.2. Las reestructuraciones deberán comprender por lo menos el ochenta por ciento (80%) del total del endeudamiento de un deudor con el sector financiero. Los acuerdos de reestructuración deberán celebrarse en igualdad de condiciones entre las entidades financieras participantes y en proporción al endeudamiento que cada una de ellas tuviere con el respectivo deudor. Para efectos de determinar el valor de las deudas a cargo de un deudor, se aplicará lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Decreto 2360 de 1993.

2.3. En el caso de reestructuraciones extraordinarias que cobijen simultáneamente a varios deudores, el porcentaje anteriormente indicado se calculará sobre el endeudamiento total de todos ellos con el sector financiero.

2.4. Para efectos de determinar los plazos de las reestructuraciones deberán tenerse en cuenta los flujos de fondos de los deudores o de los proyectos, sin que excedan de siete (7) años para su total amortización. En caso de reestructuración de deudas con entidades territoriales, dicho plazo podrá ser hasta de diez (10) años.

2.5. Los acuerdos de reestructuración podrán contemplar períodos de gracia para el pago de intereses y para la amortización del capital, siempre que no excedan en el primer caso de un (1) año y en el segundo de tres (3).

2.6. Los acuerdos de reestructuración presuponen, cuanto menos, la condonación por parte de las entidades financieras de los intereses moratorios.

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2.7. Los créditos reestructurados tendrán la tasa de interés que convengan las entidades acreedoras y el deudor. Dicha tasa será variable, y se ajustará trimestralmente de acuerdo con la DTF o con el IPC; si se trata de créditos en moneda extranjera podrán utilizarse las mismas tasas de referencia del crédito original. La tasa de interés inicial no podrá ser superior a la del crédito que se reestructura, ni tampoco podrá serlo el margen de intermediación de las entidades financieras que reestructuran la obligación.

2.8. Los intereses se causarán y pagarán por períodos trimestrales vencidos y podrán capitalizarse durante el primer año, a partir del cual se iniciará su amortización mediante pagos trimestrales.

2.9. Los acuerdos de reestructuración admitirán prepagos totales o parciales, sin sanciones, multas o comisiones por tales prepagos.

2.10. Los créditos reestructurados tendrán las garantías que acuerden los acreedores con el deudor.

2.11. Todos los acuerdos de reestructuración estarán acompañados de un convenio de gestión que deberá contemplar las acciones a seguir por el deudor reestructurado, para garantizar el cumplimiento del acuerdo de reestructuración y la viabilidad de la empresa.

2.12. Para acordar los términos del convenio de gestión, las entidades financieras constituirán un comité de acreedores y nombrarán a uno de los establecimientos de crédito acreedores como agente del acuerdo.

2.13. El agente del acuerdo podrá convenir con las demás entidades acreedoras y con el deudor reestructurado, una comisión de agencia que le cubra los gastos en que incurra por el seguimiento del convenio de gestión y del acuerdo de reestructuración.

2.14. Trimestralmente, el agente presentará por escrito, a las demás entidades acreedoras, a la Superintendencia Bancaria y a la entidad o entidades que hubieren suministrado recursos para apoyar la reestructuración (IFI, Bancóldex, Findeter, FEN, etc.), un informe de seguimiento del convenio de gestión.

2.15. En caso de incumplimiento de los términos pactados en el convenio de gestión, o cuando no obstante su adecuada ejecución no se hayan generado los resultados previstos en el acuerdo de reestructuración, el agente deberá de inmediato convocar al comité de acreedores con el fin de analizar la situación y recomendar las acciones que deban seguir todos los participantes en el acuerdo de reestructuración. De dichas situaciones y acciones deberá darse inmediata información tanto a la Superintendencia Bancaria como a la entidad o entidades que hayan facilitado recursos para la reestructuración.

2.16. Los acuerdos de reestructuración podrán contemplar el otorgamiento de crédito a los actuales o a nuevos accionistas, con el fin de capitalizar la empresa reestructurada. Dichos créditos tendrán los plazos y las garantías que acuerden acreedores y deudores, pero en todo caso deberán estar respaldados por acciones de la empresa capitalizada cuya deuda se reestructura.

2.17. Los acuerdos de reestructuración podrán contemplar créditos adicionales, destinados a capital de trabajo o al servicio de deudas no financieras o de facturas pendientes de cancelación que, a juicio de las entidades acreedoras, deban atenderse para garantizar la viabilidad de la empresa reestructurada.

2.18. Los acuerdos de reestructuración podrán contemplar, excepcionalmente, la conversión de parte de la deuda contraída por la entidad reestructurada con el sector financiero privado y con el Instituto de Fomento Industrial, IFI, en capital o en bonos de riesgo (cuasi-capital).

Se entiende por bonos de riesgo, aquellos títulos representativos de créditos cuyo reembolso a su vencimiento, se atenderá con preferencia respecto del capital del emisor y subordinado al pago de los demás pasivos.

Dichas conversiones de deuda en capital o bonos de riesgo, solo podrán efectuarse cuando sean necesarias para asegurar la recuperación del crédito reestructurado.

2.19. Ninguna entidad financiera podrá convertir acreencias en acciones o en bonos de riesgo (cuasi-capital) en cuantía que supere el quince por ciento (15%) de su patrimonio técnico. Tampoco podrán capitalizarse o convertirse en bonos de riesgo (cuasi-capital), acreencias del sector financiero en una entidad reestructurada, en porcentajes que representen más del treinta por ciento (30%) del nuevo capital de la respectiva empresa.

2.20. En caso de que parte de la deuda de la entidad reestructurada sea capitalizada por el sector financiero, las acciones correspondientes deberán contabilizarse como inversiones negociables o no negociables, según corresponda.

2.21. Las acciones que reciba la entidad financiera como producto de la capitalización de deudas, deberán venderse a más tardar dentro del término previsto para la cancelación total de la deuda reestructurada, adicionado en doce meses.

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2.22. Cuando parte de la deuda se convierta en bonos de riesgo o “cuasi-capital”, la valoración de tales bonos se hará por su precio de mercado y las provisiones se manejarán en la misma forma prevista para el caso de las acciones, cuando se acuerde la conversión de deuda en capital.

2.23. Cuando el deudor de un acuerdo de reestructuración sea una entidad territorial, además de lo dispuesto en los puntos anteriores, deberá existir un plan de desempeño suscrito entre la correspondiente entidad territorial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo previsto en la Ley 358 de 1995 y sus decretos reglamentarios.

2.24. Cuando se perfeccione un acuerdo de reestructuración en los términos previstos en esta circular, los acreedores del sector financiero, una vez suscrito el convenio de gestión y verificadas las proyecciones que permitan razonablemente considerar la viabilidad del negocio reestructurado, podrán mantener la calificación del deudor o llevarla a una de menor riesgo, siempre que, en el segundo caso, se obtengan garantías adicionales, incrementos en el capital de la empresa, conversión de la deuda en capital, o cualesquiera otros recursos que hagan evidente la capacidad financiera de la empresa reestructurada para cumplir con los pagos tanto de capital como de intereses, en los plazos y por las cuantías convenidas en el acuerdo de reestructuración.

2.25. Las entidades financieras que celebren acuerdos de reestructuración en los términos previstos en esta circular, podrán rehabilitar la calificación del deudor reestructurado. Para reversar provisiones se requerirá que el acuerdo de reestructuración permita calificar en “A” al deudor, o que se hayan atendido por lo menos dos instalamentos de intereses o efectuado un abono a capital, según los términos previstos en el acuerdo y siempre que, para ese momento, el agente certifique el cumplimiento del convenio de gestión y la capacidad de pago del deudor, de acuerdo con los flujos reales frente a los proyectados, al momento de la reestructuración.

En todo caso, las entidades financieras que participen en un acuerdo de reestructuración, deberán otorgar al deudor la misma calificación.

2.26. Se considerará práctica insegura reversar provisiones o mejorar la calificación de los deudores reestructurados, cuando la viabilidad del deudor o el cumplimiento de los términos del acuerdo de reestructuración no esté debidamente demostrada.

2.27. La Superintendencia Bancaria podrá, en cualquier momento, ordenar modificaciones en las calificaciones o reversar provisiones de los deudores reestructurados, cuando quiera que, a su juicio, dichas mejores calificaciones o reversión de provisiones, no cuenten con la suficiente fundamentación técnica.

2.28. Cuando un acuerdo de reestructuración se llegare a incumplir, las entidades acreedoras deberán calificar de inmediato al deudor en la categoría que tenía antes de la reestructuración, o en una de mayor riesgo.

2.29. Las reestructuraciones celebradas con anterioridad a la vigencia de la Circular Externa 39 de 1999 podrán acogerse a las reglas aquí indicadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para las reestructuraciones extraordinarias de que trata el numeral 2º de este anexo.

2.30. En las reestructuraciones extraordinarias se podrán recibir, como pago de los intereses, inmuebles distintos a establecimientos de comercio o industriales. En este caso, los bienes comenzarán a provisionarse en alícuotas mensuales durante los dos años siguientes al vencimiento del plazo que esta norma autoriza como período de gracia para el pago de intereses.

3. Acuerdos de reestructuración Ley 550 de diciembre 30 de 1999

3.1. A partir de la fecha en que se inicie la negociación de un acuerdo de reestructuración, las entidades financieras acreedoras de la empresa o de la entidad territorial objeto del acuerdo, dejarán de causar intereses sobre los créditos vigentes, pero podrán mantener la calificación que tuvieran dichos créditos en la fecha de iniciación de las negociaciones.

En el evento en que la negociación fracase los créditos se calificarán en categoría “E”, crédito incobrable.

Desde la formalización de un acuerdo de reestructuración, los créditos nuevos que se otorguen a las empresas o entidades territoriales reestructuradas podrán ser calificados en categoría “A”.

3.2. No obstante lo anterior, para efectos de rehabilitar la calificación, y para poder reiniciar la causación de intereses y reversar provisiones de las acreencias anteriores a la fecha de iniciación del acuerdo, deberán cumplirse las siguientes reglas:

3.2.1. En el evento en que el acuerdo de reestructuración contemple incrementos en el capital o suscripción de bonos de riesgo con recursos nuevos, en cuantía superior al quince por ciento (15%) del total de la deuda vigente de la empresa reestructurada con las instituciones financieras y demás entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo, las entidades vigiladas podrán reiniciar la causación de intereses y reversar provisiones, siempre que:

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i) El acuerdo no contemple períodos de gracia superiores a un (1) año para el pago de intereses, ni superiores a tres (3) para la amortización de capital.

ii) El acuerdo hubiere sido negociado a un plazo que no exceda de siete (7) años para lograr la recuperación de la empresa, o de diez (10) cuando se trate de reestructuración de entidades territoriales.

iii) El acuerdo prevea que los intereses se pagarán con una periodicidad mensual, trimestral o, máxima, semestral.

iv) El acuerdo prevea que vencido el período de gracia para el pago de capital, su amortización durante el plazo restante, sea en cuotas iguales, o por lo menos, equivalente al treinta por ciento (30%) durante la primera mitad del plazo. El remanente, es decir el setenta por ciento (70%), deberá distribuirse en alícuotas proporcionales durante la segunda mitad del plazo.

v) El acuerdo prevea la admisión por parte de los acreedores, de prepagos totales o parciales, sin sanciones, multas o comisiones por tales prepagos.

Para efectos de lo previsto en este numeral, se entenderá que son recursos nuevos aquéllos que le irriguen capital fresco a la empresa, es decir, que no provengan de capitalización de deuda o conversión de la misma en bonos de riesgo, o de créditos otorgados a quienes fueren accionistas de la empresa en la fecha de iniciación del acuerdo, directa o indirectamente, por los acreedores de la empresa, salvo que se trate de créditos otorgados con recursos provenientes de líneas de capitalización creadas para este propósito en instituciones financieras de segundo piso.

3.2.2. En el evento en que el acuerdo de reestructuración contemple capitalización de deuda o conversión de la misma en bonos de riesgo, las entidades financieras podrán, si tales capitalizaciones o conversión de deuda, alcanzaren por lo menos el veinte por ciento (20%) del endeudamiento de la empresa con las instituciones financieras y demás entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, en la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo y siempre que el mismo cumpla con lo establecido en el numeral 3.2.1. de este anexo, reiniciar la causación de intereses en la fecha de formalización del acuerdo.

Para liberar provisiones se requiere que en desarrollo del acuerdo, la empresa reestructurada haya cancelado a la respectiva entidad financiera, por lo menos, el quince por ciento (15%) del capital adeudado a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo y haya atendido cumplidamente el pago de los intereses.

3.2.3. En el evento en que el acuerdo prevea el otorgamiento de prórrogas, períodos de gracia, quitas o condonaciones, con las cuales se habilite la capacidad de pago de la empresa o entidad reestructurada, mas no el ingreso de nuevos recursos, la capitalización de acreencias ni su conversión en bonos de riesgo, y siempre que el acuerdo cumpla, en cuanto a plazos y forma de pago, con los requisitos contemplados en el numeral 3.2.1. de este anexo, las entidades financieras utilizarán, para manejar el crédito reestructurado, vigente a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo, contabilidad de caja, es decir, los intereses solo podrán afectar el estado de resultados de la entidad financiera en la fecha en que se reciban en dinero.

Cuando el acuerdo se encuentre ejecutado de manera que se haya atendido el pago de los intereses y por lo menos, el treinta por ciento (30%) de los pagos a capital, la entidad financiera podrá reiniciar la causación de intereses para el resto del período del acuerdo y reversar las provisiones que tuviere constituidas.

3.2.4. Cuando los acuerdos de reestructuración se formalicen en condiciones diferentes a las contempladas en el numeral 3.2.1 de este anexo, las entidades financieras no podrán reiniciar la causación de intereses, ni reversar provisiones, hasta tanto no se hayan cancelado en dinero los intereses del período y por lo menos, el cincuenta por ciento (50%) de las acreencias reestructuradas, vigentes en la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo.

3.3. Cuando los acuerdos de reestructuración contemplen la conversión de parte de la deuda contraída por la entidad reestructurada, en capital o en bonos de riesgo, las entidades financieras contabilizarán dichas acciones o bonos de riesgo como inversiones negociables que deberán venderse a más tardar dentro del año siguiente al plazo previsto para la ejecución del acuerdo.

Todo establecimiento de crédito, distinto de una corporación financiera, que directa o indirectamente o con el concurso de sus vinculadas, convierta acreencias en acciones o en bonos de riesgo (cuasi-capital) en cuantía que supere el quince por ciento (15%) de su patrimonio técnico o, cuando capitalice o convierta acreencias en bonos de riesgo, en porcentajes que representen más del treinta por ciento (30%) del nuevo capital de la empresa, deberá provisionar el cien por ciento (100%) del exceso sobre los porcentajes antes mencionados. En el caso de las corporaciones financieras, se aplicará lo anteriormente dispuesto, solo si la inversión excede los límites establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para este tipo de intermediario.

Solamente podrán levantarse las provisiones efectuadas sobre acciones o bonos de riesgo en la medida en que tales acciones o bonos se vendan de contado y el dinero ingrese a la entidad financiera. Si un año después de vencido el plazo del acuerdo de reestructuración aún permanecieren tales acciones o bonos de riesgo en poder de la entidad financiera, deberán provisionarse en un cien por ciento (100%) o incrementar la provisión que existiere para dicha inversión hasta llegar al cien por ciento (100%).

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3.4. Seguimiento del acuerdo de reestructuración

Las entidades financieras deberán obtener del comité de vigilancia, del promotor del acuerdo o de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el caso de las entidades territoriales, certificaciones trimestrales sobre su cumplimiento, las cuales deberán mantenerse a disposición de la Superintendencia Bancaria.

Cuando un acuerdo de reestructuración se llegare a incumplir, las entidades acreedoras deberán calificar de inmediato todos los créditos anteriores o posteriores a la iniciación de la negociación del acuerdo, en la categoría que tenían antes del acuerdo de reestructuración o en una de mayor riesgo. Las inversiones en la empresa como resultado de la capitalización de acreencias o de la conversión de la misma en bonos de riesgo deberán provisionarse en el porcentaje que correspondería al crédito capitalizado.

Si el incumplimiento fuere de tal naturaleza que llevare a la liquidación de la empresa, las entidades financieras deberán calificar de inmediato todos los créditos anteriores o posteriores a la iniciación de la negociación del acuerdo, en categoría “E”, crédito incobrable. En este caso, adicionalmente deberá provisionarse el cien por ciento (100%) de las acciones o de los bonos de riesgo representativos de la acreencia capitalizada por la entidad financiera en el acuerdo de reestructuración.

Si el acuerdo de reestructuración tuviere que renegociarse para ampliar el plazo o para mejorar las condiciones del deudor, los créditos otorgados al mismo deberán calificarse en una categoría de mayor riesgo.

3.5. Daciones en pago

Cuando en los acuerdos de reestructuración se prevea que las entidades financieras reciban como pago de sus acreencias, inmuebles distintos a establecimientos de comercio o industriales, tales bienes comenzarán a provisionarse, a partir de los doce (12) meses de la fecha de suscripción del acuerdo, en alícuotas mensuales, durante los treinta y seis (36) meses siguientes y hasta por el setenta por ciento (70%) de su valor si se trata de inmuebles destinados a vivienda y durante los veinticuatro (24) meses siguientes y hasta por el ochenta por ciento (80%) de su valor si se trata de otro tipo de inmueble.

3.6. Cuentas de orden

En aquellos casos en que como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra modalidad de acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encontraren registrados en cuentas de orden o de los saldos de cartera castigada incluidos capital, intereses y otros conceptos, al igual que los intereses que se generen en el futuro por estos conceptos, se contabilizarán como abono diferido en el código 272035 y su amortización a capital se hará en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados.

CAPÍTULO II

Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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Anexo 3

Modelo de referencia de cartera comercial-MRC

Consideraciones generales

En el presente anexo se establece el modelo de referencia de cartera comercial adoptado por la SBC, el cual se empleará para la evaluación y supervisión de los modelos internos presentados por las entidades y, sin perjuicio de lo establecido en el literal k) del numeral 1.3.3 del presente capítulo, será obligatoriamente aplicable en los eventos previstos en los literales g), i), j) y n) de dicho numeral.

1. El modelo de otorgamiento

Todas las entidades obligadas a implementar el SARC que realicen otorgamiento de cartera comercial, deben establecer un modelo de otorgamiento de crédito que permita clasificar y calificar sus decisiones de otorgamiento sobre créditos nuevos. Se entiende por crédito nuevo aquel que se otorgue a partir del momento de aplicación del modelo de referencia para cuantificación de pérdidas esperadas.

Esta calificación deberá mantenerse hasta el primer reporte de endeudamiento a la SBC después de la etapa de otorgamiento y actualizarse en los siguientes reportes por la calificación obtenida mediante los criterios establecidos en el numeral 4º del presente anexo.

2. Portafolios del MRC

Los procesos de segmentación y discriminación de los portafolios de crédito y de sus posibles sujetos de crédito, deben servir de base para la estimación de las pérdidas esperadas en el MRC. Así, el modelo de referencia de cartera comercial se basa en segmentos diferenciados por el nivel de los activos de los deudores.

Los portafolios fueron definidos bajo los siguientes criterios:

Clasificación de la cartera comercial por nivel de activos
Tamaño de empresaNivel de activos
Grandes empresasMás de 15.000 smmlv
Medianas empresasEntre 5.000 y 15.000 smmlv
Pequeñas empresasMenos de 5.000 smmlv

Adicionalmente, se crea una categoría denominada “personas naturales” en la cual se agrupan todas las personas naturales que son deudores de crédito comercial.

3. Definición de incumplimiento en el MRC

El incumplimiento en el MRC se presenta en los casos descritos en el literal b del numeral 1.3.3.1 del presente capítulo.

4. Reglas sobre clasificación y calificación del riesgo crediticio

Los contratos de cartera comercial deben clasificarse en una de las siguientes categorías de riesgo crediticio:

• Categoría AA

• Categoría A

• Categoría BB

• Categoría B

• Categoría CC

• Categoría Incumplimiento.

4.1. Categoría “AA”: Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención excelente. Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información crediticia, indican una capacidad de pago óptima, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:

• Los créditos nuevos cuya calificación asignada al momento de otorgamiento sea “AA”.

• Los créditos ya otorgados que no presenten mora en sus obligaciones contractuales.

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Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

La calificación asignada al momento de otorgamiento tendrá validez solo en el primer reporte de calificación, período después del cual el crédito se mantendrá en esta categoría si no presentó una mora en sus obligaciones diferente a la definida para esta categoría.

4.2. Categoría “A”: Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información crediticia, indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:

• En esta categoría se deben clasificar los créditos nuevos cuya calificación asignada al momento de otorgamiento sea “A”.

• Los créditos ya otorgados que como mínimo no presenten mora mayor a 60 días ni menor a 30 días en sus obligaciones contractuales.

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

La calificación asignada al momento de otorgamiento tendrá validez solo en el primer reporte de calificación, período después del cual el crédito solo conservará esta categoría si no presentó una mora en sus obligaciones diferente a la definida para esta categoría.

4.3. Categoría “BB”: Los créditos calificados en esta categoría están atendidos y protegidos de forma aceptable, pero existen debilidades que potencialmente pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o contrato.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:

• En esta categoría se deben clasificar los créditos nuevos cuya calificación asignada al momento de otorgamiento sea “BB”.

• Los créditos ya otorgados que como mínimo no presenten mora mayor a 90 días ni menor a 60 días en sus obligaciones contractuales.

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

La calificación asignada al momento de otorgamiento tendrá validez solo en el primer reporte de calificación, período después del cual el crédito solo conservará esta categoría si no presentó una mora en sus obligaciones diferente a la definida para esta categoría.

4.4. Categoría “B”: Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:

• En esta categoría se deben clasificar los créditos nuevos cuya calificación asignada al momento de otorgamiento sea “B”.

• Los créditos ya otorgados que como mínimo no presenten mora mayor a 120 días ni menor a 90 días en sus obligaciones contractuales.

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

La calificación asignada al momento de otorgamiento tendrá validez solo en el primer reporte de calificación, período después del cual el crédito solo conservará esta categoría si no presentó una mora en sus obligaciones diferente a la definida para esta categoría.

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4.5 Categoría “CC”: Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan graves insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan significativamente el recaudo de la obligación en los términos convenidos.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:

• En esta categoría se deben clasificar los créditos nuevos cuya calificación asignada al momento de otorgamiento sea “CC”.

• Los créditos ya otorgados que como mínimo no presenten mora mayor a 150 días ni menor a 120 días en sus obligaciones contractuales.

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

La calificación asignada al momento de otorgamiento tendrá validez solo en el primer reporte de calificación, período después del cual el crédito solo conservará esta categoría si no presentó una mora en sus obligaciones diferente a la definida para esta categoría.

4.6. Categoría “incumplimiento”: Las condiciones objetivas suficientes para que el crédito sea calificado en esta categoría son los eventos descritos en el literal b del numeral 1.3.3.1 del presente capítulo.

Sin embargo, las entidades deben clasificar en esta categoría a deudores que independientemente de que no cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.

5. Componentes del MRC

La estimación de la pérdida esperada en el marco del MRC resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:

Pérdida esperada= [Probabilidad de incumplimiento] x [Exposición del activo en el momento del incumplimiento] x [Pérdida dado el incumplimiento]

Será responsabilidad de las entidades aplicar el MRC y reportar la pérdida esperada mediante el formato 341. Estas pérdidas esperadas se constituirán en provisiones de acuerdo con lo expuesto en el numeral 7º del presente anexo.

El modelo de referencia de cartera comercial permite determinar los componentes de la pérdida esperada de acuerdo con los siguientes parámetros:

5.1. La probabilidad de incumplimiento

Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses los deudores de un determinado portafolio de cartera comercial incurran en incumplimiento, de acuerdo con el numeral 3º del presente anexo.

La probabilidad de incumplimiento se definirá de acuerdo con las siguientes matrices:

Gran empresa Pequeña empresa

Matriz A Matriz A

Comercial Incumplimiento Comercial Incumplimiento
AA1.11%AA1.56%
A2.04%A2.50%
BB7.35%BB7.52%
B9.65%B10.70%
CC17.36%CC22.72%
Incumplimiento100.00%Incumplimiento100.00%

Matriz B Matriz B

ComercialIncumplimiento ComercialIncumplimiento
AA4.98%AA6.67%
A6.17%A7.93%
BB17.52%BB16.19%
B21.13%B20.83%
CC30.21%CC33.50%
Incumplimiento100.00%Incumplimiento100.00%

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Mediana empresa Personasnaturales

Matriz A Matriz A

ComercialIncumplimiento ComercialIncumplimiento
AA1.39%AA1.13%
A2.42%A1.64%
BB8.50%BB4.57%
B11.14%B8.39%
CC19.14%CC23.33%
Incumplimiento100.00%Incumplimiento100.00

Matriz B Matriz B

ComercialIncumplimiento ComercialIncumplimiento
AA5.37%AA5.57%
A7.04%A6.02%
BB19.06%BB10.75%
B22.76%B14.99%
CC32.25%CC30.47%
Incumplimiento100.00%Incumplimiento100.00%

De esta manera, para cada deudor de cartera comercial se obtiene la probabilidad de migrar entre su calificación vigente y la calificación propia del incumplimiento en los próximos 12 meses de acuerdo con el ciclo del comportamiento general del riesgo de crédito.

5.2. La pérdida dado el incumplimiento (PDI)

Se define como el deterioro económico en que incurriría la entidad en caso de que se materialice alguna de las situaciones de incumplimiento a que hace referencia el numeral 3º del presente anexo. El MRC segmenta la PDI de acuerdo con la garantía que en mayor proporción respalda el pago de determinada obligación. La PDI por tipo de garantía será la siguiente:

Tipo de garantíaP.D.I
Garantía no admisible55%
Créditos subordinados75%
Colateral financiero admisible0-12%
Bienes raíces comerciales y residenciales40%
Bienes dados en leasing inmobiliario35%
Bienes dados en leasing diferente a inmobiliario45%
Otros colaterales50%
Derechos de cobro45%

Para homologar las distintas garantías presentes en los contratos de crédito con los segmentos anteriormente listados, se clasifican dentro de cada grupo de garantías las siguientes:

1. Garantía no admisible: Serán clasificadas como garantía no admisible entre otras, las siguientes garantías:

• Codeudores y avalistas.

2. Colateral financiero admisible (CFA): Serán clasificadas como CFA las siguientes garantías:

• Depósitos de dinero en garantía colateral: Esta garantía tiene una PDI de 0%.

• Cartas stand by irrevocables emitidas por instituciones financieras internacionales con calificación AAA-AA-A: Estas garantías tienen una PDI de 0%.

• Seguros de crédito: Esta garantía tiene una PDI de 12%.

• Garantía soberana de la nación (L. 617/2000): Esta garantía tiene una PDI de 0%.

• Garantías emitidas por fondos de garantías: Esta garantía tiene una PDI de 12%.

• Prenda sobre títulos valores emitidos por instituciones financieras: Esta garantía tiene una PDI de 12%.

3. Derechos de cobro (DC): Serán clasificadas como DC las siguientes garantías:

• Fiducias mercantiles irrevocables de garantía.

• Pignoración de rentas de entidades territoriales y descentralizadas de todos los órdenes.

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4. Bienes raíces y residenciales (CRE/RRE) : Serán clasificadas como CRE las siguientes garantías:

• Fiducias hipotecarias.

• Garantías inmobiliarias.

5. Bienes dados en leasing inmobiliario: Se clasifican dentro de esta categoría los bienes dados en los siguientes contratos de leasing:

• Leasing de inmuebles.

• Leasing habitacional.

6. Bienes dados en leasing diferente a inmobiliario. Se clasifican dentro de esta categoría los bienes dados en los siguientes contratos de leasing:

• Leasing de maquinaria y equipo.

• Leasing de vehículos.

• Leasing muebles y enseres.

• Leasing barcos, trenes y aviones.

• Leasing equipos de cómputo.

• Leasing semovientes.

• Leasing software.

7. Otros colaterales: serán clasificadas dentro de esta categoría las siguientes garantías:

• Prendas sobre inventarios procesados.

• Prendas sobre insumos-bienes básicos.

• Prendas sobre equipos y vehículos.

• Bonos de prenda.

Así, para cada deudor se obtendrá una PDI diferente de acuerdo con el tipo de garantía que respalda la operación.

5.3. El valor expuesto del activo

Dentro del MRC, se entiende por valor expuesto del activo al saldo vigente de capital, intereses, contingencias por intereses y otras cuentas por cobrar, de las obligaciones de la cartera comercial.

6. Componente contra-cíclico del modelo de referencia de cartera comercial

Las políticas de provisiones deben considerar explícitamente los ajustes contra-cíclicos de los modelos, de manera que en los períodos de mejora en la calidad crediticia se constituyan mayores provisiones de las que serían necesarias en tales condiciones, a fin de compensar, al menos en parte, las que deberían constituirse en períodos de deterioro en la calidad crediticia.

El MRC incorpora el componente contra-cíclico en el cálculo de PI, al utilizar una metodología que permite definir el comportamiento del riesgo de crédito para cada año. Así, la SBC obtiene matrices de migraciones para diferentes fases del riesgo de crédito.

Cada año la SBC informará las nuevas matrices de migración a aplicar para la cuantificación de las pérdidas esperadas.

Para generar el componente contra-cíclico, las entidades deben aplicar la matriz indicada (A o B para cada segmento), de acuerdo con las instrucciones que imparta la SBC. Esto permitirá que las entidades cuenten con un fondo de reserva (provisión contra-cíclica) que utilizarán en períodos de deterioro en la calidad crediticia para afrontar el incremento en las provisiones sin necesidad de impactar considerablemente las posibles menores utilidades que se generen en el ambiente desfavorable.

Cuando en virtud de la aplicación del MRC se incorporen componentes contra-cíclicos, las entidades podrán destinar las provisiones generales a la constitución de provisiones individuales y contra-cíclicas, previa autorización de la SBC.

7. Reglas sobre provisiones

7.1. Provisión total individual

La provisión total individual es el resultado de las pérdidas esperadas al multiplicar a la exposición del deudor, la PI de la matriz indicada por la SBC y la PDI correspondiente a la garantía del deudor.

Para el año de 2005 se debe emplear la matriz B para el cálculo de la provisión total.

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7.2. Provisión individual

La provisión individual es el resultado de las pérdidas esperadas al multiplicar a la exposición del deudor, la PI de la matriz indicada por la SBC y la PDI correspondiente a la garantía del deudor.

Para el año de 2005 se debe emplear la matriz A para el cálculo de la provisión individual.

7.3. Provisión contra-cíclica

La provisión contra-Cíclica que se constituye para cubrir adecuadamente las pérdidas esperadas al momento de afrontar cambios inherentes al ciclo del riesgo de crédito de los deudores. Se calcula como la diferencia entre la provisión total individual y la provisión individual.

8. Homologación de calificaciones del MRC

Sin perjuicio de la calificación otorgada en cumplimiento de las reglas previstas en el numeral 4º del presente anexo y transmitida en los reportes de endeudamiento, para efectos de los registros en los estados financieros y reportes a las centrales de información, las entidades que estén aplicando el modelos de referencia de cartera comercial deben homologar la calificación por probabilidad de incumplimiento de los créditos de la matriz indicada para el cálculo de la provisión individual, de acuerdo con las instrucciones previstas en el numeral 2.2 del presente capítulo.

CAPÍTULO II

Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio

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Consideraciones generales

En el presente capítulo se señalan los principios, criterios generales y parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben observar para el diseño, desarrollo y aplicación del sistema de administración del riesgo crediticio, SARC, con el objeto de mantener adecuadamente evaluado el riesgo de crédito implícito en los activos.

El SARC debe contener políticas y procedimientos claros y precisos que definan los criterios y la forma mediante la cual la entidad evalúa, asume, califica, controla y cubre su riesgo crediticio. Para ello, los órganos de dirección, administración y control de las entidades deben adoptar políticas y mecanismos especiales para la adecuada administración del riesgo crediticio, no solo desde la perspectiva de su cubrimiento a través de un sistema de provisiones, sino también a través de la administración del proceso de otorgamiento de créditos y permanente seguimiento de estos.

Están obligadas a adoptar un SARC las entidades vigiladas por la SBC, con excepción de las siguientes: casas de cambio, almacenes generales de depósito, fondos ganaderos, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, sociedades administradoras de fondos de pensiones, cajas, fondos o entidades de seguridad social administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop, el Banco de la República y el Fondo Nacional de Garantías S.A.

Las entidades no obligadas a adoptar un SARC, incluyendo a los bancos de redescuento en lo que respecta exclusivamente a sus operaciones de crédito de redescuento, deberán constituir la provisión general en los casos donde aplique y calcular sus provisiones individuales con el régimen previsto en el anexo 1 de este capítulo.

El SARC que adopten las entidades vigiladas está sujeto a la supervisión permanente e integral de la SBC, en los términos previstos en el presente capítulo. En todo caso, la puesta en funcionamiento y las modificaciones de los modelos internos para el cálculo de la pérdida esperada deben someterse a la consideración previa de la SBC, sin perjuicio del seguimiento y ajuste permanentes de dichos modelos por parte de las entidades.

Las referencias que en el presente capítulo se hagan a “contratos de crédito”, “operaciones activas de crédito”, “activos de crédito”, “crédito” o “créditos”, “cartera de créditos” u “operaciones” comprenden igualmente a los contratos de leasing.

1. Principios y criterios generales para la evaluación del riesgo crediticio en la cartera de créditos

1.1. Riesgo crediticio (RC)

El RC es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones.

1.2. Obligación de evaluar el RC mediante la adopción de un SARC

Las entidades vigiladas deben evaluar permanentemente el riesgo incorporado en sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones. Para tal efecto, las entidades deben diseñar y adoptar un SARC.

1.3. Elementos que componen el SARC

El SARC debe contar al menos con los siguientes componentes básicos:

— Políticas de administración del RC

— Procesos de administración del RC

— Modelos internos o de referencia para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas

— Sistema de provisiones para cubrir el RC

— Procesos de control interno

1.3.1. Políticas de administración del RC

Las políticas de administración del RC deben ser adoptadas por la junta directiva o el consejo de administración, tratándose de las cooperativas financieras, definiendo con claridad y precisión los criterios bajo los cuales la organización debe evaluar, calificar, asumir, controlar y cubrir el RC. Igualmente, la junta directiva o el consejo de administración, debe establecer los mecanismos y controles necesarios para asegurar el cumplimiento estricto de dichas políticas y de las normas que le son aplicables al proceso de administración del RC contenidas en este capítulo.

Las políticas de administración del RC deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

1.3.1.1. Estructura organizacional

Las entidades deben desarrollar una estructura organizacional apropiada para la administración del RC. Para el efecto, deben establecer y preservar estándares que permitan contar con personal idóneo para la administración de riesgos. De igual forma, deben quedar claramente asignadas las responsabilidades de las diferentes personas y áreas involucradas en los respectivos procesos, y establecerse reglas internas dirigidas a prevenir y sancionar conflictos de interés, a controlar el uso y a asegurar la reserva de la información.

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Las entidades deben tener y aplicar la infraestructura tecnológica y los sistemas necesarios para garantizar la adecuada administración del RC, los cuales deben generar informes confiables sobre dicha labor.

1.3.1.2. Límites de exposición crediticia y de pérdida tolerada

Las políticas deben incluir las pautas generales que observará la entidad en la fijación, tanto de los niveles y límites de exposición (iniciales y potenciales) de los créditos totales, individuales y por portafolios, como de los cupos de adjudicación y límites de concentración por deudor, sector o grupo económico.

1.3.1.3. Otorgamiento de crédito

Las políticas deben precisar las características básicas de los sujetos de crédito de la entidad y los niveles de tolerancia frente al riesgo, discriminar entre sus potenciales clientes para determinar si son sujetos de crédito y definir los niveles de adjudicación para cada uno de ellos.

1.3.1.4. Garantías

Las políticas deben definir criterios para la exigencia y aceptación de garantías para cada tipo de crédito. En lo que se refiere a avalúos de los bienes recibidos en garantía, la política debe contener criterios de realización de avalúos que se refieran a su objetividad, certeza de la fuente, transparencia, integridad y suficiencia, independencia y profesionalidad del avaluador, antigüedad y contenido mínimo del avalúo.

1.3.1.5. Seguimiento y control

Las entidades deben tener un sistema de seguimiento y control del RC de los diferentes portafolios, lo cual implica un proceso continuo de clasificación y recalificación de las operaciones crediticias consistente con el proceso de otorgamiento. Las políticas deben precisar la frecuencia del seguimiento y señalar los criterios de calificación.

1.3.1.6. Constitución de provisiones

Las políticas deben prever sistemas de cubrimiento del riesgo mediante provisiones generales e individuales que permitan absorber las pérdidas esperadas derivadas de la exposición crediticia de la entidad y estimadas mediante las metodologías y análisis desarrollados en el SARC.

Las políticas de provisiones deben considerar explícitamente los ajustes contra-cíclicos de los modelos, de manera que en los períodos de mejora en la calidad crediticia se constituyan mayores provisiones de las que serían necesarias en tales condiciones, a fin de compensar, al menos en parte, las que deberían constituirse en períodos de deterioro en la calidad crediticia.

Estos ajustes pueden hacerse mediante provisiones individuales y/o provisiones generales. En caso de que el ajuste contra-cíclico se efectúe individualmente, dicho ajuste deberá registrarse independientemente para cada crédito.

1.3.1.7. Capital económico

Se entiende por capital económico la estimación del nivel de patrimonio necesario para absorber las pérdidas no esperadas de la entidad. Si bien todavía no es una exigencia regulatoria, es deseable que las entidades inicien un proceso de estimación de este capital con metodologías internas.

1.3.1.8. Recuperación de cartera

Las entidades deben desarrollar políticas y procedimientos que les permitan tomar oportunamente medidas para enfrentar incumplimientos con el objeto de minimizar las pérdidas.

Estas políticas deben ser diseñadas con base en la historia de recuperaciones y las variables críticas que determinan la minimización de las pérdidas. La información sobre los resultados de estas políticas debe ser almacenada como insumo para el afinamiento de los modelos desarrollados para el seguimiento y estimación de pérdidas.

1.3.2. Procesos de administración del RC

El SARC debe contar con procesos para la identificación, medición y control del RC. En ellos se deben definir en forma clara y expresa las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y organismos internos involucrados en dicha administración, así como los sistemas de seguimiento de esta, contemplando la adopción de medidas frente a su incumplimiento.

En la definición de los procesos se deben precisar, al menos, las siguientes responsabilidades:

1.3.2.1. Responsabilidades de la junta directiva o consejo de administración

Corresponde indelegablemente a la junta directiva o al consejo de administración de la entidad adoptar las siguientes decisiones relativas a la adecuada organización de la administración del RC:

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Para efectos de la evaluación de riesgo crediticio, además de los avales y codeudores solidarios, se pueden considerar como garantías idóneas de la respectiva operación las fuentes de pago existentes que de manera incondicional atiendan suficientemente el crédito por el simple requerimiento de la entidad acreedora. Tendrán el mismo tratamiento las garantías otorgadas por la Nación cuando cuenten con la apropiación presupuestal certificada y aprobada por la autoridad competente.

Las cartas de crédito stand by se consideran garantías idóneas cuando cumplan las siguientes condiciones:

• Que sean cartas de crédito irrevocables y pagaderas a su sola presentación;

• Que el banco emisor cuente con una calificación igual o superior a “BBB”, para deuda de largo plazo, según la escala de calificación utilizada por Standard & Poors, Duff & Phelps, Thomson Bankwatch y Fitch Investors Service o igual o superior a “Baa2”, según la nomenclatura de calificación utilizada por Moody’s.

Para los efectos de la evaluación del RC se consideran garantías idóneas, las garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías S.A., que cumplan los requisitos previstos en el presente literal.

1.3.2.3.2. Etapa de seguimiento y control

La etapa de seguimiento y control supone un continuo monitoreo y calificación de las operaciones crediticias acorde con el proceso de otorgamiento.

Los procesos que se adopten deben contener metodologías y técnicas analíticas que permitan medir el RC inherente a una operación crediticia y los futuros cambios potenciales en las condiciones del servicio de la misma. Tales metodologías y técnicas se deben fundamentar, entre otros criterios, en la información relacionada con el comportamiento histórico de los portafolios y los créditos, las características particulares de los deudores y sus créditos, las variables sectoriales y macroeconómicas que afecten el normal desarrollo de los mismos y las garantías con las cuales se respalden.

Los modelos internos que se desarrollen deben determinar la pérdida esperada por la exposición al RC. La información que resulte de estos modelos debe ser almacenada como insumo para el afinamiento y retroalimentación de los mismos.

Estas metodologías deben ser evaluadas como mínimo dos (2) veces al año, a más tardar en mayo y en noviembre, para establecer la idoneidad de las mismas, al igual que la relevancia de las variables seleccionadas para cada una de ellas. Igualmente, estas metodologías deben ser probadas en escenarios y condiciones extremas (Pruebas de estrés), y se debe medir la suficiencia del nivel de cubrimiento de las provisiones estimadas frente a las pérdidas efectivamente observadas. Los resultados de estas evaluaciones y pruebas deben ser presentados por el representante legal principal a la junta directiva o al consejo de administración y estar a disposición de la SBC junto con las conclusiones de su análisis.

1.3.2.3.3. Etapa de recuperación

La entidad debe contar con procedimientos aprobados por la junta directiva o el consejo de administración y ejecutados por la administración de la entidad, tendientes a maximizar la recuperación de créditos no atendidos normalmente. Tales procesos deben identificar claramente los responsables de su desarrollo, así como los criterios con base en los cuales se ejecutan las labores de cobranza, se evalúan y deciden reestructuraciones, se administra el proceso de recepción y realización de bienes recibidos a título de dación en pago y se decide el castigo de los créditos.

Las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para regularizar el comportamiento de la cartera de créditos y no pueden convertirse en una práctica generalizada.

1.3.3. Modelos para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas

El SARC debe estimar o cuantificar las pérdidas esperadas de cada modalidad de crédito.

Al adoptar sistemas de medición de tales pérdidas, dentro de su SARC las entidades pueden diseñar y adoptar respecto de la cartera comercial, de consumo, de vivienda y de microcrédito, ya sea para uno, algunos o la totalidad de sus portafolios o para alguno o la totalidad de los componentes de la medición de la pérdida esperada, sus propios modelos internos de estimación; o aplicar, para los mismos efectos, los modelos de referencia diseñados por la SBC para diversos portafolios, bajo los supuestos previstos en el presente capítulo. Las entidades que de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, opten por diseñar y adoptar sus propios modelos para uno o más portafolios deben presentarlos a la SBC para su evaluación previa, la cual, en todos los casos, emitirá un pronunciamiento respecto de su objeción o no para que sean aplicados, de acuerdo con las reglas establecidas en el numeral 1.3.3.2.

1.3.3.1. Componentes de los modelos internos

Las entidades que se encuentren en funcionamiento antes del 1º de enero de 2006 y que opten por diseñar sus propios modelos internos, deben contar con bases de datos que incorporen información histórica al menos desde 1998, excepto en relación los modelos correspondientes a microcrédito, en cuyo caso se debe contar con información histórica pertinente de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de cálculo de la pérdida esperada.

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Las entidades que empiecen a funcionar con posterioridad a dicha fecha, deben contar con bases de datos que incorporen información histórica pertinente de por lo menos los siete (7) años inmediatamente anteriores a la fecha de cálculo de la pérdida esperada, con excepción de los modelos correspondientes a microcrédito, en cuyo caso se debe contar con información histórica pertinente de los cuatro (4) años anteriores. La información de los modelos que se presenten a la SBC deberá ser actualizada al momento de su presentación.

La estimación de la pérdida esperada en el marco del SARC resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:

Pérdida esperada= [Probabilidad de incumplimiento] x [Exposición del activo] x [Pérdida esperada de valor del activo dado el incumplimiento]

De acuerdo con la metodología que se adopte, las pérdidas esperadas aumentarán en función del monto del crédito o exposición crediticia y de la probabilidad de deterioro de cada activo. Las pérdidas serán menores entre más alta sea la tasa de recuperación esperada.

Por lo tanto, el modelo o modelos que se adopten deben permitir, respecto de cada portafolio, determinar los componentes de la pérdida esperada de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) La probabilidad de incumplimiento de los deudores. Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses estos incurran en incumplimiento.

b) Se entiende por incumplimiento, sin perjuicio de que la entidad establezca criterios adicionales más exigentes, el evento en el cual una operación de crédito cumple por lo menos con alguna de los siguientes condiciones:

• Créditos comerciales que se encuentren en mora de 150 días.

• Créditos que según lo establecido en el numeral 1º del capítulo XX de esta circular se consideren de tesorería y se encuentren en mora.

• Créditos de consumo que se encuentren en mora de 90 días.

• Créditos de vivienda que se encuentren en mora de 180 días.

• Microcréditos que se encuentren en mora de 30 días.

No obstante, para efectos de los reportes de endeudamiento a la SBC y a las centrales de riesgo las entidades deben clasificar los créditos y homologarlos observando las reglas previstas en el numeral 2.2 del presente capítulo.

Igualmente se consideran incumplimiento las situaciones que a continuación se describen:

• Cuando a partir de la información trimestral proveniente de las centrales de riesgo consolidadas con el sistema, o a partir de cualquier otra fuente de información, se establezca que el deudor registra obligaciones que han sido castigadas, reestructuradas o extendidas en sus plazos para la cancelación de capital y/o intereses.

Para estos efectos no se entenderán como incumplidas aquellas obligaciones reestructuradas respecto de las cuales se acredite ante la SBC la existencia de abonos en dinero superiores al 10% del saldo adeudado en la fecha de la reestructuración o la extensión de los plazos cuando mejora la probabilidad de incumplimiento o la ausencia de períodos de gracia a capital e intereses o la capitalización hecha por los accionistas o asociados del deudor y aquellas reestructuraciones resultantes de cambios en las tasas de interés por condiciones de mercado o de reducciones en los plazos.

Dicha excepción procederá siempre que en los modelos internos estas reestructuraciones se encuentren agrupadas y la historia de estos eventos (contenida en las bases de datos) demuestre que la probabilidad de incumplimiento de estas obligaciones, después de efectuada la reestructuración, es inferior a la determinada al momento de esta respecto del segmento en cuestión y según el tipo de cartera.

Tampoco se entenderán como incumplidos aquellos créditos de vivienda reestructurados a solicitud del deudor en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999.

• Cuando un deudor se encuentre en un proceso concursal, reestructuraciones extraordinarias, acuerdos de reestructuración en el marco de las Leyes 550 de 1999 y 617 de 2000, o cualquier clase de proceso judiciales o administrativos que impliquen la administración o liquidación forzosa del deudor.

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• Se consideran incumplidos en su totalidad aquellos créditos respecto de los cuales las partes acuerden una reestructuración o el acreedor ejecute la garantía, sin que dichos eventos hayan sido reflejados oportunamente en los indicadores de riesgo de la respectiva entidad, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por dicha conducta.

c) El valor expuesto del activo, entendido como el saldo de la obligación al momento del cálculo de la pérdida esperada. Aquellas entidades que dispongan de información histórica pertinente podrán calcular la exposición de los derechos contingentes a través de métodos de reconocido valor técnico.

d) La pérdida dado el incumplimiento se define como el deterioro económico en que incurriría la entidad en caso de que se materialice alguna de las situaciones de incumplimiento listadas en el literal b) del presente numeral.

La metodología que se adopte debe tener en cuenta, al menos, los siguientes parámetros para la cuantificación de la pérdida dado el incumplimiento:

• Debe cuantificar la pérdida en función de las recuperaciones que se han realizado en efectivo sobre el conjunto de créditos incumplidos.

• Debe considerar como mínimo los créditos incumplidos durante los últimos tres (3) años.

• Debe considerar la existencia e idoneidad de las garantías que respaldan los créditos.

1.3.3.2. Reglas sobre los modelos de referencia de la SBC y los modelos internos de las entidades

a) A partir del 1º de enero de 2005, para la constitución de provisiones las entidades vigiladas deberán aplicar las reglas contenidas en el anexo 1 del presente capítulo.

b) A partir del 1º de julio de 2005, una vez adoptado por la SBC el modelo de referencia correspondiente a la cartera comercial, se empleará para la evaluación y supervisión de los modelos internos, y sin perjuicio de lo establecido en el literal k) del presente numeral, será obligatoria su aplicación en los eventos previstos en los literales g), i), j) y n).

Las entidades solo podrán presentar modelos internos para las carteras de consumo, de vivienda y de microcrédito una vez que la SBC adopte, en ese orden, los respectivos modelos de referencia. Mientras tanto, continuará aplicándose el régimen de provisiones contenido en el anexo 1 del presente capítulo.

Los modelos internos que presenten las entidades a consideración de la SBC podrán contemplar desarrollos metodológicos propios para algunos componentes del cálculo de las pérdidas esperadas, en combinación con componentes del modelo de referencia de la SBC.

c) Las entidades interesadas en presentar a la SBC para su evaluación sus modelos internos de cartera comercial, deberán sujetarse a las reglas previstas en este numeral y podrán presentarlos a partir del 1º de julio de 2005.

Solo pueden presentar modelos las entidades que:

• Soliciten y obtengan de la SBC la no objeción de las políticas de administración, de los procesos de administración y control interno a que se hace referencia en el numeral 1.3 del presente capítulo, y de las bases de datos del SARC. La SBC, entre otros elementos de juicio para estos efectos, podrá actualizar las evaluaciones ya realizadas en desarrollo de las fases I y II previstas en la Circular Externa 31 de 2002.

• Obtengan de la SBC la no objeción sobre la observancia de las reglas del capítulo XX de la presente circular.

• Adjunten una certificación suscrita por el representante legal principal sobre las características mínimas de las bases de datos que los alimentan, según proforma estándar suministrada por la SBC.

Las solicitudes de evaluación de modelos internos que cumplan con los requisitos arriba indicados se tramitarán en el orden de recepción de las mismas. La evaluación se realizará de acuerdo con la disponibilidad de los recursos humanos y técnicos con que cuente la SBC para el efecto.

d) Presentado el respectivo modelo interno para evaluación, la SBC lo admitirá o no para pruebas dirigidas a la objeción o no del mismo. Con base en las pruebas, la SBC emitirá pronunciamiento de objeción o no objeción del respectivo modelo.

e) El modelo admitido será puesto en evaluación durante un período de prueba no menor a doce (12) meses para verificar, entre otros, su consistencia, estabilidad y eficiencia en la estimación de pérdidas esperadas. Durante el período de prueba la entidad deberá efectuar el cálculo de provisiones de acuerdo con su modelo interno admitido (funcionamiento en paralelo) pero, en todo caso, deberá continuar efectuando el cálculo y registro de las provisiones para el respectivo portafolio, de acuerdo con las reglas establecidas en el anexo 1 del presente capítulo. Lo anterior sin perjuicio de la objeción que pueda darse en desarrollo de lo previsto en el literal i) del presente numeral.

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f) La entidad cuyo modelo interno presentado y admitido reciba un pronunciamiento de no objeción por parte de la SBC, a partir del mes siguiente de dicho pronunciamiento, deberá aplicar su modelo interno para el cálculo de pérdidas esperadas y la constitución de provisiones, teniendo en cuenta, en todo caso, la regla especial contenida en el numeral 1.3.4.3 del presente capítulo. A solicitud de la entidad, la SBC podrá autorizar un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses para la constitución de las provisiones adicionales que resulten de aplicar el modelo interno, en el caso que haya lugar a ellas. Si por la aplicación del modelo interno el nivel de provisiones resulta inferior, la SBC podrá establecer un plazo para su reversión.

g) En caso de inadmisión, la SBC expondrá a la entidad las razones de su decisión y la entidad deberá aplicar el modelo de referencia adoptado por la SBC y proceder a la constitución de las provisiones que resulten de la aplicación de dicho modelo.

h) Las entidades cuyos modelos internos hayan sido inadmitidos y que deseen someterlos nuevamente a evaluación, deberán presentar una nueva solicitud acompañada de una explicación clara y completa de la forma en que se hayan subsanado las deficiencias que dieron lugar a la inadmisión. La nueva solicitud solo podrá presentarse una vez transcurrido un (1) año contado a partir de ejecutoria de la inadmisión de la solicitud inicial. La evaluación de la nueva solicitud estará subordinada al trámite previo en este organismo de los modelos presentados por otras entidades.

i) En cualquier momento de su sometimiento a pruebas, un modelo interno puede ser objetado por la SBC. La SBC expondrá a la entidad las razones de objeción y ordenará a la entidad la aplicación del modelo de referencia del respectivo portafolio, así como la constitución de las provisiones que resulten de aplicarlo. A solicitud de la entidad la SBC podrá autorizar un plazo no mayor a doce (12) meses para la constitución de las provisiones adicionales que resulten de aplicar el modelo de referencia. Si por la aplicación del modelo de referencia el nivel de provisiones resulta inferior, la SBC podrá establecer un plazo para su reversión.

Cuando el modelo interno de una entidad sea objetado la SBC podrá dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 2.3 del artículo segundo del Decreto 2817 de 2000.

La evaluación de una nueva solicitud para el respectivo portafolio estará subordinada, en todo caso, al trámite previo en este organismo de los modelos presentados por otras entidades.

j) En el evento en que un modelo interno sea suspendido, en los términos del numeral 4º del presente capítulo, la entidad deberá aplicar el modelo de referencia del respectivo portafolio y solo tendrá plazo para efectuar los ajustes en la constitución de provisiones a que haya lugar, si al ordenar la suspensión la SBC así lo dispone. Si la entidad desea restablecer la aplicación del modelo suspendido, quedará sujeta a las reglas de presentación y evaluación antes señaladas para la presentación de nuevas solicitudes en caso de inadmisión, a menos que al ordenar la suspensión la SBC disponga otra cosa.

k) El modelo de referencia de cartera comercial de la SBC deberá ser aplicado para la constitución de provisiones por todas las entidades vigiladas sujetas al SARC a partir del 1º de julio de 2007, con excepción de aquellas entidades que tengan un modelo interno no objetado en funcionamiento para ese tipo de cartera.

l) El anexo 1 del presente capítulo será gradualmente modificado con el objeto de lograr la convergencia de dicho régimen con el modelo de referencia.

m) Las órdenes de constitución de provisiones emitidas por la SBC en los distintos eventos contemplados en el presente numeral, que resulten de la aplicación del modelo de referencia, se impartirán en desarrollo de la facultad contemplada en el literal l) del numeral 2º del artículo 326 del EOSF. En consecuencia, la interposición de recursos contra dichos actos, no suspenderá el cumplimiento de la orden de constitución de provisiones.

n) La entidad que presente a la SBC la solicitud de evaluación de un modelo interno y en cualquier momento de su trámite desista de ella, deberá aplicar el modelo de referencia del respectivo portafolio y constituir las provisiones que resulten de su aplicación en cumplimiento de una orden impartida por la SBC para tal efecto.

En este evento, la presentación de una nueva solicitud de evaluación de un modelo para el mismo portafolio ante la SBC solo podrá efectuarse una vez transcurrido un (1) año contado a partir del desistimiento expreso o del archivo de la solicitud por el desistimiento tácito de la misma. La evaluación de una nueva solicitud para el respectivo portafolio, estará subordinada, en todo caso, al trámite previo en este organismo de los modelos ya presentados por otras entidades al tiempo de presentarse la nueva solicitud.

o) La entidad que esté aplicando un modelo interno no objetado y presente a la SBC la solicitud de evaluación de un nuevo modelo para el mismo portafolio, deberá continuar dando aplicación al primero hasta que la SBC se pronuncie sobre la no objeción del presentado.

1.3.4. Sistema de provisiones

Para cubrir el RC el SARC debe contar con el siguiente sistema de provisiones, las cuales deben calcularse en función de las pérdidas esperadas que arroje la aplicación del modelo interno o el de referencia, según sea el caso.

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1.3.4.1. Provisiones individuales o específicas

Son las provisiones que reflejan el RC particular de cada deudor. Deben determinarse de acuerdo con el modelo interno, o el de referencia o cumpliendo las reglas establecidas en el anexo 1 del presente capítulo, según las reglas previstas en el numeral 1.3.3.2.

1.3.4.2. Provisión general

Corresponde como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. Tratándose de contratos de leasing, la provisión general debe ser como mínimo del uno por ciento (1%) del valor de los bienes dados en leasing deducida la depreciación y amortización.

Las entidades que obtengan un pronunciamiento de no objeción de la SBC respecto de sus modelos internos que incluyan componentes contra-cíclicos y los apliquen, no deberán constituir la provisión general. Dicha provisión deberá mantenerse únicamente respecto de:

• Entidades o portafolios cuyo modelo interno no incorpore componentes contra-Cíclicos.

• Entidades o portafolios para los que no se empleen ni los modelos internos ni los de referencia adoptados por la SBC.

La constitución de provisiones generales adicionales, requerirá la aprobación de la asamblea general accionistas o de asociados de la respectiva entidad, con una mayoría decisoria superior al 85% y deberá fundamentarse técnicamente.

Cuando en virtud de la aplicación de modelos internos o del modelo de referencia se incorporen componentes contra-cíclicos, las entidades podrán destinar proporcionalmente las provisiones generales efectuadas antes de la aplicación de dichos modelos, a la constitución de provisiones individuales, previa autorización de las SBC.

1.3.4.3. Órdenes de constitución de provisiones

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.3.3.2 las entidades cuyos modelos internos no sean objetados por la SBC deberán emplearlos para el cálculo y constitución de provisiones para el respectivo portafolio. Sin perjuicio de lo anterior, con el propósito de asegurar la confianza pública en el sistema y velar por la solidez económica de las entidades, la SBC podrá, en ejercicio de la facultad contemplada en el literal l) del numeral 2º del artículo 326 del EOSF, ordenar, en cualquier momento y respecto de cualquier entidad, un nivel de provisiones diferente, para lo cual, entre otros criterios se tendrá como parámetro el modelo de referencia de la SBC, así como la evaluación del adecuado funcionamiento de los elementos que componen el SARC contemplados en el numeral 1.3 del presente capítulo.

1.3.5. Procesos de control interno

El diseño e implementación de un esquema para la administración del RC debe contar con procesos de control interno, mediante los cuales se verifique la implementación de las metodologías, procedimientos y, en general el cumplimiento de todas las reglas de su funcionamiento, incluyendo especialmente el oportuno flujo de información a la junta directiva, consejo de administración y al nivel administrativo de la entidad.

2. Reglas adicionales para el adecuado funcionamiento del SARC

2.1. Reglas relativas a las distintas modalidades de crédito

Para propósitos de información, evaluación del RC, aplicación de normas contables y constitución de provisiones, entre otras, la cartera de créditos se debe clasificar en las siguientes modalidades:

• Comercial

• Consumo

• Vivienda

• Microcrédito

Dentro de la metodología interna las anteriores modalidades pueden subdividirse en portafolios.

Se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos, las comisiones y cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación.

2.1.1. Créditos comerciales

Para los efectos del presente capítulo, se definen como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas distintas a las microempresas.

2.1.2. Créditos de consumo

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por créditos de consumo, independientemente de su monto, los otorgados a personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales.

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2.1.3. Créditos de vivienda

Para los efectos del presente capítulo, son créditos de vivienda, independientemente del monto, aquellos otorgados a personas naturales destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual.

De acuerdo con la Ley 546 de 1999, estos créditos deben tener las siguientes características:

2.1.3.1. Estar denominados en UVR o en moneda legal.

2.1.3.2. Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la vivienda financiada.

2.1.3.3. El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años como mínimo y treinta (30) años como máximo.

2.1.3.4. Tener una tasa de interés remuneratoria, la cual se aplica sobre el saldo de la deuda denominada en UVR o en pesos, según si el crédito está denominado en UVR o en moneda legal, respectivamente. La tasa de interés remuneratoria será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberá expresarse únicamente en términos de tasa anual efectiva. Los intereses se deben cobrar en forma vencida y no pueden capitalizarse.

2.1.3.5. El monto del crédito podrá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Dicho valor será el del precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito. En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social, el monto del préstamo podrá ser hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble.

2.1.3.6. La primera cuota del crédito no podrá representar más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares, los cuales están constituidos por los recursos que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil.

2.1.3.7. Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación.

2.1.3.8. Los inmuebles financiados deben estar asegurados contra los riesgos de incendio y terremoto.

2.1.4. Microcrédito

Exclusivamente, para los efectos de este capítulo, se entiende por microcrédito el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de microempresas.

Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere diez (10) trabajadores y sus activos totales sean inferiores a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2.2. Reglas sobre calificación y recalificación del RC

Para efectos de los reportes de endeudamiento a la SBC y a las centrales de información, las entidades que estén aplicando modelos internos no objetados deben clasificar los créditos en una de las siguientes categorías de RC:

Categorías de riesgo por probabilidad de incumplimiento
(en términos porcentuales)
 ComercialConsumo ViviendaMicrocrédito
AA0-3.110-30-20-3
A> 3.11-6.54> 3-5> 2-9> 3-5
BB> 6.54-11.15> 5-28> 9-17> 5-28
B> 11.15-18.26>28-40>17-28>28-40
CC> 18.26-40.96>40-53>28-41>40-53
C> 40.96- 72.75>53-70>41-78>53-70
D> 72.75-89.89>70-82>78-91>70-82
E>89.89-100>82-100>91-100>82-100

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Para efectos del registro en los estados financieros, las entidades deben homologar las calificaciones anotadas, de acuerdo con las categorías siguientes:

Agregación categorías reportadas
Categoría de reporteCategoría agrupada
AAA
AA
BBB
BB
CCC
CC
DD
EE

2.2.1. Criterios especiales para la recalificación de créditos reestructurados

2.2.1.1. Se entiende por reestructuración de un crédito cualquier mecanismo excepcional, instrumentado mediante la celebración y/o ejecución de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. Para estos efectos, se consideran reestructuraciones las novaciones.

2.2.1.2. No se considerarán reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por leyes, como fue el caso de los establecidos en la Ley 546 de 1999.

2.2.1.3. Los créditos pueden mejorar la calificación después de ser reestructurados, solo cuando el deudor demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo a capital acorde con un comportamiento crediticio normal.

2.2.1.4. Las instrucciones expedidas por la SBC para la clasificación, calificación, constitución de provisiones, causación de intereses y reversión de provisiones de créditos en procesos concursales, reestructuraciones extraordinarias, acuerdos de reestructuración en el marco de las leyes 550 de 1999 y 617 de 2000, previstos en el anexo 2 de este capítulo se aplican hasta que el respectivo proceso o reestructuración se termine por culminación del plazo previsto para el mismo, por modificación del acuerdo o por pago de la obligación.

2.2.2. Órdenes de recalificación por parte de la SBC

La SBC podrá revisar las clasificaciones y calificaciones que de acuerdo con las normas previstas en este capítulo deba efectuar cada institución y ordenar modificaciones de las mismas cuando a ello hubiere lugar.

Igualmente, la SBC podrá ordenar recalificaciones de cartera para un sector económico, zona geográfica o para un deudor o conjunto de deudores, cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos individuales de endeudamiento.

2.2.3 Periodicidad de la evaluación

Como regla general dentro de todo SARC las entidades deben evaluar permanentemente el riesgo de su cartera de créditos introduciendo las modificaciones del caso en las respectivas calificaciones cuando haya nuevos análisis o información que justifique dichos cambios.

La evaluación y eventual recalificación de los créditos debe efectuarse obligatoriamente:

2.2.3.1. Inmediatamente, cuando los créditos incurran en mora después de haber sido reestructurados.

2.2.3.2. Cuando el saldo al momento de la evaluación exceda los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta evaluación debe hacerse al menos en los meses de mayo y noviembre, y sus resultados se registrarán al cierre del mes siguiente. La misma evaluación aplica respecto de aquellos deudores cuyo endeudamiento por las diferentes modalidades de crédito supere los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.

2.2.4. Reglas de alineamiento

2.2.4.1. Cuando una entidad vigilada califique en “B”, “C”, “D” o en “E” cualquiera de los créditos de un deudor, debe llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma modalidad otorgados a dicho deudor, salvo que demuestre a la SBC la existencia de razones suficientes para su calificación en una categoría de menor riesgo.

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2.4.6. Mecanismos de divulgación en relación con las centrales de riesgo

El SARC debe contar con mecanismos de información periódica (carteleras, folletos, información adjunta a los extractos, Internet, etc.) a los clientes y deudores de la entidad acerca del alcance de sus convenios con centrales de riesgos, de los efectos generales que conlleva el reporte a las mismas y de las reglas internas sobre permanencia del dato que hayan adoptado tales centrales de riesgos teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional y los mandatos que se establezcan en las normas legales aplicables.

2.5. Reglas especiales respecto de algunas entidades vigiladas

2.5.1. Sociedades fiduciarias

Las normas sobre clasificación, calificación y demás reglas contables previstas en este instructivo aplican a los fideicomisos y a los patrimonios autónomos que sean administrados por sociedades fiduciarias.

En tal sentido, cuando quiera que una sociedad fiduciaria reciba cartera de créditos a través de encargos fiduciarios o las administre a través de patrimonios autónomos, se entiende que debe gestionar el RC de acuerdo con el alcance establecido en el presente capítulo. Por lo tanto, las sociedades fiduciarias deben mantener una adecuada gestión y medición del RC implícito en dichos activos mediante un SARC. Esto supone que las sociedades fiduciarias deben desarrollar y aplicar a la cartera administrada los elementos de administración del sistema (políticas, estructura organizacional, procedimientos, criterios, bases de datos, auditoría y revisoría fiscal) y los elementos de medición (probabilidad de incumplimiento, porcentaje de recuperación y pérdida esperada).

La regla anterior aplica salvo que para el caso de cartera de crédito no originada en el sistema financiero, el fideicomitente, de manera inequívoca, imparta expresa instrucción sobre los elementos de gestión y medición que consideran deben aplicarse al fideicomiso.

En el caso en que el fideicomitente sea un establecimiento de crédito, se deberá gestionar y medir el RC de dicha cartera aplicando el SARC aplicado por este. Dicha gestión y medición podrá realizarla el mismo establecimiento de crédito o la sociedad fiduciaria, si esto último se pacta expresamente en el respectivo contrato.

Las cuentas por cobrar originadas por comisiones de servicio de las sociedades fiduciarias se calificarán de acuerdo con el criterio de altura de mora establecido para los créditos comerciales y las respectivas provisiones se regirán por lo establecido en el anexo 1 del presente capítulo.

Para la presentación y evaluación de los modelos internos, las sociedades fiduciarias están sometidas a las reglas previstas en el numeral 1.3.3.2. del presente capítulo

2.5.2. Entidades excluidas de la obligación de adoptar un SARC

Las entidades no obligadas a adoptar un SARC deben calificar las cuentas por cobrar y los créditos directos que otorguen a sus clientes, en caso de estar autorizadas para ello según su régimen, de acuerdo con el criterio de altura de mora establecido para los créditos comerciales o de consumo, según corresponda y provisionarlos de acuerdo con el régimen establecido en el anexo 1 del presente capítulo.

Las casas de cambio están exceptuadas del régimen de calificación y provisión de las cuentas por cobrar previsto en el presente numeral. Para el efecto deben observar las instrucciones especiales que expida la SBC.

2.5.3. Entidades aseguradoras, sociedades de capitalización e intermediarios de seguros y reaseguros

Las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los intermediarios de seguros y de reaseguros, deben mantener una adecuada administración del RC mediante la adopción de un SARC que contenga los elementos señalados en el presente capítulo, salvo lo concerniente a la adopción de la metodología para el cálculo de pérdidas esperadas.

Los créditos otorgados deben ser calificados y provisionados de acuerdo con lo previsto en el anexo 1 del presente capítulo. No obstante, la SBC podrá revisar las calificaciones efectuadas por las entidades de acuerdo con los criterios para la evaluación del riesgo crediticio y ordenar las reclasificaciones a categorías de mayor riesgo cuando a ello hubiere lugar.

Tratándose de primas pendientes de recaudo, el cálculo de las provisiones se efectuará con base en las normas especiales que se establecen en el PUC para el sector asegurador.

2.6. Reglas especiales para la administración del RC en operaciones con entes territoriales y entidades estatales

En las operaciones con entes territoriales y entidades públicas, las entidades vigiladas deben dar aplicación a las reglas establecidas en el anexo 2 del presente capítulo.

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